Guatemala: Fortalecimiento de participación militar en seguridad ciudadana contradice pautas internacionales de derechos humanos
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su preocupación por la tendencia a otorgar poderes extraordinarios a las fuerzas armadas, como parte de las políticas públicas para hacer frente a las amenazas a la seguridad ciudadana, en los países del llamado “triángulo norte” centroamericano.
CEJIL es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano, que tiene como objetivo asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.
Finalmente, CEJIL objeta la aplicación de políticas tendientes a la militarización, porque han resultado ineficaces para combatir la inseguridad ciudadana, como lo demuestra el caso mexicano; asimismo, hace un llamado a loa Estados para que aprueben medidas que aborden la problemática de inseguridad ciudadana desde una perspectiva integral y dentro del marco del respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho.
La entidad emitió un comunicado en el que advierte que este hecho contradice lo dispuesto por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que otras acciones y proyectos similares que han sido anunciados recientemente en El Salvador y Guatemala.
La Corte ha expresado en su jurisprudencia que los Estados deben “limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo y no a la protección y control de civiles”.
Por su parte, la Comisión Interamericana, en su Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos considera que es indudable que la criminalidad ordinaria, por muy grave que sea, no constituye una amenaza militar a la soberanía del Estado, que justifique la participación de militares en este tipo de acciones.
CEJIL puntualiza que, en contradicción a lo dicho por ambos órganos, los soldados hondureños ahora están habilitados para hacer allanamientos y capturas, cuando el Poder Ejecutivo decrete un Estado de Emergencia por motivos de seguridad; en El Salvador el enfoque castrense de la seguridad ciudadana quedó reafirmado con la designación de un militar retirado como ministro de Justicia y Seguridad Pública.
En tanto, el Presidente electo de Guatemala y general retirado, Otto Pérez Molina, ha anunciado que usará a los kaibiles, fuerzas especiales del ejército guatemalteco, para combatir el narcotráfico.
El anuncio es congruente con otras declaraciones suyas ante la prensa, en las que afirmó que su modelo de seguridad sería similar al de su homólogo mexicano, Felipe Calderón, cuya “guerra contra el narcotráfico” ya ha provocado alrededor de 50 mil muertes y reconocidas violaciones a los derechos humanos.
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