El Salvador: A propósito del debate por las reformas propuestas a la Ley de Protección al Consumidor (LPC)
La ideología del libre mercado versus el derecho de comer
Las propuestas de reforma a la LPC y el debateRecientemente la Defensoría del Consumidor presentó, por segunda vez, a la comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, un paquete de reforma a 56 artículos de la actual Ley de Protección al Consumidor, ésta propuesta fue presentada en marzo de 2011. Los principales puntos de reforma propuestos van desde garantizar el derecho a compensación en casos individuales, el derecho de retracto en los contratos, la regulación de la publicidad engañosa, hasta la tímida propuesta de garantizar los derechos de los consumidores a través de protegerlos contra prácticas de alza indiscriminada de precios en casos de emergencia nacional1.
Justamente el último punto es el que ha iniciado una acalorada discusión contra quienes defienden a capa y espada el libre albedrío de las fuerzas del mercado, porque afirman que esa medida atentaría contra el mercado y la libre competencia. En este sentido, el diputado Roberto d’Aubuisson sostuvo: “El control de precios puede resultar una medicina más dañina que la enfermedad, hay que ser responsables en no dar las señales equivocadas (...) que de alguna manera se puede atentar contra el modelo de libre mercado”2
Consideramos que, a pesar de no ser una propuesta de regulación de precios en sentido estricto (sino sólo en casos de emergencia nacional), debe de llevarse a cabo; pero habría que analizar más a fondo por qué a pesar del alza indiscriminada de los precios de la Canasta Básica en los últimos años –lo que ha provocado que aumente la precariedad en los sectores populares y más vulnerables-; propuestas de política de regulación de precios siguen siendo tan temidas por los sectores de la burguesía, y poco debatidas de cara a la realidad actual.
Antes de analizar por qué es necesario empezar a plantear nuevamente en la agenda pública el tema de la regulación de precios, es preciso analizar el marco teórico e ideológico del cual siguen repitiendo como dogma de fe ciertos personajes de la burguesía, para justificar la no regulación de precios y del mercado; ello a pesar que el mismo devenir histórico se ha encargado de desmitificar dichos planteamientos.
Sobre la definición del concepto “Consumidor”
El concepto “consumidor” tiene una carga ideológica y poco científica, hay que recordar que la economía como ciencia surge en el siglo XVIII, y ésta era considerada netamente como economía política, porque “se ocupaba de una sociedad divida en clases, con conflictos e intereses entre ellas. La economía política trataba de la producción, el intercambio y la distribución como actividades de toda la “polis”, de toda la sociedad (…)”3. Los clásicos (Smith, Ricardo, Malthus, Mill) defendían abiertamente la competencia perfecta a través del “orden natural” del equilibrio entre la oferta y demanda, el lucro, y el Estado liberal, puesto que ellos pertenecían al sector de la burguesía y la defendía como tal; sin embargo, la crítica a la economía política formulada por Marx ponía al descubierto las contradicciones objetivas entre las clases sociales: el conflicto entre las ganancias del capital y los salarios de los trabajadores, es decir, la apropiación del plusvalor (trabajo no pagado y apropiado por el capitalista), para aumentar la acumulación y concentración del capital a niveles cada vez mayores, “así se formulaba científicamente el substrato de la lucha de clases”4.
Para ocultar o tratar de borrar teóricamente estas contradicciones del sistema, surge en el siglo XIX la corriente marginalista, ésta trató de eliminar el apellido de “política” y la convirtió en “economía” a secas. El problema de la ciencia económica se convertiría ya no en la reproducción de los factores productivos (incluyendo la fuerza de trabajo), sino en la maximización y optimización de los recursos escasos. De esta manera se eliminaría o no habría lugar para plantearse teóricamente la oposición objetiva entre capital y trabajo (entre clases sociales); “para eliminar la base teórica de la lucha de clases en el seno del capitalismo se optó por suprimir el conflicto, eliminado las clases sociales de la escena. Con las clases sociales desaparecieron de la ciencia económica todos los componentes históricos e institucionales, como la estructura de la propiedad y el aparato del Estado; desaparecen los factores de poder y coerción y, por supuesto, todos los conflictos sociales”5
Es así como se formulan las categorías de productor y consumidor6. Plantean que a través del libre movimiento de la oferta y la demanda se da el equilibrio en el mercado y por tanto la armonización entre productores y consumidores. Las relaciones sociales en el análisis económico las tratan de reducir al cálculo matemático y diferencial de variables.
