Se expanden los tugurios en los márgenes de las ciudades
Desplazamientos forzosos de pobladores
Los emigrantes, ahora
Desde siempre, las mariposas y las golondrinas y los flamencos vuelan huyendo del
frío, año tras año, y nadan las ballenas en busca de otra mar y los salmones y las
truchas en busca de sus ríos. Ellos viajan miles de leguas, por los libres caminos del
aire y del agua.
No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano.
En inmensas caravanas, marchan los fugitivos de la vida imposible.
Viajan desde el sur hacia el norte y desde el sol naciente hacia el poniente.
Les han robado su lugar en el mundo. Han sido despojados de sus trabajos y sus
tierras. Muchos huyen de las guerras, pero muchos más huyen de los salarios
exterminados y de los suelos arrasados.
Eduardo Galeano, “Las bocas del tiempo” *
La asunción de los gobiernos “progresistas”, con la excepción de Venezuela, Bolivia y Ecuador, no significó cambios substanciales en la desigualdad social en el continente. Y esto es así porque no se removieron los principales condicionamientos económicos que provienen de los “planes de ajustes estructurales” (PAEs) del FMI y el Banco Mundial, de la etapa de golpes militares del siglo pasado. En la mayoría de los países subsisten los mandatos del Consenso de Washington.
La principal causa de desigualdad se centra en la propiedad de la tierra. En algunos de estos países aún perdura la injusticia de la propiedad oligárquica del territorio y en otros, desde las últimas décadas, arrecia la ofensiva de las transnacionales que desalojan a la población, desmatan y contaminan la tierra, el agua y el aire, con la implantación de proyectos hidroeléctricos, mineros, de mono-cultivos intensivos y ganadería, sobre tierras campesinas y de poblaciones indígenas.
Podemos constatar que no se ha avanzado gran cosa en disminuir de manera substancial la desigualdad social en el continente. Para Naciones Unidas, América Latina sigue siendo “la región más desigual del mundo”/1. Las instituciones internacionales de dominación hacen todo tipo de diagnósticos sobre la pésima situación social continental y proponen soluciones que no van más allá del “asistencialismo” o las “buenas intenciones”. Sobre todo porque dan como inmodificable la dinámica económica de la globalización capitalista en medio de su crisis estructural crónica.
¿Urbanización mundial?, tugurización regional
La ONU asume la aceleración de la urbanización del mundo y nuestro continente como algo inevitable, porque para ellos, esa dinámica proviene de un sistema económico indiscutible e inmodificable. Nos dicen que el mundo se urbaniza a ritmos sin precedentes. “En 1900, la población urbana era el 13% (220 millones). Para 1950, el 29,1% (732 millones). En el 2005, el 49% de la población vivía en asentamientos urbanos (3.171 millones)”/2. En 2010 con una población mundial cercana a los 7000 millones de habitantes la población urbana ya alcanzaba los 3500 millones pasando el 51,3%/3 del total.
Mientras tanto la población de barrios marginales en el mundo sobrepasaba los mil millones y en Latinoamérica y el Caribe en 2006-07 era de más de 134 millones significando el 30,8 como porcentaje de la población regional total /4. Es decir poco menos de un tercio de la población urbana en la región, vive en barrios marginales (favelas, villas miseria, poblaciones jóvenes, cantegriles, etc. como se los llama en distintos países). Debería hablarse no de urbanización sino de tugurización en los márgenes de las ciudades.
Los tecnócratas internacionales de la ONU destacan un proceso de urbanización explosivo, cuando en realidad lo explosivo es el aumento de la población en suburbios y arrabales sin ninguno de los beneficios de la vida ciudadana y con todas las posibles lacras del amontonamiento y promiscuidad en barracones precarios, en terrenos peligrosos y contaminados sin ninguna clase de servicios públicos.
¿Qué significa “barrios marginales”? Para ONU estos barrios están caracterizados por exceso de población, habitaciones pobres o informales, acceso inadecuado a agua potable y condiciones sanitarias e inseguridad en la propiedad de la morada /5.
Estas condiciones deplorables de vida no tienen perspectiva de mejorar o disminuir. Por el contrario los investigadores del proyecto Observatorio Urbano de la ONU advierten que en 2020 la pobreza urbana del mundo que hoy en promedio es el 31,2% llegará al 45% o 50% del total de los moradores de las ciudades /6.
México Ciudad Nezahualcoyotl: 17.537 mexicanos por km2
¿Cómo se inscribe nuestro panorama continental en esa situación general? En una tabla elaborada por Mike Davis para su libro Planet of Slums /7 de los 30 mayores barrios marginales del mundo, por su población, los cinco primeros son sudamericanos:
- Neza/Chalco/Izta (Ciudad de México)/8, con 4 millones de habitantes.
- Libertador (Caracas) con 2,2 millones de habitantes.
- El Sur/Ciudad Bolívar (Bogotá) con 2 millones de habitantes.
- San Juan de Lurigancho (Lima) con 1,5 millones de habitantes.
- Cono Sur (Lima) con 1,5 millones de habitantes.
