El conflicto armado y la apuesta militar de la oligarquía
El presidente Santos ha vuelto a reclamar gestos de buena voluntad de la insurgencia. Ha dicho: “si ellos realmente quieren la paz, como la queremos todos los colombianos, tienen que comenzar a hacer unos gestos”. Estamos sin duda ante una frase cínica e hipócrita, en el teatro del absurdo, donde la oligarquía colombiana es protagonista, los gestos de buena voluntad se reclaman unilateralmente, tanto el presidente Santos, como los analistas políticos prepagos legitimadores de la salida militar al conflicto, sin recato dicen que el balón de la paz está en la cancha de las FARC.
Pretenden reclamar gesto tras gesto de buena voluntad de la insurgencia, mientras la oligarquía mantiene el carril militar, carril militar desarrollado por unas fuerzas militares genocidas y violadoras de derechos humanos que mientras colapsan ante la insurgencia [1] se crecen frente a los campesinos de Arauca para matar y violar a sus niños, se crecen en los llanos orientales para emparentarse con Cuchillo [2] y sus bandas de paramilitares con los cuales tiene la tarea común de usurpar tierras y entregárselas a las trasnacionales.
El carril militar se profundiza hasta el absurdo de imaginar que la destrucción del secretariado de las FARC significará su desestructuración y derrota, la ofensiva militar oligárquica supone un deseo íntimo y fantasioso de ver a la insurgencia capitular, pero ni la caída de Raúl Reyes, Iván Ríos, El Mono Jojoy, ni la muerte de Manuel Marulanda significaron la parálisis o el colapso del reacomodo y redespliegue estratégico de la insurgencia, la cual desde el 2008 comienza una ofensiva ascendente y sostenida.
Sus fantasías hoy están puestas en la eliminación de los miembros del secretariado, desconociendo con esto la naturaleza de la insurgencia colombiana. Años atrás la fantasía oligárquica de derrotar a la insurgencia se la jugó por “el cerco de la opinión pública que ilegitimara el levantamiento insurgente”, en esta ocasión confundieron legitimidad con justeza.
La legitimidad como aprobación de la “opinión pública” hacia la insurgencia fue mostrada durante los 8 años anteriores como una victoria, la opinión pública ilegitimaba a la insurgencia, dijeron, pero no se dijo que esa “opinión pública” igualmente castigaba a factores democráticos como las cortes, o a luchadores por la paz como Piedad Córdoba. Esa opinión pública, prefabricada en clave de derecha y oscurantismo, es la misma que en la historia de la humanidad ha servido para quemar brujas, hacer retractar a Galileo, o expandir el fascismo y la masacre hitleriana.
La justeza por el contrario proviene de las condiciones concretas impuestas por la oligarquía, el cierre de la política producto del terrorismo de estado expulsa a los actores políticos y civiles a la resistencia armada, el modelo de acumulación criminal de concentración, asesinato, desplazamiento y saqueo del campesinado, configuran las condiciones obligadas para que este alimente hasta el infinito el conflicto armado. La justeza se expresa como el derecho de la población a la rebelión, como la validez de su derecho a la guerra.
Los operadores estratégicos de la guerra sicológica contra la insurgencia olvidan que el problema central de la guerra irregular no es la legitimidad sino su justeza, cientos de veces el ejército libertador fue ilegitimado frente a la población y otras potencias, la gente corría a esconderse ante la presencia del ejército libertador, lo que más contagiaba hacia la población era temor, sin embargo jamás se puso en duda la justeza de la lucha contra España, ni siquiera ese campesino asustadizo que corría a esconderse, cuando la correlación geopolítica y militar del ejército libertador fue positiva, igualmente las variables de la legitimidad lo acompañaron. De la naturaleza manipulada y la maleabilidad de esta opinión pública hablaremos en otro artículo, mientras, volviendo al eje inicial de este artículo, preguntémonos, ¿por qué existe tal empobrecimiento en el análisis del conflicto? Se coloca la responsabilidad por la continuidad de la guerra en la insurgencia, pero se exonera al estado tiránico de su responsabilidad en hechos fundamentales que prolongan el conflicto.
En realidad la inamovilidad de la posición de la salida militar señala que de parte de la oligarquía no existe voluntad de paz sino interés por la continuidad del conflicto militar, el cual le es funcional al patrón de acumulación y reorganización del capital desde la década de 1980 y más profundamente desde el 90. Una solución política implicaría una real apertura de espacios democráticos para la política, la democracia supondría transparencia y debate al modelo sanguinario, concentrador y desnacionalizador asumido para el campo Colombiano. Implicaría conocer los responsables del genocidio cometido durante estas tres décadas en la sociedad Colombiana, la oligarquía no resistiría el fuego de la democracia, porque su modelo de acumulación al igual que en el Chile de pinochet o la Argentina de videla, requiere de tiranía y cierre de los espacios para la política, requiere obligadamente del terrorismo de estado.
La política del gobierno permanece invariable, hace exigencias propias del final de las conversaciones, no del inicio de las conversaciones, en realidad su política está basada en sueños ilusos de ver a la insurgencia “aceptar sus exigencias”, leámoslo en palabras del tristemente célebre asesor de la guerra Alfredo Rangel: "Santos está decidido a dialogar, pero también es irrevocable su petición de que se concreten las condiciones que ha exigido". “ Piedad "no es un factor importante" para convencer a las Farc de "aceptar las condiciones del Gobierno",” esto sólo se logrará si hay un fuerte incremento de la acción militar con resultados contundentes".
Es claro ¿verdad? Ven la paz como capitulación y aceptación de la voluntad unilateral de la oligarquía, mientras, la élite Colombiana mantiene una práctica que para nada simboliza hechos de paz y por el contrario incentivan la continuidad del conflicto. Veamos:
1. La continuidad del asesinato político. Según denuncias de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, en los primeros 75 días del gobierno de Santos, asesinaron a siete líderes indígenas, seis activistas de derechos humanos, cinco dirigentes sindicales, dos líderes mujeres, dos defensores de derechos de los homosexuales, un juez que llevaba casos de ejecuciones extrajudiciales y el periodista Rodolfo Maya Aricape, corresponsal de una radio comunitaria indígena.
Otro caso documentado es la violación y asesinato de tres niños en el Municipio de Tame del 14 de octubre de 2010 el cual fue perpetrado por miembros del batallón de contraguerrillas número 45, adscrito a la Brigada Móvil número 5 de la octava división del Ejército Nacional. Igualmente continúan las amenazas y hostigamiento a decenas de organizaciones pro derechos humanos y sus miembros.
2. Criminalización de la protesta social y de sus dirigentes . El hecho más notorio fue la decisión de inhabilitar a Piedad Córdoba por parte de la procuraduría, castigando así su postura disidente contra la tiranía y la lucha por la paz. Otros hechos fueron la captura de la dirigente sindical Aracely Cañaveral Vélez y la poeta Angye Gaona, la denuncia de organizaciones campesinas y populares ubican el número de detenidos en más de cien durante el gobierno de Santos.
La práctica es recurrente, se incriminan a los dirigentes por concierto para delinquir y rebelión, llegando incluso a imputarles absurdos cargos de narcotráfico como ocurrió con las dos dirigentes mencionadas, luego sacan del sombrero del mago computadores en los que sitúan pruebas que no han respetado la más mínima cadena de custodia, es un juego de criminalizar la opinión y eliminar las voces disidentes.
3. La existencia de 7500 presos políticos y de conciencia, de los cuales sólo 700 son combatientes insurgentes que deberían tener el estatus de prisioneros de guerra, los demás son dirigentes sociales vinculados a procesos jurídicos como insurgentes, sin embargo se hallan en prisión con sus procesos manipulados, estancados y habitando en condiciones degradantes, son presos de conciencia.
Es de destacar el caso de Liliani Patricia Obando asesora de la organización campesina Fensuagro y detenida desde el 2008 sin que se respeten las más mínimas garantías procesales, igualmente es dramática la muerte en cautiverio del preso político Otoniel Ovalle, el cual muere por negligencia de las autoridades penitenciarias.
4. La continuidad de su política de desnacionalización agraria y pérdida de la autosuficiencia agroalimentaria, la cual arroja como mapa la continuidad en la expulsión violenta del campesinado que ya suman 4.000.000 en los últimos 20 años, concentración de la tierra en manos de las mafias, terratenientes y trasnacionales, expansión de los monocultivos para agrocombustibles, desestructurando la producción nacional de alimentos y convirtiéndonos en importadores. La concentración y desnacionalización agraria ha tenido un impacto gigantesco en la pérdida de autosuficiencia alimentaria, precisamente cuando la FAO alerta sobre la crisis mundial en la producción de alimentos.- Pervivencia del aparato terrorista de estado materializado en la agencia criminal del DAS, la cual a pesar de su comprobado papel en el acoso, asesinato y persecución a todos los sectores que Uribe caracterizaba como amenazantes para su gobierno, permanece sin ser depurada, se da también la permanencia en la conducción y operaciones de las fuerzas armadas de estructuras articuladas al paramilitarismo y el narcotráfico, así como los responsables de los llamados “falsos positivos”, subsiste la pervivencia del paramilitarismo disfrazado como bandas criminales en una clara coordinación con las fuerzas militares.
- La inexistencia de garantías reales para cualquier fuerza opositora de izquierda que quiera plantear una oposición sustantiva al régimen de exclusión.
Es la lógica del poder en Colombia, es la prepotencia de desconocer al otro e imponer una postura unilateral. Cabe preguntarse: ¿es tan descabellada la exigencia de la insurgencia?, Ésta exige para cesar en su voluntad estratégica insurgente la existencia de una verdadera democracia que no puede ser otra cosa que el desmonte del aparato terrorista de estado y la plena vigencia de los derechos civiles y políticos.
¿Es tan irrealizable la tarea necesaria para la sociedad Colombiana de democratizar el agro Colombiano, destruir el latifundio, conjurar las opciones agroindustriales que ponen en riesgo la seguridad alimentaria de la nación y crear una regulación nacional no colonial para la explotación minera?
Para la oligarquía colombiana, aceptar estos mínimos validados por cualquier élite racional del mundo es un suicidio como clase, pues nunca conocieron los caminos de lo democrático y lo nacional para reproducir su modelo de acumulación.
Pero le preguntamos a la llamada izquierda del Polo y de los Petro, le preguntamos al centro político de los Verdes antes de que terminen de ser capturados por el Uribismo, le preguntamos a los analistas de centro e “izquierda”, los León Valencia, los Alejo Vargas, las Claudias López y todo el variopinto universo prepago y cooptado: ¿Es la democracia una exigencia muy alta para evitar la guerra civil generalizada en la sociedad colombiana?, no se dicen demócratas?, hasta donde estarían ustedes dispuestos a llegar para bloquear la guerra y aclimatar la paz?, estarían dispuestos a regresar al carril de la solución política negociada dejando atrás el de los epítetos contra la insurgencia y la instigación a la salida militar?
Antes de sumarse al carril militar y la política de aniquilación de la insurgencia, esta izquierda e intelectuales formadores de “opinión pública”, defendieron dos modelos de paz, una paz llamada sustantiva o positiva y otra paz llamada mínima o negativa. Veamos cada uno de los modelos:
La paz sustantiva representada por el modelo del pacifista Johan Galtung [3] , es un modelo de paz que valora la importancia de la transformación de las causas del conflicto para construir la verdadera paz. Así, la paz no es sólo el hecho del cese de las hostilidades militares, Galthung propone la caracterización del conflicto desde un triángulo, en uno de sus ángulos se ubica la violencia directa, para la que propone la reconstrucción de los daños causados entre las partes, en otro ángulo la violencia cultural o formas de legitimar la violencia, para la cual propone la reconciliación y en el otro ángulo ubica la violencia estructural o condiciones de explotación y exclusión, para la cual propone la resolución de las desigualdades, de las contradicciones que promovieron la violencia directa.
Esta mirada sustantiva de la paz busca prevenir contra los armisticios que no alteran las condiciones sociales para la consolidación de la paz. Hoy las posturas de los intelectuales cooptados, la izquierda triste y el centro flaco no validan este modelo, lo creen poco viable, se preguntan "¿acaso quieren la revolución?" Qué sabiduría tan profunda, pero eso es lo que necesitan los excluídos por la máquina de terror de la oligarquía, la revolución democrática, una revolución capaz de desestructurar el terrorismo de estado y las lógicas de acumulación originaria o sanguinaria que reproducen la violencia.
El otro modelo que impulsaron con gran euforia fue el modelo de la paz mínima o paz negativa, la cual se entiende como la ausencia de enfrentamiento armado. Es volver a restituir el lugar de la lucha política civilizada y la disputa democrática. Desde el campo de la insurgencia y la resistencia nacional no entienden cómo deponiendo las armas se configurará ese campo democrático apto para la lucha política civil, cómo por arte de magia el aparato de terror al quedar intacto, no arremeterá con la misma saña que lo hizo contra los desmovilizados a principios de los años 90, o como lo ha hecho en todos los ciclos de la historia nacional.
Y es que el modelo de paz mínima o negativa requiere de un modelo que le de sustentabilidad, al respecto se ha agitado desde algunos actores la propuesta del “hexágono civilizador” propuesto por Dieter Senghaas [4] .
Este modelo parte de diferenciar lo que es el establecimiento de la paz en el corto plazo, de lo que es la consolidación de la paz, la cual requiere del mediano plazo, el modelo propone lo siguiente:
1. En el establecimiento de la paz propone tres elementos:
- El monopolio estatal del poder (comprendido en primer lugar el monopolio de la violencia física)
- El estado de derecho
- La participación democrática
2. En la consolidación de la paz, sugiere otros tres elementos que no deben condicionar el cese de hostilidades y la paz mínima:
- La justicia social
- Una cultura del conflicto constructiva
- Un control de las pasiones logrado mediante interdependencias.
Este modelo es problemático para Colombia, donde no se pueden resolver las tareas de los derechos civiles y políticos sin abordar el problema de los derechos económicos y sociales junto con el modelo de acumulación de las élites.
En la realidad Colombiana se da una profunda conexión entre el crimen político, el saqueo y el desplazamiento con las formas del modelo económico. Así, el terrorismo de estado no es una fórmula para garantizar la reproducción del poder, para esto le bastaría a la oligarquía con el reformismo institucional ejecutado en la década del 30, en el 60, en el 80 o recientemente con el “gentleman” de Santos. Por el contrario, su modelo de acumulación criminal sólo puede ser garantizado con un aparataje de terror y saqueo.
Así el paramilitarismo no es el mercenarismo contrainsurgente caracterizado por algunas investigadoras colombianas, pues su objeto central, el producto central de su tarea no es la contención o combate a la insurgencia, cual sí lo es el aniquilamiento físico de líderes del movimiento social y político que amenazan al régimen con la movilización y denuncia, sí es su tarea acometer el robo y saqueo en el campo para luego reconcentrar la tierra y favorecer la expulsión campesina, para garantizar la industrialización urbana en la mitad de siglo XX y la vía de desnacionalización industrial en las ciudades y agroindustrial sanguinaria para el campo acometida desde 1990, o para garantizar la emergencia de la neoburguesía mafiosa presente en el agrocultivo de la coca y la amapola pero igualmente en el circuito financiero nacional y global.
