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viernes, 29 de abril de 2011
Denuncian convenio de Ejército y minera Afrodita
La semana pasada, mientras los medios de comunicación hacían eco a las antojadizas declaraciones de la minera Afrodita sobre la invasión de un grupo de sus trabajadores en territorios indígenas asegurando que no fueron sorprendidos, mucho menos retenidos por el pueblo awajún por invadir sus territorios, sino que se extraviaron.
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Protestan contra la entrada de semillas transgénicas
Marchas. Exigen se derogue decreto que atenta contra biodiversidad. El miércoles debatirían el tema en el Pleno del Congreso como primer punto de la agenda.
Más de 100 integrantes de la Coalición de Defensa de la Biodiversidad, el Agro y la Gastronomía Peruana realizaron un plantón en los alrededores del Congreso de la República para exigir la derogatoria del Decreto Supremo 003, que permite la entrada de semillas transgénicas (organismos genéticamente modificados) en el país.
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“No vamos a cesar hasta la derogatoria de este decreto que atenta con nuestra biodiversidad y las comunidades campesinas ya que la finalidad es que seamos productores dependientes de unas semillas que la producen solo las empresas internacionales”, dijo Jorge Prado, vicepresidente de Conveagro, integrante de la Coalición.
Precisó que el martes 3 de mayo realizarán otro plantón frente a las instalaciones del Ministerio de Agricultura, en La Molina.
Asimismo, a través de una carta a la Presidencia del Consejo de Ministros, la presidenta del Foro Agrario, Lucila Quintana, pidió una reunión urgente con la dirigencia agraria y representantes de la Coalición para exponer las razones del rechazo a la cuestionada norma.
Debate será este miércoles
La congresista Rosario Sasieta informó que el miércoles se debatiría el tema en el Pleno del Congreso como primer punto de la agenda. “No queremos transgénicos en el país ya que nuestros recursos se ponen en riesgo”, señaló.
Más de 100 integrantes de la Coalición de Defensa de la Biodiversidad, el Agro y la Gastronomía Peruana realizaron un plantón en los alrededores del Congreso de la República para exigir la derogatoria del Decreto Supremo 003, que permite la entrada de semillas transgénicas (organismos genéticamente modificados) en el país.
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“No vamos a cesar hasta la derogatoria de este decreto que atenta con nuestra biodiversidad y las comunidades campesinas ya que la finalidad es que seamos productores dependientes de unas semillas que la producen solo las empresas internacionales”, dijo Jorge Prado, vicepresidente de Conveagro, integrante de la Coalición.
Precisó que el martes 3 de mayo realizarán otro plantón frente a las instalaciones del Ministerio de Agricultura, en La Molina.
Asimismo, a través de una carta a la Presidencia del Consejo de Ministros, la presidenta del Foro Agrario, Lucila Quintana, pidió una reunión urgente con la dirigencia agraria y representantes de la Coalición para exponer las razones del rechazo a la cuestionada norma.
Debate será este miércoles
La congresista Rosario Sasieta informó que el miércoles se debatiría el tema en el Pleno del Congreso como primer punto de la agenda. “No queremos transgénicos en el país ya que nuestros recursos se ponen en riesgo”, señaló.
Estado podría perder ante Doe Run
El colmo. Tras ser demandado por US$ 800 millones. La demanda fue presentada por Renco Group el pasado cinco de diciembre ante un tribunal internacional.
Luego que la estadounidense Renco Group y su filial Doe Run Perú demandaron al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por US$ 800 millones, los expertos afirman que hay el riesgo de que el Perú pierda en este juicio.
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José De Echave, experto en temas mineros, afirmó que existe el grave riesgo de que el Estado peruano pierda en esa confrontación.
Según precisó, la empresa se aprovechó del capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos para blindarse.
“A través de este capítulo, los inversionistas están protegidos por una serie de cláusulas que les permite utilizar estos mecanismos de resolución de disputas”, afirmó en una entrevista publicada en el portal La Mula.
Asimismo, el especialista manifestó que Doe Run “es una empresa que no ha tenido la voluntad de cumplir con sus obligaciones ambientales, y que al final ha utilizado una serie de subterfugios para crear esta situación y finalmente aparecer como víctima”.
Demanda presentada en el 2010
La demanda por unos US$ 800 millones contra el Estado peruano fue presentada por Renco Group el pasado 5 de diciembre ante el Ciadi.
Según señala el comunicado que fue emitido en Nueva York por Renco Group el pasado 5 de enero de este año, “la demanda se origina debido al incumplimiento del Gobierno peruano en honrar sus obligaciones legales de acuerdo a las leyes internacionales, el Tratado y el contrato de inversión entre el Estado peruano, Doe Run Perú y los inversionistas norteamericanos en lo relacionado a la significativa inversión que Renco ha efectuado en La Oroya”.
Agregan que “este incumplimiento incluye la negativa del gobierno de remediar los suelos de La Oroya y alrededores, como se comprometió legalmente y el desconocimiento de su responsabilidad ante las demandas interpuestas por los ciudadanos de La Oroya”.
En tanto, el Estado peruano viene preparando su defensa por esta demanda de US$ 800 millones ante el Ciadi por parte de Doe Run, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM) un par de semanas atrás.