En el municipio de Rio, predominan las comunidades mayores, con más de mil domicilios (57,8%) y los complejos de favelas en medio de la ciudad; en São Paulo, esas comunidades quedan principalmente en la periferia de la ciudad y son menores, en la mayoría (69,5%) con menos de mil habitantes /9. En total Brasil tiene más de 11 millones de personas viviendo en 6.319 favelas distribuidas por todo el país.
El coeficiente de Gini /10 es un indicador de la desigualdad de los ingresos. En 2010 en la región, cuatro países reportaron coeficientes cercanos a 0,6. Cuando más próximo a la unidad mayor desigualdad. Es el caso de Brasil y Guatemala con 0,59 y Colombia y Honduras, con 0,58. En 2011 Brasil y Colombia bajaron dos puntos porcentuales ubicándose en 0,57 (a 18 puntos por encima de Venezuela que tiene 0,39 - 2012). Pero es en los centros urbanos de Latinoamérica y el Caribe, donde se registran en promedio los mayores ingresos por cápita y al mismo tiempo las mayores desigualdades. Mientras Brasil tenía en 2005 0,566 de coeficiente de Gini, en sus grandes ciudades esta cifra alcanzaba más de 0,6: en Brasilia -la más desigual 0,64-; en Belo Horizonte y São Paulo 0,61 y en Rio de Janeiro 0,6 /11. El mismo fenómeno se expresa en las demás grandes ciudades de los otros países de la región.
ONU: hacia las ciudades para “mejorar la calidad de vida”
Frente a este panorama resultan cínicas las apreciaciones sobre urbanización latinoamericana de los tecnócratas de ONU que nos avisan primero que a causa de la crisis global, “muchas de las esperanzas que la humanidad se había forjado para superar los viejos problemas, deberán postergarse hasta que el débil motor de la economía mundial sea reparado” /12. Como si las manipulaciones actuales del capital financiero y sus organismos internacionales, -impulsores del desastre económico mundial-, estuvieran pretendiendo mejorar las condiciones económicas humanas, cuando su objetivo global es aumentar la explotación y la exclusión. Lejos de postergar las “esperanzas” los sectores sociales enfrentan con sus demandas y aspiraciones al “motor capitalista de la economía mundial”.
En medio de la crisis, los tecnócratas del Capital en su estudio El estado de las ciudades de América Latina y el Caribe nos ofrecen un discurso apologético de las bondades de las ciudades tercermundistas como espacios para “mejorar la calidad de vida y el bienestar humano” En la misma introducción afirman que: “Las tendencias poblacionales en curso, nos indican claramente, cómo lo más específico de la sociedad contemporánea ocurre al interior de nuestras ciudades. De tiempo atrás es sabido cómo las urbes atraen por su gran capacidad concentradora de potencialidades para mejorar la calidad de vida y el bienestar humano, fruto de la aglomeración” /13. Este discurso tiene el objetivo de justificar el “éxodo rural” hacia las ciudades, los desplazamientos forzosos y las expulsiones y expropiaciones de sus tierras a los campesinos e indígenas, presentándolos como una aspiración deseable de la población rural. Y no como un proceso de rapacería y exclusión forzada para abrir espacio a la especulación territorial, a la ganadería intensiva y extensiva, a los monocultivos de la agroindustria centrada en los “commodities”, a las empresas mineras, a las petroleras, a las pasteras de celulosa, etc.
Mike Davis sintetiza el real proceso que aceleró el “éxodo rural” hacia las ciudades: “Entre 1974 y 1975 el Fondo Monetario Internacional, seguido por el Banco Mundial, mudó su enfoque de los países industriales desarrollados para el Tercer Mundo, que tambaleaba bajo el impacto de los precios cada vez más alto del petróleo. Al aumentar paso a paso sus empréstitos, el FMI amplió sucesivamente las ‘condicionalidades’ coercitivas y los ‘ajustes estructurales’ que imponía a sus países clientes. En agosto de 1982, cuando México amenazó de dejar de pagar las parcelas de la deuda, tanto el FMI como el Banco Mundial, en sincronía con los mayores bancos comerciales, se tornaron instrumentos explícitos de la revolución capitalista internacional promovida por los gobiernos Reagan, Thatcher y Kohl. El Plan Baker de 1985 (bautizado con el nombre del entonces secretario del Tesoro James Baker, pero dirigido por su vicesecretario Richard Darman) exigió sin rodeos que los quince mayores deudores del “Tercer Mundo” abandonaran las estrategias de desarrollo conducidas por el Estado a cambio de nuevas facilidades para los préstamos y de continuar participando de la economía mundial. El Plan también empujó hacia el estrellato al Banco Mundial, como gerente a largo plazo de docenas de planes de ajuste estructural que daban forma al admirable mundo nuevo del llamado Consenso de Washington.” …”Por todas partes el FMI y el Banco Mundial, actuando como delegados de los grandes bancos y apoyados por los gobiernos Reagan y George H.W. Bush, ofrecieron a los países pobres el mismo cáliz envenenado, de desvalorización, privatización, remoción de los controles de importación y de los subsidios alimentarios, obligación de reducir los gastos con salud y educación y reducción inhumana del sector público.”…”Al mismo tiempo los PAEs devastaron los pequeños propietarios rurales al eliminar subsidios y obligarlos a competir con el mercado global de commodities dominado por el excesivamente subsidiado agro-negocio del Primer Mundo”/14.