Pero hoy la paz mínima entendida como desestructuración del terrorismo de estado y democracia política plena, son discutibles y analizables en la medida que la opción de la solución política al conflicto vuelva a ganar espacio en la sociedad. La paz mínima podría configurar una opción como lo hizo en la sociedad salvadoreña, pero la posible valoración de este modelo de nuevo sólo es validado desde el campo democrático y popular. La oligarquía continúa rechazando cualquier modelo de solución política negociada, así en su retórica invoque la paz, se empeña desenfrenada y tercamente en materializar una victoria militar que le ha sido esquiva durante 50 años. Chile: denuncian actos de violencia policial contra alumnos secundarios y anuncian acciones legales
El movimiento estudiantil de la provincia de Iquique, en el norte de Chile, denunció actos de violencia policial contra alumnos secundarios y anunció acciones legales contra los responsables, reporta PL.
Juan Francisco Alarcón, representante del estudiantado iquiqueño, relató al Colegio de Profesores de Chile cómo la policía de Carabineros reprimió a jóvenes de la enseñanza media en actos de desalojo a centros docentes la semana pasada.
Dijo que en el Liceo Politécnico de Iquique el miércoles último sacaron a un educando inconsciente tras haberlo golpeado, lo que le ocasionó un pre infarto que obligó a la fuerza policial al percartarse a trasladarlo urgentemente a un recinto hospitalario.
“Estuvo un minuto y medio pre infartado, mientras Carabineros se reía, pues creían que era una broma, pero al notar que lo que estaba sucediendo era real, intentaron ocultarlo en todos los medios locales”, contó Alarcón, citado en nota de prensa por el Colegio de Profesores.
Narró el estudiante además que otro alumno que cayó en shock en el momento del desalojo amenazó con lanzarse desde el tercer piso de la casa de estudios si los Carabineros se acercaban y que uno de ellos le dijo que se tirara, que daba lo mismo, que en definitiva había que exterminarlos a todos.
“Le dijimos a este Carabinero que pediríamos su destitución, lamentablemente él no contaba en ese momento con su placa por lo que no sabemos cual es su cargo, pero todos vimos lo que hizo”, recalcó el joven chileno.
De acuerdo con el informe trascendido a la prensa, los estudiantes secundarios de Iquique disponen del apoyo del Departamento de Derechos Humanos del Colegio de Profesores para interponer este miércoles un recurso jurídico contra los responsables de las citadas agresiones.Chile atraviesa por un estallido de protestas sociales, lideradas por los estudiantes y profesores, en contra del lucro en la enseñanza y en reclamo de educación pública y gratuita.
El conflicto armado y la apuesta militar de la oligarquía
El presidente Santos ha vuelto a reclamar gestos de buena voluntad de la insurgencia. Ha dicho: “si ellos realmente quieren la paz, como la queremos todos los colombianos, tienen que comenzar a hacer unos gestos”. Estamos sin duda ante una frase cínica e hipócrita, en el teatro del absurdo, donde la oligarquía colombiana es protagonista, los gestos de buena voluntad se reclaman unilateralmente, tanto el presidente Santos, como los analistas políticos prepagos legitimadores de la salida militar al conflicto, sin recato dicen que el balón de la paz está en la cancha de las FARC.
Pretenden reclamar gesto tras gesto de buena voluntad de la insurgencia, mientras la oligarquía mantiene el carril militar, carril militar desarrollado por unas fuerzas militares genocidas y violadoras de derechos humanos que mientras colapsan ante la insurgencia [1] se crecen frente a los campesinos de Arauca para matar y violar a sus niños, se crecen en los llanos orientales para emparentarse con Cuchillo [2] y sus bandas de paramilitares con los cuales tiene la tarea común de usurpar tierras y entregárselas a las trasnacionales.
El carril militar se profundiza hasta el absurdo de imaginar que la destrucción del secretariado de las FARC significará su desestructuración y derrota, la ofensiva militar oligárquica supone un deseo íntimo y fantasioso de ver a la insurgencia capitular, pero ni la caída de Raúl Reyes, Iván Ríos, El Mono Jojoy, ni la muerte de Manuel Marulanda significaron la parálisis o el colapso del reacomodo y redespliegue estratégico de la insurgencia, la cual desde el 2008 comienza una ofensiva ascendente y sostenida.
Sus fantasías hoy están puestas en la eliminación de los miembros del secretariado, desconociendo con esto la naturaleza de la insurgencia colombiana. Años atrás la fantasía oligárquica de derrotar a la insurgencia se la jugó por “el cerco de la opinión pública que ilegitimara el levantamiento insurgente”, en esta ocasión confundieron legitimidad con justeza.
La legitimidad como aprobación de la “opinión pública” hacia la insurgencia fue mostrada durante los 8 años anteriores como una victoria, la opinión pública ilegitimaba a la insurgencia, dijeron, pero no se dijo que esa “opinión pública” igualmente castigaba a factores democráticos como las cortes, o a luchadores por la paz como Piedad Córdoba. Esa opinión pública, prefabricada en clave de derecha y oscurantismo, es la misma que en la historia de la humanidad ha servido para quemar brujas, hacer retractar a Galileo, o expandir el fascismo y la masacre hitleriana.
La justeza por el contrario proviene de las condiciones concretas impuestas por la oligarquía, el cierre de la política producto del terrorismo de estado expulsa a los actores políticos y civiles a la resistencia armada, el modelo de acumulación criminal de concentración, asesinato, desplazamiento y saqueo del campesinado, configuran las condiciones obligadas para que este alimente hasta el infinito el conflicto armado. La justeza se expresa como el derecho de la población a la rebelión, como la validez de su derecho a la guerra.
Los operadores estratégicos de la guerra sicológica contra la insurgencia olvidan que el problema central de la guerra irregular no es la legitimidad sino su justeza, cientos de veces el ejército libertador fue ilegitimado frente a la población y otras potencias, la gente corría a esconderse ante la presencia del ejército libertador, lo que más contagiaba hacia la población era temor, sin embargo jamás se puso en duda la justeza de la lucha contra España, ni siquiera ese campesino asustadizo que corría a esconderse, cuando la correlación geopolítica y militar del ejército libertador fue positiva, igualmente las variables de la legitimidad lo acompañaron. De la naturaleza manipulada y la maleabilidad de esta opinión pública hablaremos en otro artículo, mientras, volviendo al eje inicial de este artículo, preguntémonos, ¿por qué existe tal empobrecimiento en el análisis del conflicto? Se coloca la responsabilidad por la continuidad de la guerra en la insurgencia, pero se exonera al estado tiránico de su responsabilidad en hechos fundamentales que prolongan el conflicto.
En realidad la inamovilidad de la posición de la salida militar señala que de parte de la oligarquía no existe voluntad de paz sino interés por la continuidad del conflicto militar, el cual le es funcional al patrón de acumulación y reorganización del capital desde la década de 1980 y más profundamente desde el 90. Una solución política implicaría una real apertura de espacios democráticos para la política, la democracia supondría transparencia y debate al modelo sanguinario, concentrador y desnacionalizador asumido para el campo Colombiano. Implicaría conocer los responsables del genocidio cometido durante estas tres décadas en la sociedad Colombiana, la oligarquía no resistiría el fuego de la democracia, porque su modelo de acumulación al igual que en el Chile de pinochet o la Argentina de videla, requiere de tiranía y cierre de los espacios para la política, requiere obligadamente del terrorismo de estado.
La política del gobierno permanece invariable, hace exigencias propias del final de las conversaciones, no del inicio de las conversaciones, en realidad su política está basada en sueños ilusos de ver a la insurgencia “aceptar sus exigencias”, leámoslo en palabras del tristemente célebre asesor de la guerra Alfredo Rangel: "Santos está decidido a dialogar, pero también es irrevocable su petición de que se concreten las condiciones que ha exigido". “ Piedad "no es un factor importante" para convencer a las Farc de "aceptar las condiciones del Gobierno",” esto sólo se logrará si hay un fuerte incremento de la acción militar con resultados contundentes".
Es claro ¿verdad? Ven la paz como capitulación y aceptación de la voluntad unilateral de la oligarquía, mientras, la élite Colombiana mantiene una práctica que para nada simboliza hechos de paz y por el contrario incentivan la continuidad del conflicto. Veamos:
1. La continuidad del asesinato político. Según denuncias de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, en los primeros 75 días del gobierno de Santos, asesinaron a siete líderes indígenas, seis activistas de derechos humanos, cinco dirigentes sindicales, dos líderes mujeres, dos defensores de derechos de los homosexuales, un juez que llevaba casos de ejecuciones extrajudiciales y el periodista Rodolfo Maya Aricape, corresponsal de una radio comunitaria indígena.
Otro caso documentado es la violación y asesinato de tres niños en el Municipio de Tame del 14 de octubre de 2010 el cual fue perpetrado por miembros del batallón de contraguerrillas número 45, adscrito a la Brigada Móvil número 5 de la octava división del Ejército Nacional. Igualmente continúan las amenazas y hostigamiento a decenas de organizaciones pro derechos humanos y sus miembros.
2. Criminalización de la protesta social y de sus dirigentes . El hecho más notorio fue la decisión de inhabilitar a Piedad Córdoba por parte de la procuraduría, castigando así su postura disidente contra la tiranía y la lucha por la paz. Otros hechos fueron la captura de la dirigente sindical Aracely Cañaveral Vélez y la poeta Angye Gaona, la denuncia de organizaciones campesinas y populares ubican el número de detenidos en más de cien durante el gobierno de Santos.
La práctica es recurrente, se incriminan a los dirigentes por concierto para delinquir y rebelión, llegando incluso a imputarles absurdos cargos de narcotráfico como ocurrió con las dos dirigentes mencionadas, luego sacan del sombrero del mago computadores en los que sitúan pruebas que no han respetado la más mínima cadena de custodia, es un juego de criminalizar la opinión y eliminar las voces disidentes.
3. La existencia de 7500 presos políticos y de conciencia, de los cuales sólo 700 son combatientes insurgentes que deberían tener el estatus de prisioneros de guerra, los demás son dirigentes sociales vinculados a procesos jurídicos como insurgentes, sin embargo se hallan en prisión con sus procesos manipulados, estancados y habitando en condiciones degradantes, son presos de conciencia.
Es de destacar el caso de Liliani Patricia Obando asesora de la organización campesina Fensuagro y detenida desde el 2008 sin que se respeten las más mínimas garantías procesales, igualmente es dramática la muerte en cautiverio del preso político Otoniel Ovalle, el cual muere por negligencia de las autoridades penitenciarias.
4. La continuidad de su política de desnacionalización agraria y pérdida de la autosuficiencia agroalimentaria, la cual arroja como mapa la continuidad en la expulsión violenta del campesinado que ya suman 4.000.000 en los últimos 20 años, concentración de la tierra en manos de las mafias, terratenientes y trasnacionales, expansión de los monocultivos para agrocombustibles, desestructurando la producción nacional de alimentos y convirtiéndonos en importadores. La concentración y desnacionalización agraria ha tenido un impacto gigantesco en la pérdida de autosuficiencia alimentaria, precisamente cuando la FAO alerta sobre la crisis mundial en la producción de alimentos.
Es la lógica del poder en Colombia, es la prepotencia de desconocer al otro e imponer una postura unilateral. Cabe preguntarse: ¿es tan descabellada la exigencia de la insurgencia?, Ésta exige para cesar en su voluntad estratégica insurgente la existencia de una verdadera democracia que no puede ser otra cosa que el desmonte del aparato terrorista de estado y la plena vigencia de los derechos civiles y políticos.
¿Es tan irrealizable la tarea necesaria para la sociedad Colombiana de democratizar el agro Colombiano, destruir el latifundio, conjurar las opciones agroindustriales que ponen en riesgo la seguridad alimentaria de la nación y crear una regulación nacional no colonial para la explotación minera?
Para la oligarquía colombiana, aceptar estos mínimos validados por cualquier élite racional del mundo es un suicidio como clase, pues nunca conocieron los caminos de lo democrático y lo nacional para reproducir su modelo de acumulación.
Pero le preguntamos a la llamada izquierda del Polo y de los Petro, le preguntamos al centro político de los Verdes antes de que terminen de ser capturados por el Uribismo, le preguntamos a los analistas de centro e “izquierda”, los León Valencia, los Alejo Vargas, las Claudias López y todo el variopinto universo prepago y cooptado: ¿Es la democracia una exigencia muy alta para evitar la guerra civil generalizada en la sociedad colombiana?, no se dicen demócratas?, hasta donde estarían ustedes dispuestos a llegar para bloquear la guerra y aclimatar la paz?, estarían dispuestos a regresar al carril de la solución política negociada dejando atrás el de los epítetos contra la insurgencia y la instigación a la salida militar?
Antes de sumarse al carril militar y la política de aniquilación de la insurgencia, esta izquierda e intelectuales formadores de “opinión pública”, defendieron dos modelos de paz, una paz llamada sustantiva o positiva y otra paz llamada mínima o negativa. Veamos cada uno de los modelos:
La paz sustantiva representada por el modelo del pacifista Johan Galtung [3] , es un modelo de paz que valora la importancia de la transformación de las causas del conflicto para construir la verdadera paz. Así, la paz no es sólo el hecho del cese de las hostilidades militares, Galthung propone la caracterización del conflicto desde un triángulo, en uno de sus ángulos se ubica la violencia directa, para la que propone la reconstrucción de los daños causados entre las partes, en otro ángulo la violencia cultural o formas de legitimar la violencia, para la cual propone la reconciliación y en el otro ángulo ubica la violencia estructural o condiciones de explotación y exclusión, para la cual propone la resolución de las desigualdades, de las contradicciones que promovieron la violencia directa.
Esta mirada sustantiva de la paz busca prevenir contra los armisticios que no alteran las condiciones sociales para la consolidación de la paz. Hoy las posturas de los intelectuales cooptados, la izquierda triste y el centro flaco no validan este modelo, lo creen poco viable, se preguntan "¿acaso quieren la revolución?" Qué sabiduría tan profunda, pero eso es lo que necesitan los excluídos por la máquina de terror de la oligarquía, la revolución democrática, una revolución capaz de desestructurar el terrorismo de estado y las lógicas de acumulación originaria o sanguinaria que reproducen la violencia.
El otro modelo que impulsaron con gran euforia fue el modelo de la paz mínima o paz negativa, la cual se entiende como la ausencia de enfrentamiento armado. Es volver a restituir el lugar de la lucha política civilizada y la disputa democrática. Desde el campo de la insurgencia y la resistencia nacional no entienden cómo deponiendo las armas se configurará ese campo democrático apto para la lucha política civil, cómo por arte de magia el aparato de terror al quedar intacto, no arremeterá con la misma saña que lo hizo contra los desmovilizados a principios de los años 90, o como lo ha hecho en todos los ciclos de la historia nacional.
Y es que el modelo de paz mínima o negativa requiere de un modelo que le de sustentabilidad, al respecto se ha agitado desde algunos actores la propuesta del “hexágono civilizador” propuesto por Dieter Senghaas [4] .
Este modelo parte de diferenciar lo que es el establecimiento de la paz en el corto plazo, de lo que es la consolidación de la paz, la cual requiere del mediano plazo, el modelo propone lo siguiente:
1. En el establecimiento de la paz propone tres elementos:
- El monopolio estatal del poder (comprendido en primer lugar el monopolio de la violencia física)
- El estado de derecho
- La participación democrática
2. En la consolidación de la paz, sugiere otros tres elementos que no deben condicionar el cese de hostilidades y la paz mínima:
- La justicia social
- Una cultura del conflicto constructiva
- Un control de las pasiones logrado mediante interdependencias.