“Debemos tomar las previsiones del caso en defensa del Estado que tiene todas las facultades, y obviamente lo va a hacer. Este es un proceso en el que tenemos que ser muy cuidadosos, no quiero adelantar ningún juicio”, dijo en ese momento el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez.
Luego que la estadounidense Renco Group y su filial Doe Run Perú demandaron al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por US$ 800 millones, los expertos afirman que hay el riesgo de que el Perú pierda en este juicio.
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José De Echave, experto en temas mineros, afirmó que existe el grave riesgo de que el Estado peruano pierda en esa confrontación.
Según precisó, la empresa se aprovechó del capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos para blindarse.
“A través de este capítulo, los inversionistas están protegidos por una serie de cláusulas que les permite utilizar estos mecanismos de resolución de disputas”, afirmó en una entrevista publicada en el portal La Mula.
Asimismo, el especialista manifestó que Doe Run “es una empresa que no ha tenido la voluntad de cumplir con sus obligaciones ambientales, y que al final ha utilizado una serie de subterfugios para crear esta situación y finalmente aparecer como víctima”.
Demanda presentada en el 2010
La demanda por unos US$ 800 millones contra el Estado peruano fue presentada por Renco Group el pasado 5 de diciembre ante el Ciadi.
Según señala el comunicado que fue emitido en Nueva York por Renco Group el pasado 5 de enero de este año, “la demanda se origina debido al incumplimiento del Gobierno peruano en honrar sus obligaciones legales de acuerdo a las leyes internacionales, el Tratado y el contrato de inversión entre el Estado peruano, Doe Run Perú y los inversionistas norteamericanos en lo relacionado a la significativa inversión que Renco ha efectuado en La Oroya”.
Agregan que “este incumplimiento incluye la negativa del gobierno de remediar los suelos de La Oroya y alrededores, como se comprometió legalmente y el desconocimiento de su responsabilidad ante las demandas interpuestas por los ciudadanos de La Oroya”.
En tanto, el Estado peruano viene preparando su defensa por esta demanda de US$ 800 millones ante el Ciadi por parte de Doe Run, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM) un par de semanas atrás.
“Debemos tomar las previsiones del caso en defensa del Estado que tiene todas las facultades, y obviamente lo va a hacer. Este es un proceso en el que tenemos que ser muy cuidadosos, no quiero adelantar ningún juicio”, dijo en ese momento el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez.
Hernando de Soto participó en discurso plagiado de Fujimori en 1992
En el portal IDL Reporteros, el periodista Gustavo Gorriti afirma que el economista Hernando de Soto fue quien asesoró al sentenciado Alberto Fujimori en el plagio de un discurso que pronunció tras realizar el autogolpe de Estado.
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Como se recuerda, Keiko Fujimori anunció que ha invitado a De Soto a sumarse como asesor a su campaña. Años atrás, “asesoró a un recién estrenado dictador que precisaba con urgencia un lavado de imagen”.
Según la nota, en mayo de 1992 hubo una reunión de cancilleres de la OEA en Bahamas para, sobre todo, discutir el caso peruano.
“Asesorado por de Soto, Fujimori llegó sorpresivamente a Bahamas y leyó un discurso –en el cual la mano de su momentáneo asesor, de Soto, era evidente– en el que se comprometió a retroceder algunos pasos y convocar a lo que luego fueron las elecciones para el CCD”, se consigna.
Plagio de discurso
Sin embargo, gran parte del discurso fue una justificación del golpe. En el documento, Fujimori mencionaba que el golpe no había sido contra una democracia, sino contra una “partidocracia”.
Casi cuatro años, en noviembre de 1996, la fundación Friedrich Ebert publicó un libro compilado por Fernando Tuesta: “Los enigmas del poder: Fujimori, 1990-1996”. El libro era una colección de artículos de varios autores, entre los cuales había uno que traía interesantes novedades.
“El autor reveló que las largas justificaciones del golpe como una acción contra la partidocracia, no fueron escritas originalmente por Fujimori y sus asesores para hablar del Perú en 1992, sino que fueron publicadas por en 1988 por un autor norteamericano, Michael Coppedge, en su disertación doctoral sobre Venezuela”, reveló.
Incluso en las páginas 103 y 104 del libro hay una comparación lado a lado de ambos textos. Salvo el cambio de “Venezuela” por “Perú” y la traducción del inglés al español, se trata del mismo texto.
“Es decir, hubo trampa hasta en la justificación del golpe. Sin rubor alguno, Fujimori leyó un plagio burdo ante la OEA. De repente no lo supo. Pero el que escribió el discurso fue el que perpetró el plagio”, señala Gorriti.
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Como se recuerda, Keiko Fujimori anunció que ha invitado a De Soto a sumarse como asesor a su campaña. Años atrás, “asesoró a un recién estrenado dictador que precisaba con urgencia un lavado de imagen”.
Según la nota, en mayo de 1992 hubo una reunión de cancilleres de la OEA en Bahamas para, sobre todo, discutir el caso peruano.
“Asesorado por de Soto, Fujimori llegó sorpresivamente a Bahamas y leyó un discurso –en el cual la mano de su momentáneo asesor, de Soto, era evidente– en el que se comprometió a retroceder algunos pasos y convocar a lo que luego fueron las elecciones para el CCD”, se consigna.