Esa es la verdadera historia de la aceleración del “éxodo rural” en los países de América Latina y el Caribe en las dos últimas décadas del siglo pasado, y no la azucarada fábula de los burócratas internacionales que nos lo pretenden vender como una decisión voluntaria de los campesinos y pequeños propietarios en busca de un “mejoramiento de su calidad de vida”.
Violencia contra las poblaciones
Ese proceso de despojo de la población rural de nuestros países fue realizado en base a la violencia y los crímenes en las naciones cuyos movimientos políticos o sociales resistieron el pillaje. Nuestro países pasaron por verdaderos genocidios perpetrados por militares entrenados en la “Escuela de las Américas” /15 y asesorados por mercenarios de la CIA, la DEA y el Departamento de Estado.
Colombia y México merecieron una atención especial del Imperio en este proceso, pues en ambos países las “agencias” estadounidenses crearon una alianza modelo entre las policías, las fuerzas armadas nativas y los cárteles de la droga para vender armas y montar ejércitos para-militares.
Desde 1975 la CIA, la DEA y el Pentágono iniciaron una operación para transformar a México en un corredor de pasaje del tráfico de cocaína entre los cárteles colombianos y los consumidores estadounidenses. Este es el punto de partida de la actual extrema violencia que azota a México y también de la corrupción del conjunto del aparato estatal mexicano.
México no sólo es un corredor de la droga, también se transformó en un regulador de la migración de trabajadores desde el país y el triángulo norte de Centroamérica hacia EEUU. Policías, militares mexicanos junto a agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU se encargan de regular persiguiendo el tránsito de migrantes y mantener, en base a la represión, un mercado de trabajo de bajos salarios y sin derechos laborales, que abastezca a las patronales estadounidenses.
“En seis años, a pesar de no existir censos oficiales fiables, fuentes de los movimientos de resistencia a la impunidad de esta guerra que sufre la población, calculan en 80.000 los muertos y en 6.000 los desaparecidos”/16. Así como no hay datos oficiales de decesos producto de la violencia en México tampoco el Estado ha tomado medidas ni ha hecho ningún esfuerzo por medir las cifras de los desplazamientos forzados por la violencia. Ni hablar de aprobar leyes que contemplen esa situación.
De acuerdo con el Conflict Barometer 2011 del Heidelberg Institute for International Conflict Research, la “confrontación entre el gobierno mexicano y los cárteles de las drogas” han llevado a México a destacar por alcanzar el número cinco —el grado más alto— en la escala de intensidad del conflicto, siendo considerada, por segundo año consecutivo, la única guerra en el continente americano /17. Y esta información es anterior al agravamiento de la violencia en 2011 y 2012.
En México, sobre desplazamientos forzosos existen sólo algunas estimaciones privadas. Parametría S.A. y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública señalan que en la segunda mitad de 2010 y la primera de 2011, alrededor de 700 mil personas tuvieron que dejar sus hogares como consecuencia de la violencia generalizada que se vive en el país. Además, dentro de esta misma encuesta, Parametría estimó que alrededor de un 2% de la población ha sido desplazada por la violencia, lo que según la misma encuestadora equivaldría a un millón y seiscientos cincuenta mil ciudadanos víctimas de desplazamiento interno entre 2005 y mediados de 2011 /18. A la fecha, y teniendo en cuenta la violencia del segundo semestre del 2011 y todo el 2012, esa cifra fue ampliamente superada.
Similar operación se realizó en Colombia. Es un hecho notorio que los narco-traficantes colombianos impulsados por la DEA financiaron a los distintos cuerpos de para-militares para exterminar a líderes campesinos y a militantes sociales agrarios, mientras realizaban un reclutamiento forzoso de campesinos pobres. Es lo que en Colombia se conoce como narco-paramilitarismo. Una de las consecuencias de estas operaciones es que Colombia tiene el mayor número de desplazados forzados del mundo. La “cifra real de desplazados por el conflicto armado interno desde mediados de los años 80 supera los 5 millones de personas que abandonaron o fueron despojados de entre 5 y 6 millones de hectáreas” /19. Las comunidades afro-descendientes e indígenas, fueron las más afectadas /20. Estos desplazados forzados colaboraron para transformar a Sur/Ciudad Bolívar de Bogotá, en el tercer barrio marginal más grande del mundo y ensancharon los tugurios de otras ciudades. Y allí los desplazados no fueron alegremente a “mejorar la vida” sino a preservarla, aunque fuera en condiciones miserables. La otra alternativa era pasar a ser parte de una fosa común donde comúnmente se enterraban los cuerpos de los reacios a desplazarse /21.
Luego del proceso de “desmovilización exitosa” de los 40 grupos narco-paramilitares integrantes de la coalición Autodefensas Unidas de Colombia, en el gobierno de Álvaro Uribe (uno de los principales narcotraficantes del país) la realidad actual es que varios volvieron a la actividad y otros han sido remplazados. Organismos no-gubernamentales estiman hoy que poseen unos 10.000 miembros activos.