Hinkelamert y Mora criticando a F. Hayek7, cuestionan: “En nombre de la “sociedad libre” (el capitalismo) y de la ética del mercado (“la propiedad privada y el contrato”), Hayek sugiere como criterio de racionalidad, esto que él llama, el “cálculo de vidas”, que en realidad es un cálculo de muertes. Pero este supuesto cálculo no tiene en realidad nada de cálculo, porque para un cálculo de este tipo no existe ninguna medida cuantitativa que lo pueda sustentar. Tiene un solo resultado: las víctimas fatales no importan, son sacrificables”8
Entonces, vemos como detrás de este marco teórico e ideológico es como surge la categoría de consumidor; por eso no es de extrañar que la actual LPC en sus considerandos sostenga: “Que es indispensable mantener la vigencia plena de los principios rectores del modelo de economía de mercado, fomentando el comportamiento ético de los empresarios y promoviendo la igualdad de oportunidades entre los mismos”; y que las actuales propuestas de reforma vayan con la lógica de armonización de intereses entre los productores y los consumidores, porque si las empresas atienden las quejas de los consumidores y les ofrecen precios “justos” éstas aumentaran su competitividad, y todo mundo estará feliz. Pero esto es imposible y entra en total contradicción si volvemos a la esencia o basamento científico de ésta ciencia: concebida como economía política, de relaciones no sólo económicas sino también sociales (de poder).
La desregulación de precios y el acceso a la alimentación
Las políticas de liberalización y desregulación del mercado, se vienen implementando en nuestro país desde inicios de la década de los 90´s, con la implementación del paquete de medidas neoliberales impuestas por las condicionalidades establecidas en los préstamos PAF y SAL9 por el FMI y el BM, respectivamente. Estas políticas vinieron a encarecer el costo de la vida, se aumentó el IVA del 10% al 13%, se eliminaron las exenciones a bienes fundamentales para la vida de la población como los alimentos de la Canasta Básica y los medicamentos, se privatizaron instituciones que regulaban la producción y abastecimiento de café y azúcar (INCAFE e INAZUCAR) se cerró el IRA e IVU; y junto a estas medidas de desregulación de precios se aumentó la flexibilización del mercado laboral, es decir la precariedad laboral.
A lo largo de las últimas décadas, el costo creciente de la Canasta Básica Alimentaria ha provocado la disminución de la capacidad adquisitiva de la población. Por ejemplo, para el área rural el salario mínimo no alcanza siquiera a solventar los necesidades alimentarias básicas; y si consideramos las demás necesidades, a parte de las alimentarias, de vestido, educación, salud, transporte, etc; ambas Canastas, rural y urbana, no logran satisfacer la reproducción material de la fuerza de trabajo.
Es de notar que en los últimos cuatro años, el porcentaje de hogares que adquirieron alimentos, se ha reducido considerablemente. Por ejemplo para el caso de los hogares que accedieron a tortillas en 2008 fue de 40.1% y para 2011 se redujo a 27.2%; el mismo caso sucede si analizamos los granos básicos, frutas y carnes.
Cuadro 1: Elementos sobre el acceso a la alimentación en El Salvador
Fuente: EHPM 2008 y 2011, DIGESTYC
Debido a la estructura oligopólica en el mercado de las harinas en nuestro país (dominado por las empresas Harisa, Molsa y Unimerc), de junio a octubre de este año, el precio del saco de harina reportó un incremento de hasta 84%10, datos reportados por la misma Defensoría del Consumidor. Por su parte los panaderos han afirmado que aumentarán en un 40% el precio del pan francés, ellos proponen que sea el mismo gobierno quien, temporalmente, importe la harina; sin embargo, el Ministro de Economía sostiene que esa medida “no es viable”, ofreciendo, por el contrario, acceso a créditos en la Banca de Desarrollo11. Muchas de estas panaderías, al no cubrir los costos por los altos precios de los insumos, tendrán que cerrar y/o despedir a los/as trabajadores.
Estos son algunos ejemplos de los impactos que tiene la desregulación indiscriminada de precios, por las prácticas de especulación y concentración de los mercados; no es cierto que haya libre competencia. Entonces ¿por qué al gremio de panaderos se les impide importar directamente sus insumos?, obviamente porque ellos contribuyen y posibilitan el aumento de las ganancias de las tres harineras a través de la subsunción indirecta y la expoliación de su trabajo.
