Novartis versus India
Un juicio decisivo
Revista Pueblos
Desde el año 2006,
la empresa Novartis mantiene una reclamación contra el gobierno de India
por la patente de Glivec, un medicamento utilizado principalmente en el
tratamiento de un tipo de cáncer sanguíneo conocido como leucemia
mieloide crónica (LMC). Actualmente, el caso es revisado por el Tribunal
Supremo de Justicia, que ha aplazado su decisión en varias
oportunidades. Si no hay nuevos cambios, el dictamen definitivo se
conocerá el próximo 22 de agosto.
Este tema ha sido polémico por
distintos aspectos. Si centramos la discusión sólo en la patente del
fármaco, corremos el riesgo de que los árboles no nos dejen ver el
bosque. Ciertamente, esta sentencia será definitiva para culminar un
pleito legal que se ha extendido por seis años (definitiva en el ámbito
nacional, porque existe la posibilidad de que sea llevado a instancias
internacionales). Pero su importancia no se limita a determinar si el
fármaco debe o no ser patentado.
Sus alcances se extienden más
allá: Novartis cuestiona la esencia de la Ley de Patentes india al poner
en discusión las garantías que ésta ofrece para evitar el abuso de los
derechos de patentes por parte de las empresas privadas.
Crónica de un litigio
En
1993, Novartis patentó por primera vez la molécula “imatinib” en
Estados Unidos. Posteriormente, en 1998, solicitó una nueva patente para
una variante de esta sustancia: el “mesilato de imatinib”, compuesto
principal del fármaco Glivec. Cuando la empresa solicitó la patente de Glivec
ese mismo año, la legislación vigente no contemplaba el registro de
patentes de productos farmacéuticos, sino de patentes de procesos. De
esta manera, era posible producir la versión genérica de un producto si
se utilizaba un procedimiento o tecnología distinta al empleado por el
titular de la patente. Así fue como algunos fabricantes de genéricos
indios (Cipla, Ranbaxy, etc.) pudieron producir el Glivec y otros
fármacos.
En 2005, India aprobó una enmienda de la Ley de
Patentes de 1970 para incorporar las obligaciones del Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que establece la
obligatoriedad de patentar los productos farmacéuticos. [1]
Esta
enmienda ha sido motivo de numerosos debates. El punto más
controvertido radica en el apartado (d) de la Sección 3, que excluye
como invenciones todo lo que implique “el mero descubrimiento de
cualquier propiedad nueva o nuevo uso de una sustancia conocida o de la
mera utilización de un proceso, máquina o aparato conocido a menos que
de este proceso conocido resulte un nuevo producto o emplee al menos un
nuevo reactivo”. Según algunas organizaciones, estas excepciones son
“salvaguardias” que evitan que las grandes compañías extiendan
indefinidamente su monopolio sobre determinados fármacos, patentando
modificaciones de sustancias ya inventadas.
Esta cláusula ha sido
el origen de la batalla legal emprendida por Novartis. En 2006, la
Oficina de Patentes de India rechazó la petición de la empresa para
patentar el “mesilato de imatinib” por considerar que no constituía una
verdadera innovación respecto al principio activo patentado en 1993.
A
raíz de estos hechos, la compañía presentó dos demandas: la primera
sobre la patente del Glivec y la segunda sobre la sección 3 (d) de la
Ley de Patentes. A pesar de que el Tribunal de Chennai (sur de India)
rechazó la solicitud de la farmacéutica en 2007, la decisión fue
recurrida en 2009 ante la Junta de Apelación de la Propiedad
Intelectual, que ratificó las decisiones anteriores.
Sin embargo,
esto no supuso el fin de las acciones por parte de la multinacional. En
2009, Novartis acudió al Tribunal Supremo de India para someter a juicio
la interpretación de la Ley de Patentes realizada por los organismos
que han visto el caso.
¿Qué está en juego?