En el triángulo norte de Centroamérica la situación de violencia es similar a México y Colombia. En estos países el elevado nivel de violencia se extiende tanto en el campo como en las ciudades. La pobreza, la desigualdad y la migración se agravan con la intervención de las maras (pandillas urbanas de jóvenes) que ejercen la delincuencia, el tráfico de drogas, la prostitución y explotan el tránsito de migrantes. Para organismos internacionales son parte del “crimen organizado” pero siempre se olvida mencionar la estrecha relación de estas pandillas con la corrupción estatal, tanto civil como policial y militar.
En Guatemala el trágico balance de la dictadura militar -apoyada por EEUU- entre 1987 y 1996, es de más de 150.000 muertos y 45.000 desaparecidos. En marzo de 2011 fueron desalojadas 800 familias de 14 comunidades q´eqchies del Valle del Polochic, por la empresa plantadora de caña de azúcar Chabil Utzaj. A pesar de las falsas promesas del presidente Pérez Molina, a la fecha estas centenas de familias, aún siguen acampadas con precariedad y abandonadas a su suerte al borde de los caminos /23. En octubre de 2012, seis indígenas fueron ejecutados por un pelotón militar que fue a disolver protestas de los pobladores de Totonicapán. Es un hecho gravísimo ya que reinicia el control territorial sobre la población similar a los tiempos de la lucha contrainsurgente de la época del gobierno del dictador general Efraín Ríos Montt, actualmente procesado por su responsabilidad en el genocidio. Continúa también la lucha contra la Minera Marlín, en San Marcos.
En El Salvador la población enfrenta a la minera transnacional Pacific Rim para impedir que contamine la cuenca del río Lempa que es el que abastece de agua a la mitad de la población. Luego de una resolución estatal contraria a su explotación, el Centro de Resolución de Conflictos de Inversiones (CIADI un sello del Banco Mundial para defender multinacionales) apoyó la demanda de la minera aprobando una indemnización de 120 millones de U$S. Algunos países como Ecuador ya se han desvinculado del CIADI, que no garantiza ninguna clase de imparcialidad en ese tipo de conflictos.
Según Vía Campesina, representantes de diversas organizaciones que demandan el acceso a la tierra y el fin de la violencia en la región de Bajo Aguán, en Honduras afirmaron que el campesinado hondureño está sometido “a una crisis agraria y alimentar sin precedentes”. Denunciaron también los diversos casos de represión, persecución, asesinatos y criminalización de la lucha por la tierra. Se estima que de 4 millones de campesinos y campesinas, más de 2 millones están en situación de indigencia total en la región y más de 300 mil familias no tienen acceso a la tierra. En el correr de este año (2013), ya fueron asesinados cuatro campesinos en Bajo Aguán. Recuerdan también que durante 2012 se realizaron centenas de desalojos a grupos campesinos del país /22. A partir de la aprobación de la mal llamada Ley de modernización para el desarrollo del sector agrícola, aprobada en 1992 en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, se desarticuló el proceso de Reforma Agraria y se dividió al movimiento campesino. Con dicha ley las grandes empresas entre ellas cañeras, palmeras, bananeras, orientadas a la agro-exportación, se apoderaron de las mejores tierras del país. Luego del golpe del 28 de junio del 2009, se agravó la política estatal de reconcentración de la tierra en manos del gran capital nacional y trasnacional, sobre la base del despojo al campesinado. Vía Campesina reveló también la contaminación del agua por la empresa Entremares de la minera canadiense Goldcorp.
En Costa Rica, la población sufre por las desocupaciones forzadas y la destrucción de bosques para dar espacio al monocultivo del ananá. Los campesinos que resisten al desalojo de las tierras de interés para las empresas productoras, son presionados a firmar un contrato en el que se comprometen a continuar plantando y vendiendo el ananá a las empresas. El uso de abonos químicos y pesticidas en este monocultivo contamina los acuíferos produciendo graves perjuicios a la salud de los habitantes.
En Panamá, una de las luchas campesinas más importantes es la llevada a cabo contra la minera Petaquilla Gold. En el distrito de Denoso, esta minera destruyó extensos manglares eliminando varias especies. “Los pueblos ngobe buglé reiteraron su rechazo a los planes mineros y de la construcción de hidroeléctricas en su comarca. Se oponen que continúe la construcción de la hidroeléctrica de Barro Blanco. Los ngobe buglé están trabajando para consolidar un Frente con los trabajadores de Changuinola y las organizaciones populares de Colón. La población de ambas ciudades fueron reprimidas por el gobierno con saldos fatales en 2011 y 2012, respectivamente”/24.
En Bagua, departamento de Amazonas, Perú, en 2009, el entonces presidente Alan García justificó la expulsión de decenas de miles indígenas para favorecer empresas mineras por las necesidades del “desarrollo” que favorecería al conjunto de la población. El viejo cuento pro-imperialista. El 5 de junio de ese año se produjo la masacre de Bagua, como parte del desalojo de aproximadamente 5.000 nativos aguarunas, huambishas y otros grupos étnicos amazónicos. No hay datos fiables sobre muertos, heridos y detenidos. En el departamento de Cajamarca, en la sierra norte del Perú, el proyecto minero Conga, a cielo abierto para la extracción de oro y cobre de la multinacional Newmont (EEUU) y la peruana Yanacocha enfrenta a una población de 40.000 personas. El proyecto amenaza el sistema hídrico que abastece la economía agrícola y ganadera comunitaria de la región, por la utilización de cianuro para la extracción y lavado del oro. En julio del 2012 el ejército peruano -que en toda su historia solo le ha ganado “guerras” a la población desarmada- disparó contra los manifestantes de Cajamarca, causando 5 muertes. En Camisea, en la Amazonía meridional, la empresa Pluspetrol, de la transnacional española Repsol, construyó un complejo petroquímico para la extracción de gas natural, contaminando las aguas fluviales que abastecían una población indígena.
