Durante 13 años Repsol se enriqueció externalizando beneficios y pasivos ambientales
La década prodigiosa
“YPF [Sociedad del Estado] es la única empresa petrolera del mundo que produce pérdidas”. Bajo este argumento durante la primer presidencia de Carlos Menem se inició el proceso de privatización de una compañía que destinaba sus beneficios a sostener la renta nacional y a ampliar reservas hidrocarburíferas del país.
En 1998 YPF SA concentraba el 44% de las reservas probadas de petróleo y el 33% de gas de Argentina, además de la concesión de yacimientos en Estados Unidos, Venezuela, Perú, Guayana, Ecuador e Indonesia.
El desembarco
En abril de 1999 Repsol lanzó una OPA a YPF en la bolsa de Nueva York por el monto de 15.000 millones de dólares, en un momento en que el barril estaba a 15 dólares (hoy cuesta 120). En la tasación la consultora Merryl Linch redujo deliberadamente un 30% su estimación de las reservas explotables, con el objetivo de subestimar el valor de la empresa antes de la venta. En la transacción se entregaron ilegalmente las acciones que los trabajadores de YPF tenían de la empresa, hecho que motivó un juicio impulsado por los miles de familias afectadas que esperan todavía cobrar aquello que era suyo.
En los primeros meses Repsol-YPF se dedicó a transferir la propiedad de las áreas de Perú, Ecuador y Venezuela a Repsol de España, con perjuicio para Argentina, porque las utilidades generadas pasaron a transferirse a España y no a Argentina, que fue la que invirtió en los proyectos. También vendió diferentes concesiones a empresas como ENAP (Chile) y British Petroleum, generando dinero en metálico por el trabajo anterior realizado por YPF SE.
Desempleo y represión
Aunque Repsol presume de haber aumentado la plantilla hasta más de 13.000 empleados, pero antes de la privatización YPF contaba con 55.000 empleados. Sólo en Gral. Mosconi y Cutral Co-Plaza Huincul, los despidos motivados por la privatización iniciada en 1989 sumaron más de 10.000. De hecho, el movimiento piquetero nació en pueblos petroleros desvalijados. Históricas son las reprimendas que sufrieron las familias que se apostaron en las rutas para recuperar su trabajo. En 2000 y 2001 la intervención de Gendarmería contra protestas en Mosconi y Tartagal, en Salta, causó al menos cinco muertos. En 2001 se denunció que francotiradores apostados en tanques de Refinor –refinería cuyo 50% Repsol controlaba a través de YPF- dispararon contra los manifestantes. También en la última década desempleados y trabajadores petroleros de poblaciones de Santa Cruz, como Las Heras y Caleta Olivia, sufrieron represión y encarcelamiento en movilizaciones por puestos de trabajo o reivindicaciones salariales.
La contaminación
La guinda del pastel argentino fue sin duda el mega-yacimiento de Loma de la Lata, que en el momento de su adquisición aportaba la mitad de la producción de petróleo argentino y el 60% de gas. En 2001, 17 años antes de expirar la concesión, Repsol consiguió una prórroga hasta el año 2.027. Según fuentes de la Secretaria de Energía de la Provincia de Neuquén, “esta fue una situación totalmente irregular, a puerta cerrada, evitando la obligatoria evaluación económica y de reservas”.
En el interior de ese yacimiento las comunidades mapuche Paynemil y Kaxipayiñ, acorraladas y contaminadas por el entramado de cientos de pozos, elevaron una denuncia civil por 445 millones de dólares, exigiendo la reparación a la salud y a la cultura. En sus tejidos acumulan entre 17 y 30 metales pesados diferentes, fruto de la condensación de gasolina en las napas freáticas. Algo parecido ocurre en la vecina localidad de Añelo, cuyos pobladores denuncian la presencia de hidrocarburos en el agua de la red.
En sus 13 años Repsol-YPF ha acumulado denuncias por mal manejo ambiental en diversas regiones de Argentina: contaminación de suelos y quema de residuos tóxicos en la refinería de Luján de Cuyo –Mendoza-, actividades en la Reserva RAMSAR de Llancanelo –en la misma provincia-, vertidos en las terminales exportadoras de Caleta Olivia y Caleta Córdova –Santa Cruz y Chubut, o las 1700 piscinas de residuos detectadas en mal estado en la provincia de Santa Cruz. Una lista que en estos días comienza a ampliarse al haber perdido Repsol la protección gubernamental y que sirven de argumentos para rebajar las exigencias económicas de Antoni Brufau.
* Autores de la Patagonia Petrolera, Bardo Ediciones, 2010.
Publicado en el Periodico Diagonal Nº 173
http://diagonalperiodico.net/
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