Crónica de una mina anunciada
Puerto oceánico y megaminería en Uruguay
Ecoportal
El gobierno uruguayo decidió asociarse con la empresa minera Aratirí para la construcción de un puerto de aguas profundas en la costa oceánica. Supeditar la viabilidad del puerto a la carga del mineral extraido, deja en segundo plano el estudio inconcluso sobre la viabilidad ambiental del proyecto Aratirí que podrá imponer sus condiciones. Por esta vía, Uruguay quedará a merced de las empresas extranjeras de megaminería a cielo abierto que buscan aprovechar la actual coyuntura especulativa del mercado internacional de los metales.
El 14 de junio,
el presidente José Mujica aprobó el informe de la Comisión
Interministerial designada para estudiar la viabilidad de la instalación
de un puerto de aguas profundas en la costa oceánica y ordenó por
decreto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) dictar los
actos para el desarrollo del puerto a través de un contrato de
participación público-privada (PPP). Ese mismo día solicitamos el
referido informe, basados en la Ley de Acceso a la Información Pública, y
el 13 de julio recibimos el resumen de sus conclusiones.
A
pesar de ser sólo una síntesis de las conclusiones, el documento oficial
permite conocer aspectos sustanciales de la propuesta aprobada por el
Poder Ejecutivo y hacerse una idea de los fundamentos de tan
trascendente decisión. Trascendente porque los compromisos asumidos por
el gobierno en ese acto tienen graves implicaciones para el país y su
futuro, aunque la habilitación del puerto y su ejecución deben ser
refrendadas por instancias de contralor y legislativas que pueden llevar
incluso a que el proyecto no prospere.
Definición presidencial
La introducción del informe de la Comisión Interministerial (CI) aclara
que sus cometidos no incluyeron la realización de un plan maestro del
puerto de aguas profundas y agrega que esto "exige estudios técnicos
especializados y multidisciplinarios, a partir de los estudios y
análisis realizados". Dicho lo cual la CI llegó a las siguientes
conclusiones:
Es necesario y conveniente contar con un Puerto
de Aguas Profundas (PAP) en la costa oceánica del país, valorando
especialmente la viabilidad y oportunidad para encarar esta obra en las
actuales circunstancias;
Se ha definido el lugar de
implantación del PAP (en el balneario El Palenque) con una única
intervención en el departamento de Rocha, el carácter multipropósito del
mismo, y en forma preliminar, se han estimado los requerimientos
espaciales, terrestres y acuáticos;
También de manera
preliminar se han definido las obras básicas, (obras de protección,
escolleras, dragados y muelles de atraque), apoyados en los estudios
realizados por las distintas propuestas, antecedentes y conocimiento,
con el objetivo de realizar una estimación de las inversiones
requeridas.
La versión es textual y los subrayados son
nuestros, para destacar el carácter preliminar de las definiciones del
informe, que es reconocido por la CI. Pero el fundamento de un puerto
son las cargas a ser transbordadas en el mismo y aquí es donde se
comienza a revelar el trasfondo político esencial de la definición
presidencial. Dice el informe:
"Las cargas potenciales que
pueden ser canalizadas con inmediatez fáctica para el puerto de aguas
profundas que se estudia, son las cargas provenientes de la explotación
minera y las provenientes de la explotación de cereales y granos. A
estas cargas se agregarían otras con el desarrollo futuro del puerto".
Y prosigue: "La necesidad de captar cargas que justifiquen la
viabilidad económica del PAP tiene su contraparte en buena medida en la
industria minera, que necesita disponer de una logística portuaria
adecuada para su desarrollo (...) La necesidad de contar con una
terminal con profundidades del orden de los 20m coloca a las iniciativas
de producción minera en un lugar protagónico en el proyecto de PAP. El
emprendimiento de explotación minera Aratirí se encuentra en esas
condiciones"(sic).
El informe menciona las potenciales cargas
líquidas (petróleo y gas lícuado) que dependen de instituciones del
estado uruguayo y las potenciales cargas contenerizadas dependientes del
sector privado, pero son desarrollos posibles no colocados como
determinantes.
En síntesis, la necesidad operacional y la
viabilidad económica del puerto propuesto por el presidente pasa por la
explotación minera y el proyecto de Aratirí. El financiamiento de esa
obra que Mujica ha definido que, junto con la regasificadora,
"geopolíticamente será la decisión más importante que tome este
gobierno" se basa en la inversión prevista por la minera para la
terminal portuaria que llevaría el hierro hacia los mercados asiáticos.
Con nombre y apellido
Con esa definición esencial, que colocaría al Uruguay simplemente al
servicio de la minería a cielo abierto en gran escala para aprovechar la
actual coyuntura especulativa del mercado internacional de los metales,
el informe y las decisiones del gobierno se concentran en los pasos
institucionales de ejecución de la obra para asegurarse que la empresa
contratante sea Aratirí y asegurarle a la minera las condiciones de
viabilidad de su proyecto.
"En el caso de la minería de gran
porte, si el Estado siguiera un procedimiento estándar para adjudicar
una Concesión o un proyecto de PPP portuaria, considerando la etapa
actual del proceso en la que se encuentra, le llevaría un plazo no menor
a 15 a 20 meses. Este plazo podría llegar a ser muy largo para Aratirí,
lo que sumado a otras consideraciones, podría llevarlos a plantearse,
hipotéticamente, a desistir del proyecto en Uruguay", señala la CI.
Pero hay una manera de superar esta dificultad, según el informe: "la
propia ley de PPP establece que los estudios previos se definirán de
acuerdo a las características de los proyectos, por lo cual se puede
reglamentar que los estudios previos necesarios para comenzar el proceso
por la ley de PPP son los estudios ya realizados por la Comisión
Interministerial". Es decir, los estudios considerados "preliminares"
por la propia CI.