El aumento desmedido de precios dificulta el acceso a los alimentos por parte de la mayoría de la población, y esto afecta en su seguridad y soberanía alimentaria. Si en verdad el gobierno salvadoreño está preocupado por la pequeña agricultura y la soberanía alimentaria, como ha argumentado, debe garantizar un sistema de regulación de precios, principalmente de los alimentos; y unido a esto otras medidas más que mencionamos a continuación.
Se deben aprobar las reformas, pero ¿son suficientes dichas reformas?
Si no se regulan los precios, seguirá aumentando como lo han hecho hasta la fecha; la capacidad adquisitiva de las personas disminuirá y, dados también los bajos niveles salariales, aumentará la precarización de las condiciones de vida de las mayorías populares; esto a costa de alimentar la boca y el estómago del “santo” mercado.
Pero unido a la regulación de precios deben revisarse otras políticas, como las políticas comerciales y laborales: por ejemplo la revisión de acuerdos comerciales como el CAFTA que ha venido a perjudicar a la pequeña producción campesina a través de prácticas anticompetitivas como el dumping, y la profundización de la dependencia alimentaria12; regular la Inversión Extranjera Directa con requisitos de desempeño y eliminar cláusulas como el “trato no discriminatorio” al capital extranjero y las figuras de expropiación directa e indirecta; aumentar el salario mínimo a niveles que cubra las necesidades de alimentación y servicios básicos; y también eliminar las prácticas de flexibilidad laboral.
Asimismo, para alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria se debe apoyar y promover la agricultura campesina con prácticas sostenibles con el medio ambiente, el fomento de nuevas dietas nutricionales, la producción de semillas criollas y su intercambio, el comercio local con enfoque de economía solidaria. Y también la no aprobación de leyes que permitan y justifiquen prácticas que atentan contra el medio ambiente como la minería metálica y la producción de agrocombustibles.
En definitiva, si atendemos con ojos críticos a la realidad actual de crisis sistémica, se debe pensar en un cambio en el enfoque de desarrollo, donde la vida sea lo prioritario por encima del capital y del “sagrado” mercado capitalista.
Justamente el último punto es el que ha iniciado una acalorada discusión contra quienes defienden a capa y espada el libre albedrío de las fuerzas del mercado, porque afirman que esa medida atentaría contra el mercado y la libre competencia. En este sentido, el diputado Roberto d’Aubuisson sostuvo: “El control de precios puede resultar una medicina más dañina que la enfermedad, hay que ser responsables en no dar las señales equivocadas (...) que de alguna manera se puede atentar contra el modelo de libre mercado”2
Consideramos que, a pesar de no ser una propuesta de regulación de precios en sentido estricto (sino sólo en casos de emergencia nacional), debe de llevarse a cabo; pero habría que analizar más a fondo por qué a pesar del alza indiscriminada de los precios de la Canasta Básica en los últimos años –lo que ha provocado que aumente la precariedad en los sectores populares y más vulnerables-; propuestas de política de regulación de precios siguen siendo tan temidas por los sectores de la burguesía, y poco debatidas de cara a la realidad actual.
Antes de analizar por qué es necesario empezar a plantear nuevamente en la agenda pública el tema de la regulación de precios, es preciso analizar el marco teórico e ideológico del cual siguen repitiendo como dogma de fe ciertos personajes de la burguesía, para justificar la no regulación de precios y del mercado; ello a pesar que el mismo devenir histórico se ha encargado de desmitificar dichos planteamientos.
Sobre la definición del concepto “Consumidor”
El concepto “consumidor” tiene una carga ideológica y poco científica, hay que recordar que la economía como ciencia surge en el siglo XVIII, y ésta era considerada netamente como economía política, porque “se ocupaba de una sociedad divida en clases, con conflictos e intereses entre ellas. La economía política trataba de la producción, el intercambio y la distribución como actividades de toda la “polis”, de toda la sociedad (…)”3. Los clásicos (Smith, Ricardo, Malthus, Mill) defendían abiertamente la competencia perfecta a través del “orden natural” del equilibrio entre la oferta y demanda, el lucro, y el Estado liberal, puesto que ellos pertenecían al sector de la burguesía y la defendía como tal; sin embargo, la crítica a la economía política formulada por Marx ponía al descubierto las contradicciones objetivas entre las clases sociales: el conflicto entre las ganancias del capital y los salarios de los trabajadores, es decir, la apropiación del plusvalor (trabajo no pagado y apropiado por el capitalista), para aumentar la acumulación y concentración del capital a niveles cada vez mayores, “así se formulaba científicamente el substrato de la lucha de clases”4.