Plagio de discurso
Sin embargo, gran parte del discurso fue una justificación del golpe. En el documento, Fujimori mencionaba que el golpe no había sido contra una democracia, sino contra una “partidocracia”.
Casi cuatro años, en noviembre de 1996, la fundación Friedrich Ebert publicó un libro compilado por Fernando Tuesta: “Los enigmas del poder: Fujimori, 1990-1996”. El libro era una colección de artículos de varios autores, entre los cuales había uno que traía interesantes novedades.
“El autor reveló que las largas justificaciones del golpe como una acción contra la partidocracia, no fueron escritas originalmente por Fujimori y sus asesores para hablar del Perú en 1992, sino que fueron publicadas por en 1988 por un autor norteamericano, Michael Coppedge, en su disertación doctoral sobre Venezuela”, reveló.
Incluso en las páginas 103 y 104 del libro hay una comparación lado a lado de ambos textos. Salvo el cambio de “Venezuela” por “Perú” y la traducción del inglés al español, se trata del mismo texto.
“Es decir, hubo trampa hasta en la justificación del golpe. Sin rubor alguno, Fujimori leyó un plagio burdo ante la OEA. De repente no lo supo. Pero el que escribió el discurso fue el que perpetró el plagio”, señala Gorriti.
Denuncian nuevo acto de persecución contra Radio La Voz de Bagua
Ipys advierte de otro atentado contra la libertad de expresión. Fiscal Olga Bobadilla pidió cuatro años de cárcel para la propietaria de la emisora, Aurora Burgos.
El abogado del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Roberto Pereira, denunció una nueva persecución contra la Radio La Voz de Bagua, tras una denuncia interpuesta por autoridades del gobierno aprista.
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El juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, Ernesto Bernabé O., citó para el 3 de mayo a la propietaria de Radio La Voz por la denuncia penal interpuesta por la fiscal Olga Bobadilla Terán.
La representante del Ministerio Público la acusó de hurto agravado del espectro radioeléctrico, y solicitó cuatro años de cárcel para la empresaria, además del pago de tres mil soles como reparación civil en favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Según explicó Pereira, el delito que ahora intentan imputarle a la dueña de la emisora califica solo para radios clandestinas que irrumpen en el espacio radioeléctrico para transmitir una señal.
“La emisora cuenta con todas las licencias de operación, por lo que no puede ser imputada por ese delito. Ellos usaron un enlace entre su cabina y su antena, lo que correspondería a una falta administrativa, la cual ya fue pagada”, indicó el abogado de Ipys.
La clave
Apristas. El director de La Voz de Bagua, Carlos Flores Borja, indicó que este caso ha sido reabierto sin explicación alguna por el procurador aprista del MTC, Oswaldo Arroyo Novoa.
El abogado del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Roberto Pereira, denunció una nueva persecución contra la Radio La Voz de Bagua, tras una denuncia interpuesta por autoridades del gobierno aprista.
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El juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, Ernesto Bernabé O., citó para el 3 de mayo a la propietaria de Radio La Voz por la denuncia penal interpuesta por la fiscal Olga Bobadilla Terán.
La representante del Ministerio Público la acusó de hurto agravado del espectro radioeléctrico, y solicitó cuatro años de cárcel para la empresaria, además del pago de tres mil soles como reparación civil en favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Según explicó Pereira, el delito que ahora intentan imputarle a la dueña de la emisora califica solo para radios clandestinas que irrumpen en el espacio radioeléctrico para transmitir una señal.
“La emisora cuenta con todas las licencias de operación, por lo que no puede ser imputada por ese delito. Ellos usaron un enlace entre su cabina y su antena, lo que correspondería a una falta administrativa, la cual ya fue pagada”, indicó el abogado de Ipys.
La clave
Apristas. El director de La Voz de Bagua, Carlos Flores Borja, indicó que este caso ha sido reabierto sin explicación alguna por el procurador aprista del MTC, Oswaldo Arroyo Novoa.
La columna de Raul Wiener
Keiko crítica incoherencia de Ollanta por tener un asesor Chileno, que realmente no tiene.
Keiko dice que respetará aportaciones a Essalud, y critica a Humala, por proponer afectar esos fondos (que su padre sí afectó), al plantearse el objetivo de un sistema integrado de salud.
Keiko defiende la libertad de prensa amenazada por Humala, que en su plan de gobierno indica que se debe democratizar la distribución de las nuevas frecuencias de televisión digital y recomienda lo que se ha hecho en este aspecto en la Argentina.
Keiko se opone a la Pensión 65 de Ollanta porque va a afectar los fondos de las AFP, que no es lo que dice el Plan de Gobierno de Gana Perú que plantea un financiamiento con impuestos a las grandes empresas, y postula un bono de gratitud para los viejitos que no explica con qué plata se pagará.
Keiko se opone a subir el IGV a 26%, que es un invento del director de Perú 21 para pintar el próximo Apocalipsis.
Y así sucesivamente.
O sea Keiko es bien modosita, no ataca a nadie y su único tema es el de los pobres.
