El capital financiero internacional se apodera de las mejores tierras sudamericanas
Se estima que el 25 por ciento del territorio uruguayo y paraguayo y al menos el 10 por ciento del argentino están en manos de empresarios extranjeros, mientras que en otros países de la región los latifundios privados se multiplican como hongos. Esta nueva forma de conquista neocolonial se intensificó en los últimos cinco años y afecta sobre todo a los países de América del Sur.
12 de diciembre, 2012.- Desde 2007/2008, transnacionales y gobiernos intensifican el acaparamiento de enormes superficies de tierras de cultivo en África, Asia y América Latina, lo que supone “el riesgo de crear un pacto neo colonial de provisión de materias primas sin valor agregado”, alertó el ex director de la FAO Jacques Diouf.
Arabia Saudí, Kuwait y otros países desérticos compran o arriendan tierras para cultivar alimentos; mientras que las transnacionales y los grupos financieros acaparan predios para lucrar y especular con materias primas agroindustriales. El capital financiero ve a Sudamérica como la principal zona para comprar y arrendar tierras agrícolas. (1)
En septiembre de 2008 grandes procesadoras de aceite vegetal de India solicitaron tierras a los gobiernos de Uruguay y Paraguay para cultivar oleaginosas, trigo y lentejas. La principal refinadora de azúcar y productora de alcohol de India Shree Renuka Sugars adquirió 130 mil hectáreas en Brasil, en tanto que el grupo Walbrook compró cerca de 600 mil hectáreas en Argentina. (2)
“Hay un masivo resurgimiento del interés por invertir en tierras en la región. Es mucho más de lo que se asumía anteriormente, sea en términos de inversión de tierras o de acaparamiento”, subrayó el profesor del Instituto de Estudios Sociales de La Haya Saturnino Borras, uno de los autores de un estudio realizado en 17 países latinoamericanos y caribeños, por encargo de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). (3)
Los investigadores de la FAO concluyeron que la compra de tierras destinadas a la producción de alimentos afecta a gran parte de la región. En América del Sur “estamos ante una nueva ola de un proceso de extranjerización de las tierras importantes”, alertó el especialista Martine Dirven. Por ejemplo, un informe oficial estima que en la última década se vendieron al menos 5,5 millones de hectáreas en Uruguay, el 25% de las áreas productivas del país, a sociedades anónimas privadas. (4)
En Paraguay ascienden a 1,8 millones de hectáreas las compradas entre 2006 y 2010 por empresarios brasileros, franceses, alemanes, portugueses, japoneses y españoles, según el investigador del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos Luis A. Galeano, quien calcula que en las últimas dos décadas las empresas extranjeras adquirieron entre nueve y 10 millones de hectáreas de tierras paraguayas, es decir entre el 25 y 30% de la superficie productiva del país.
En Bolivia se estima que al menos 700 mil hectáreas están en manos de agroindustriales brasileros, argentinos, peruanos y colombianos, la mayoría destinada a la producción de soya transgénica. (5)
Para el director del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes) Fernando Eguren la concentración de tierras “es también una concentración de influencias, de poder político en las esferas territoriales donde está ocurriendo y, también tiene que ver con restricciones en la democracia”. (6)
Legalizan la venta de tierras fiscales en PanamáPese al fuerte rechazo popular, el 19 de octubre de 2012 el presidente de Panamá Ricardo Martinelli sancionó la Ley N. 72 que autoriza la venta de terrenos fiscales en la Zona Libre de Colón (ZLC), un área libre de impuestos creada en 1948 para aprovechar comercialmente el enclave del canal de Panamá, de donde parten rutas hacia Japón, Estados Unidos y otros países latinoamericanos.
Compañías de todo el mundo tienen una base de operaciones en la ZLC, que generó transacciones por 29 mil millones de dólares en 2011. El diputado Miguel Salas denunció que el Ejecutivo pretende privatizar terrenos de la ZLC para cubrir el déficit fiscal y recolectar fondos para la campaña oficialista de 2014.
Varios sectores sociales, empresariales y parlamentarios solicitaron a la Asamblea Nacional que rechace la propuesta privatizadora, y luego de que ésta fue aprobada solicitaron al presidente que la vetara, pero Martinelli desoyó el clamor popular.
Miles de personas salieron a las calles de la ciudad de Colón para protestar contra la ley de Martinelli y el 19 de octubre el niño de nueve años José Betancourt perdió la vida por un impacto bala en el abdomen, y alrededor de 30 resultaron heridas en enfrentamientos con la Policía. El 21 de octubre cientos de ciudadanos vestidos de negro en señal de luto marcharon desde la Iglesia Paulino San José hacia el centro de la ciudad para rechazar la venta de tierras de la zona franca.