Este modelo es problemático para Colombia, donde no se pueden resolver las tareas de los derechos civiles y políticos sin abordar el problema de los derechos económicos y sociales junto con el modelo de acumulación de las élites.
En la realidad Colombiana se da una profunda conexión entre el crimen político, el saqueo y el desplazamiento con las formas del modelo económico. Así, el terrorismo de estado no es una fórmula para garantizar la reproducción del poder, para esto le bastaría a la oligarquía con el reformismo institucional ejecutado en la década del 30, en el 60, en el 80 o recientemente con el “gentleman” de Santos. Por el contrario, su modelo de acumulación criminal sólo puede ser garantizado con un aparataje de terror y saqueo.
Así el paramilitarismo no es el mercenarismo contrainsurgente caracterizado por algunas investigadoras colombianas, pues su objeto central, el producto central de su tarea no es la contención o combate a la insurgencia, cual sí lo es el aniquilamiento físico de líderes del movimiento social y político que amenazan al régimen con la movilización y denuncia, sí es su tarea acometer el robo y saqueo en el campo para luego reconcentrar la tierra y favorecer la expulsión campesina, para garantizar la industrialización urbana en la mitad de siglo XX y la vía de desnacionalización industrial en las ciudades y agroindustrial sanguinaria para el campo acometida desde 1990, o para garantizar la emergencia de la neoburguesía mafiosa presente en el agrocultivo de la coca y la amapola pero igualmente en el circuito financiero nacional y global.
Pero hoy la paz mínima entendida como desestructuración del terrorismo de estado y democracia política plena, son discutibles y analizables en la medida que la opción de la solución política al conflicto vuelva a ganar espacio en la sociedad. La paz mínima podría configurar una opción como lo hizo en la sociedad salvadoreña, pero la posible valoración de este modelo de nuevo sólo es validado desde el campo democrático y popular. La oligarquía continúa rechazando cualquier modelo de solución política negociada, así en su retórica invoque la paz, se empeña desenfrenada y tercamente en materializar una victoria militar que le ha sido esquiva durante 50 años.
Pretenden reclamar gesto tras gesto de buena voluntad de la insurgencia, mientras la oligarquía mantiene el carril militar, carril militar desarrollado por unas fuerzas militares genocidas y violadoras de derechos humanos que mientras colapsan ante la insurgencia [1] se crecen frente a los campesinos de Arauca para matar y violar a sus niños, se crecen en los llanos orientales para emparentarse con Cuchillo [2] y sus bandas de paramilitares con los cuales tiene la tarea común de usurpar tierras y entregárselas a las trasnacionales.
El carril militar se profundiza hasta el absurdo de imaginar que la destrucción del secretariado de las FARC significará su desestructuración y derrota, la ofensiva militar oligárquica supone un deseo íntimo y fantasioso de ver a la insurgencia capitular, pero ni la caída de Raúl Reyes, Iván Ríos, El Mono Jojoy, ni la muerte de Manuel Marulanda significaron la parálisis o el colapso del reacomodo y redespliegue estratégico de la insurgencia, la cual desde el 2008 comienza una ofensiva ascendente y sostenida.
Sus fantasías hoy están puestas en la eliminación de los miembros del secretariado, desconociendo con esto la naturaleza de la insurgencia colombiana. Años atrás la fantasía oligárquica de derrotar a la insurgencia se la jugó por “el cerco de la opinión pública que ilegitimara el levantamiento insurgente”, en esta ocasión confundieron legitimidad con justeza.
La legitimidad como aprobación de la “opinión pública” hacia la insurgencia fue mostrada durante los 8 años anteriores como una victoria, la opinión pública ilegitimaba a la insurgencia, dijeron, pero no se dijo que esa “opinión pública” igualmente castigaba a factores democráticos como las cortes, o a luchadores por la paz como Piedad Córdoba. Esa opinión pública, prefabricada en clave de derecha y oscurantismo, es la misma que en la historia de la humanidad ha servido para quemar brujas, hacer retractar a Galileo, o expandir el fascismo y la masacre hitleriana.
La justeza por el contrario proviene de las condiciones concretas impuestas por la oligarquía, el cierre de la política producto del terrorismo de estado expulsa a los actores políticos y civiles a la resistencia armada, el modelo de acumulación criminal de concentración, asesinato, desplazamiento y saqueo del campesinado, configuran las condiciones obligadas para que este alimente hasta el infinito el conflicto armado. La justeza se expresa como el derecho de la población a la rebelión, como la validez de su derecho a la guerra.
Los operadores estratégicos de la guerra sicológica contra la insurgencia olvidan que el problema central de la guerra irregular no es la legitimidad sino su justeza, cientos de veces el ejército libertador fue ilegitimado frente a la población y otras potencias, la gente corría a esconderse ante la presencia del ejército libertador, lo que más contagiaba hacia la población era temor, sin embargo jamás se puso en duda la justeza de la lucha contra España, ni siquiera ese campesino asustadizo que corría a esconderse, cuando la correlación geopolítica y militar del ejército libertador fue positiva, igualmente las variables de la legitimidad lo acompañaron. De la naturaleza manipulada y la maleabilidad de esta opinión pública hablaremos en otro artículo, mientras, volviendo al eje inicial de este artículo, preguntémonos, ¿por qué existe tal empobrecimiento en el análisis del conflicto? Se coloca la responsabilidad por la continuidad de la guerra en la insurgencia, pero se exonera al estado tiránico de su responsabilidad en hechos fundamentales que prolongan el conflicto.
En realidad la inamovilidad de la posición de la salida militar señala que de parte de la oligarquía no existe voluntad de paz sino interés por la continuidad del conflicto militar, el cual le es funcional al patrón de acumulación y reorganización del capital desde la década de 1980 y más profundamente desde el 90. Una solución política implicaría una real apertura de espacios democráticos para la política, la democracia supondría transparencia y debate al modelo sanguinario, concentrador y desnacionalizador asumido para el campo Colombiano. Implicaría conocer los responsables del genocidio cometido durante estas tres décadas en la sociedad Colombiana, la oligarquía no resistiría el fuego de la democracia, porque su modelo de acumulación al igual que en el Chile de pinochet o la Argentina de videla, requiere de tiranía y cierre de los espacios para la política, requiere obligadamente del terrorismo de estado.
La política del gobierno permanece invariable, hace exigencias propias del final de las conversaciones, no del inicio de las conversaciones, en realidad su política está basada en sueños ilusos de ver a la insurgencia “aceptar sus exigencias”, leámoslo en palabras del tristemente célebre asesor de la guerra Alfredo Rangel: "Santos está decidido a dialogar, pero también es irrevocable su petición de que se concreten las condiciones que ha exigido". “ Piedad "no es un factor importante" para convencer a las Farc de "aceptar las condiciones del Gobierno",” esto sólo se logrará si hay un fuerte incremento de la acción militar con resultados contundentes".
Es claro ¿verdad? Ven la paz como capitulación y aceptación de la voluntad unilateral de la oligarquía, mientras, la élite Colombiana mantiene una práctica que para nada simboliza hechos de paz y por el contrario incentivan la continuidad del conflicto. Veamos:
1. La continuidad del asesinato político. Según denuncias de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, en los primeros 75 días del gobierno de Santos, asesinaron a siete líderes indígenas, seis activistas de derechos humanos, cinco dirigentes sindicales, dos líderes mujeres, dos defensores de derechos de los homosexuales, un juez que llevaba casos de ejecuciones extrajudiciales y el periodista Rodolfo Maya Aricape, corresponsal de una radio comunitaria indígena.
Otro caso documentado es la violación y asesinato de tres niños en el Municipio de Tame del 14 de octubre de 2010 el cual fue perpetrado por miembros del batallón de contraguerrillas número 45, adscrito a la Brigada Móvil número 5 de la octava división del Ejército Nacional. Igualmente continúan las amenazas y hostigamiento a decenas de organizaciones pro derechos humanos y sus miembros.
2. Criminalización de la protesta social y de sus dirigentes . El hecho más notorio fue la decisión de inhabilitar a Piedad Córdoba por parte de la procuraduría, castigando así su postura disidente contra la tiranía y la lucha por la paz. Otros hechos fueron la captura de la dirigente sindical Aracely Cañaveral Vélez y la poeta Angye Gaona, la denuncia de organizaciones campesinas y populares ubican el número de detenidos en más de cien durante el gobierno de Santos.
La práctica es recurrente, se incriminan a los dirigentes por concierto para delinquir y rebelión, llegando incluso a imputarles absurdos cargos de narcotráfico como ocurrió con las dos dirigentes mencionadas, luego sacan del sombrero del mago computadores en los que sitúan pruebas que no han respetado la más mínima cadena de custodia, es un juego de criminalizar la opinión y eliminar las voces disidentes.
3. La existencia de 7500 presos políticos y de conciencia, de los cuales sólo 700 son combatientes insurgentes que deberían tener el estatus de prisioneros de guerra, los demás son dirigentes sociales vinculados a procesos jurídicos como insurgentes, sin embargo se hallan en prisión con sus procesos manipulados, estancados y habitando en condiciones degradantes, son presos de conciencia.
Es de destacar el caso de Liliani Patricia Obando asesora de la organización campesina Fensuagro y detenida desde el 2008 sin que se respeten las más mínimas garantías procesales, igualmente es dramática la muerte en cautiverio del preso político Otoniel Ovalle, el cual muere por negligencia de las autoridades penitenciarias.
4. La continuidad de su política de desnacionalización agraria y pérdida de la autosuficiencia agroalimentaria, la cual arroja como mapa la continuidad en la expulsión violenta del campesinado que ya suman 4.000.000 en los últimos 20 años, concentración de la tierra en manos de las mafias, terratenientes y trasnacionales, expansión de los monocultivos para agrocombustibles, desestructurando la producción nacional de alimentos y convirtiéndonos en importadores. La concentración y desnacionalización agraria ha tenido un impacto gigantesco en la pérdida de autosuficiencia alimentaria, precisamente cuando la FAO alerta sobre la crisis mundial en la producción de alimentos.
- Pervivencia del aparato terrorista de estado materializado en la agencia criminal del DAS, la cual a pesar de su comprobado papel en el acoso, asesinato y persecución a todos los sectores que Uribe caracterizaba como amenazantes para su gobierno, permanece sin ser depurada, se da también la permanencia en la conducción y operaciones de las fuerzas armadas de estructuras articuladas al paramilitarismo y el narcotráfico, así como los responsables de los llamados “falsos positivos”, subsiste la pervivencia del paramilitarismo disfrazado como bandas criminales en una clara coordinación con las fuerzas militares.
- La inexistencia de garantías reales para cualquier fuerza opositora de izquierda que quiera plantear una oposición sustantiva al régimen de exclusión.
Es la lógica del poder en Colombia, es la prepotencia de desconocer al otro e imponer una postura unilateral. Cabe preguntarse: ¿es tan descabellada la exigencia de la insurgencia?, Ésta exige para cesar en su voluntad estratégica insurgente la existencia de una verdadera democracia que no puede ser otra cosa que el desmonte del aparato terrorista de estado y la plena vigencia de los derechos civiles y políticos.
¿Es tan irrealizable la tarea necesaria para la sociedad Colombiana de democratizar el agro Colombiano, destruir el latifundio, conjurar las opciones agroindustriales que ponen en riesgo la seguridad alimentaria de la nación y crear una regulación nacional no colonial para la explotación minera?
Para la oligarquía colombiana, aceptar estos mínimos validados por cualquier élite racional del mundo es un suicidio como clase, pues nunca conocieron los caminos de lo democrático y lo nacional para reproducir su modelo de acumulación.
Pero le preguntamos a la llamada izquierda del Polo y de los Petro, le preguntamos al centro político de los Verdes antes de que terminen de ser capturados por el Uribismo, le preguntamos a los analistas de centro e “izquierda”, los León Valencia, los Alejo Vargas, las Claudias López y todo el variopinto universo prepago y cooptado: ¿Es la democracia una exigencia muy alta para evitar la guerra civil generalizada en la sociedad colombiana?, no se dicen demócratas?, hasta donde estarían ustedes dispuestos a llegar para bloquear la guerra y aclimatar la paz?, estarían dispuestos a regresar al carril de la solución política negociada dejando atrás el de los epítetos contra la insurgencia y la instigación a la salida militar?
Antes de sumarse al carril militar y la política de aniquilación de la insurgencia, esta izquierda e intelectuales formadores de “opinión pública”, defendieron dos modelos de paz, una paz llamada sustantiva o positiva y otra paz llamada mínima o negativa. Veamos cada uno de los modelos:
La paz sustantiva representada por el modelo del pacifista Johan Galtung [3] , es un modelo de paz que valora la importancia de la transformación de las causas del conflicto para construir la verdadera paz. Así, la paz no es sólo el hecho del cese de las hostilidades militares, Galthung propone la caracterización del conflicto desde un triángulo, en uno de sus ángulos se ubica la violencia directa, para la que propone la reconstrucción de los daños causados entre las partes, en otro ángulo la violencia cultural o formas de legitimar la violencia, para la cual propone la reconciliación y en el otro ángulo ubica la violencia estructural o condiciones de explotación y exclusión, para la cual propone la resolución de las desigualdades, de las contradicciones que promovieron la violencia directa.
Esta mirada sustantiva de la paz busca prevenir contra los armisticios que no alteran las condiciones sociales para la consolidación de la paz. Hoy las posturas de los intelectuales cooptados, la izquierda triste y el centro flaco no validan este modelo, lo creen poco viable, se preguntan "¿acaso quieren la revolución?" Qué sabiduría tan profunda, pero eso es lo que necesitan los excluídos por la máquina de terror de la oligarquía, la revolución democrática, una revolución capaz de desestructurar el terrorismo de estado y las lógicas de acumulación originaria o sanguinaria que reproducen la violencia.
El otro modelo que impulsaron con gran euforia fue el modelo de la paz mínima o paz negativa, la cual se entiende como la ausencia de enfrentamiento armado. Es volver a restituir el lugar de la lucha política civilizada y la disputa democrática. Desde el campo de la insurgencia y la resistencia nacional no entienden cómo deponiendo las armas se configurará ese campo democrático apto para la lucha política civil, cómo por arte de magia el aparato de terror al quedar intacto, no arremeterá con la misma saña que lo hizo contra los desmovilizados a principios de los años 90, o como lo ha hecho en todos los ciclos de la historia nacional.
Y es que el modelo de paz mínima o negativa requiere de un modelo que le de sustentabilidad, al respecto se ha agitado desde algunos actores la propuesta del “hexágono civilizador” propuesto por Dieter Senghaas [4] .
Este modelo parte de diferenciar lo que es el establecimiento de la paz en el corto plazo, de lo que es la consolidación de la paz, la cual requiere del mediano plazo, el modelo propone lo siguiente:
1. En el establecimiento de la paz propone tres elementos:
- El monopolio estatal del poder (comprendido en primer lugar el monopolio de la violencia física)
- El estado de derecho
- La participación democrática
2. En la consolidación de la paz, sugiere otros tres elementos que no deben condicionar el cese de hostilidades y la paz mínima:
- La justicia social
- Una cultura del conflicto constructiva
- Un control de las pasiones logrado mediante interdependencias.
