Humala declaró el estado de sitio en la provincia de Espinar
Página12
El Ejecutivo peruano ordenó a la Policía asumir "el orden interno" y decretó por treinta días la suspensión de las garantías constitucionales a la libertad y a la seguridad personal, así como la libertad de reunión y de tránsito, en medio de las protestas, respaldadas por el gobierno regional, contra la minera multinacional Xstrata, acusada de contaminar los ríos Salado y Cañipía.
Al comunicar la medida, el primer ministro, Oscar
Valdés, recordó que ayer las protestas habían terminado con dos
manifestantes muertos y un fiscal secuestrado, quien fue liberado horas
después de su captura. Desde el Palacio de Gobierno, Valdés, acompañado
de los ministros del Interior, Wilver Calle, de Energía y Minas, Jorge
Merino, y del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, afirmó que la medida se
tomó debido a que "no se trata de una movilización pacífica: es gente
extremista que está atacando a la autoridad policial". En el mismo
sentido se había expresado el presidente, Ollanta Humala, al denunciar
que "tras el conflicto se mueven grupos radicales que buscan réditos
políticos".
La población reclama el retiro de la canadiense
Xstrata Tintaya, que explota un yacimiento de cobre, ya que la
consideran responsable de contaminar los ríos Salado y Cañipía, fenómeno
que ya habría causado la muerte de numerosos animales, mientras el
gobierno regional solicita el aumento de los aportes fiscales de la
compañía, del 3 al 30 por ciento de sus utilidades. La empresa, por su
parte, aseguró que respeta las normas medioambientales en Perú y se
mostró dispuesta a llevar a cabo estudios de impacto ambiental
adicionales y "trabajar con las autoridades nacionales y regionales para
establecer un diálogo con los manifestantes".
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