Pero cuando los ricos asustados con la posibilidad de pagar impuestos o ser regulados hacen su guerra sucia, termina “preocupada” de las “contradicciones” de su adversario. Y dándole categoría de verdad a todo lo que aparezca en los titulares de los diarios que apoyan a su candidatura.
Si alguien cree que este no es un esquema previamente conversado será porque está dispuesto a tragarse también la conjura venezolana-brasileña-Chilena-Argentina-pensionista-comunista que nos amenaza detrás de Humala.
O tal vez a imaginar que el perdón que la gordita está pidiendo por los crímenes de su papi se le ocurrió a ella misma y no es una condición de la derecha para apoyarla. En ese caso, como en todos lo demás, la candidata está siendo conducida por los poderes fácticos, a los que nadie eligió pero deciden por nosotros.
Es como si el plan naranja se hubiera agotado en un resultado que ni siquiera esperaban: entrar a segunda vuelta, convertirse en LA PRIMERA fuerza de la derecha, colocar 38 parlamentarios, etc.
Y por eso mismo ni Keiko ni sus asesores inmediatos están peleando apasionadamente el poder en estos momentos, tratando de remontar la desventaja u oponiendo sus propuestas a las de Humala. Su lógica es mucho más simple: tratar de seguir reteniendo el voto de LA PRIMERA vuelta que es su futuro, y encargarle a la derecha fáctica que se haga cargo del nacionalista.
Si quieren el poder, encárguense ustedes, podría ser la esencia del mensaje.
De ahí que vemos a Keiko en el rebote de las denuncias y en el esfuerzo de hacernos creer que está donde está por sus “méritos” aunque todo el país sepa que lo que estamos discutiendo es si la herencia de su padre conduce al poder o debe permanecer en la cárcel.
La derecha sabe que no se gana en una votación a favor o en contra de Fujimori, y que si se visibiliza el plan de Yoshiyama todos se darán cuenta que se trata de retroceder 11 años. Por eso la realpolitik ordena otra vez que no se vote a favor sino en contra. Como lo hicieron antes por AGP que era el peor presidente, lo harán ahora por AFF que carga delitos imperdonables.
Todo sea para que no haya cambios.
Keiko dice que respetará aportaciones a Essalud, y critica a Humala, por proponer afectar esos fondos (que su padre sí afectó), al plantearse el objetivo de un sistema integrado de salud.
Keiko defiende la libertad de prensa amenazada por Humala, que en su plan de gobierno indica que se debe democratizar la distribución de las nuevas frecuencias de televisión digital y recomienda lo que se ha hecho en este aspecto en la Argentina.
Keiko se opone a la Pensión 65 de Ollanta porque va a afectar los fondos de las AFP, que no es lo que dice el Plan de Gobierno de Gana Perú que plantea un financiamiento con impuestos a las grandes empresas, y postula un bono de gratitud para los viejitos que no explica con qué plata se pagará.
Keiko se opone a subir el IGV a 26%, que es un invento del director de Perú 21 para pintar el próximo Apocalipsis.
Y así sucesivamente.
O sea Keiko es bien modosita, no ataca a nadie y su único tema es el de los pobres.
Pero cuando los ricos asustados con la posibilidad de pagar impuestos o ser regulados hacen su guerra sucia, termina “preocupada” de las “contradicciones” de su adversario. Y dándole categoría de verdad a todo lo que aparezca en los titulares de los diarios que apoyan a su candidatura.
Si alguien cree que este no es un esquema previamente conversado será porque está dispuesto a tragarse también la conjura venezolana-brasileña-Chilena-Argentina-pensionista-comunista que nos amenaza detrás de Humala.
O tal vez a imaginar que el perdón que la gordita está pidiendo por los crímenes de su papi se le ocurrió a ella misma y no es una condición de la derecha para apoyarla. En ese caso, como en todos lo demás, la candidata está siendo conducida por los poderes fácticos, a los que nadie eligió pero deciden por nosotros.
Es como si el plan naranja se hubiera agotado en un resultado que ni siquiera esperaban: entrar a segunda vuelta, convertirse en LA PRIMERA fuerza de la derecha, colocar 38 parlamentarios, etc.
Y por eso mismo ni Keiko ni sus asesores inmediatos están peleando apasionadamente el poder en estos momentos, tratando de remontar la desventaja u oponiendo sus propuestas a las de Humala. Su lógica es mucho más simple: tratar de seguir reteniendo el voto de LA PRIMERA vuelta que es su futuro, y encargarle a la derecha fáctica que se haga cargo del nacionalista.
Si quieren el poder, encárguense ustedes, podría ser la esencia del mensaje.
De ahí que vemos a Keiko en el rebote de las denuncias y en el esfuerzo de hacernos creer que está donde está por sus “méritos” aunque todo el país sepa que lo que estamos discutiendo es si la herencia de su padre conduce al poder o debe permanecer en la cárcel.
La derecha sabe que no se gana en una votación a favor o en contra de Fujimori, y que si se visibiliza el plan de Yoshiyama todos se darán cuenta que se trata de retroceder 11 años. Por eso la realpolitik ordena otra vez que no se vote a favor sino en contra. Como lo hicieron antes por AGP que era el peor presidente, lo harán ahora por AFF que carga delitos imperdonables.
Todo sea para que no haya cambios.