En el extremo sur del continente cinco países acaparan la producción de soja con el “desinteresado” auspicio de las corporaciones que producen semillas transgénicas y agro-químicos (Monsanto, Bayer, Dupont, Basf, Syngenta, Takii, etc.) funcionales a los monocultivos. Entre cinco países (Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay) el 44% de la tierra cultivada tiene un sólo cultivo: soja. En 2010, los cinco países sembraron 47 millones de hectáreas con soja. De este total, Brasil representó el 50%, Argentina el 40%, Paraguay el 6%, Bolivia y Uruguay el 2%, respectivamente.
Los brasiguayos /25 dueños de Vetro S.A., del grupo Favero /26, en el Departamento San Pedro, Paraguay, invadieron la tierra de la comunidad guaraní Yrybucuá para plantar soja, le arrasaron los bosques arrancando las palmeras, los frutales y las arboledas que les daban sombra, dejándolos sin frutas y sin leña. Les envenenaron el río Sadio con glifosato privándolos de los peces que los alimentaban y del agua potable para ellos y sus animales. Estos empresarios “brasiguayos” apoyados por la bancada ruralista del Congreso brasileño apuntalaron el golpe del senado paraguayo contra Fernando Lugo, instalando en la presidencia al vicepresidente Federico Franco. Él es representante de los terratenientes que hoy detentan el 2,6% de los predios rurales abarcando el 85,5% del total de la superficie agrícola del país, o sea 8 millones de hectáreas más que en 1991 /27. Franco dio inicio a un gobierno abiertamente pro-estadounidense. En Paraguay la cuarta parte de las tierras está en manos foráneas. Si bien los brasiguayos son la punta de lanza de la ofensiva, los uruguayos no se quedan atrás. Han invadido el chaco paraguayo para la cría de ganado: 2 millones de hectáreas pertenecen a inversores uruguayos. Eso implica el desmonte del 50% de dicha extensión, que es lo que permiten la “leyes ambientales” del país. Es decir desmatar 1 millón de hectáreas de un territorio de donde la etnia guaraní retira su sustento.
El desalojo de comunidades indígenas está prohibido en la actualidad por la legislación argentina. Las leyes 26.160 y 26.554 han establecido una prohibición general de los desalojos de comunidades indígenas desde el 23 de noviembre de 2006 hasta el 23 de noviembre de 2013, mientras se lleva a cabo un estudio nacional ("relevamiento de tierras") para definir los territorios indígenas. Sin embargo en Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Formosa continúan los enfrentamientos de los pueblos originarios con las agro-industrias. La tasa de desmontes en Santiago del Estero quintuplica la media mundial, son muchas las organizaciones que están preocupadas por este desastre ambiental y social ya que por los desmontes se desarrollan desalojos forzosos de las familias campesinas. El Chaco Semiárido es una zona que se encuentra bajo una enorme presión por la extensión de la frontera agrícola, que transforma grandes superficies de suelo en monocultivos de soja. En Tucumán el responsable de los desalojos de pueblos indígenas es el propio gobierno provincial, con el apoyo de los jueces y las policías. En mayo de 2011, el gobierno llegó a un acuerdo con la comunidad indígena toba qom para garantizar su seguridad. No obstante, pese a estas medidas, Amnistía Internacional ha documentado nuevas amenazas y actos de acoso contra la comunidad toba qom.
“Tal como señaló en 2011 el relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, en Argentina se han emprendido proyectos de desarrollo y de industrias extractivas que afectan a los pueblos originarios, sin respetar su derecho a ser consultados y sin obtener su consentimiento libre, previo e informado. La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional demuestra que no se obtuvo el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad indígena pilagá de El Descanso, provincia de Formosa, antes de emprender importantes obras de infraestructura en 1997. Los miembros de esta comunidad afirman que, desde que se excavaron los canales de riego, entre un tercio y la mitad de sus tierras sufren inundaciones con mayor facilidad, y que actualmente ha disminuido la cantidad de peces y otros recursos naturales de los que dependían su subsistencia y su desarrollo” /28.
Brasil exige un texto exclusivo dedicado a sus múltiples conflictos urbanos y rurales, que no enumeraremos. Pero intentaremos hacer una síntesis los más sucinta posible sobre su política neo-desarrollista, con sus consecuencias.
A pesar de los elogios de las “instituciones internacionales” a los gobiernos del PT por las mejoras a sectores populares, la más clara lectura de la situación social de Brasil se puede sintetizar en pocas cifras: mientras que por su PIB el país alcanzó el 6º lugar en la economía mundial, ocupa la 84º posición entre 189 países en el Índice de Desarrollo Humano mundial. El IDH, con limitaciones, mide el grado de desigualdad del país. En la atención de salud ocupa el lugar la 72º y en atendimiento médico infantil ocupa el 35º lugar entre 161 países.
