La masacre de Curuguaty el pasado 15 junio pasado ha sido el inicio de un sombrío plan de desestabilización a nivel nacional y regional, impulsado por sectores de los partidos tradicionales de derecha.
“La oligarquía y el imperialismo jamás cesan de conspirar y actuar, y si parece que están resignados esta apariencia es enteramente engañosa” Atilio Borón
La masacre de Curuguaty el pasado 15 junio pasado ha sido el inicio de un sombrío plan de desestabilización a nivel nacional y regional, impulsado por sectores de los partidos tradicionales de derecha. Las primeras víctimas fatales de este plan fueron seis policías del GEO (Grupo Especializado de Operaciones) y once campesinos, aunque en el caso de los campesinos lo más probable es que nunca se sepa con exactitud el número de bajas que se dio en la balacera ya que pobladores de la zona aseguran que algunos de los cuerpos asesinados por la policía se hicieron desaparecer.
El objetivo final de lo acontecido en Curuguaty quizá no era precisamente el juicio político a Lugo, pero sí crear un ambiente de suma violencia, debilitar al gobierno, preparar el terreno propicio para reabrir la política represiva contra los movimientos sociales de la mano del Ministerio del Interior y el Poder Judicial -con el asesoramiento colombiano-, además de garantizar en estos últimos meses que le tocaba gobernar a Lugo, el giro del gobierno para que retome una política aún más represiva de la que tuvo a sus inicios. Con la amenaza del juicio político la derecha tendría el control sobre las acciones del Ejecutivo, como ya lo venía haciendo prácticamente desde el año 2008 en que asumió Fernando Lugo.
Con esto se habría logrado por lo menos dos objetivos: uno de carácter nacional y electoral que consistiría en debilitar el Frente Guazú y fraccionar a los partidos de izquierda, alejar al gobierno de Fernando Lugo del apoyo popular con miras a las elecciones próximas del 2013, deslegitimar sus acciones y asediarlo para que responda exclusivamente a los intereses económicos y políticos de la derecha paraguaya aliada con el capital nacional e internacional.
El segundo objetivo sería de carácter imperial. En este punto es preciso tener en cuenta que nos encontramos en un momento en donde el Pentágono desarrolla una política de profundización y expansión de su presencia militar en la región. Con mayor fuerza y agresividad en Centroamérica y Colombia, como parte de la expansión hacia el Cono Sur, en el mes de abril se inauguraba en Chile un centro de entrenamiento militar del Comando Sur y en el Chaco argentino se intentó instalar una base militar disfrazada de un centro de ayuda humanitaria la cual fue rechazada por los movimientos sociales y luego contó con el aval de gobierno argentino para la no concreción de la mencionada base. Por lo tanto, el país más apto y cercano para mudar la base es Paraguay, como plus ya cuenta con una en Mariscal Estigarribia, Chaco, esperando ser reactivada. Un clima de violencia y fragilidad democrática facilitaría su reactivación con la explicación de que colaboraría en la restitución del orden democrático, la seguridad y la lucha contra el terrorismo, etc. De hecho, desde el año pasado entre los representantes de Washington y el Congreso paraguayo se vienen retomando las conversaciones para ello. Los hechos violentos y la aparición de una supuesta guerrilla en Paraguay a través del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) son algunos de los condimentos necesarios para lograr una mayor injerencia de los Estados Unidos, no con la mira puesta precisamente en Paraguay, sino en la región, extender el conflicto tipo Honduras al Cono Sur lo cual le permita explayar su política militarista, introducir una palanca de contrariedad en la UNASUR y debilitar al bloque que cuestiona el imperialismo norteamericano.
Dado los hechos de Curuguaty, la Unión de Gremios del Paraguay (UGP) exigió el juicio político a Lugo, no es raro ni la primera vez que los gremios de la derecha realicen este tipo de declaraciones, sin embargo los diferentes partidos políticos de derecha no estaban tan seguros de enjuiciarlo y pedían unánimemente la destitución del entonces Ministro del Interior, Carlos Filizzola, pedido que no tardó en ser concedido por el presidente Lugo. Todo esto cambió cuando Fernando Lugo anunció la constitución de una Comisión para investigar los hechos ocurridos en Curuguaty. En paralelo, corrían las versiones de que esto había sido un montaje de algunos sectores del poder y la hipótesis de que tanto los policías como campesinos fueron llevados a una muerte segura iba cobrando fuerza. Esa reciente comisión habría logrado descubrir aspectos que ya sabemos que la fiscalía y el poder judicial no lo harían, ni lo harán. Pudo haber confirmado esas versiones que aseguran que la matanza que se dio en el departamento de Canindeyú fue parte de una conspiración con participación de ciertos sectores conservadores y de derecha.