Para ocultar o tratar de borrar teóricamente estas contradicciones del sistema, surge en el siglo XIX la corriente marginalista, ésta trató de eliminar el apellido de “política” y la convirtió en “economía” a secas. El problema de la ciencia económica se convertiría ya no en la reproducción de los factores productivos (incluyendo la fuerza de trabajo), sino en la maximización y optimización de los recursos escasos. De esta manera se eliminaría o no habría lugar para plantearse teóricamente la oposición objetiva entre capital y trabajo (entre clases sociales); “para eliminar la base teórica de la lucha de clases en el seno del capitalismo se optó por suprimir el conflicto, eliminado las clases sociales de la escena. Con las clases sociales desaparecieron de la ciencia económica todos los componentes históricos e institucionales, como la estructura de la propiedad y el aparato del Estado; desaparecen los factores de poder y coerción y, por supuesto, todos los conflictos sociales”5
Es así como se formulan las categorías de productor y consumidor6. Plantean que a través del libre movimiento de la oferta y la demanda se da el equilibrio en el mercado y por tanto la armonización entre productores y consumidores. Las relaciones sociales en el análisis económico las tratan de reducir al cálculo matemático y diferencial de variables.
Hinkelamert y Mora criticando a F. Hayek7, cuestionan: “En nombre de la “sociedad libre” (el capitalismo) y de la ética del mercado (“la propiedad privada y el contrato”), Hayek sugiere como criterio de racionalidad, esto que él llama, el “cálculo de vidas”, que en realidad es un cálculo de muertes. Pero este supuesto cálculo no tiene en realidad nada de cálculo, porque para un cálculo de este tipo no existe ninguna medida cuantitativa que lo pueda sustentar. Tiene un solo resultado: las víctimas fatales no importan, son sacrificables”8
Entonces, vemos como detrás de este marco teórico e ideológico es como surge la categoría de consumidor; por eso no es de extrañar que la actual LPC en sus considerandos sostenga: “Que es indispensable mantener la vigencia plena de los principios rectores del modelo de economía de mercado, fomentando el comportamiento ético de los empresarios y promoviendo la igualdad de oportunidades entre los mismos”; y que las actuales propuestas de reforma vayan con la lógica de armonización de intereses entre los productores y los consumidores, porque si las empresas atienden las quejas de los consumidores y les ofrecen precios “justos” éstas aumentaran su competitividad, y todo mundo estará feliz. Pero esto es imposible y entra en total contradicción si volvemos a la esencia o basamento científico de ésta ciencia: concebida como economía política, de relaciones no sólo económicas sino también sociales (de poder).
La desregulación de precios y el acceso a la alimentación
Las políticas de liberalización y desregulación del mercado, se vienen implementando en nuestro país desde inicios de la década de los 90´s, con la implementación del paquete de medidas neoliberales impuestas por las condicionalidades establecidas en los préstamos PAF y SAL9 por el FMI y el BM, respectivamente. Estas políticas vinieron a encarecer el costo de la vida, se aumentó el IVA del 10% al 13%, se eliminaron las exenciones a bienes fundamentales para la vida de la población como los alimentos de la Canasta Básica y los medicamentos, se privatizaron instituciones que regulaban la producción y abastecimiento de café y azúcar (INCAFE e INAZUCAR) se cerró el IRA e IVU; y junto a estas medidas de desregulación de precios se aumentó la flexibilización del mercado laboral, es decir la precariedad laboral.
A lo largo de las últimas décadas, el costo creciente de la Canasta Básica Alimentaria ha provocado la disminución de la capacidad adquisitiva de la población. Por ejemplo, para el área rural el salario mínimo no alcanza siquiera a solventar los necesidades alimentarias básicas; y si consideramos las demás necesidades, a parte de las alimentarias, de vestido, educación, salud, transporte, etc; ambas Canastas, rural y urbana, no logran satisfacer la reproducción material de la fuerza de trabajo.