Si
la sentencia es favorable a Novartis, inmediatamente impedirá que los
actuales fabricantes indios sigan produciendo y comercializando el
genérico. Según la empresa, las versiones del genérico lanzadas antes de
2005 permanecerían en el mercado por una cláusula de transición
contemplada en la ley. No obstante, esto no se aplicaría a las
exportaciones que India realiza a otros países.
En términos
generales, el medicamento estaría a disposición del público, pero a un
costo mayor. Los datos ofrecidos por Farmamundi señalan que Novartis
comercializa Glivec a 2.500 dólares por paciente al mes en India,
mientras que la versión genérica producida en India cuesta 175 dólares
por paciente al mes (en India y otros países).
Si bien es cierto que una sentencia favorable a Novartis no tendría efectos retroactivos, es evidente que pondría no sólo al Glivec
sino también a otros medicamentos en el ojo del huracán, sentando un
precedente importante en la jurisprudencia india sobre patentes.
Por
ello, organizaciones indias e internacionales como Médicos Sin
Fronteras, OXFAM Internacional y Farmamundi, han realizado campañas para
evitar una decisión favorable a la multinacional, argumentando que esto
afectaría a la producción global de genéricos del país.
Por su
parte, Novartis emprendió una campaña centrada en su Programa
Internacional de Asistencia al Paciente de Glivec. En el documento Verdades y Falsedades,
elaborado por la multinacional, la empresa afirma que a través de este
programa iniciado en 2002 ha destinado más de mil millones de dólares
para suministrar tratamiento gratuito a más de 13.000 pacientes en
India. La intención no es negar la importancia que tiene este programa
para las personas que pueden acceder al tratamiento a través del mismo.
Pero sí es imprescindible reflexionar sobre algunas cuestiones. En el
mismo documento, Novartis afirma que con estas acciones se demuestra que
garantizar el acceso de la población a los medicamentos es una
prioridad para la empresa.
Estos argumentos son mera retórica: no
existe coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. No se puede
defender el acceso de la población a todos los medicamentos a la vez que
se pone en tela de juicio aquellas garantías y salvaguardias que
establecen los Estados para cumplir estos objetivos, como se ha hecho en
el caso del Glivec.
Reflexiones finales
Para
finalizar, es interesante recordar las reflexiones de Brian Druker, uno
de los científicos que descubrió el “mesilato de imatinib”. En su
artículo de opinión “Don’t abuse patents: scientists” (2007),
reconocía la molestia que había sentido por el alto precio de venta que
Novartis había fijado para el Glivec y agregaba: “Las compañías
farmacéuticas que han invertido en el desarrollo de medicamentos deben
recuperar sus inversiones. Pero esto no significa abusar de estos
derechos de exclusividad con precios excesivos y solicitando patentar
cualquier pequeño cambio para extender sus precios de monopolio. Esto va
contra el espíritu del sistema de patentes y no se justifica debido a
las cruciales inversiones realizadas por el sector público durante
décadas, que han hecho posible el descubrimiento de estos medicamentos”.
Es
evidente que no se puede dejar la salud de las personas en manos de
empresas que por encima de todo velan por incrementar sus ganancias. Si
se deja que la “mano invisible” del mercado actúe a su libre albedrío,
las personas más necesitadas continuarán siendo lo único invisible en
medio de este juego impersonal de oferta y demanda, donde a menudo la
salud es tratada como una mercancía más.
Por ello, la protección
de la salud es un deber de los Estados, que deben planificar y ejecutar
políticas públicas que incluyan inversión en infraestructura e
investigación. Lamentablemente, como en el caso de India, muchos de los
recursos que podrían estar destinados a programas y proyectos sanitarios
están dirigidos a hacer frente a las demandas y demás obstáculos
levantados por las multinacionales y países desarrollados.
Karen
Bocanegra es colaboradora de Pueblos – Revista de Información y Debate.
En www.revistapueblos.org puede leerse un artículo de la autora más
amplio sobre este tema: “India vs. Novartis: Cuando los árboles no dejan ver el bosque”, 27/04/2012.
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