El TLC arruina a campesinos algodoneros, maiceros y ganaderos de Córdoba
El departamento de Córdoba es un importante territorio de Colombia, localizado en la Costa Caribe, en el Noroccidente del país. Allí habitan cerca de dos millones de personas con una fuerte presencia indígena, descendientes de la civilización Zenú. Las condiciones de pobreza de la población campesina son, por decir lo menos, infames y lacerantes. Las principales actividades económicas están asociadas con la ganadería, la producción de maíz y de algodón. El poder político está concentrado en los grandes propietarios de haciendas ganaderas que son representados por unos parlamentarios inescrupulosos y otros funcionarios de gobernación y alcaldías que manejan como un botín las administraciones públicas y sus rentas locales y nacionales.
Allí la violencia es crónica y los paramilitares han prevalecido durante los últimos años por medio de masacres, desapariciones y asesinatos individuales de labriegos pobres que han sido despojados de sus tierras.
La izquierda revolucionaria, los sindicatos y demás organizaciones populares fueron barridas mediante campañas de sangre organizadas por la familia Castaño (de Fidel, Carlos, Vicente y Teresa) a lo largo de los años 90 y principios del nuevo siglo. Los políticos (López Gomez, Escobar Mendez, Jatin, Manzur, Casado, Barguil, etc) actuaron siempre de la mano de tales mercenarios para mantener y reproducir sus podridos feudos electorales, que son los que prevalecen todavía hasta el sol de hoy.
No obstante que se hace mucha propaganda con la supuesta desaparición de las autodefensas, esta mutaron, en el departamento, hacia las denominadas Bacrim con los nombres de urabeños, rastrojos, águilas negras y paisas, que operan con la complicidad de brigadas, batallones y comandos policiales.
Las bacrim, particularmente los urabeños, controlan todos los municipios e imponen su Ley en Planeta Rica, Los Córdobas, La Apartada, San Antero, Lorica, Cerete, Cotorra, Sahagun, Montería lugares en los que realizan sus negocios de narcotráfico y despojo de los bienes comunales.
Además de esta grave situación, en los últimos días, los campesinos pobres y los medianos propietarios se han visto afectados por una severa crisis. La entrada en vigencia del TLC con los Estados Unidos ha significado un duro golpe para los algodoneros, maiceros y ganaderos. Los mercados han sido inundados con productos procedentes de Norteamérica, ampliamente subsidiados por el Estado. Las economías de millares de productores se han ido a la ruina por la competencia de las marcas gringas.
Todo lo cual ha generado enormes deudas que obligaron en los últimos días a una amplia movilización agraria en Cerete y Montería, para exigir derechos socioeconomicos en las oficinas del Banco Agrario y Finagro. Los agricultores han pedido alivios a sus deudas y el gobierno se niega a responder adecuadamente, no obstante que dice trabajar en favor del campo colombiano para lograr la paz.
Miles de trabajadores agricolas y pequeños propietarios están exigiendo en el Departamento de Córdoba que las instituciones refinancien sus deudas en mejores condiciones y sin exigir una engorrosa papelería que hace inocuos los anuncios de eventuales mejoras en las condiciones de la población del campo cordobes.
Si en verdad el gobierno del señor Santos quiere la paz mediante la solución de los graves problemas agrarios del país, no debería hacer oídos sordos de los campesinos de este departamento, principalmente
Lo que es más importante, debería erradicar el fenómeno paramilitar que aún sigue muy vivo en dicha región azotando a los campesinos que trabajan la ganadería y cultivan el maíz y el algodón, como renglones principales de su subsistencia y modo de vida.
Bien hace la delegación de la resistencia campesina revolucionaria en La Habana en exigir el debate y revisión de los Tratados de Libre Comercio, impuestos por medios dictatoriales durante el gobierno del señor Uribe Velez, muy afincado en una Hacienda de Montería, una de las muchas que acapara a lo largo del río Sinú, junto con sus hijos, parientes y allegados de rosca política.
Allí la violencia es crónica y los paramilitares han prevalecido durante los últimos años por medio de masacres, desapariciones y asesinatos individuales de labriegos pobres que han sido despojados de sus tierras.
La izquierda revolucionaria, los sindicatos y demás organizaciones populares fueron barridas mediante campañas de sangre organizadas por la familia Castaño (de Fidel, Carlos, Vicente y Teresa) a lo largo de los años 90 y principios del nuevo siglo. Los políticos (López Gomez, Escobar Mendez, Jatin, Manzur, Casado, Barguil, etc) actuaron siempre de la mano de tales mercenarios para mantener y reproducir sus podridos feudos electorales, que son los que prevalecen todavía hasta el sol de hoy.
No obstante que se hace mucha propaganda con la supuesta desaparición de las autodefensas, esta mutaron, en el departamento, hacia las denominadas Bacrim con los nombres de urabeños, rastrojos, águilas negras y paisas, que operan con la complicidad de brigadas, batallones y comandos policiales.
Las bacrim, particularmente los urabeños, controlan todos los municipios e imponen su Ley en Planeta Rica, Los Córdobas, La Apartada, San Antero, Lorica, Cerete, Cotorra, Sahagun, Montería lugares en los que realizan sus negocios de narcotráfico y despojo de los bienes comunales.
Además de esta grave situación, en los últimos días, los campesinos pobres y los medianos propietarios se han visto afectados por una severa crisis. La entrada en vigencia del TLC con los Estados Unidos ha significado un duro golpe para los algodoneros, maiceros y ganaderos. Los mercados han sido inundados con productos procedentes de Norteamérica, ampliamente subsidiados por el Estado. Las economías de millares de productores se han ido a la ruina por la competencia de las marcas gringas.
Todo lo cual ha generado enormes deudas que obligaron en los últimos días a una amplia movilización agraria en Cerete y Montería, para exigir derechos socioeconomicos en las oficinas del Banco Agrario y Finagro. Los agricultores han pedido alivios a sus deudas y el gobierno se niega a responder adecuadamente, no obstante que dice trabajar en favor del campo colombiano para lograr la paz.
Miles de trabajadores agricolas y pequeños propietarios están exigiendo en el Departamento de Córdoba que las instituciones refinancien sus deudas en mejores condiciones y sin exigir una engorrosa papelería que hace inocuos los anuncios de eventuales mejoras en las condiciones de la población del campo cordobes.
Si en verdad el gobierno del señor Santos quiere la paz mediante la solución de los graves problemas agrarios del país, no debería hacer oídos sordos de los campesinos de este departamento, principalmente
Lo que es más importante, debería erradicar el fenómeno paramilitar que aún sigue muy vivo en dicha región azotando a los campesinos que trabajan la ganadería y cultivan el maíz y el algodón, como renglones principales de su subsistencia y modo de vida.
Bien hace la delegación de la resistencia campesina revolucionaria en La Habana en exigir el debate y revisión de los Tratados de Libre Comercio, impuestos por medios dictatoriales durante el gobierno del señor Uribe Velez, muy afincado en una Hacienda de Montería, una de las muchas que acapara a lo largo del río Sinú, junto con sus hijos, parientes y allegados de rosca política.
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