El gobierno de Piñera acentúa la militarización de las comunidades mapuche
Cumpliendo con precisas instrucciones llegadas desde la sede gubernamental en Santiago, un numeroso contingente de carabineros irrumpió el pasado sábado en la Comunidad y arrasó con todo lo que encontró a su paso.
Según los testimonios de varias mujeres y jóvenes que resultaron heridos en la incursión, los uniformados dispararon indiscriminadamente a todo aquel que atinaba a moverse o huir. Ingresaron a varias viviendas lanzando bombas lacrimógenas y de gas pimienta, intoxicando de esta forma a niños y niñas que dormían en las mismas, ya que el asalto se produjo en horas del amanecer. Una de las más afectadas fue la casa del dirigente mapuche Mijael Carbone Queipu, y también fue detenido el líder juvenil Juan Huenchullán Cayul, quien se hallaba en la clandestinidad desde hace dos años, y al que se le quiere aplicar la Ley Antiterrorista, que impera desde la dictadura de Pinochet.
Al frente de la delegación militar estaba un viejo conocido de las familias mapuche, por el dolor que les ha causado en los últimos años. Se trata del general pinochetista Iván Bezmalinovic, jefe de los Carabineros de la IX Región, y tristemente célebre por su talante autoritario y arrogante, además de haber participado en varias acciones contra el pueblo mapuche que terminaron con la muerte de pobladores. Entre ellas, se carga a la cuenta de Besmalinovic, el asesinato a balazos, del trabajador Rodrigo Cisterna, en mayo de 2007. Lo mismo le ocurrió al adolescente Manuel Gutiérrez, quien fue baleado con la misma arma en la zona de Villa Eyzaguirre.
En esas ocasiones, el general –que no oculta su racismo hacia los mapuche a los que llama: “rotos peligrosos”- disculpó a su fuerza y señaló que varios de sus hombres habían sido “apedreados por terroristas”.
En este Nuevo ataque a la Comunidad Autónoma Temucuicui, instalada en lo que fuentes gubernamentales definen como “La zona roja de Ercilla”, se intentó castigar su histórica combatividad. Allí, hay que recordar, en 2002, se logró un triunfo histórico: la recuperación del emblemático Fundo Alaska, hasta entonces en manos de la empresa Forestal Mininco. Tras una larga lucha, caracterizada por continuas movilizaciones y cotidianos enfrentamientos con la policía, el gobierno optó finalmente por la compra de las tierras y su posterior traspaso a la comunidad.
Sin embargo, ahora son otros tiempos, y las nuevas recuperaciones de tierras realizadas por los comuneros mapuche, que se agregan a un total de 1900 hectáreas, que los pobladores ya vienen cultivando y haciendo producir para alimentar a sus familias, han enervado a la derecha gobernante.
La Comunidad está desde hace tiempo en la “lista negra” oficial, por practicar autonomía de hecho y oponer seria resistencia a que se avasalle su territorio. Han sido puntales en la pelea contra las trasnacionales españolas que desde los años 80 están generando verdaderos destrozos al ecosistema en la zona, y además, no se han conformado con generar acciones de protesta en sus tierras, sino que recientemente han enviado a Europa a uno de sus líderes, Jorge Huenchullán (hermano del ahora detenido Juan), quien frente al Parlamento Europeo y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, expuso con crudeza la grave situación que atraviesa su pueblo. Juan Huenchullán sobrelleva 17 acusaciones diferentes por la lucha mapuche.
Estas denuncias cayeron muy mal en La Moneda, y eso hizo acelerar la decisión de lanzar –en aras de hacer cumplir la ley que persigue al terrorismo- gigantescas razzias contra las comunidades y en especial a Temucuicui, donde según los partes de Carabineros se ocultaban varios “subversivos”.
Otro de los máximos lonkos (dirigentes) de la Comunidad, Víctor Queipul, desmitió tajantemente esta acusación, y explicó que “los supuestos hechos por los que nos condenan sucedieron en otra comuna”. Lo cierto es que ocho pobladores enfrentarán cargos por “incendio terrorista, daños y asociación ilícita”, que podría enviarlos a la cárcel por decenas de años.
Desde los organismos de derechos humanos, que generalmente atienden estos casos, se insiste en que detrás de cada una de las violentas embestidas o “juicios farsa”, se halla la decisión estatal de cumplir el acuerdo que tiene con varias empresas trasnacionales, que le exigen la “urgente limpieza del territorio”.
La actual militarización encarada por el gobierno Piñera, lo único que está logrando es que más comuneros pasen a la clandestinidad y enfrenten desde allí lo que para ellos es una faceta de la “guerra colonial del siglo XXI”, como lo define un comunicado de la Coordinadora Arauco-Malleco, una de las más radicalizadas de la región.
Si faltaba algo para agitar aún más la rabia mapuche, en estos mismos días se conoció una nueva afrenta contra sus costumbres y creencias. Las víctimas en este caso, dos niñas que cursan el cuarto grado en el establecimiento Complejo Collipulli, de Ercilla. Una de ellas es Vania Quepul Millanao, hija del lonko Queipul. Ambas quisieron asistir a a la ceremonia de licenciatura de enseñanza media con las vestimentas propias y tradicionales de su pueblo y se lo impidieron. El hecho, como era de esperar, sirvió para demostrar aún más, los niveles de discriminación y racismo que anidan en la sociedad chilena contra sus pueblos originarios.
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