Este modelo es problemático para Colombia, donde no se pueden resolver las tareas de los derechos civiles y políticos sin abordar el problema de los derechos económicos y sociales junto con el modelo de acumulación de las élites.
En la realidad Colombiana se da una profunda conexión entre el crimen político, el saqueo y el desplazamiento con las formas del modelo económico. Así, el terrorismo de estado no es una fórmula para garantizar la reproducción del poder, para esto le bastaría a la oligarquía con el reformismo institucional ejecutado en la década del 30, en el 60, en el 80 o recientemente con el “gentleman” de Santos. Por el contrario, su modelo de acumulación criminal sólo puede ser garantizado con un aparataje de terror y saqueo.
Así el paramilitarismo no es el mercenarismo contrainsurgente caracterizado por algunas investigadoras colombianas, pues su objeto central, el producto central de su tarea no es la contención o combate a la insurgencia, cual sí lo es el aniquilamiento físico de líderes del movimiento social y político que amenazan al régimen con la movilización y denuncia, sí es su tarea acometer el robo y saqueo en el campo para luego reconcentrar la tierra y favorecer la expulsión campesina, para garantizar la industrialización urbana en la mitad de siglo XX y la vía de desnacionalización industrial en las ciudades y agroindustrial sanguinaria para el campo acometida desde 1990, o para garantizar la emergencia de la neoburguesía mafiosa presente en el agrocultivo de la coca y la amapola pero igualmente en el circuito financiero nacional y global.
Pero hoy la paz mínima entendida como desestructuración del terrorismo de estado y democracia política plena, son discutibles y analizables en la medida que la opción de la solución política al conflicto vuelva a ganar espacio en la sociedad. La paz mínima podría configurar una opción como lo hizo en la sociedad salvadoreña, pero la posible valoración de este modelo de nuevo sólo es validado desde el campo democrático y popular. La oligarquía continúa rechazando cualquier modelo de solución política negociada, así en su retórica invoque la paz, se empeña desenfrenada y tercamente en materializar una victoria militar que le ha sido esquiva durante 50 años.
Chile: denuncian actos de violencia policial contra alumnos secundarios y anuncian acciones legales
El movimiento estudiantil de la provincia de Iquique, en el norte de Chile, denunció actos de violencia policial contra alumnos secundarios y anunció acciones legales contra los responsables, reporta PL.
Juan Francisco Alarcón, representante del estudiantado iquiqueño, relató al Colegio de Profesores de Chile cómo la policía de Carabineros reprimió a jóvenes de la enseñanza media en actos de desalojo a centros docentes la semana pasada.
Dijo que en el Liceo Politécnico de Iquique el miércoles último sacaron a un educando inconsciente tras haberlo golpeado, lo que le ocasionó un pre infarto que obligó a la fuerza policial al percartarse a trasladarlo urgentemente a un recinto hospitalario.
“Estuvo un minuto y medio pre infartado, mientras Carabineros se reía, pues creían que era una broma, pero al notar que lo que estaba sucediendo era real, intentaron ocultarlo en todos los medios locales”, contó Alarcón, citado en nota de prensa por el Colegio de Profesores.
Narró el estudiante además que otro alumno que cayó en shock en el momento del desalojo amenazó con lanzarse desde el tercer piso de la casa de estudios si los Carabineros se acercaban y que uno de ellos le dijo que se tirara, que daba lo mismo, que en definitiva había que exterminarlos a todos.
“Le dijimos a este Carabinero que pediríamos su destitución, lamentablemente él no contaba en ese momento con su placa por lo que no sabemos cual es su cargo, pero todos vimos lo que hizo”, recalcó el joven chileno.
De acuerdo con el informe trascendido a la prensa, los estudiantes secundarios de Iquique disponen del apoyo del Departamento de Derechos Humanos del Colegio de Profesores para interponer este miércoles un recurso jurídico contra los responsables de las citadas agresiones.
Chile atraviesa por un estallido de protestas sociales, lideradas por los estudiantes y profesores, en contra del lucro en la enseñanza y en reclamo de educación pública y gratuita.
Chile: Comunicado público comunidades Mapuche en resistencia del Pilmaiquen
Reafirmamos nuestra inquebrantable decisión de no permitir ninguna intervención de la empresa Pilmaiquen S.A contra nuestro complejo religioso y ceremonial la morada del “Ngen Mapu Kintuante”.
COMUNICADO PUBLICO
A la Nación Mapuche, a la sociedad chilena e internacional: las comunidades en resistencia del Pilmaiquen informamos lo siguiente:
1.- Que después de la masiva marcha del viernes 24 de junio los Lof – Che en resistencia y defensa del territorio del río Pilmaiquen y sus lugares sagrados Mapuche – Huilliche reafirmamos nuestra inquebrantable decisión de no permitir ninguna intervención de la empresa Pilmaiquen S.A contra nuestro complejo religioso y ceremonial conocido como la morada del “Ngen Mapu Kintuante”. Dejamos en claro que no negociaremos bajo ninguna forma de presión.
2.- Nos asumimos como comunidades en resistencia ya que este conflicto no lo hemos creado nosotros los Mapuche, sino es la empresa Pilmaiquen S.A amparada en la institucionalidad del Estado chileno los que han venido a violentarnos en nuestro territorio, a saquear nuestros recursos naturales y a destruir nuestros espacios sagrados milenarios, eso se llama “terrorismo de Estado”. Nosotros como Huilliche asumimos la lucha de resistencia histórica de nuestra Nación Mapuche frente a la invasión, la muerte y el despojo.
3.- Declaramos nuestra resistencia como una lucha por la vida y también por toda la humanidad, ya que los Mapuche defendemos el derecho al agua; recurso vital e indispensable para las futuras generaciones, que el ser humano pueda gozar y preservar de este recurso en forma armónica con el medio ambiente y no destruir los ríos y su entorno, ya que de esta forma se acelera el calentamiento global y se incrementan las catástrofes naturales como consecuencia de la avaricia de unos pocos poderosos sobre la explotación inconciente contra la naturaleza.
4.- Hacemos un fuerte llamado a nuestros hermanos y hermanas Mapuche a seguir sumándose a la resistencia del Pilmaiquen y también al pueblo chileno consiente a crear redes de apoyo por la defensa del territorio, del agua y la vida ya que “un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre”…
Por la defensa del Ngen Mapu Kintuante
Por la defensa y reconstrucción del territorio Mapuche
No a las Centrales Hidroeléctricas en el Río Pilmaiquen
¡Mapuches del mundo, uníos!
Cuando uno cree haberlo visto, leído o escuchado todo, me entero que las Juventudes Comunistas, si las “gloriosas” JJ.CC, se oponen a que los universitarios mapuches pueden formar parte de la Confech.
Con ese noble propósito, hasta Santiago viajaron los “peñi” de la Federación Mapuche de Estudiantes (FEMAE), pero el portazo en la cara se escuchó hasta en Temuco. Me cuentan que les dijeron de todo; “indios tal por cual”, “aparecidos”, “pendejos CTM” y hasta combos les ofreció el Secretario General de la tienda juvenil, un mafioso rojo de apellido Aroca. Por ningún lado un “camaradas”, “compañeros” o “aliados de clase”. Y si seguían alegando, hasta los amenazaron con levantar ellos –la JJ.CC- su propio referente estudiantil mapuche. ¿Insólito? En absoluto.
En los años 50, para salir al paso de Venancio Coñuepan Huenchual (1905-1968), el más connotado líder mapuche de su época, el PC no dudó en articular la creación de una organización indígena paralela. Coñuepan, diputado en tres periodos, ex ministro y exitoso hombre de negocios en Temuco, encabezaba por entonces la “Corporación Araucana”. ¿Cuál había sido su pecado? Haberse aliado con los conservadores para llegar al Congreso chileno. No era el único pecador; otros tres diputados mapuches (si, leyó bien, “diputados”) habían seguido su mismo camino y para el PC de entonces –no muy diferente del de ahora- aquello resultaba a todas luces inaceptable. Cuando menos, “contra revolucionario”.
Es lo que transparenta el conflicto suscitado entre la Jota y los jóvenes mapuches. Medio siglo y nada cambia. Nos pasó a fines de los 90’, en el Congreso Confech de Valparaíso. Hasta allí llegamos varios delegados mapuches, por entonces miembros de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Temuco. Buscábamos que nuestros temas –que ingenuamente supusimos eran también los temas del estudiantado chileno organizado- fueran contemplados en el debate. Si bien nadie nos dio con la puerta en las narices, el menosprecio y el ninguneo fueron totales. El famoso párrafo de Galeano sobre la utopia era el bendito lema. Al primer día nos quedó clarísima la publicidad engañosa.
“¿Mapuches?, ahhh que bonito… compañeros, moción de orden, pasemos al tema de la LOCE”. Lo debo haber escuchado mil veces. Y ello en boca de gente como Rodrigo Roco y Marisol Prado, verdaderos próceres noventeros de la Jota. ¿Qué será de ellos? ¿Se acordarán de los “mapuchitos” catetes de aquel Congreso? Al tercer día, hastiados, optamos por largarnos y ahogar las penas en el “J. Cruz”. Regresamos a la ribera sur del Biobio reflexionando sobre las “alianzas de clase”, el “centralismo democrático” y el origen mapuche de la Chorrillana. Nunca más volvimos a insistir con la Confech. Nos centramos en lo nuestro; la lucha por hogares estudiantiles y el respaldo a nuestros viejos en el lof. No faltó quien nos acusó entonces de “sectarios”.
Y es que para los comunistas y la izquierda en general, los mapuches nunca hemos dejado de ser el vagón de cola de sus intereses. Clientela electoral, cuando se trata de elecciones; carne de cañón, si hablamos de revoluciones armadas. Esto lo reconocía, hidalgamente, la propia Gladys Marin, dirigenta muy cercana a nuestro pueblo y con quien compartí en más de una oportunidad. Ella veía en el PC la necesidad de “rectificar” errores, abrirse a nuevas lecturas de la realidad, ser capaces de asumir los “cagazos” que se habían cometido para, sobre todo, no volverlos a repetir.
Lo charlamos en más de una oportunidad con Gladys; ya fuera en sus visitas al Alto Bio Bio o en la cárcel de Traiguén, compartiendo una ronda de mates con los lonkos Pichún y Norin. Triste pensar que sus esfuerzos al interior de la tienda de Recabarren hayan resultado en vano. No se ve al menos en Camila Vallejo, la “nueva estrella” del PC, como la bautizó en días recientes El Mercurio, ningún atisbo de autocrítica. A una semana del “incidente” en Confech, ha guardado un silencio sepulcral. La compañera no ha dicho ni pío. ¿Orden de partido? ¿Obediencia debida? Cuan lejos de la dignidad de Gladys. Cuanta distancia de una Rosita Luxemburgo, odiada y vilipendiada por los jerarcas soviéticos por nadar la mayoría de las veces contra la corriente.
Pero no seamos tan exigentes con Camilita. Salvador Allende, que no era comunista pero gobernó de la mano con ellos y por tanto, hoy santo de su devoción, tampoco vio a los mapuches como pueblo. Cuando mucho, en los rostros de nuestros abuelos, padres y tíos, el Chicho solo vio a campesinos pobres. Lo señala todavía y muy suelto de cuerpo un destacado académico marxista, Alejandro Saavedra, para quien hablar de una nación o pueblo mapuche sería cuando menos un absurdo histórico. En concreto, dice Saavedra, hablamos de una “subcultura” campesina. ¿Los mapuches como sujetos históricos? Pamplinas. Increíble pensar que lo mismo opina, desde la vereda supuestamente contraria, el historiador de derecha Sergio Villalobos, para quien solo seríamos “mestizos”, descendientes de los antiguos “araucanos”, estos últimos ya extintos como los Atari y los dinosaurios. Ya lo decía un querido amigo del pueblo mapuche, don Nicanor Parra; “la izquierda y la derecha unidas, jamás serán vencidas”.
chile: Dos recientes cables de Wikileaks confirman el papel central de EE.UU. durante el Golpe de Estado en Honduras
La educación,una cuestión política
Si hay algo que queda claro de los últimos paros y manifestaciones estudiantiles es que el tema de la educación se inscribe entre las grandes cuestiones políticas no resueltas en el país. Las demandas planteadas por los estudiantes, profesores y académicos es clara: La educación es un derecho y no una mercancía más expuesta a los avatares del mercado. Desde el punto de vista neoliberal se trata, desde luego, de una herejía que contradice todos los manuales de economía liberal en los que se han formado las elites.
Contra la presunta razón neoliberal, habría que recordar que en la historia de las luchas sociales en Chile, la educación gratuita y de calidad para todos ha sido una bandera enarbolada por los más diversos sectores políticos, desde don Pedro Aguirre hasta Salvador Allende. Esto quiere decir que la educación representa un anhelo de superación para las nuevas generaciones, un derecho elemental de niños y jóvenes que nacen en esta tierra. En este preciso sentido, no se trata de barajar guarismos y porcentajes, se trata de una decisión política. Es bueno recordar que naciones mucho más precarias económicamente han tomado la decisión de garantizar a sus ciudadanos una educación gratuita y de calidad.
Insistir de manera tan obstinada como obtusa en mantener “el negocio de la educación” entre nosotros, desprestigiando toda manifestación estudiantil como si se tratase de vándalos, es proteger a los mercaderes que por definición lucran con una cuestión tan sensible e importante para el desarrollo del país. Cuando un gobierno sostiene este tipo de políticas insulta a miles de familias que deben endeudarse para costear la educación de sus hijos, sin saber si llegaran a obtener su título.
Las protestas estudiantiles no son un acontecimiento puramente episódico, entenderlo así es no entender el problema de fondo. La educación chilena atraviesa una profunda crisis derivada de haber convertido este derecho en una mercancía más, en detrimento de los sectores más pobres. Digámoslo con todas sus letras: El neoliberalismo muestra la estatura de su fracaso, justamente, en todas aquellas cuestiones importantes para la sociedad, en primer lugar la educación.
A quienes sostienen que concebir una educación gratuita en el actual estado de cosas es una quimera irrealizable, habría que recordarles que la privatización de la educación fue una decisión política del dictador en sus últimas horas. El Chile de hoy está poniendo en evidencia que la democracia pos autoritaria de equilibrios cupulares al interior de la clase política comienza a mostrar sus grietas e inconsistencias. Cuando cientos de miles de chilenos protestan en las calles contra los que se enriquecen con la educación y son tratados como delincuentes por los medios, el gobierno y la policía, es que algo anda mal con nuestra democracia.
Contra la presunta razón neoliberal, habría que recordar que en la historia de las luchas sociales en Chile, la educación gratuita y de calidad para todos ha sido una bandera enarbolada por los más diversos sectores políticos, desde don Pedro Aguirre hasta Salvador Allende. Esto quiere decir que la educación representa un anhelo de superación para las nuevas generaciones, un derecho elemental de niños y jóvenes que nacen en esta tierra. En este preciso sentido, no se trata de barajar guarismos y porcentajes, se trata de una decisión política. Es bueno recordar que naciones mucho más precarias económicamente han tomado la decisión de garantizar a sus ciudadanos una educación gratuita y de calidad.