Por otro lado, es motivo de gran preocupación la aprobación de obras de “desarrollo” que no cumplen con los requisitos exigidos por ley, y con la aparente complicidad de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). La directora ejecutiva de la organización ecologista Panamá Sostenible Raisa Banfiel recordó que durante la campaña presidencial Martinelli dijo que la ANAM “estorbaba y atrasaba el desarrollo” nacional.
La preocupación estriba en que a pesar de decenas de denuncias y conflictos ambientales suscitados en los últimos años, la ANAM actuó con negligencia, como en el caso de los humedales de la Bahía, uno de los cinco sitios Ramsar de Panamá, creado por resolución de la ANAM el 3 de febrero de 2009. (7)
Recientemente la propia ANAM y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) acordaron suspender el estatus del sitio natural con el fin de viabilizar la construcción de una planta de tratamiento en la bahía de Panamá, y del proyecto Panamá Bay Country Club, decisión que fue respaldada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
No obstante, ya suman seis las demandas judiciales interpuestas contra la decisión de la CSJ de anular la protección al humedal de la Bahía. En la lista de demandantes figuran la Fundación MarViva, la Sociedad Audubon de Panamá, la firma de abogados Rivera, Bolívar y Castañeda, y el Partido Revolucionario Democrático. También fueron admitidos recursos interpuestos por el Centro de Incidencia Ambiental y por la Asociación de Abogados Litigantes de Panamá.
Privatización en HondurasLuego del golpe de Estado de 2009, el gobierno de Porfirio “Pepe” Lobo y la bancada oficialista del Congreso aprobaron reformas constitucionales que autorizan la creación de las denominadas Regiones Especiales de Desarrollo (RED) o “Ciudades Modelo”, catalogadas como la más denigrante variante del neocolonialismo territorial, ya que legaliza la venta de franjas del territorio a inversionistas extranjeros.
Desde hace algunos años empresarios estadounidenses de ultraderecha compran islas en los países del tercer mundo con el fin de crear paraísos fiscales libres de regulaciones políticas. Algunos ejemplos de “islas estado” son el Principality of Sealand frente a la costa de Inglaterra; el fallido Freedom Ship en la bahía Trujillo, y la vigente Seasteaders. Años atrás, el empresario nicaragüense Xavier Arguello Carazo, yerno del ex presidente panameño Ricardo Maduro, ofreció un pedazo de Honduras al inversionista norteamericano Paul Romer, quien pretendió privatizar la isla de Madagascar junto a la coreana Posco-Daewoo.
En diciembre de 2011, la revista The Economist reveló que el Estado de Honduras firmó dos cartas de intención con grupos privados interesados en construir “ciudades modelos”. Uno de ellos está integrado por la compañía Future Cities Development Corporation, fundada por Patri Friedman, nieto del economista Milton Friedman, y por el propietario de Paypal Peter Thiel. El segundo consorcio se denomina Grupos Ciudades libres (Free Cities Group), de propiedad de Michael Strong y Kevin Lyons, que opera en Honduras con el nombre de NKG.
El 4 de septiembre de 2012 la Comisión para la Promoción de Alianzas Público-Privadas (Coalianza) y NKG firmaron un contrato para la construcción de la primera “ciudad modelo” en Honduras. El testigo de honor del negocio fue el presidente del Congreso Juan Orlando Hernández, uno de los principales promotores de la subasta de Honduras mediante las RED.
Pero las RED no son las únicas amenazas a la soberanía territorial hondureña. El 13 de diciembre de 2011 la dirigencia de la Comunidad de Cristales y Río Negro presentaron una demanda de nulidad absoluta contra varios contratos de venta fraudulenta de tierras comunitarias situadas al suroeste de la Ciudad de Trujillo al empresario canadiense Randy Roy Jorgensen.
Jorgensen, conocido como el “rey del porno”, pretende construir un muelle para cruceros Panamex denominado Banana Coast. También adquirió terrenos en las comunidades Garífunas de Santa Fe, San Antonio y Guadalupe, y obtuvo súbitamente licencias ambientales para construir villas frente al mar Caribe en una zona de amortiguamiento del Parque Nacional Capiro y Calentura.