Sin sentencia el más grave caso de corrupción del gobierno de Fujimori
Latrocinio. La compra de los aviones de guerra MiG-29 y Sukhoi-25 a Bielorrusia por US$ 402 Millones. Uno de los principales conspiradores, el traficante de armas Claus Corpancho, extraditado de España el 2009, espera sentencia en su casa.
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Ángel paez
La única vez en la historia del Perú que el Congreso por unanimidad acusó por traición a la patria a un ex presidente de la República fue el 28 de mayo del 2003, cuando responsabilizó a Alberto Fujimori por la adquisición fraudulenta de 36 aviones de combate MiG-29 y Sukhoi-25 a Bielorrusia por US$ 402 millones.
Es el caso más grave de corrupción del fujimorato reconocido, además, por el propio Fujimori, quien, desde Tokio, acusó a su ex asesor Vladimiro Montesinos de haber cobrado un suculento soborno. El 30 de julio de 2001, a los ocho meses de fugar del Perú, Fujimori escribió en su página web: “(A Montesinos) el símbolo de dólares se le dibujó en su retina e inició una operación ilegal paralela a la nuestra (...). Nadie se habría imaginado que (...) este personaje (Montesinos) aprovecharía primero su agudo oído, y luego sus desconocidos contactos, para soterradamente obtener la famosa comisión que mi gobierno quiso evitar”. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Historia de una traición
Sin embargo, el proceso judicial por el más vasto latrocinio del régimen de Fujimori agoniza en la Cuarta Sala Penal Especial. Además, la mayoría de los principales implicados está prófugo o habita cómodamente en su casa.
En efecto, de los tres traficantes que participaron activamente en la operación de venta de las aeronaves, dos están prófugos, el israelí Moshe Rothschild y el peruano Enrique Benavides Morales; y el tercero, el peruano Claus Corpancho Kleinicke, luego de haber sido extraditado de España en 2009, ahora espera desde la tranquilidad de su hogar el desenlace del juicio. Salió en libertad el 26 de enero de 2010. No es el único. Víctor Venero Garrido, el testaferro de Montesinos que organizó a los vendedores de las aeronaves bielorrusas, también disfruta del calor de su hogar desde que abandonó la cárcel el 20 de enero de 2009.
La acusación del Ministerio Público señala que los US$ 402 millones que se pagó por las 38 aeronaves MiG-29 y Sukhoi-25 no solo son un monto considerablemente sobrevalorado, ya que las máquinas son de segunda mano. Pero, además, los aviones no cumplían con los requerimientos técnicos exigidos por la Fuerza Aérea del Perú (FAP).
La propia FAP concluyó que la adquisición de las naves de guerra no representó una ventaja militar para el Perú porque el país vendedor, Bielorrusia, no era fabricante de los aparatos y, en consecuencia, no contaba con motores y repuestos. Los traficantes aseguraron a la FAP que la Federación Rusa garantizaba el suministro de motores y equipos complementarios, pero no era cierto.
Para subsanar el error, Fujimori y Montesinos consumaron una compra adicional de tres MiG-29SE nuevos a la Federación Rusa por US$ 129 millones, con la finalidad de conseguir acceso a la tecnología del país fabricante de las aeronaves que vendieron los bielorrusos.
En esta segunda operación, ejecutada en julio de 1998, nuevamente se pagaron sobornos, como acredita el Ministerio Público a partir del testimonio de uno de los principales participantes, James Stone Cohen.
Es así que el proceso judicial que se ventila en la Cuarta Sala Penal Especial es por las dos compras de aviones de guerra por un total de US$ 531 millones.
De acuerdo con la Procuraduría Ad Hoc del Caso Fujimori-Montesinos, el 80% del dinero que se le encontró al ex asesor presidencial de Fujimori tenía como origen las coimas por las adquisiciones militares, especialmente por la compra de los MiG-29. Solo Montesinos cobró alrededor de US$ 20 millones. A todos les tocó su parte.
Traficantes tenían relación directa con Fujimori
No es verdad que Moshe Rothschild, Enrique Benavides Morales y Claus Corpancho Kleinicke, los traficantes de armas que intervinieron en la millonaria venta de los MiG-29 y Su-25, se beneficiaban exclusivamente de estrechísimas vinculaciones con Vladimiro Montesinos y la cúpula militar. Como ha quedado acreditado judicialmente, los comerciantes de armamento también tenían relación directa con el ex mandatario Alberto Fujimori y miembros de su familia.
El ex jefe de adquisiciones del Ejército general EP (r) Hugo Gonzales Ríos declaró ante los tribunales que Fujimori lo llamaba personalmente por teléfono para indicarle que le comprara helicópteros y otro tipo de equipamiento a Moshe Rothschild.
El colaborador eficaz Jorge Mercado Flores, ex empleado de Enrique Benavides, manifestó ante los tribunales que Juana Fujimori, hermana del ex presidente Alberto Fujimori, cada cierto tiempo se presentaba en las oficinas de la compañía Cifsa, de propiedad de Benavides, para recibir “contribuciones” de manos del traficante.
De hecho, el 6 de marzo de 1998, Juana Fujimori compró una casa en Miraflores a la empresa Ocean Reef Trading, ubicada en Islas Vírgenes, y que servían de fachada para las actividades ilícitas de Enrique Benavides.