Es de notar que en los últimos cuatro años, el porcentaje de hogares que adquirieron alimentos, se ha reducido considerablemente. Por ejemplo para el caso de los hogares que accedieron a tortillas en 2008 fue de 40.1% y para 2011 se redujo a 27.2%; el mismo caso sucede si analizamos los granos básicos, frutas y carnes.
Cuadro 1: Elementos sobre el acceso a la alimentación en El Salvador
| Canasta Básica Alimentaria ($) | 2008 | 2011 |
| CB Urbana | 171.19 | 183.01 |
| CB Rural | 127.87 | 144.36 |
| Salario mínimo ($) | ||
| Urbano | 194.8 | 210.4 |
| Rural | 97.2 | 105 |
| Porcentaje de hogares que tuvieron acceso a: (%) | ||
| Tortillas | 40.1 | 27.2 |
| Pan francés | 46.6 | 35.1 |
| Arroz | 65.3 | 40.5 |
| Maíz | 35.5 | 29.5 |
| Frijol | 70.8 | 51.5 |
| Frutas | 32.5 | 20.7 |
| Carne de res | 23.2 | 9.4 |
| Carne de Pollo | 42.9 | 33.5 |
Debido a la estructura oligopólica en el mercado de las harinas en nuestro país (dominado por las empresas Harisa, Molsa y Unimerc), de junio a octubre de este año, el precio del saco de harina reportó un incremento de hasta 84%10, datos reportados por la misma Defensoría del Consumidor. Por su parte los panaderos han afirmado que aumentarán en un 40% el precio del pan francés, ellos proponen que sea el mismo gobierno quien, temporalmente, importe la harina; sin embargo, el Ministro de Economía sostiene que esa medida “no es viable”, ofreciendo, por el contrario, acceso a créditos en la Banca de Desarrollo11. Muchas de estas panaderías, al no cubrir los costos por los altos precios de los insumos, tendrán que cerrar y/o despedir a los/as trabajadores.
Estos son algunos ejemplos de los impactos que tiene la desregulación indiscriminada de precios, por las prácticas de especulación y concentración de los mercados; no es cierto que haya libre competencia. Entonces ¿por qué al gremio de panaderos se les impide importar directamente sus insumos?, obviamente porque ellos contribuyen y posibilitan el aumento de las ganancias de las tres harineras a través de la subsunción indirecta y la expoliación de su trabajo.
El aumento desmedido de precios dificulta el acceso a los alimentos por parte de la mayoría de la población, y esto afecta en su seguridad y soberanía alimentaria. Si en verdad el gobierno salvadoreño está preocupado por la pequeña agricultura y la soberanía alimentaria, como ha argumentado, debe garantizar un sistema de regulación de precios, principalmente de los alimentos; y unido a esto otras medidas más que mencionamos a continuación.
Se deben aprobar las reformas, pero ¿son suficientes dichas reformas?
Si no se regulan los precios, seguirá aumentando como lo han hecho hasta la fecha; la capacidad adquisitiva de las personas disminuirá y, dados también los bajos niveles salariales, aumentará la precarización de las condiciones de vida de las mayorías populares; esto a costa de alimentar la boca y el estómago del “santo” mercado.
Pero unido a la regulación de precios deben revisarse otras políticas, como las políticas comerciales y laborales: por ejemplo la revisión de acuerdos comerciales como el CAFTA que ha venido a perjudicar a la pequeña producción campesina a través de prácticas anticompetitivas como el dumping, y la profundización de la dependencia alimentaria12; regular la Inversión Extranjera Directa con requisitos de desempeño y eliminar cláusulas como el “trato no discriminatorio” al capital extranjero y las figuras de expropiación directa e indirecta; aumentar el salario mínimo a niveles que cubra las necesidades de alimentación y servicios básicos; y también eliminar las prácticas de flexibilidad laboral.
Asimismo, para alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria se debe apoyar y promover la agricultura campesina con prácticas sostenibles con el medio ambiente, el fomento de nuevas dietas nutricionales, la producción de semillas criollas y su intercambio, el comercio local con enfoque de economía solidaria. Y también la no aprobación de leyes que permitan y justifiquen prácticas que atentan contra el medio ambiente como la minería metálica y la producción de agrocombustibles.
En definitiva, si atendemos con ojos críticos a la realidad actual de crisis sistémica, se debe pensar en un cambio en el enfoque de desarrollo, donde la vida sea lo prioritario por encima del capital y del “sagrado” mercado capitalista.
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