Insistir de manera tan obstinada como obtusa en mantener “el negocio de la educación” entre nosotros, desprestigiando toda manifestación estudiantil como si se tratase de vándalos, es proteger a los mercaderes que por definición lucran con una cuestión tan sensible e importante para el desarrollo del país. Cuando un gobierno sostiene este tipo de políticas insulta a miles de familias que deben endeudarse para costear la educación de sus hijos, sin saber si llegaran a obtener su título.
Las protestas estudiantiles no son un acontecimiento puramente episódico, entenderlo así es no entender el problema de fondo. La educación chilena atraviesa una profunda crisis derivada de haber convertido este derecho en una mercancía más, en detrimento de los sectores más pobres. Digámoslo con todas sus letras: El neoliberalismo muestra la estatura de su fracaso, justamente, en todas aquellas cuestiones importantes para la sociedad, en primer lugar la educación.
A quienes sostienen que concebir una educación gratuita en el actual estado de cosas es una quimera irrealizable, habría que recordarles que la privatización de la educación fue una decisión política del dictador en sus últimas horas. El Chile de hoy está poniendo en evidencia que la democracia pos autoritaria de equilibrios cupulares al interior de la clase política comienza a mostrar sus grietas e inconsistencias. Cuando cientos de miles de chilenos protestan en las calles contra los que se enriquecen con la educación y son tratados como delincuentes por los medios, el gobierno y la policía, es que algo anda mal con nuestra democracia.
Dos importantes cables fueron liberados por Wikileaks durante junio de 2011. En orden cronológico, el primero es parte de las primeras impresiones que la Embajada de EE.UU. en Tegucigalpa, a través del embajador Hugo Llorens, envió a Washington y otros destinatarios sobre la situación de varios asuntos en Honduras. Entre otras cuestiones que él informa, Llorens se reunió con políticos de la talla del alcalde de Tegucigalpa Ricardo Álvarez y el ex presidente de Honduras, Ricardo Maduro, y por otra parte el mismo día del golpe de Estado, el 28 de junio, tuvo una reunión con tres empresarios de alto rango: Antonio Travel, Emilio Larach y Emin Barjum, otro hombre de negocios se unía en videoconferencia desde San Pedro Sula.
"Los tres (...) aceptaron que el golpe fue ilegal, pero sostuvieron que no había más remedio que aceptar el régimen actual y esperar hasta las elecciones de noviembre" escribió Llorens.
Esto, y el resto de información que hemos revisado desde el golpe de Estado sugiere que, inmediatamente después del golpe, la mayoría de "golpistas" perciben en la Embajada de EE.UU. un centro de negociación política interna. Los "agentes de poder", que es el término que utilizan en los cables para describir a los diferentes actores de alta influencia en Honduras, es de hecho como la Embajada de los EE.UU. estaba actuando; como el más grande y más influyente de ellos, al que había que satisfacer mientras que en la esfera pública se asumía que estaban en discordia como también Llorens explica en uno de los cables.
"Prácticamente todas las élites políticas y los contactos personales han expresado su sorpresa y consternación por la respuesta del gobierno de EE.UU., indicando que se sienten abandonados por ese gobierno"
El otro cable es casi totalmente dedicado a analizar a los actores hondureños influyentes de manera individual y que, a su vez, pudieran participar en los procesos de negociación de los Acuerdos de San José que se firmaron en noviembre de 2009 antes de las elecciones, un plan fraguado por Washington para lo cual necesitaban este tipo de información. Los actores fueron calificados por todos los colores desde "Rojo Sangre" hasta "Blanco Nieve" como si se tratase de la Guerra Fría. Esto refuerza la teoría de Mark Weisbrot que los recientemente firmados Acuerdos de Cartagena de Indias son en realidad antagónicos a los Acuerdos de San José, el primero, evidentemente, elaborado sin el habitual control de Washington logrando así un hito de soberanía para la región, y que ha sido ampliamente celebrado por los hondureños en Resistencia.
El cable de los colores es una evidencia de que el Departamento de Estado de los EE.UU. tenía el perfil de todas las partes interesadas con el fin de enmarcarlos de forma inteligente en los Acuerdos de San José para el que Oscar Arias era su hombre fuerte, esto también confirma la tesis de muchos periodistas, escritores y académicos que esos acuerdos eran únicamente diseñados por el Gobierno de los EE.UU. como un medio para resolver una crisis que con el tiempo descaradamente lograron esconder a los ojos del mundo. Como efecto, se creó un ambiente ideal para la impunidad y constantes violaciones de los derechos humanos, incluyendo la vida de 11 periodistas; narradores de la verdad amedrentados ayudaría a Washington a esconder uno de sus peores episodios en la historia reciente, - el Golpe en Honduras - puesto en practica por una elite ignorante y poco calificada con la que juegan con facilidad a cambio de cacahuetes.
Lejos de lo que se puede leer en los cables a primera vista, la clase política y militar de Washington planeo el golpe en Honduras en el gran esquema y se dedicaron a ocupar a su personal expatriado y cabilderos en Washington para reparar errores y mejorar la imagen de los EE.UU. Aun más crítico, no está claro que fuentes de información son utilizadas por el embajador, y también desconocemos las actividades de la CIA y de los contratistas financiados ya sea por el sector público o el privado y cómo interactuaban con la Embajada.
Una vez más, vemos también la Embajada de EE.UU. en Caracas y el Comando Sur en Florida como destinatarios de los cables.
Ley Antiterrorista, baldón para ChileEsto, y el resto de información que hemos revisado desde el golpe de Estado sugiere que, inmediatamente después del golpe, la mayoría de "golpistas" perciben en la Embajada de EE.UU. un centro de negociación política interna. Los "agentes de poder", que es el término que utilizan en los cables para describir a los diferentes actores de alta influencia en Honduras, es de hecho como la Embajada de los EE.UU. estaba actuando; como el más grande y más influyente de ellos, al que había que satisfacer mientras que en la esfera pública se asumía que estaban en discordia como también Llorens explica en uno de los cables.
"Prácticamente todas las élites políticas y los contactos personales han expresado su sorpresa y consternación por la respuesta del gobierno de EE.UU., indicando que se sienten abandonados por ese gobierno"
El otro cable es casi totalmente dedicado a analizar a los actores hondureños influyentes de manera individual y que, a su vez, pudieran participar en los procesos de negociación de los Acuerdos de San José que se firmaron en noviembre de 2009 antes de las elecciones, un plan fraguado por Washington para lo cual necesitaban este tipo de información. Los actores fueron calificados por todos los colores desde "Rojo Sangre" hasta "Blanco Nieve" como si se tratase de la Guerra Fría. Esto refuerza la teoría de Mark Weisbrot que los recientemente firmados Acuerdos de Cartagena de Indias son en realidad antagónicos a los Acuerdos de San José, el primero, evidentemente, elaborado sin el habitual control de Washington logrando así un hito de soberanía para la región, y que ha sido ampliamente celebrado por los hondureños en Resistencia.
El cable de los colores es una evidencia de que el Departamento de Estado de los EE.UU. tenía el perfil de todas las partes interesadas con el fin de enmarcarlos de forma inteligente en los Acuerdos de San José para el que Oscar Arias era su hombre fuerte, esto también confirma la tesis de muchos periodistas, escritores y académicos que esos acuerdos eran únicamente diseñados por el Gobierno de los EE.UU. como un medio para resolver una crisis que con el tiempo descaradamente lograron esconder a los ojos del mundo. Como efecto, se creó un ambiente ideal para la impunidad y constantes violaciones de los derechos humanos, incluyendo la vida de 11 periodistas; narradores de la verdad amedrentados ayudaría a Washington a esconder uno de sus peores episodios en la historia reciente, - el Golpe en Honduras - puesto en practica por una elite ignorante y poco calificada con la que juegan con facilidad a cambio de cacahuetes.
Lejos de lo que se puede leer en los cables a primera vista, la clase política y militar de Washington planeo el golpe en Honduras en el gran esquema y se dedicaron a ocupar a su personal expatriado y cabilderos en Washington para reparar errores y mejorar la imagen de los EE.UU. Aun más crítico, no está claro que fuentes de información son utilizadas por el embajador, y también desconocemos las actividades de la CIA y de los contratistas financiados ya sea por el sector público o el privado y cómo interactuaban con la Embajada.
Una vez más, vemos también la Embajada de EE.UU. en Caracas y el Comando Sur en Florida como destinatarios de los cables.
Así lo aseguran el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el abogado Gonzalo Taborga Molina, vicepresidente del Partido del Socialismo Allendista e integrante del Movimiento Amplio de Izquierda (Maiz); y e l ex vicario de la Pastoral Obrera y de la Pastoral Social, monseñor Alfonso Baeza Donoso, activo defensor de los derechos humanos en nuestro país.
Para Taborga, “un aspecto importante que muestra el grado de descomposición del Estado de derecho a partir de la forma como se hace la política gubernamental, está en que las reivindicaciones políticas y territoriales del pueblo mapuche nunca se resuelven por vía de la negociación, siempre terminan en los tribunales”.
Monseñor Baeza, a su vez, afirma que “la situación de los derechos humanos en Chile es precaria, en particular por los procesos con la Ley Antiterrorista, que vulnera el debido proceso y los derechos fundamentales que contempla la Constitución Política, además de transgredir normas internacionales sobre derechos humanos”.
Mapuches demandan juicio justo
Monseñor Alfonso Baeza asegura que “la aplicación de la Ley Antiterrorista ha puesto en evidencia la discriminación que sufre el pueblo mapuche. A los cuatro comuneros condenados, la Ley Antiterrorista les fue aplicada durante el proceso investigativo y en el desarrollo del juicio oral en Cañete, por lo que no tuvieron debido proceso”.
Tras dos años en prisión preventiva y tres meses de juicio oral, el tribunal de Cañete absolvió a trece de los comuneros mapuches, dictando sentencia condenatoria contra cuatro miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco por delitos comunes. Sin embargo, a lo largo del proceso, el Ministerio Público se valió de procedimientos de la Ley Antiterrorista, como las declaraciones de una treintena de “testigos sin rostro”, para acusar a los mapuches. Asimismo, desconociendo un acuerdo tomado en una mediación con la Iglesia Católica, que puso fin a una huelga de hambre de 86 días, el Ministerio Público no se desdijo explícitamente de la utilización de la Ley Antiterrorista.
El ex vicario de la Pastoral Obrera señala que “la Ley Antiterrorista permite la prisión preventiva en las peores condiciones, mientras dura la investigación. El Ministerio Público puede comprar testimonios, interferir comunicaciones y suprimir el derecho a la presunción de inocencia. Hay denuncias respecto a que delincuentes condenados por narcotráfico fueron inducidos a declarar contra los mapuches mediante la promesa de disminuir sus condenas u obtener beneficios penitenciarios”.
El sacerdote asegura que “la penalidad de la Ley Antiterrorista es tres o cuatro veces más dura que en la justicia penal. Esto ha quedado claro en casos de violaciones de los derechos humanos por crímenes de lesa humanidad perpetrados por militares. Ellos han sido procesados por la ley común; incluso algunos gozan de pena remitida. Esos crímenes de lesa humanidad son tan graves que no se comparan con un robo de madera o el supuesto intento de atacar a un fiscal, por los cuales los comuneros mapuches fueron condenados”.
Gonzalo Taborga enfatiza que la condena de los cuatro mapuches -confirmada parcialmente por la Corte Suprema- pretende silenciar a “los mejores representantes del pueblo mapuche en su demanda por la recuperación de su territorio histórico, usurpado por el Estado y particulares chilenos”.
El Estado -agrega- tiene la obligación de respetar los tratados internacionales suscritos, como el Convenio 169 de la OIT, la declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, etc., y debe poner fin a la represión contra los dirigentes mapuches. El abogado Taborga, junto a representantes políticos y sociales, se reunió hace algún tiempo con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, para manifestarle su preocupación por el caso de los comuneros mapuches.
El ministro Milton Juica también criticó la Ley Antiterrorista porque -aseguró- no guarda relación con un Estado democrático, y “debiera ser modificada y atenuada en sus efectos, asegurando el debido proceso”. En opinión de ese magistrado, debe ser modificada por el Parlamento. Monseñor Baeza también señala: “Si hay leyes injustas, las sentencias también serán injustas. Por eso es urgente movilizar a los legisladores y partidos políticos para que se jueguen en defensa de los derechos humanos y modifiquen de una vez la Ley Antiterrorista”.
La Concertación y el terrorismo de Estado
La Ley Antiterrorista se promulgó durante la dictadura militar, pero fueron las reformas que se introdujeron durante el gobierno de Patricio Aylwin las que permitieron utilizarla contra el pueblo mapuche. Los juristas de la dictadura militar habían tratado el terrorismo como un delito político e ideológico. Pero las reformas de Aylwin eliminaron sus connotaciones políticas y lo tipificaron simplemente como un delito violento, gravísimo, contra las personas. (1)
A partir de la década de 1990, las comunidades mapuches iniciaron ocupaciones de territorios ancestrales usurpados por el Estado. Para reprimir ese movimiento, el gobierno aplicó la Ley de Seguridad Interior. Luego, frente a la quema de algunos predios forestales y la ocupación de tierras, los presidentes Lagos y Bachelet recurrieron a la Ley Antiterrorista.
Para el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Gonzalo Taborga, “el terrorismo de Estado se desarrolló al interior del régimen militar, que necesitaba gobernar por el temor. Durante los gobiernos de la Concertación subsistieron elementos del terrorismo de Estado, como la represión a los mapuches y a las demandas sociales en los centros urbanos”. Agrega Taborga que esta situación la fomentó el modelo económico neoliberal, al generar un colosal endeudamiento que sirvió de base de la judicialización de la protesta social.
Gonzalo Taborga afirma que “Ricardo Lagos introdujo el concepto de represión sobre la base de la judicialización, pero quien le dio brío con violencia institucionalizada proveniente del Ministerio del Interior, fue el gobierno de Michelle Bachelet. Durante su administración se registraron los mayores índices de represión masiva y se militarizó la Región de La Araucanía”. Monseñor Baeza agrega que “la principal responsabilidad de la Concertación es no haber derogado la Ley Antiterrorista, como correspondía”.
Piñera y su estilo
represor
Monseñor Baeza asegura que “en cualquier momento una protesta social de algún grado de violencia, llevará al gobierno a recurrir a la Ley Antiterrorista. Si esto ocurre, se esfumarán una cantidad de derechos de las personas. Con el ambiente que existe contra el proyecto HidroAysén, temo que el gobierno intente convertir esa movilización en una pretendida ‘acción terrorista’ para criminalizar la protesta ciudadana”. Para monseñor Baeza, “la lógica del gobierno responde al eslógan de campaña: ‘A los delincuentes se les acabó la fiesta’, que anunciaba un régimen que terminaría con la ‘puerta giratoria’ de los tribunales. La principal meta de este gobierno es el crecimiento económico, sin distribución de la riqueza ni justicia social. Eso requiere políticas de seguridad basadas en una represión institucionalizada”.
El abogado Gonzalo Taborga añade que “el gobierno de Piñera es, efectivamente, otro gobierno de la Concertación. Respecto a la política de privatizaciones de la Concertación, la actual administración está haciendo lo mismo con una pachorra insensible a los reclamos. Cuando existe protesta, no la escuchan y nadie la conoce porque nada se publica”.