Víctor Venero ha manifestado que los traficantes también aportaron a las campañas de Fujimori.
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Ángel paez
La única vez en la historia del Perú que el Congreso por unanimidad acusó por traición a la patria a un ex presidente de la República fue el 28 de mayo del 2003, cuando responsabilizó a Alberto Fujimori por la adquisición fraudulenta de 36 aviones de combate MiG-29 y Sukhoi-25 a Bielorrusia por US$ 402 millones.
Es el caso más grave de corrupción del fujimorato reconocido, además, por el propio Fujimori, quien, desde Tokio, acusó a su ex asesor Vladimiro Montesinos de haber cobrado un suculento soborno. El 30 de julio de 2001, a los ocho meses de fugar del Perú, Fujimori escribió en su página web: “(A Montesinos) el símbolo de dólares se le dibujó en su retina e inició una operación ilegal paralela a la nuestra (...). Nadie se habría imaginado que (...) este personaje (Montesinos) aprovecharía primero su agudo oído, y luego sus desconocidos contactos, para soterradamente obtener la famosa comisión que mi gobierno quiso evitar”. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Historia de una traición
Sin embargo, el proceso judicial por el más vasto latrocinio del régimen de Fujimori agoniza en la Cuarta Sala Penal Especial. Además, la mayoría de los principales implicados está prófugo o habita cómodamente en su casa.
En efecto, de los tres traficantes que participaron activamente en la operación de venta de las aeronaves, dos están prófugos, el israelí Moshe Rothschild y el peruano Enrique Benavides Morales; y el tercero, el peruano Claus Corpancho Kleinicke, luego de haber sido extraditado de España en 2009, ahora espera desde la tranquilidad de su hogar el desenlace del juicio. Salió en libertad el 26 de enero de 2010. No es el único. Víctor Venero Garrido, el testaferro de Montesinos que organizó a los vendedores de las aeronaves bielorrusas, también disfruta del calor de su hogar desde que abandonó la cárcel el 20 de enero de 2009.
La acusación del Ministerio Público señala que los US$ 402 millones que se pagó por las 38 aeronaves MiG-29 y Sukhoi-25 no solo son un monto considerablemente sobrevalorado, ya que las máquinas son de segunda mano. Pero, además, los aviones no cumplían con los requerimientos técnicos exigidos por la Fuerza Aérea del Perú (FAP).
La propia FAP concluyó que la adquisición de las naves de guerra no representó una ventaja militar para el Perú porque el país vendedor, Bielorrusia, no era fabricante de los aparatos y, en consecuencia, no contaba con motores y repuestos. Los traficantes aseguraron a la FAP que la Federación Rusa garantizaba el suministro de motores y equipos complementarios, pero no era cierto.
Para subsanar el error, Fujimori y Montesinos consumaron una compra adicional de tres MiG-29SE nuevos a la Federación Rusa por US$ 129 millones, con la finalidad de conseguir acceso a la tecnología del país fabricante de las aeronaves que vendieron los bielorrusos.
En esta segunda operación, ejecutada en julio de 1998, nuevamente se pagaron sobornos, como acredita el Ministerio Público a partir del testimonio de uno de los principales participantes, James Stone Cohen.
Es así que el proceso judicial que se ventila en la Cuarta Sala Penal Especial es por las dos compras de aviones de guerra por un total de US$ 531 millones.
De acuerdo con la Procuraduría Ad Hoc del Caso Fujimori-Montesinos, el 80% del dinero que se le encontró al ex asesor presidencial de Fujimori tenía como origen las coimas por las adquisiciones militares, especialmente por la compra de los MiG-29. Solo Montesinos cobró alrededor de US$ 20 millones. A todos les tocó su parte.
Traficantes tenían relación directa con Fujimori
No es verdad que Moshe Rothschild, Enrique Benavides Morales y Claus Corpancho Kleinicke, los traficantes de armas que intervinieron en la millonaria venta de los MiG-29 y Su-25, se beneficiaban exclusivamente de estrechísimas vinculaciones con Vladimiro Montesinos y la cúpula militar. Como ha quedado acreditado judicialmente, los comerciantes de armamento también tenían relación directa con el ex mandatario Alberto Fujimori y miembros de su familia.
El ex jefe de adquisiciones del Ejército general EP (r) Hugo Gonzales Ríos declaró ante los tribunales que Fujimori lo llamaba personalmente por teléfono para indicarle que le comprara helicópteros y otro tipo de equipamiento a Moshe Rothschild.
El colaborador eficaz Jorge Mercado Flores, ex empleado de Enrique Benavides, manifestó ante los tribunales que Juana Fujimori, hermana del ex presidente Alberto Fujimori, cada cierto tiempo se presentaba en las oficinas de la compañía Cifsa, de propiedad de Benavides, para recibir “contribuciones” de manos del traficante.
De hecho, el 6 de marzo de 1998, Juana Fujimori compró una casa en Miraflores a la empresa Ocean Reef Trading, ubicada en Islas Vírgenes, y que servían de fachada para las actividades ilícitas de Enrique Benavides.
Víctor Venero ha manifestado que los traficantes también aportaron a las campañas de Fujimori.