Un informe de la ONU (Pnud), divulgado en julio de 2010, señala a Brasil como el tercer peor índice de desigualdad en el mundo. En cuanto a la distancia entre pobres y ricos, Brasil queda detrás de Bolivia, Haití, Madagascar, Tailandia y Sudáfrica. Tiene una de las peores distribuciones de la riqueza del planeta. La mitad de la riqueza total del Brasil está en manos del 10% de los más ricos del país. Y el 50% de los más pobres se reparten apenas el 10% de la riqueza nacional.
En el gobierno del PT, la enorme desigualdad social en Brasil fue encarada con la aplicación de las políticas compensatorias hacia los sectores más pobres dictadas por el Banco Mundial para sortear el descontento y las protestas, mientras se continúa con las medidas neoliberales. El programa “bolsa familia” acciona como un verdadero sostén de un “clientelismo electoral” del PT.
“Bolsa familia” “fome cero” y otros programas asistenciales, junto a algunas mejoras salariales a los trabajadores, cierto apoyo material al Movimiento de los sin tierra (MST) y la aceptación de algunas tomas de tierra, la demarcación de algunas reservas indígenas en la primera presidencia de Lula y otras concesiones menores crearon ciertas expectativas en los sectores populares. Pero ya en 2005 una reforma jubilatoria regresiva, un escándalo de corrupción legislativa protagonizado por el PT y los cambios en la política agraria y ambiental, abrieron cierta zozobra en el propio partido y condujeron a la ruptura de varios dirigentes históricos.
Una cifra nos completa la imagen de la democracia brasileña actual: en sus prisiones se hacinan 515.000 detenidos, lo que ubica al país en el 4º lugar en el mundo por su población carcelaria, después de las “democracias” de EEUU, China y Rusia. También en Brasil la política estadounidense de penalidad punitiva contra los pobres encubierta en las ficciones de “tolerancia cero” y “guerra contra la droga” ha hecho desastres.
En términos de economía política los dos ejercicios bajo la presidencia de Lula y lo que va de la presidencia de Dilma Rousseff indican con claridad que el PT gobierna, aprovechando la coyuntura internacional por la crisis económica global, para fortalecer los capitales brasileños impulsándolos a transformarse en transnacionales, sin crear grandes roces con el imperialismo. El gobierno presiona a favor de un proceso acelerado de fusiones empresariales y de adaptación productiva para globalizarlas. A la vez que adoptó una agresiva política de injerencia económica internacional, en primer lugar en todo el continente sudamericano y parte de Centroamérica y el Caribe, expandiéndose también hacia los países africanos de habla portuguesa y desde 2010 a toda África e interviniendo también en Asia.
La alianza con los bancos, se expresa en el apoyo financiero a las fusiones y al sostén diplomático de su penetración internacional.
Otras grandes privilegiadas fueron las corporaciones de la construcción, impulsando su expansión internacional y en el plano interno, favorecidas por los Programas de Aceleración del Crecimiento -PAC I y II- y de vivienda, etc. En el mismo sentido se lanzó en 2012 el Plano Nacional de Logística (PNL) para la construcción de autopistas y ferrovías por la forma privatizante de la “concesión”. Todo el sistema de transporte público en los municipios, estados y la Unión está estructurado en base a empresas concesionarias o permisionarias, así como los contratos del Estado con las empresas de energía eléctrica, de telefonía y telecomunicaciones. De igual forma se privatizaron (y extranjerizaron) la explotación del subsuelo por las mineras (privilegiando a Vale), la explotación petrolera o el sistema privado de radio y TV.
En Brasil, la libre movilidad de capitales, de remesas a las casas matrices y la libertad de especular con moneda y tasas de interés -en función del fetichismo del libre mercado-; los planes de crecimiento económico y desarrollo infraestructural con ayuda estatal y el impulso mundializante a las empresas y bancos, es un excelente ambiente de desenvolvimiento del capital imperialista. Ya existe una alarmante extranjerización de las empresas. Entre el año 2003 de inicio del gobierno del PT y 2011, se concretaron más de 4500 fusiones y adquisiciones de empresas en el país. Con una tendencia permanente a aumentar estas transacciones año a año y con una aceleración durante 2012. Casi el 50% de estas operaciones implicaron capitales extranjeros (la mayoría de USA, Francia, Inglaterra y Alemania) comprando empresas brasileñas. En 2012, el mayor número de extranjerizaciones de dio en el rubro de informática e Internet, seguido por compañías de salud y educación privada. Una situación preocupante que apunta a la pérdida de soberanía.
Pero quizá la peor opción económica del PT en la economía interna, haya sido priorizar una estrecha alianza con la minería depredadora y las agro-industrias exportadoras -frenando la reforma agraria y la demarcación de tierras indígenas- “Más de la mitad de la población del Brasil posee menos del 3% de las propiedades rurales. Y sólo 46 mil propietarios son dueños de la mitad de las tierras. Y quien da empleo en el campo no es el latifundio, ni el agro-negocio, ni la minería a cielo abierto, sino la agricultura familiar, que ocupa apenas el 24% de las tierras pero emplea al 75% de los trabajadores rurales”/29. Las agro-industrias producen granos transgénicos para el mercado de commodities y materia prima para bio-combustibles. La agricultura familiar es la que alimenta a la población, crea fuentes de trabajo y garantiza la soberanía alimentaria del país. Por eso la demanda de reforma agraria es la política central para atacar la desigualdad.
