No es tampoco que se ahuyentará a los supuestos miles de inversores que vendrán a saquear la patria peruana gracias a una Constitución delincuencial. Si no ha cambiado, sigue siendo la misma producto de un golpe de Estado sui generis, en primer, lugar, y de un fraude electoral, en segundo lugar. Fujimori, títere de Hernando de Soto, del FMI y el BM, y de Montesinos.
Incluso si se cambiara la Constitución, es tal la escasez de recursos naturales que hay en el mundo, incompatible con el consumismo, que no habría problema para la llegada de inversiones, porque las transnacionales son insaciables; cada vez queda menos tiempo y menos de nada. Y Perú es uno de los países más ricos en recursos naturales no renovables. Es decir, podría negociar mucho mejor las condiciones de determinadas concesiones. Reduciendo la oferta, se sube el precio; es antieconómico parcelar el Perú en pedacitos y malvenderlo. Sobre el impacto ecológico del proyecto Conga, basta hacer chequeos médicos de las personas que viven en los entornos mineros y análisis químicos de los acuíferos de esas zonas para saber el grado de contaminación existente.
Tampoco es una inversión nueva (otra engañifa del poder económico), sino que se trata del empleo de los beneficios obtenidos en Yanacocha, mina que contaba con una especie de ejército privado. Los pobladores de Yanacocha llevan años denunciando los males y las enfermedades que ha causado la minera. Ahora, las empresas que participan en la mina, Newmont Mining Corporation (51,35%), Compañía de Minas Buenaventura (43.65%) e International Finance Corporation IFC (5%) anuncian que van a invertir 4.500 millones de dólares en Conga.
Uno de los hechos políticos más aberrantes durante el actual Gobierno peruano, y que está marcando un punto de inflexión, ha sido el protagonizado por el ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, después de reunirse con las comunidades y autoridades locales para tratar el proyecto Conga. Cuando los pobladores se enteraron que Descalzi había regresado a Lima en un avión de la empresa minera que proyecta explotar Conga y que en el avión iba el propietario de la empresa, Roque Benavides, convocaron el paro de esta semana en Cajamarca.
El caso Chehade no es nada comparado con esto, puesto que no solo hay contradicciones en los testimonios de los generales que participaron en una cena con el vicepresidente, sino que no se ha producido el tal mencionado desalojo de la planta azucarera de Andahuasi que supuestamente Chehade pidió al general Arteta, lo que beneficiaría a la empresa Wong. No se insiste en el trasfondo: el grupo Bustamante, del fallecido ex ministro de Fujimori, peleando por una propiedad de 100.000 hectáreas con una empresa chilena, Cencosud, propietaria de la cadena comercial Wong.
En medio, los trabajadores que siguen con la fábrica en marcha reclaman también su propiedad. Y en el Congreso, se piensa en mutilar la Ley de Cooperativas.
Son varias decisiones que inclinan la balanza: la derecha cavernaria del Perú reclama resolver los problemas a balazos, siguiendo con el modelo del perro del hortelano de Alan García. La población espera mayoritaria e impacientemente que el Gobierno se decante a favor de la vida, en el caso Conga, y de la propiedad privada social, solución para que los trabajadores de Andahuasi pasen a ser sus legítimos propietarios y potenciando una Ley de Cooperativas, medida económica que serviría para legalizar millones de trabajos ‘informales’.
No hay comentarios:
Publicar un comentario