Grupo Gloria, Romero y mineras tras campaña
Los grupos de poder económico, como las corporaciones Gloria, Romero y las empresas mineras que se beneficiaron con las prebendas del régimen del reo de la Diroes, Alberto Fujimori, son los mismos que ahora apoyan la candidatura de su hija, Keiko, y están detrás de la financiación de los psicosociales mediáticos, en contra de la postulación de Ollanta Humala, afirmó el vocero de Gana Perú Daniel Abugattás.
El legislador dijo que esos grupos de poder (que están detrás de los psicosociales contra Ollanta) son los que han comido de las manos de la corrupción y que están acostumbrados a beneficiarse de ella. “De ahí vienen los grupos Crédito, de los Romero; Gloria y El Comercio, de la década de los 90”, subrayó.
Abugattás recordó que todos esos grupos económicos estuvieron vinculados a los negociados de la corrupción. “Son productos de la corruptela. Eso es lo que son. Son más de lo mismo. Entre corrupto (la mafia) y corruptor (los grupos de poder), no hay mayor diferencia y, en este caso, creo que no la hay. Son más de lo mismo, uno y otro”, enfatizó.
El legislador dijo que esos grupos de poder (que están detrás de los psicosociales contra Ollanta) son los que han comido de las manos de la corrupción y que están acostumbrados a beneficiarse de ella. “De ahí vienen los grupos Crédito, de los Romero; Gloria y El Comercio, de la década de los 90”, subrayó.
Abugattás recordó que todos esos grupos económicos estuvieron vinculados a los negociados de la corrupción. “Son productos de la corruptela. Eso es lo que son. Son más de lo mismo. Entre corrupto (la mafia) y corruptor (los grupos de poder), no hay mayor diferencia y, en este caso, creo que no la hay. Son más de lo mismo, uno y otro”, enfatizó.
Reabren investigación a Keiko por narcotráfico
Fiscal Superior ordena reabrir investigación a candidata de Fuerza 2011 por encubrimiento de narcotráfico para favorecer a la familia Martínez Moreno, dueña de la compañía pesquera Hayduk. Keiko recibió 10 mil dólares como “donativo” de parte de clan “Olluquito”.
La Quinta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de Óscar Hernán Miranda Orrillo, reabrió una investigación a la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, por los presuntos delitos de encubrimiento de narcotráfico, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias, por beneficiar a la familia Martínez Moreno, dueña de la compañía pesquera Hayduk, procesada por delito de tráfico de Drogas, por el caso conocido como “Olluquito”.
Por ello, dicho dictamen fiscal (Disposición N° 01-2011-5FSPDCF-MP, del 25-04-2011) anuló la disposición 01-2011, del 4-04-2011 de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, que despacha José Domingo Pérez Gómez, que ordenaba el archivo de la denuncia planteada contra Fujimori Higuchi.
En consecuencia, dispuso que la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, ubicada en el jirón Lampa N° 597, Cercado de Lima, abra la correspondiente investigación preliminar, en sede fiscal, contra la denunciada postulante Fujimorista, por los ilícitos antes mencionados.
El tema materia del procesamiento a Keiko es el tristemente célebre caso Hayduk. Las procesadas por tráfico de Drogas, Ana Isabel y Mariana Jackeline Martínez Moreno, hijas del acusado por ese delito, Eudocio “Olluquito” Martínez, fueron beneficiadas por un irregular “derecho de gracia”, a los escasos cuarenta días de producirse sus respectivas detenciones.
Dicho “fallo”, ordenado por un juez penal de Lima, se sustentó en la Resolución Suprema N° 044-2000-JUS, del 1°-03-2000, rubricada por el padre de la denunciada, Alberto Fujimori, entonces Presidente de la República y el entonces ministro de Justicia, Alberto Bustamante Belaunde.
Por este ilegal “derecho de gracia” se cortó el proceso penal contra las hermanas Martínez Moreno, y las “puso en inmediata libertad”.
Al respecto, la denunciada Keiko Sofía es confesa de haber gestionado esta figura legal ante su padre, el entonces presidente Alberto Fujimori; y obtenido el beneficio, así como de recibir la suma de 10 mil dólares como “donativo”, de parte de estas dos mujeres, entonces procesadas por narcotráfico.
Ella ha alegado que la familia Martínez estaba siendo extorsionada por el entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
En cuanto al fallo rectificatorio, el fiscal superior Miranda Orrillo ha considerado que los elementos citados en la impugnación presentada por el denunciante, Guillermo Olivera Díaz, contra la resolución de la fiscalía provincial que ordenaba el “archivo” de la denuncia por prescripción, aunados a los que ahora se tiene, ameritan una investigación para corroborar las pruebas aportadas, sobre si se está dentro del plazo extraordinario de prescripción por interrupción de la misma.
En el delito de encubrimiento de narcotráfico, el plazo ordinario es 10 años, al mismo que se agrega la mitad, en caso haya actuaciones, que las hay, del Ministerio Público que la interrumpan, lo cual hace un total de 15 años.
Además, indicó, en base a la fecha de comisión del delito, denunciado en el dispositivo fiscal 1°-03-2000, el plazo extraordinario de prescripción recién vence el año 2015 y hay tiempo de sobra para investigar y castigar.