“Caso bombas” recuerda a la dictadura
El ex vicario de la Pastoral Social, monseñor Baeza, reitera su denuncia respecto al montaje, en el “caso bombas”. “Me reuní -dice- con los jóvenes imputados. Ellos fueron interrogados en tiempos del ex fiscal Xavier Armendáriz y quedaron en libertad por falta de méritos. Pero luego, esas mismas personas fueron procesadas por el fiscal Alejandro Peña, actual funcionario del Ministerio del Interior. Cuando existe impunidad, los agentes del Estado pueden hacer lo que quieran, fabricar un montaje y hasta colocar bombas. La Ley Antiterrorista permite comprar ‘testigos’ y presentarlos encubiertos. Con dos o más ‘testigos’ se puede lograr una sentencia”. El sacerdote asevera que el gobierno debe “pedir perdón por haber calificado de terroristas a estas personas sin someterlas a juicio justo, y haciendo un montaje para justificar esas arbitrariedades”.
En el mismo sentido, el abogado Taborga señala que “estos hechos me recuerdan a la Dina y a la CNI. Si el ‘caso bombas’ no fuera un montaje, los jóvenes procesados serían unos aprendices chapuceros de terroristas, porque no saben siquiera armar una bomba de verdad”.
De hecho, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha llamado la atención al gobierno de Chile por la vaguedad de la definición de terrorismo en nuestra legislación, lo que permite que la Ley Antiterrorista sea invocada en múltiples situaciones de conflictividad social.
Monseñor Baeza asegura que, además, “el duopolio de la prensa maneja la información conforme a sus intereses. En la cobertura periodística del caso de los cuatro mapuches en huelga de hambre y en el ‘caso bombas’, el abultamiento de supuestos delitos ha sido tremendo. La manipulación de la información permite que quienes reclaman justos derechos aparezcan como violentistas”
Tras 86 días, finaliza huelga de hambre de los cuatro miembros de la CAM
Tras casi tres meses, finalmente hoy jueves terminó la huelga de hambre que mantenían cuatro dirigentes de la CAM en el País Mapuche. "Tuvimos una conversación y ellos han decidido terminar con esta huelga de hambre, creándose una Comisión por la Defensa de los Derechos del Pueblo Mapuche", señaló Natividad Llanquileo.
Los cuatro dirigentes mapuches miembros de la CAM encarcelados que se mantenían en huelga de hambre de 86 días decidieron deponer la noche del jueves la protesta, anunció la vocera Natividad Llanquileo. Héctor Llaitul, Jonathan Huillical, José Huenuche y Ramón Llanquileo fueron reagrupados este jueves en el hospital de Victoria, luego que en la víspera tres de ellos habían sido trasladados a diferentes hospitales, medida criticada por sus familiares que temían fueran alimentados por la fuerza.
"Efectivamente tuvimos una conversación después de la reagrupación que se produjo de los comuneros y ellos han decidido terminar con esta huelga de hambre", dijo Llanquileo en declaraciones desde Victoria a radio Cooperativa. Sólo permanecía en el centro asistencial de la pequeña ciudad de Victoria, Héctor Llaitul, considerado el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, organización que ha sido blanco de una feroz persecución por parte del Ministerio Público.
Los dirigentes presos iniciaron la huelga de hambre el pasado 15 de marzo para exigir que fuera anulado un juicio en el que habían recibido condenas de al menos 20 años de prisión por enfrentarse a una comitiva policial que transportaba al fiscal del Ministerio Público, Mario Elgueta, ello en el año 2008. Continuaron con el ayuno aun después de que la Corte Suprema rebajó el viernes las sentencias en su contra hasta por la mitad del tiempo.
Natividad Llanquileo, principal portavoz de los cuatro comuneros, comunicó el fin de la protesta por razones humanitarias y a raíz de la creación de una Comisión por la Defensa del Pueblo Mapuche. Esta comisión estará integrada entre otros por Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de DD.HH.; Amérigo Incalcaterra, Alto Comisionado de Naciones Unidas; el Arzobispo de Concepción, monseñor Fernando Chomalí y el miembro de la pastoral mapuche, Fernando Díaz. Además compondrán el grupo Millaray Garrido, esposa de José Huenuche; Natividad Llanquileo, hermana de Ramón Llanquileo y Pamela Pezoa, esposa de Héctor Llaitul.
Pamela Pezoa, esposa de Héctor Llaitul , dijo a la radio Bío Bío que al margen de la decisión del máximo tribunal, la continuidad de la huelga se había decidido considerando que el tema de fondo era la no aplicación de la Ley Antiterrorista contra el pueblo mapuche y “no por obtener un indulto, ni un beneficio carcelario específico para ellos cuatro, sino para darle continuidad a esta lucha”.
Según Pezoa, “para seguir luchando por todos los derechos del pueblo mapuche se decidió conformar esta mesa con “la mayor instancia a nivel internacional que es el alto comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y por otro lado la instancia más importante nacional que es el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, con su directora Lorena Fries y por otro lado la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal y la pastoral mapuche”.
En tanto, Victoria Fariña, abogada representante de Jonathan Huillical, se mostró satisfecha por la determinación, pues significa que sus vidas no correrán peligro. "Ellos miran a largo plazo, por eso se está armando una comisión de trabajo, para denunciar ante organismos internacionales lo que está ocurriendo. No quieren que les siga pasando lo mismo a otros comuneros, que viven una situación parecida", dijo la profesional.
El arzobispo de Santiago, monseñor Ricardo Ezzati, se manifestó este viernes satisfecho con el término de la huelga y dijo que ahora está en manos del Estado el solucionar totalmente el conflicto, partiendo por modificar la Ley Antiterrorista. En conversación con Radio Cooperativa el prelado señaló que creía "que esta solución viene de los comuneros mapuche, de los familiares, la Iglesia Católica, el Instituto de los Derechos Humanos y también el aporte del alto comisionado de Naciones Unidas: creo que de ahí vino el camino para superar la huelga".
El presidente de la Conferencia Episcopal señaló que tras esta mediación "ahora le toca al Estado", solucionar el problema de fondo que hay tras estas manifestaciones y recordó que "el Presidente se comprometió el 21 de mayo a buscar una nueva Ley Antiterrorista que protegiera los derechos fundamentales de las personas". El objetivo de esto, según Ezzati, es que en el futuro no se vuelva a repetir una huelga de este tipo. "Hay que buscar una nueva ley y tiene que estar implicado el Poder Legislativo, junto con el Ejecutivo para que no vuelva pasar en el futuro lo que ha pasado en este caso", dijo.
De todas formas, el arzobispo de Santiago expresó que las familias mapuches continúan con un sentimiento de decepción, pues lo que ellos querían lograr era que se anulara el juicio en su contra y se realizara otro en el que no hubiera participación de "testigos sin rostro", lo que vulnera el debido proceso.
DECLARACIÓN
Los firmantes de esta declaración, convocados por los presos políticos mapuche en huelga de hambre, sus lonko, machi y familiares, compartimos el interés por el respeto de todos los derechos del Pueblo Mapuche y asumimos el compromiso de su promoción y defensa. Por lo anterior declaramos:
1. Que Chile se ha comprometido a través de diversos tratados internacionales a promover, respetar y garantizar los derechos políticos, territoriales, económicos, sociales, culturales y de acceso a la justicia, sin discriminación, tanto en el ámbito colectivo como individual, de los pueblos originarios. A lo cual están obligados todos los poderes del Estado chileno.
2. Pese a lo anterior, se ha acrecentado el despojo territorial, la ausencia de derechos políticos y, principalmente, la militarización, criminalización y judicialización de sus legítimas demandas, cuya responsabilidad recae en todos los poderes del Estado chileno.
3. Es de suma gravedad la estigmatización y discriminación que ha sufrido el Pueblo Mapuche, por medio de la aplicación de leyes de excepción, tal como la Ley Antiterrorista. Dicha ley ha sido condenada ampliamente por no ajustarse a los estándares internacionales de un debido proceso. Responsabilidad que, nuevamente, recae en todos los poderes del Estado, sin excepción, al no derogarla o reformularla, y otros por invocarla y aplicarla.
4. En el contexto de las distintas huelgas de hambre de los presos políticos mapuche, como una expresión del problema de fondo, es que venimos a asumir un compromiso real y permanente para el cumplimiento de dichas obligaciones, a la cual esperamos se sumen otros actores. Asumimos este compromiso entendiendo que es un deber de todos hacer valer dichos derechos y denunciar toda vez que estos sean vulnerados, en forma activa y coordinada.
5. Esta voluntad se expresara en una instancia de trabajo denominada Comisión por los Derechos del Pueblo Mapuche.
6. Por tanto llamamos al Gobierno a abrirse a un diálogo permanente y transparente con el fin de avanzar en el respecto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas, en particular a reformar la Ley Antiterrorista para, tal como los señaló el Presidente de la República en su cuenta pública ante el Congreso Pleno, para adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos.
7. Ante este compromiso es que nuestros hermanos mapuche han decidido levantar su huelga de hambre.
8. Instamos a toda la sociedad a adherir a esta declaración y a trabajar por la paz, fruto de la justicia.
honduras: Regreso a la OEA, ¿regreso a la normalidad?
La Organización de los Estado Americanos (OEA) aprobó el miércoles 1 de junio el reingreso de Honduras. Tegucigalpa había sido excluida el 4 de julio de 2009 a causa del golpe de estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya, obligándolo al exilio.
Esta decisión ha sido el resultado de una “mediación” orquestada por el presidente colombiano Juan Manuel Santos, en el marco de un acercamiento –sorprendente– con Caracas. Aprovechando una cumbre realizada el 9 de abril en Cartagena, Santos había organizado en encuentro “imprevisto” con su homólogo venezolano Hugo Chávez –simpatizante de la resistencia hondureña– y el presidente de facto del pequeño país de América Central, Porfirio Lobo.
Nada hacía presagiar que produciría frutos: una semana después de la elección de Lobo, el 29 de noviembre de 2009, Chávez denunció que el escrutinio había sido “fraudulento” ya que había sido organizado por los golpistas. Proclamaba en aquel momento. ”El presidente de Honduras se llama Manuel Zelaya" (1). Por idénticas razones la Unión de Naciones suramericanas (2) también excluía el reconocimiento de la administración de Lobo (3).
Tampoco había ignorado el poder hondureño el comentario del ministro de Relaciones Exteriores venezolano Nicolás Maduro, el cual declaró que era inviable una normalización con Honduras... mientras Zelaya se viera privado de sus derechos políticos en su propio país (4). Ahora bien, el 9 de abril, Lobo se mostró dispuesto a hacer ciertas concesiones en este terreno.
Como conclusión de este encuentro Chávez se reunió con Zelaya y también con Juan Barahona, portavoz del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que coordina la oposición a los golpistas. El objetivo era cómo encarar una “salida de la crisis”. Surgieron cuatro condiciones: 1) Regreso de todos los exiliados incluido Zelaya. 2) Puesta en marcha de una asamblea nacional constituyente “participativa y democrática” 3) Desmantelamiento de las estructuras surgidas del golpe de Estado y castigo a los golpistas. 4) Reconocimiento del FNRP como partido político.
Rápidamente Lobo autorizó el regreso de Zelaya. Por lo demás… el 18 de Mayo Adela Holguín, ministra colombiana de Relaciones Exteriores relativizó el carácter obligatorio de los cuatro “puntos” planteados por Zelaya y Barahona. Después de todo, precisó, a nadie se le ocurrirá la idea de imponer condiciones a quienquiera que sea” (5).
Lobo y Zelaya continuaron las discusiones. Reunidos el 22 de mayo en Colombia, firmaron un acuerdo que abría el camino de la reintegración de Honduras a la OEA: el acuerdo de Cartagena.
En las cuatro páginas del documento solo se menciona una vez el “golpe de Estado” (cuando se refiere al veredicto de la OEA que decidió la evicción de Honduras). Si bien el punto 7 menciona la convocatoria de una Asamblea Nacional constituyente, éste es reemplazado por el artículo 5 de la constitución que la enmarca en las consultas populares. “De todas formas, con un leve matiz, subraya Maurice Lemoine (en su reportaje de Le Monde Diplomatique, actualmente en los kioscos). Si un 2% de los electores o diez diputados pueden solicitar ese tipo de consultas, es el Parlamento, en último análisis quién debe decidir si la organizará o no”. Así, tanto en este punto como en lo que se refiere al reconocimiento del FNRP como partido político –encarado pero sometido a un proceso de recolección de firmas como a la aprobación del Tribunal electoral Supremo (6)– se reenvía a la resistencia al funcionamiento "rutinario" de las instituciones del país. Aquéllas de las que el país aprendió a desconfiar. ¿Un detalle? Lobo firmó el documento como Presidente de Honduras, Zelaya como “ex presidente”
La relación de fuerzas, tanto a nivel nacional como regional, ¿habría permitido obtener “más”? La pregunta queda evidentemente sin respuesta. El acuerdo de Cartagena no ha convencido a todos, desde luego. En la derecha, los “duros” hostiles a toda negociación, despotrican. Los de la “izquierda” igualmente, algunos dudan: un eventual reingreso de Honduras a la OEA debería abrir un camino hacia el desmantelamiento del poder golpista.
Además el hecho de permitirle contar con líneas de crédito y una ayuda internacional que le estaba faltando angustiosamente, ¿no está finalmente planteando el riesgo de legitimar la administración de Lobo?
El Consejo cívico de las organizaciones populares e indígenas (COPINH) “condena enérgicamente la inminente reintegración del país a la OEA” y llama a la población a “continuar los esfuerzos hasta lograr el desmantelamiento de todas las estructuras que surgieron del golpe de Estado” (7).
Luego de haber participado en las negociaciones Barahona anunció que ”no se habían cumplido todas las condiciones para que Honduras regrese a la OEA” (8) Un punto de vista que comparte el Ecuador, el único país de los treinta y tres miembros que votó en contra del reingreso de Honduras a la OEA, destacando la violación de los derechos humanos y la falta de sanciones contra los autores del golpe de junio de 2009. Venezuela aprobó la resolución con “reservas”…
En la página que se inicia se verá al FNRP pretendiendo lograr el reconocimiento como partido político por parte de las instituciones que lo habían considerado ilegítimo. Nadie puede prever el impacto de este estratégico viraje sobre un entramado heteróclito, basado hasta hoy en la denuncia del golpe de Estado. ¿Se puede su`poner que corresponderá al poder decidir que margen de maniobra otorgará a Zelaya, ansioso por poner en marcha un programa similar al del que le costó el derrocamiento? Los golpistas duermen tranquilamente: a Roberto Micheletti que los condujo hasta junio de 2009, le han otorgado el título de “Primer héroe nacional del siglo XXI” por la poderosa Asociación Nacional de Industriales Hondureños, que deseaba ver recompensada su lucha “para que Honduras no cayese en el socialismo” (10). En enero de 2010, el parlamento hondureño le concedió el título de “diputado vitalicio”.
El 28 de mayo, el regreso de Zelaya al país –un avance innegable– dio lugar escenas de alborozo en Tegucigalpa (11) Aunque venga acompañado del reingreso de Honduras en la OEA, será suficiente como para concluir, como dice el diario español El País que en Honduras “se renueva la democracia”.
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Nace la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias
Las Agencias aprobaron el estatuto constitutivo de la organización y eligieron como presidente por dos años al vicepresidente de la agencia Télam Sergio Fernández Novoa, que también es actualmente presidente del Consejo Mundial de Agencias de Noticias. En diálogo con el noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) Fernández Novoa aseguró que "es un nuevo paso en esta nueva construcción alternativa a la comunicación de los medios hegemónicos”.