Y agrega: "... en un contrato de PPP entre el
MTOP y la CND, se puede incluir que la CND pueda establecer acuerdos
comerciales con usuarios, que asegurando una determinada carga mínima
para la operativa portuaria, puedan negociar condiciones especiales de
obras (...) Dentro de este régimen se podría llevar adelante la
negociación de realización de obras por Aratirí". Así, con
reglamentación y contrato a medida, quedaría todo resuelto.
Calculando los tiempos necesarios para que el Proyecto Valentines siga
en pie, el informe de la CI incluye además un cronograma que prevé en 5
(cinco) meses la suscripción de un contrato de usuario del PAP con
Aratirí. Esto explica la ofensiva publicitaria desplegada por la empresa
en los últimos días, el aumento de la presión sobre los productores de
Cerro Chato y Valentines que se han resistido a la entrada de la minera
en los campos y los anuncios de la reanudación de las perforaciones
exploratorias en aquella zona.
En resumidas cuentas, los
procedimientos para la conformación institucional del PAP se someten a
la necesidad de asegurar la viabilidad del Proyecto Valentines en los
términos definidos por Aratirí. La aprobación de este informe, el envío
del proyecto de habilitación al Parlamento y el decreto de expropiación
de 458 predios en la zona de El Palenque, son decisiones que configuran
un Contrato de Inversión, al estilo del firmado entre el gobierno
uruguayo y Montes del Plata, ahora con la firma trasnacional Zamin
Ferrous.
En este contexto, ¿cuál puede ser el papel que le
queda por desempeñar a la Dinama como organismo evaluador y fiscalizador
de estos proyectos de alto impacto ambiental? La clave puede
desprenderse de las declaraciones del arquitecto Francisco Beltrame,
cuando ya había sido designado pero todavía no había asumido como nuevo
ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente:
"Adecuar los tiempos del ministerio a los tiempos que demandan quienes
esperan el producto de sus políticas"(sic).
Aratirí presentó el
segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el 13 de octubre de 2011, y
la Dinama dijo que le llevaría 18 meses el análisis. Este plazo se vio
ampliado por falta de respuestas de la empresa a requerimientos
adicionales de información. Con el nuevo PAP, Aratirí tendría que
reformular su mineroducto y su terminal portuaria. ¿Cómo encajan en 5
meses los más de 10 meses que restan para el análisis de la Dinama, más
la puesta de manifiesto del EIA y la audiencia pública que prevé la ley
para aprobar el proyecto?
Es una misión imposible. La decisión
de atar la viabilidad del puerto de aguas profundas a la firma de un
contrato de carga con Aratirí, dejó en segundo plano el análisis de la
viabilidad ambiental del proyecto minero cuya ejecución, al ser
considerada imprescindible para la construcción del PAP, habilita a la
empresa a imponer sus condiciones.
¿Quién es el socio?
Con esta decisión del Poder Ejecutivo no solo se subvierten los
mecanismos previstos por la legislación para ejecutar proyectos y crear
asociaciones público-privadas para gestionarlos con seriedad y
eficiencia. Se ignoran la consulta a la ciudadanía y a comunidades
afectadas por proyectos cuya magnitud y sus impactos trastocan sus
medios habituales de vida y modifican significativamente y a largo plazo
el modelo de desarrollo del país.
En este marco, también
quedan al margen los acuerdos de la Comisión Multipartidaria que analizó
las políticas para la Minería de Gran Porte. La decisión de privilegiar
la asociación con Aratirí para viabilizar el PAP hecha por tierra la
intención de aquellos que admitían el proyecto si se elevaban las
exigencias ambientales. Igual suerte corren los que creían haber logrado
acuerdos para imponer mayores exigencias económicas a la minera.
Y en este proceso sobrevuela una pregunta que es natural hacer en
cualquier negociación, más cuando se trata de proyectos de desarrollo
del país. Es una pregunta planteada ante tantos elementos confusos:
¿quién es Aratirí? ¿cuáles son sus antecedentes reales y su experiencia
en los proyectos propuestos? En suma, ¿quién sería el nuevo socio del
gobierno uruguayo en estas obras de gran envergadura? Desde hace tiempo
circula un informe de un estudio jurídico uruguayo que responde así a
esas preguntas:
"Aratirí es Zamin, una empresa que se dice es
propiedad de un magnate indio con antecedentes turbios en China y que no
se sabe siquiera si es quien dice ser, o que representaría intereses de
un personaje que controla la producción de acero de todo el mundo. Esa
empresa Zamin se introduce en un proyecto en Brasil, manifiesta su
voluntad de desarrollarlo, y termina vendiéndolo a un grupo
internacional con un pasado y presente más turbio aún, y que tras una
fachada de seriedad y gran volumen es investigado y acusado por impulsar
sus negocios en base a servicios de lavado de dinero, privatizaciones
fraudulentas y entrega de sus asociados de antaño a la boca de peces
mayores".
"¿Saben las autoridades uruguayas con quiénes pueden
estar lidiando?", se pregunta este informe. Es obvio que deben saberlo:
hay denuncias realizadas por legisladores uruguayos y un proceso abierto
por una fiscal. Si no lo supieran, evidenciarían su incompetencia para
manejar las responsabilidades asumidas y para las que fueron elegidas.
¿Cuál fue el origen de la relación entre Zamin Ferrous y algunos
gobernantes en el primer gobierno del Frente Amplio? Tal vez esta sea
otra de las revelaciones sorprendentes que se reserva el ex-presidente
Tabaré Vázquez para nuestro futuro o el de nuestros hijos o nietos.
Fuente: http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Mineria/Puerto_oceanico_y_megamineria_en_Uruguay._Cronica_de_una_mina_anunciada
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