Anunciada la Comisión, casi instantáneamente el pre candidato a presidenciable por el Partido Colorado, Horacio Cartes, el político con mayor poder económico y sindicado como una de las personas clave de la mafia y el narcotráfico, fue el primero en anunciar que su partido impulsaría el juicio político a Fernando Lugo. Logró consenso en la cúpula partidaria y así fue, los liberales hicieron lo mismo casi con la misma rapidez, a pesar de las fuertes fracciones en las que se encontraban los partidos de derecha como nunca en tan poco tiempo cerraron filas, acuerdos y se congregaron alrededor del “sí al juicio político”. Se sumaron los otros partidos, UNACE y Patria Querida, con una convicción tal de llevar esto hasta las últimas consecuencias, como si existiera una fuerza externa que los apuntalaba en las decisiones que iban a tomar y que, de tratarse de un plan, era demasiado perfecto para creer que un sector de la derecha paraguaya lo haya pergeñado sin asesoramiento de expertos en desestabilización.
La gente salió a las plazas frente al Congreso Nacional, se sabía que sólo una gran fuerza movilizada en todo el país podría parar el juicio político que de juicio tuvo poco o nada. Los cancilleres de la UNASUR llegaron al país para interiorizarse de lo que estaba ocurriendo y ser testigos de un juicio que terminó siendo un Golpe de Estado parlamentario. Los obispos pedían a Lugo que presente su renuncia, al tiempo el mismo pedido lo realizó la embajada de los Estados Unidos. Algunos dirigentes de izquierda creían ingenuamente que con negociaciones se podría revertir la posición de algunos parlamentarios y se avocaron a esa tarea que no tuvo el mínimo efecto sobre la decisión que ya estaba tomada, destituir al Presidente de la República.
La movilización popular no alcanzó a desarrollarse a lo largo del país y no tuvo el número ni la fuerza suficiente para frenar el golpe parlamentario que terminó de consumarse en mucho menos de 48 horas; parte de esa misma derecha con la que Lugo y su equipo había gobernado en los últimos años, se despojaba de todo rasgo de progresismo y asumía su entera hipocresía para derrocarlo.
Los parlamentarios escucharon a la defensa de Lugo, esta rebatió todos los argumentos presentados en su contra, se tomaron cinco minutos de cuarto intermedio para luego leer la sentencia que encontraba “culpable” al presidente y procedieron a su destitución. En su reemplazo fue nombrado su vicepresidente Federico Franco del Partido Liberal.
Ya al mando del ejecutivo, cabe destacar dos de las primeras decisiones de Franco: una fue dejar sin efecto la comisión que investigaría los hechos acaecidos en Curuguaty y dos el nombramiento del nuevo ministro del interior Carmelo Caballero, hombre que meses atrás se desempeñaba como vice ministro del interior del gobierno de Lugo. Caballero junto con Rafael Filizzola (ex ministro del interior) implementó una política de seguridad con el pleno asesoramiento del gobierno Colombiano, impulsaron fuertes operativos militares y policiales en diferentes departamentos del país en contra de las organizaciones campesinas y han estado a cargo del primer estado de excepción en el año 2010 en cinco departamentos del país, con la excusa de atrapar a los integrantes del EPP, pero sin lograr ese objetivo. Con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos se equiparon y montaron un centro de operaciones especiales en Hugua Ñandú, departamento de Concepción y se inició la formación de un nuevo grupo de élite de la policía nacional denominado COR (Comando de Operaciones Rurales), por lo tanto no es difícil imaginar qué tipo de acciones tomará Caballero como encargado de la seguridad del país.
Lo acontecido en Paraguay arroja varias enseñanzas para la izquierda y el movimiento popular, pero no obstante es necesario entender que el golpe está siendo encaminado en contra del proceso democrático del país y contra la integración regional. El golpe no acabo con la destitución de Lugo, se prolongará sobre el movimiento social paraguayo y sobre la integración de los gobiernos regionales. Por ahora se visualizan tres alternativas para las fuerzas populares en Paraguay: a) una izquierda que se disponga a unificarse y fortalecerse electoralmente, superar las contradicciones internas, para una buena participación en las próximas elecciones generales, b) se retome la organización y movilización en todo el país, con amplia participación de las bases, promoviendo ocupaciones de tierras, huelgas y manifestaciones pacíficas como forma de resistencia y desconociendo la figura de Federico Franco como presidente o c) el desarrollo de una lucha que contemple ambas estrategias, en base a un análisis de correlación de fuerzas, que fortalezca un proyecto electoral sin abandonar la acción directa, las movilizaciones, conquistando el apoyo de todos los sectores progresistas a nivel nacional e internacional.
Abel Irala
Lic. en trabajo social, investigador del SERPAJ PY
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