En declaraciones a FARCO desde Caracas Fernández Novoa explicó que la ULAN buscará construir "un relato que nos permita contarle al mundo lo que pasa en América Latina desde nuestra propia visión y no como ha sucedido durante décadas que por lo general los acontecimientos de la región siempre han sido contados por las agencias norteamericanas o por las agencias europeas”. El presidente de ULAN opinó que América Latina ha "sido noticia producto de alguna catástrofe, producto de algún golpe de estado, de alguna movilización pero rara vez nos muestran en todo el potencial creativo y de sociedad que produce otro tipo de hechos”.
Fuente original: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=57116
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Sudamérica ante la tormenta global
La guerra por la sucesión del director del FMI revela lo mucho que ha cambiado el mundo y lo demasiado estancadas que están sus elites, dispuestas a aferrarse a sus privilegios aún a riesgo de colocar al planeta al borde del abismo. Para Sudamérica, es el momento de afianzar la unidad regional o caminar hacia la desintegración.
El debate en curso sobre la sucesión de Dominique Strauss Khan enseña cómo las potencias del Norte pretenden congelar el mundo de 1944 cuando se firmaron los acuerdos de Bretton Woods y se crearon el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En aquel momento, el PIB de Estados Unidos era alrededor del 50% del mundial y en esta década decae por debajo del 20%.
El Norte parece dispuesto a pasar por alto la demanda de los países emergentes. Brasil ha dicho, por boca del ministro de Hacienda Guido Mantega, que el candidato debería ser designado sólo hasta fines de 2012 para “tener un tiempo mayor para madurar la sucesión”. Zhou Xiaochuan, gobernador del Banco Central de china, señaló que el FMI debe “reflejar mejor los cambios en la composición económica mundial y a los mercados emergentes” (Diario del Pueblo, 24 de mayo).
Más allá de los discursos para el gran público, las elites mundiales van cobrando clara conciencia de lo que está en juego, pese a las declaraciones y malabarismos de los políticos. Cuando hablan para “su” público, no ocultan un ápice la realidad. Es el caso de David Wessel, editor de economía de The Wall Street Journal, el diario más cercano a las altas finanzas. Comienza su columna semanal del 19 de mayo con una frase que resume la coyuntura histórica que atravesamos: “Los imperios no acostumbran sucumbir de un día para el otro. Las viejas potencias no abdican de sus regalías. Y las que ascienden no consiguen ejercer el poder ágilmente”.
Wessel señala que la costumbre de que un europeo dirija el FMI y un estadounidense el Banco Mundial, “es una tradición arcaica, si no ilegítima”, consecuencia de que las instituciones globales “aún no se ajustaron al peso de los países emergentes” ya que Europa y Estados Unidos son reacios a aceptar “un mundo que no dominan más”. En su opinión hay dos escenarios posibles por delante. Uno con final feliz, en el cual las grandes economías cooperen mutuamente sin que los países desarrollados traben el ascenso de los países emergentes. Sería lo mejor para el mercado.
El segundo escenario, es una repetición ampliada de lo sucedido en la primera mitad del siglo XX: “Las décadas posteriores a la Primera Guerra Mundial fueron marcadas por la incapacidad de las potencias en decadencia y en ascenso de estabilizar la economía global y crear instituciones funcionales; el resultado fue la Gran Depresión y la Segunda Guerra”.
La única novedad de este análisis es el medio en el que fue publicado, que revela que las elites financieras prefieren un “final feliz” y que saben que una nueva hecatombe militar-humanitaria no sería capaz de hacer retroceder la flecha del tiempo. Pero las elites financieras no juegan solas, ni siquiera en los salones del gran poder, donde conviven con políticos y militares, con quienes tienen relaciones estrechas y mutuas interdependencias.
Unos y otros saben que el último pronóstico del Laboratorio Europeo de Anticipación Política, en su boletín mensual del 17 de mayo, no es una previsión de lunáticos sino la advertencia del instituto que acertó con mayor precisión la cadena de sucesos que se vienen dando desde 2007: “Ahora se reúnen todas las condiciones para que el segundo semestre de 2011 sea el teatro de la fusión explosiva de las dos tendencias fundamentales que subyacen en la crisis sistémica global, la desarticulación geopolítica y financiera globales”.
El catalizador de esta “fusión explosiva” es el sistema monetario internacional, “o más bien el caos monetario internacional que se ha agravado aún más desde el desastre que afectó a Japón en febrero”. Por esa razón, la pelea por el poder en el seno del FMI no es ociosa, sino uno de los principales reveladores de lo mucho que está en juego. Es la arquitectura maestra del sistema-mundo, o sea la relación centro-periferia, la que está en cuestión. Se trata de una relación con cinco siglos de antigüedad, anterior incluso al capitalismo y a las revoluciones industriales, que ha hecho posible la hegemonía de Occidente que ahora está virando hacia Asia y hacia el Sur. Desde el punto de vista histórico, es un terremoto mayor aún que una improbable crisis del capitalismo.
Sucede que ese mundo emergente está empezando a marcar la cancha. La alianza BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) exige que si el FMI quiere tener credibilidad y legitimidad debe aceptar una representación más adecuada de los países emergentes, no sólo de los cinco mencionados. “El próximo director no sólo debe ser una persona altamente calificada, con sólido background técnico y capacidad de articulación política, sino comprometido en continuar el proceso de cambios y reforma de la institución para adaptarse a las nuevas realidades de la economía mundial”, señala el comunicado que rechaza una elección en base a la nacionalidad.
Para los países sudamericanos, el momento es propicio para profundizar la unidad pero está a su vez atestado de riesgos. La inauguración del Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa de la UNASUR, el 26 de mayo en Buenos Aires, muestra que el camino de la integración y la unidad política sigue adelante pese a la formación de la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile) semanas atrás. Es una buena noticia en momentos en que el clan Fujimori puede regresar al poder en Perú, cuando algunos proyectos estratégicos como el Banco del Sur están estancados y otros, como el Gasoducto del Sur, parecen hacer sido archivados.
La crisis en el FMI, como revelador de la profundidad de la crisis sistémica, enseña que los tiempos se aceleran y que el desafío de posicionar la región sudamericana en el escenario global no puede esperar tiempos mejores: se producirá en medio de la tormenta o no será.
Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios colectivos sociales.
Fuente: http://alainet.org/active/46847
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"El Frente de Resistencia no reconocerá a Lobo y condena reinserción de Honduras a la OEA"
El pasado 22 de mayo, Porfirio Lobo y el ex presidente Manuel Zelaya firmaron el llamado Acuerdo de Cartagena, en el marco del proceso de mediación impulsado por los gobiernos de Venezuela y Colombia. Para analizar cómo la Resistencia hondureña está viviendo ese momento, Sirel dialogó con Esly Banegas, miembro del Comité Político del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
-¿Cómo evalúa el FNRP el Acuerdo de Cartagena?
-Para el FNRP ese Acuerdo cumple solo con una parte de nuestras demandas principales, es decir el retorno seguro del ex presidente Zelaya y de los demás exiliados. Pero no compartimos la forma en que se incluyeron los demás puntos, porque el Acuerdo no recoge las expectativas que tenemos como Resistencia.
-¿Cuáles son estos otros puntos?
-Con respecto a la Asamblea Constituyente planteamos que debe ser participativa, originaria y autoconvocada, para que el pueblo tenga la oportunidad de expresar directamente cuáles deben ser los contenidos de una nueva Constitución. En lo que se refiere a los derechos humanos podemos constatar que sigue la persecución, la represión, los asesinatos, la total impunidad y la Resistencia exige el cese de la violación a los derechos humanos. En este sentido no compartimos la forma en que se han plasmado estos puntos en el Acuerdo.
-A raíz del Acuerdo de Cartagena estamos asistiendo a una aceleración del proceso de normalización de las relaciones internacionales con Honduras. ¿Cuál es la posición del FNRP?
-Honduras fue suspendida a raíz del golpe de Estado y la situación no se ha resuelto. La Resistencia rechaza la reinserción de Honduras a las instancias internacionales, entre ellas la OEA, mientras no se cumplan los cuatro puntos incluidos en el proceso de mediación.
-Sin embargo, el ex presidente Zelaya respaldó la decisión de los gobiernos centroamericanos del CA-4 de llamar a los países latinoamericanos a apoyar este proceso de normalización. ¿Cómo analizan esta decisión?
-Manuel Zelaya firmó el Acuerdo de Cartagena en su condición de ex Presidente y el FNRP respaldó esa firma porque incluye una de nuestras demandas, que es su regreso y de todos los exiliados. En calidad de ex Presidente tiene todo el derecho de expresar su opinión y criterio, pero como Resistencia reafirmamos nuestro rechazo a la reinserción de Honduras a la OEA y exigimos respuestas a nuestras demandas, que incluyen el castigo para los represores.
-En el Acuerdo se reconoce al FNRP como fuerza política y ya se está hablando de su posible constitución en partido político. ¿Esta decisión rozaría de alguna manera con las resoluciones de la gran Asamblea del FNRP de febrero pasado?
-Hay un reconocimiento del FNRP como fuerza política beligerante y se le garantiza la posibilidad de inscribirse ante el Tribunal Supremo Electoral para que, en algún momento, pueda participar en procesos electorales. La Asamblea fue clara al decir que no vamos a participar en esos procesos mientras no haya una convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y una nueva Ley Electoral. Eso se mantiene y va a ser la Asamblea del FNRP quien decida cuáles van a ser los próximos pasos. -¿Una vez que Manuel Zelaya esté en el país el próximo 28 de mayo, el FNRP va a reconocer al gobierno de Porfirio Lobo?
-De ninguna manera. El FNRP no va a reconocer a este régimen continuador del golpe de Estado. Respaldamos el regreso de Manuel Zelaya, su condición de coordinador del FNRP, pero vamos a seguir haciendo oposición a un régimen que sigue reprimiendo al pueblo y que defiende los intereses de la oligarquía.
-¿Quién sale ganando con el Acuerdo de Cartagena?
-Gana el pueblo en resistencia porque se logra el regreso de Manuel Zelaya y de las y los exiliados. De esa manera derrotamos la línea de los golpistas que rechazaban su presencia en Honduras, y seguimos comprometidos con la lucha del pueblo hasta que se cumplan todas nuestras demandas.
Fuente: http://www.rel-uita.org/
-¿Cómo evalúa el FNRP el Acuerdo de Cartagena?
-Para el FNRP ese Acuerdo cumple solo con una parte de nuestras demandas principales, es decir el retorno seguro del ex presidente Zelaya y de los demás exiliados. Pero no compartimos la forma en que se incluyeron los demás puntos, porque el Acuerdo no recoge las expectativas que tenemos como Resistencia.
-¿Cuáles son estos otros puntos?
-Con respecto a la Asamblea Constituyente planteamos que debe ser participativa, originaria y autoconvocada, para que el pueblo tenga la oportunidad de expresar directamente cuáles deben ser los contenidos de una nueva Constitución. En lo que se refiere a los derechos humanos podemos constatar que sigue la persecución, la represión, los asesinatos, la total impunidad y la Resistencia exige el cese de la violación a los derechos humanos. En este sentido no compartimos la forma en que se han plasmado estos puntos en el Acuerdo.
-A raíz del Acuerdo de Cartagena estamos asistiendo a una aceleración del proceso de normalización de las relaciones internacionales con Honduras. ¿Cuál es la posición del FNRP?
-Honduras fue suspendida a raíz del golpe de Estado y la situación no se ha resuelto. La Resistencia rechaza la reinserción de Honduras a las instancias internacionales, entre ellas la OEA, mientras no se cumplan los cuatro puntos incluidos en el proceso de mediación.
-Sin embargo, el ex presidente Zelaya respaldó la decisión de los gobiernos centroamericanos del CA-4 de llamar a los países latinoamericanos a apoyar este proceso de normalización. ¿Cómo analizan esta decisión?
-Manuel Zelaya firmó el Acuerdo de Cartagena en su condición de ex Presidente y el FNRP respaldó esa firma porque incluye una de nuestras demandas, que es su regreso y de todos los exiliados. En calidad de ex Presidente tiene todo el derecho de expresar su opinión y criterio, pero como Resistencia reafirmamos nuestro rechazo a la reinserción de Honduras a la OEA y exigimos respuestas a nuestras demandas, que incluyen el castigo para los represores.
-En el Acuerdo se reconoce al FNRP como fuerza política y ya se está hablando de su posible constitución en partido político. ¿Esta decisión rozaría de alguna manera con las resoluciones de la gran Asamblea del FNRP de febrero pasado?
-Hay un reconocimiento del FNRP como fuerza política beligerante y se le garantiza la posibilidad de inscribirse ante el Tribunal Supremo Electoral para que, en algún momento, pueda participar en procesos electorales. La Asamblea fue clara al decir que no vamos a participar en esos procesos mientras no haya una convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y una nueva Ley Electoral. Eso se mantiene y va a ser la Asamblea del FNRP quien decida cuáles van a ser los próximos pasos. -¿Una vez que Manuel Zelaya esté en el país el próximo 28 de mayo, el FNRP va a reconocer al gobierno de Porfirio Lobo?
-De ninguna manera. El FNRP no va a reconocer a este régimen continuador del golpe de Estado. Respaldamos el regreso de Manuel Zelaya, su condición de coordinador del FNRP, pero vamos a seguir haciendo oposición a un régimen que sigue reprimiendo al pueblo y que defiende los intereses de la oligarquía.
-¿Quién sale ganando con el Acuerdo de Cartagena?
-Gana el pueblo en resistencia porque se logra el regreso de Manuel Zelaya y de las y los exiliados. De esa manera derrotamos la línea de los golpistas que rechazaban su presencia en Honduras, y seguimos comprometidos con la lucha del pueblo hasta que se cumplan todas nuestras demandas.
Fuente: http://www.rel-uita.org/
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Cientos de cadáveres hallados en "narcofosas" abarrotan morgues en México mientras miles de personas buscan a familiares desaparecidos, en una de las caras más dramáticas de la guerra antidrogas que se libra en el país.
Hasta hace poco, el rostro más visible de los combates eran tendales de muertos en diferentes zonas por enfrentamientos que libran los cárteles entre sí o con fuerzas de seguridad, que han dejado unos 38,000 fallecidos desde que el presidente Felipe Calderón asumió en diciembre del 2006.Pero el hallazgo de las llamadas "narcofosas", con más de 180 cadáveres en el estado de Tamaulipas y más de 200 en Durango, en el norte, entre abril y mayo, ha revelado que la espiral de violencia alcanza a cualquiera que use una carretera o se atreva a trabajar en zonas dominadas por el crimen.
Grupos como los Zetas cobran a los inmigrantes que tratan de entrar ilegalmente a Estados Unidos en ciudades como Reynosa, en Tamaulipas; interceptan en las carreteras sobre todo a quienes conducen automóviles con placa de otro estado y tienen a los pequeños negocios aterrorizados con extorsiones.
Este cártel, formado por desertores del Ejército, simplemente asesina a quien se resiste y secuestra también parar reclutar sicarios, según hipótesis de las autoridades.
Como si se tratara de las dictaduras que atormentaron a países sudamericanos como Argentina y Brasil en las décadas de 1970 y 1980, el fenómeno de la desaparición forzada ha pasado a formar parte de la guerra del narcotráfico en México, pero con el agravante de que muchas veces las autoridades actúan en el bando de los delincuentes.