El “rey del porno” recibió gran apoyo de Ramón Lobo Sosa, hermano del mandatario Porfirio Lobo, y el 21 de junio de 2011 mereció un “reconocimiento especial” del propio presidente en sesión del gabinete ministerial en la ciudad de Trujillo. (8)
Pretenden privatizar el patrimonio natural costarricenseEn Costa Rica está punto de sucumbir ante la marea privatizadora la isla Plata de 18 hectáreas ubicada en Esparza, Puntarenas, declarada Patrimonio Natural del Estado y protegida por la Ley de Zona Marítimo Terrestre (ZMT). Desde hace más de una década la empresa Vimavi del Pacífico Sociedad Anónima pretende construir en la isla onas residenciales e infraestructura turística.
En 2006 las autoridades de la municipalidad de Guanacaste intentaron vender la pequeña ínsula, situada frente al complejo turístico Flamingo, en 15 millones de dólares o entregarla en concesión, pero ambas maniobras fueron frustradas por el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) y el Departamento Municipal de Gestión Ambiental, dirigido entonces por el biólogo William Arauz.
Sin embargo, el año pasado el director del Área de Conservación Tempisque Arenal Nelson Marín eliminó la norma restrictiva vigente y recomendó la concesión de parte de la isla. Esto permitió a la empresa solicitar la autorización para iniciar obras, la cual está a punto de ser aprobada por la Municipalidad de Santa Cruz, controlada por el Partido Liberación Nacional (PLN).
Los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) Claudio Monge y Yolanda Acuña denunciaron que se pretende otorgar la concesión a Vimavi del Pacífico SA, de propiedad de Virginia del Carmen Vindas Soto, esposa de Carlos Ricardo Benavides, padre del Ministro de la Presidencia.
Al plan privatizador de la isla Plata se suma la aprobación de un proyecto de ley que pretende reducir los límites del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, una de las playas más hermosas del país, ubicada a 73 kilómetros de Limón, en la costa Atlántica costarricense.
El Senado chileno debate la privatización del marEste mes se debate en el Senado chileno un proyecto de ley que modifica la Ley de Pesca en Chile y que entrega a perpetuidad los recursos pesqueros a empresas transnacionales. La norma define varios tipos de licencias pesqueras. Un tipo de licencia reconoce los derechos históricos de los pescadores industriales; otro tipo de licencia indefinida abre la posibilidad de licitar hasta el 15% de los derechos si por tres años seguidos la actividad está sobre su rendimiento máximo sostenible.
El proyecto de ley desestima el significado de la pesca de arrastre e irrespeta las cinco millas marítimas para la pesca artesanal, privilegiando a cuatro grandes consorcios privados, denunció la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales. Según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile, la norma transgrede el derecho de todos los ciudadanos al control sobre los recursos naturales del mar.
“Nos parece inaceptable e irregular la negativa de dos parlamentarios a inhabilitarse de votar, aun cuando es de público conocimiento su vinculación con empresas ligadas a la gran industria pesquera”, fustigó la presidenta de la CUT Bárbara Figueroa, aludiendo a los senadores Andrés Zaldivar y Jovino Novoa.
Según el senador por la región del Bio Bio Alejandro Navarro, la ley propuesta, además de no resolver problemas de fondo, genera mayor concentración económica, no garantiza una verdadera competencia, tampoco asegura la sustentabilidad y “condena a los pescadores artesanales a convertirse en empleados de la industria”.
Limitan la extranjerización de la tierra en ArgentinaEn febrero de 2011 una comisión del Parlamento de Uruguay reanudó la elaboración de un anteproyecto de ley para limitar la venta de tierras, pero la norma aún no fue aprobada. En Argentina el Senado aprobó en diciembre de 2011 la ley sobre el Régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, un instrumento legal que limita la tenencia y adquisición de tierras por extranjeros.
La presidenta Cristina Fernández estimó que 10% de las tierras de la nación están en manos extranjeras. La nueva legislación argentina estipula que máximo el 15% del territorio nacional puede estar en manos foráneas, y de esa cantidad no podrá haber más de un 30% detentado por personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad, informó la agencia Télam.
La norma argentina establece que las parcelas en poder de extranjeros no podrán superar las mil hectáreas o la superficie equivalente en la zona núcleo determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales. También define estrictas prohibiciones para la venta de superficies que “contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”, y dispone que no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales por tratarse de un recurso natural no renovable.
La iniciativa dispone la creación de un Registro Nacional de Tierras Rurales, encargado de realizar un relevamiento “catastral y dominial” del recurso, así como de un Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
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