Al haber adoptado esa orientación en la economía interna, los gobiernos del PT privilegian la continuidad de la desigualdad social y favorecen tanto la violencia urbana como rural. La gran mayoría de los enfrentamientos violentos en el país son resultado de las opciones económicas del gobierno. La violencia contra campesinos, contra los sin tierra, contra los indígenas, así como el trabajo esclavo, se origina en las apropiaciones indebidas de hacendados, corporaciones -tanto del mono-cultivo, como mineras-, de constructoras de hidroeléctricas o de especuladores inmobiliarios. La violencia urbana en las favelas se alimenta de la migración interna desde las zonas rurales a ciudades donde prima una brutal desigualdad. La propia corrupción política endémica del estado brasileño es causa y consecuencia de esa desigualdad.
ONU: En las ciudades: “mejor nivel de ingresos, salud y educación.”
Los tecnócratas de la ONU, en su estudio mencionado, entre los elogios a la “urbanización” marginal y paupérrima reconocen las lacras de las ciudades “que representan sólo el 2% de la superficie del suelo en el mundo, pero son responsables de más del 80% de la emisión global de gases con efecto invernadero.”…y vuelven a insistir que: “Frente a las anteriores tendencias, la urbanización sostenible es la clave para luchar contra la pobreza y la inequidad. Dadas las economías de escala, aglomeración y alcance, las ciudades son la clave para llegar a las poblaciones más pobres, con bienes y servicios que eleven su calidad de vida, aumenten sus activos individuales de capital humano, físico y colectivo de capital social y simbólico, así como las posibilidades de acceder a empleos e ingresos.” /30 ¡Por tras de este descarado elogio a la tugurización urbana, los burócratas de Naciones Unidas están defendiendo el proceso creciente de privatización territorial rural que beneficia a sus patrones del Capital!
Contra todas las pruebas en contrario, los tecnócratas de la ONU insisten que en la América Latina capitalista “…la población alcanza en la ciudad mejores niveles de ingresos, salud, educación” reconociendo de inmediato que “también registra una mayor flexibilidad e inseguridad laboral y un incremento de las desigualdades intra-urbanas en el acceso a los servicios de infraestructura”/31. Con lenguaje de tecnócrata, este discurso tiene como objetivo central mantener disponible para el saqueo capitalista el 98% del territorio del planeta mientras en el 2% restante se hacina más de la mitad de los habitantes del mundo.
El panorama inconfundible de cualquier barrio marginal se compone de viviendas inseguras entrelazadas, construidas en forma caótica, (muchas veces sobre basureros -aterros sanitarios- que con las lluvias se desmoronan y sepultan a sus habitantes) /32 marañas de peligrosos cables “provisorios” que llevan electricidad o TV cable a los pobladores, improvisadas conexiones clandestinas de caños que abastecen de agua dudosa, basuras amontonadas en las callejuelas y ríos de aguas contaminadas sin canalización, que favorecen la proliferación de enfermedades como hepatitis, tuberculosis y dengue, junto a la ausencia de puestos de salud.
La enumeración de los problemas de todo tipo que tienen los barrios marginales de las ciudades de la región, es interminable. Problemas de seguridad de las personas, en especial por la prepotencia policial y la llamada “guerra contra la droga”/33, ausencia de servicios públicos esenciales como la recolección de residuos. Usando a México como ejemplo, “la recolección de los desechos sólidos se realiza en 75 de los 152 municipios, sin que haya una cobertura total, ya que alrededor del 35% de los sectores pobres de la población no cuentan con este servicio, en parte debido a las condiciones topográficas de los lugares en los que se ubican y la falta de acceso. Se estima que en las demás ciudades la cobertura no alcanza el 50 por ciento.”/34. Ausencia de tratamiento de aguas sanitarias, falta de pavimento y veredas, de transporte, de comercios, etc. Contaminación ambiental múltiple. Falta de reconocimiento e integración de estos asentamientos en la planificación sistémica de la ciudad. Inseguridad de los pobladores en la posesión de los barracones que ofician de viviendas. Inestabilidad laboral, subempleo y desempleo abierto. A todo esto lo definen con eufemismo “como desigualdades intra-urbanas en el acceso a los servicios de infraestructura”. Es hacia esos “paraísos” que los tecnócratas internacionales pretenden que la gente emigre a “mejorar la calidad de vida”.
El desarrollo del mal llamado “urbanismo” de fines del siglo XX y principios del siglo XXI es el surgimiento exponencial de tugurios suburbanos y como contrapartida condominios o barrios cerrados. Los que viven en barrios cerrados –o aislados de los suburbios- generan en sí mismo una agresividad defensiva. Se sienten amenazados por los pobladores marginales pobres y exigen seguridad, seguridad y más seguridad. Mientras los de afuera, que habitan en barriadas periféricas, generan odio respecto a aquellos que viven bien allí, aislados y protegidos. El “urbanismo” de nuestros días no promueve “la calidad de vida”, sino la desigualdad, la represión, el enfrentamiento entre pobladores, la discriminación y el odio.