"La gente simplemente desaparece, muchas veces en grupo, y no hay ni pedido de rescate. No hay semana en que no registremos algún caso y no hay respuesta de las autoridades", dijo Blanca Martínez, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios del estado de Coahuila.
Esta es una de las organizaciones a la que acuden los familiares, desilusionados del trato que reciben de las fiscalías estatales donde muchas veces, según dicen, la policía sugiere que sus parientes tenían vínculos con el narcotráfico y por eso desaparecieron, o tienen sospechas de complicidad de los agentes con los delincuentes.
La autónoma Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene expedientes de 5,397 personas desaparecidas desde el 2006, pero estima que son más debido a que muchos no denuncian por la desconfianza en las autoridades.
POBRES ESPERANZAS
Debido al impacto de las fosas en San Fernando, en Tamaulipas -de los peores hallazgos de narcofosas-, algunas personas albergan esperanzas de hallar al menos el cuerpo de sus familiares para darle sepultura y que se agilicen las investigaciones, centralizadas por la fiscalía federal (PGR).
Sin embargo, el proceso de identificación avanza a paso de tortuga. De 183 cuerpos hallados en Tamaulipas, la mayoría presumiblemente de inmigrantes que iban camino a Estados Unidos, apenas cuatro han sido identificados plenamente y entregados a sus familias después de un mes y medio de haber sido encontrados.
Reina Estrada, del central Estado de México, perdió contacto con su esposo el 21 de marzo del 2009, poco después de que él le avisara que le iba a depositar dinero en el pueblo de Coahuila Piedras Negras, fronterizo con Texas, tras una venta de pintura, actividad que realizaba desde hacía tiempo junto con otros compañeros del mismo estado.
"Nunca supimos más nada de él ni de los demás, haga de cuenta que la tierra se los tragó. Las autoridades nos dicen que están trabajando y yo les digo: no, no están trabajando, porque no hay resultados", dijo la mujer con voz desesperada.
La Procuraduría General de la República (PGR) ha dicho que los exámenes de ADN tardan de tres a cuatro semanas y ha instado a quienes tienen familiares desaparecidos a presentarse para realizarse pruebas de sangre.
Una antropóloga forense extranjera, que prefirió omitir su nombre, dijo que dada la magnitud del problema de los desaparecidos y la falta de confianza en las autoridades, México debería convocar a una comisión especializada internacional para darle transparencia al proceso de identificación de cuerpos y lograr más apoyo técnico.
El gobierno federal, al que pertenece la PGR, señala a los gobiernos estatales -en su mayoría administrados por el opositor PRI- de no haber hecho lo suficiente para depurar a sus policías, a menudo corrompidas por el inmenso poder de cárteles como el de Sinaloa, el Golfo o los Zetas.
Pero en sitios como la fronteriza Ciudad Juárez, donde el Ejército y la Policía Federal han estado desde el 2008 a cargo del patrullaje, organizaciones civiles han denunciado desapariciones también a manos de soldados, aunque muchas veces los delincuentes utilizan sus uniformes.
"Aquí no hay una frontera para establecer dónde termina la acción de los delincuentes y empieza la de la autoridad, simplemente aparecen grupos armados y se llevan a la gente", dijo Gabino Gómez, de un grupo de derechos humanos local que participó en un informe de desapariciones para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
- Fuente: http://mx.reuters.com/article/topNews/idMXN1826667520110518?sp=true
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Cuando un empate es una vergüenza nacional
Esta derrota de la Verdad y Justicia en el país debe ser analizada en el contexto de años de claudicación del Frente Amplio ante las Fuerzas Armadas del Uruguay. Este triunfo de la impunidad en Uruguay tiene como principales responsables a los dos presidentes del Frente Amplio, Tabaré Vásquez y José Mujica que han hecho todo lo posible para evitar que la justicia procese a los asesinos y torturadores militares. En esta despreciable tarea han contado con el apoyo de la mayoría de los dirigentes partidarios de los grupos que integran el FA.
Durante la presidencia de Tabaré Vásquez, el gobierno y el FA, con amplia mayoría en el parlamento, no hicieron nada por anular el engendro de la ley de caducidad.
Es obvio que hace años que existe un acuerdo implícito (¿o explícito?) del FA con las FFAA para no procesar a los asesinos y torturadores militares.
El plebiscito de 2009 para anular la ley fue saboteado por los principales líderes del Frente Amplio y aún así alcanzó el 48% de los votos.
El presidente Mujica ha intervenido públicamente varias veces para defender una amnistía a los militares responsables de violaciones de los derechos humanos.
Antes de la votación del 20 de mayo hubo una fuerte presión del ex presidente Vásquez, el actual vicepresidente Danilo Astori y el presidente Mujica juntos frente a los parlamentarios del FA para impedir la votación.
Semproni -el voto 50 que hubiera anulado la ley de caducidad- sólo personaliza con su no-voto una intención general de la mayoría de los parlamentarios del FA. Realizó el trabajo sucio. ¿Alguien tiene que hacerlo? ¿Cuántos de los 49 diputados del FA que votaron contra la ley de caducidad, -acatando la resolución mayoritaria del Plenario Nacional del FA-, lo hicieron porque estaban conscientes que faltaría el voto 50 y la ley no se anularía?
El propio Mujica remarcó su apoyo a la "reconciliación y unidad nacional" (es decir la amnistía a los militares responsables de torturas y asesinatos) horas antes de la votación, en la conmemoración de la batalla de Las Piedras, el reciente 18 de mayo pasado. Allí afirmó con desvergüenza que: "no se debe achacar a las actuales FFAA nuestras frustraciones del pasado"
Mujica en su esfuerzo por defender a torturadores y asesinos llegó a llevar su solidaridad y a confraternizar con el General Miguel Dalmao internado en el Hospital Militar, primer general en actividad procesado por la Justicia -durante 2011- por crímenes bajo la Dictadura.
El gobierno y las organizaciones políticas que integran el FA tienen plena responsabilidad por el mantenimiento de la impunidad militar luego de 25 años de restitución de una "democracia" tutelada, basada en la aquiescencia de torturadores y asesinos militares.
Durante la presidencia de Tabaré Vásquez, el gobierno y el FA, con amplia mayoría en el parlamento, no hicieron nada por anular el engendro de la ley de caducidad.
Es obvio que hace años que existe un acuerdo implícito (¿o explícito?) del FA con las FFAA para no procesar a los asesinos y torturadores militares.
El plebiscito de 2009 para anular la ley fue saboteado por los principales líderes del Frente Amplio y aún así alcanzó el 48% de los votos.
El presidente Mujica ha intervenido públicamente varias veces para defender una amnistía a los militares responsables de violaciones de los derechos humanos.
Antes de la votación del 20 de mayo hubo una fuerte presión del ex presidente Vásquez, el actual vicepresidente Danilo Astori y el presidente Mujica juntos frente a los parlamentarios del FA para impedir la votación.
Semproni -el voto 50 que hubiera anulado la ley de caducidad- sólo personaliza con su no-voto una intención general de la mayoría de los parlamentarios del FA. Realizó el trabajo sucio. ¿Alguien tiene que hacerlo? ¿Cuántos de los 49 diputados del FA que votaron contra la ley de caducidad, -acatando la resolución mayoritaria del Plenario Nacional del FA-, lo hicieron porque estaban conscientes que faltaría el voto 50 y la ley no se anularía?
El propio Mujica remarcó su apoyo a la "reconciliación y unidad nacional" (es decir la amnistía a los militares responsables de torturas y asesinatos) horas antes de la votación, en la conmemoración de la batalla de Las Piedras, el reciente 18 de mayo pasado. Allí afirmó con desvergüenza que: "no se debe achacar a las actuales FFAA nuestras frustraciones del pasado"
Mujica en su esfuerzo por defender a torturadores y asesinos llegó a llevar su solidaridad y a confraternizar con el General Miguel Dalmao internado en el Hospital Militar, primer general en actividad procesado por la Justicia -durante 2011- por crímenes bajo la Dictadura.
El gobierno y las organizaciones políticas que integran el FA tienen plena responsabilidad por el mantenimiento de la impunidad militar luego de 25 años de restitución de una "democracia" tutelada, basada en la aquiescencia de torturadores y asesinos militares.
* Integra el colectivo de la revista Desacato (Santa Catarina, Brasil): http://desacato.info/
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El rompecabezas del "extractivismo"
En América Latina, las políticas neoliberales que se han aplicado en las últimas décadas, han tenido en la mayor parte de los países, dos consecuencias particularmente graves. Por un lado, la destrucción del incipiente desarrollo industrial, retrocediéndolos al rol tradicional de exportadores de materias primas (reprimerizacion) y, por otro lado, un impacto socio-ambiental devastador en las zonas que han sido concedidas a compañías multinacionales para la explotación de recursos naturales (en particular, petróleo, gas, minerales diversos y monocultivos extensivos).
En la situación actual, para salir del modelo neoliberal, hay que definir un nuevo modelo de desarrollo económico-social. Sin embargo, cualquiera sean las características de ese nuevo modelo, y cualquiera sea la orientación del régimen que quiera ponerlo en práctica, como es el caso de los llamados gobiernos progresistas de la región, éste deberá estar fundado inevitable y prioritariamente en la explotación de sus recursos naturales.
Aunque le explotación de los recursos naturales no sea el único aspecto de una nueva política orientada al desarrollo socio-económico, ésta es fundamental pues tiene que ver con la financiación de un proceso de cambio, como puede verse claramente en el caso del petróleo venezolano. Sin embargo, no es de ninguna manera un problema simple, como se verá en las líneas siguientes, comenzando por el hecho que estas actividades inspiran una grande y justificada desconfianza, incluso oposición, y que ha dado en llamarse con una ostensible carga peyorativa “extractivismo”.
- Los prerrequisitos
Una política mínimamente progresista no puede dejar de tomar en cuenta la llamada “deuda social”, es decir, la situación de grandes sectores de la población golpeados desde siempre por la pobreza y la exclusión. Esto define el objetivo prioritario de esos gobiernos: tratar de paliar en la medida de lo posible, los problemas más urgentes de esos sectores, en materia de salud, de educación, de vivienda, etc. No se trata sólo de un problema ético, sino también político. Esta atención por parte del Estado es, sin duda, la manera más eficaz de involucrar a esas poblaciones en el proceso de cambio y de ampliar así la base social de esos gobiernos, cuyo destino –recuérdese- depende siempre de los resultados electorales.
Ahora conviene preguntarse: ¿cómo se pueden financiar esos programas? En primer lugar mediante la redistribución del ingreso. Dicho de otra manera, tratando de que la riqueza del país sea repartida de mejor manera entre todos, teniendo cuidado de no afectar la ya debilitada estructura productiva del país, regida por las leyes del capitalismo. Luego, como de todas maneras esta riqueza no es mucha (por algo son países sub-desarrollados), hay que encontrar otras fuentes de ingreso, y la única disponible -como ya se dijo- es la exportación. Es por eso que los gobiernos progresistas, se empeñan en desarrollar proyectos de explotación de los recursos naturales.
- El primer problema
Sin embargo, el primer gran problema que presentan estos proyectos es la degradación del medio ambiente, en algunos casos por el uso intensivo del agua dulce, lo que pone en riesgo los cursos de agua y las napas freáticas, en otros por la polución que suelen generar esas actividades, del suelo y del sistema hidrográfico de la zona, lo que se traduce en daños graves –a veces irreparables- a la biodiversidad. Algo similar ocurre con los monocultivos extensivos, que destruyen los ecosistemas, esterilizan la fertilidad de la tierra para la producción de alimentos, y afectan de manera considerable la biodiversidad (plantas y animales).
Por estas razones, porque se ha tomado consciencia del carácter extremadamente nocivo de ciertas explotaciones (sin el menor control del Estado), y porque los habitantes de esas regiones no han obtenido ningún beneficio, las reacciones populares se han multiplicado en los últimos tiempos, llegando a oponerse enérgicamente a proyectos diversos de los gobiernos progresistas.
- El segundo problema
El segundo problema, de similar importancia, es que las áreas ricas en recursos naturales están situadas, generalmente, en lo que ha sido desde siempre el hábitat natural de comunidades originarias. Comunidades que benefician hoy del reconocimiento de los Estados y que tienen la posibilidad de rechazar todo proyecto que venga a alterar sus actuales condiciones de vida. Los gobiernos están obligados, en efecto, por el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), a consultar a las comunidades sobre todo tipo de intervención en sus territorios y, evidentemente, de tomar en cuenta sus reacciones.
- El tercer problema
El tercer problema tiene que ver con la capacidad financiera y tecnológica de los gobiernos para poner en ejecución, de manera autónoma, esos proyectos. Esa capacidad, simplemente, no existe. Esos gobiernos necesitan entonces de la ayuda internacional (que por supuesto no es gratuita, ni desprovista de otras exigencias), o de pasar acuerdos con las voraces compañías multinacionales para implementar esos proyectos.
- Una visión negativa
La explotación de los recursos naturales aparece así como un objetivo necesario (más aún, indispensable) y, al mismo tiempo, como una fuente de importantes contradicciones al interior de cada país. Tanto en Ecuador como en Bolivia, estas contradicciones han llegado a niveles de ruptura entre las organizaciones representativas de poblaciones originarias y los gobiernos.
Por otro lado, las luchas contra grandes proyectos extractivos han alcanzado en los últimos tiempos una gran repercusión, a nivel internacional, y han ganado la solidaridad de vastos sectores sociales de la aldea global. Ocurre que esta lucha se conjuga con la difusión de la problemática del cambio climático, que ha reforzado el peso de las exigencias en materia ecológica en todos los aspectos de la vida, como forma de proteger la ya quebrantada salud del planeta.
- El imperio de la necesidad
A pesar de estas dificultades, la necesidad de concebir otro modelo de desarrollo económico-social, es decir, que beneficie a toda la población y no a unos pocos, que inflija el menor daño posible a la naturaleza, que garantice la soberanía alimentaria, y que reduzca la dependencia tecnológica y financiera al mercado mundial, sigue siendo de acuciante actualidad. Si aceptamos sin reaccionar el rol de simples productores de materias primas, para lo cual tendremos que aceptar igualmente la perpetuación de la pobreza, lo único que podremos conseguir será el desarrollo del subdesarrollo, como ya lo dijo Gunder Frank el siglo pasado.
Para salir del neoliberalismo, para ir creando las bases de otra sociedad, que no tenga nada que ver con el capitalismo, las posibilidades existen. Desde el punto de vista interno, tal vez lo primero que debería hacerse seria de asociar más estrechamente al ejercicio del poder a los sectores populares, y en particular a los pueblos originarios. Participando en la gestión global del país éstos pueblos tendrían una visión de conjunto, y estarían en mejores condiciones para imponer sus limitaciones y reservas a todo contrato con las multinacionales, y para obtener beneficios tangibles de la explotación de los recursos naturales de sus territorios.
Desde el punto de vista externo, aparte de promover la integración latinoamericana, capaz de potenciar la autonomía de la región, hay que aprovechar la perdida creciente de la hegemonía norteamericana, y estrechar los lazos económicos, tecnológicos y financieros con los países emergentes con quienes compartimos, en este periodo histórico, los mismos intereses.
http://herejias-bustos.blogspot.com/
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