La pesadilla para Pedro Condori y Antonio Quispe, dirigentes del Sindicato de Mineros Casapalca, aún tiene para rato. Ellos están detenidos en el Penal de Carquín en Huacho, y tendrán que esperar hasta el 31 de marzo, día en que el tribunal que ve su caso emitirá una sentencia.
Detención injusta¿Por qué la detención y la espera de un castigo a dos sindicalistas mineros? Ambos fueron acusados de “delito contra la administración pública”, “violencia” y “resistencia a la autoridad”.
El 19 de julio del 2010, la minera Casapalca, en Huarochirí, Lima, fue escenario de la muerte accidental de un minero. Quispe y Condori se acercaron al lugar de los hechos a la espera de la llegada de un miembro de la Fiscalía para levantar el acta sobre el caso. Al llegar éste, trató de retirar el cadáver sin haber recogido alguna prueba para determinar si existía responsabilidad de parte de la empresa, o fue un error del trabajador. Ante ello, los dos dirigentes mineros protestaron por la retirada inmediata del cadáver, tratando de evitar que se lleven el cuerpo. Ellos aseguran que no hubo violencia en su reclamo.
Por su parte, la División de Investigación Criminal de la Policía concluyó en su peritaje, que no había delito cometido por los dirigentes. No obstante, un juez dictó orden de detención en contra de ellos por “delito contra la administración pública”, “violencia” y “resistencia a la autoridad”.
Sin apoyoPara el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, Luis Castillo, la medida es injusta y carece de sustento legal. “La medida se debió a que el fiscal de Matucana se guió por un rumor de la Policía. Como sindicato hemos manifestado nuestro apoyo para los mineros detenidos. Hasta ahora ninguna institución nos apoya. Hemos acudido a la Defensoría del Pueblo y a la Comisión de Justicia del Congreso sin recibir respuesta”, señaló Castillo a LA PRIMERA.
“La Federación rechazará una medida que perjudique a nuestros colegas Quispe y Condori, por lo que apoyaremos lo acatado en el sindicato de Casapalca: un paro general de los 1800 trabajadores que se desempeñan en ese lugar el mismo día que se emite una sentencia de cárcel”, advirtió Castillo.
Marlene Castillo, abogada defensora de los dirigentes sindicales, dijo que la Fiscalía ha pedido cinco años de prisión efectiva para cada uno. De llegarse a esta situación, la empresa tendría razones para despedirlos, con lo cual se dejaría al sindicato sin sus principales dirigentes.
Carlos Mejía, asesor de la Confederación General de Trabajadores del Perú, hizo hincapié en que “la acción de apoyo ha descansado principalmente en algunas ONGs de derechos humanos. Lamentablemente, el movimiento sindical nacional e internacional no se ha movilizado con todas sus fuerzas por la libertad de los dos dirigentes sindicales”.
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