Acumulación en base territorial
Es importante tratar de identificar la causa económica que genera este régimen de acumulación de capital de base territorial que impulsa las minerías a cielo abierto y las agro-industrias de monocultivo. Dos tipos de emprendimientos del Capital que tienen predominio como motor de la acumulación capitalista actual en el continente. David Harvey que quizá sea el principal crítico de la geografía del proceso capitalista desarrolló una categoría para la comprensión de estos procesos de acumulación territorial: el de arreglo espacial (spatial fix)/35. “El principio del arreglo espacial (o arreglo espacio temporal) consiste en la afirmación de que los ciclos de acumulación capitalistas construyen geografías a su medida. El capital requiere una constante revolución de los sistemas de transportes y comunicaciones y una integración geográfica creciente de los mercados. El origen de esta necesidad se debe buscar en la tendencia recurrente del proceso de acumulación a caer en crisis de sobre-acumulación, directamente relacionadas con el modo de valorización del capital fijo. El “arreglo espacial” supone un relanzamiento del proceso de acumulación mediante un nuevo conjunto de relaciones geográficas que generan nuevas escalas espaciales”/36.
“La teoría general de la acumulación de capital de Marx está construida a partir de ciertas premisas iniciales que en gran medida son las de la política económica clásica y que excluyen el proceso de acumulación primitivo.”/37 Pero Harvey nos recuerda con Rosa Luxemburgo que tanto el modelo de libre competencia, con garantías institucionales de propiedad privada, libertad de contratación, trabajadores “libres” y estructuras apropiadas de ley y gobierno burgués, como la “acumulación primitiva” están “vinculados en forma orgánica” y conviven históricamente. Y en la acumulación primitiva los métodos predominantes son “la política colonial, un sistema de préstamo internacional, y la guerra. A la vez que “la fuerza, el fraude, la opresión y el saqueo se despliegan abiertamente sin ningún intento de ocultarlo”/38. Hay entonces, un papel continuo y persistente de las prácticas depredadoras de la “acumulación primitiva” u “originaria” a lo largo de la geografía histórica del capitalismo.
Por surgimiento de una sobre-acumulación incontrolable el proceso del capitalismo vigente, iniciado con la década del 70 ha privilegiado la metodología de la “acumulación primitiva” que según Marx incluyó: la mercantilización y privatización de la tierra, la expulsión por la fuerza de poblaciones campesinas, la conversión de varias formas de derechos de la propiedad (común, colectivo, estatal) en propiedad privada exclusivamente, la supresión del derecho a usar bienes comunes (agua, madera, minerales, tierra, peces, etc.) la mercantilización de la fuerza del trabajo (en especial, trabajo esclavo) y la eliminación de formas alternativas -indígenas- de producción y consumo. El estado, con su monopolio sobre la violencia y las definiciones de legalidad juega un papel crucial al apoyar, promover e imponer este proceso. Como no podemos hablar de “acumulación originaria” en esta etapa capitalista Harvey lo ha denominado como “acumulación mediante desposesión”.
Cómo podemos constatar esta enumeración marxista de la “acumulación primitiva” es una pintura exhaustiva de nuestra situación continental. A la que debería agregarse -como resalta David Harvey- un papel más destacado del sistema crediticio y el capital financiero como importantes herramientas de depredación, fraude y robo.
El enorme acaparamiento territorial en las áreas rurales continentales por parte de los plantíos de las transnacionales de monocultivos de commodities, se trata de evidentes “procesos de acumulación en base territorial mediante desposesión”.
Estos plantíos exigen una gran inversión inicial en maquinaria agrícola, semillas, agroquímicos, herbicidas y en la compra o arriendo de tierras. En el caso de las mega-minerías, la obtención de extensas concesiones territoriales obtenidas de los estados “neo-desarrollistas” de Latino América y el Caribe, si bien ahorran la compra de tierras, la inversión básica también requiere de enormes capitales, por las grandes infraestructuras de las instalaciones, la maquinaria de excavación exclusiva, los vehículos de transportes especiales y el volumen de productos químicos necesarios para la separación de minerales.
Tanto en uno como en otro caso juega un rol fundamental “la conquista geopolítica de fuentes de recursos naturales claves para la expansión capitalista”. Y se configuran, en la actualidad, como los dos vectores principales de la ofensiva imperialista sobre nuestros países. Esta acumulación mediante desposesión que exige enormes inversiones básicas, pretende postergar la aparición de problemas de exceso de acumulación de capital, que coloque fuera de control la competencia y rivalidad entre los capitales. A su vez, es un síntoma más de la crisis estructural crónica actual del Capital.
Las formas de lucha de clases que de aquí se desprenden, “son de una naturaleza muy distinta a las luchas proletarias de la reproducción clásica expandida” sobre las que descansaría el futuro del socialismo para el imaginario izquierdista del siglo XX. Pero los nuevos sujetos social-políticos que hacen irrupción continental están definiendo nuevas formas organizativas, nuevos mecanismos de unificación de las resistencias, y nuevas prácticas democráticas de funcionamiento político, lo que implica estar viviendo en una época llena de “inesperado potencial revolucionario”.
* Eduardo Galeano, Bocas del tiempo, edición digital www.sigloxxieditores.com en PDF www.patriagrande.net
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