El abogado denunciante, Guillermo Olivera Díaz, resaltó a LA PRIMERA la valiente decisión del fiscal superior Óscar Miranda Orrillo de “ponerse los pantalones”, al reabrir la investigación contra Keiko, sin hacer oídos a las presiones mediáticas y de toda índole que invocan el pretexto “no interferir” con la campaña electoral presidencial.
“Además, la diligencia y expedición que ha puesto al caso el fiscal superior Miranda Orrillo, demuestra que no se tiene por qué anteponer como pretexto la campaña electoral presidencial para perseguir el delito. Esto significa que cuando hay un ilícito, nada tiene que ver que la persona involucrada en éste (Keiko Fujimori, en esta oportunidad) sea candidata de una elección presidencial”, puntualizo.
La Quinta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de Óscar Hernán Miranda Orrillo, reabrió una investigación a la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, por los presuntos delitos de encubrimiento de narcotráfico, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias, por beneficiar a la familia Martínez Moreno, dueña de la compañía pesquera Hayduk, procesada por delito de tráfico de Drogas, por el caso conocido como “Olluquito”.
Por ello, dicho dictamen fiscal (Disposición N° 01-2011-5FSPDCF-MP, del 25-04-2011) anuló la disposición 01-2011, del 4-04-2011 de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, que despacha José Domingo Pérez Gómez, que ordenaba el archivo de la denuncia planteada contra Fujimori Higuchi.
En consecuencia, dispuso que la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, ubicada en el jirón Lampa N° 597, Cercado de Lima, abra la correspondiente investigación preliminar, en sede fiscal, contra la denunciada postulante Fujimorista, por los ilícitos antes mencionados.
El tema materia del procesamiento a Keiko es el tristemente célebre caso Hayduk. Las procesadas por tráfico de Drogas, Ana Isabel y Mariana Jackeline Martínez Moreno, hijas del acusado por ese delito, Eudocio “Olluquito” Martínez, fueron beneficiadas por un irregular “derecho de gracia”, a los escasos cuarenta días de producirse sus respectivas detenciones.
Dicho “fallo”, ordenado por un juez penal de Lima, se sustentó en la Resolución Suprema N° 044-2000-JUS, del 1°-03-2000, rubricada por el padre de la denunciada, Alberto Fujimori, entonces Presidente de la República y el entonces ministro de Justicia, Alberto Bustamante Belaunde.
Por este ilegal “derecho de gracia” se cortó el proceso penal contra las hermanas Martínez Moreno, y las “puso en inmediata libertad”.
Al respecto, la denunciada Keiko Sofía es confesa de haber gestionado esta figura legal ante su padre, el entonces presidente Alberto Fujimori; y obtenido el beneficio, así como de recibir la suma de 10 mil dólares como “donativo”, de parte de estas dos mujeres, entonces procesadas por narcotráfico.
Ella ha alegado que la familia Martínez estaba siendo extorsionada por el entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
En cuanto al fallo rectificatorio, el fiscal superior Miranda Orrillo ha considerado que los elementos citados en la impugnación presentada por el denunciante, Guillermo Olivera Díaz, contra la resolución de la fiscalía provincial que ordenaba el “archivo” de la denuncia por prescripción, aunados a los que ahora se tiene, ameritan una investigación para corroborar las pruebas aportadas, sobre si se está dentro del plazo extraordinario de prescripción por interrupción de la misma.
En el delito de encubrimiento de narcotráfico, el plazo ordinario es 10 años, al mismo que se agrega la mitad, en caso haya actuaciones, que las hay, del Ministerio Público que la interrumpan, lo cual hace un total de 15 años.
Además, indicó, en base a la fecha de comisión del delito, denunciado en el dispositivo fiscal 1°-03-2000, el plazo extraordinario de prescripción recién vence el año 2015 y hay tiempo de sobra para investigar y castigar.
El abogado denunciante, Guillermo Olivera Díaz, resaltó a LA PRIMERA la valiente decisión del fiscal superior Óscar Miranda Orrillo de “ponerse los pantalones”, al reabrir la investigación contra Keiko, sin hacer oídos a las presiones mediáticas y de toda índole que invocan el pretexto “no interferir” con la campaña electoral presidencial.
“Además, la diligencia y expedición que ha puesto al caso el fiscal superior Miranda Orrillo, demuestra que no se tiene por qué anteponer como pretexto la campaña electoral presidencial para perseguir el delito. Esto significa que cuando hay un ilícito, nada tiene que ver que la persona involucrada en éste (Keiko Fujimori, en esta oportunidad) sea candidata de una elección presidencial”, puntualizo.
Las addendas que cambiaron todo
Se realizaron 64 addendas a los contratos que firmó el Gobierno con las empresas privadas que cambiaron el contrato original perjudicando al estado peruano. Las modificaciones en la distribución, transporte y exportación del gas de Camisea en su mayoría fueron en beneficio de las empresas privadas, entre las que se encuentran el cambio de la legislación para facilitar la exportación del Gas Natural que hoy se realiza a precios irrisorios.
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Camisea, se han realizado 64 addendas, modificaciones, al contrato original que firmará el Estado con el Consorcio Camisea (que explota y comercializa los lote 88 y 56) y las empresas vinculadas a este proyecto, es decir Transportadora de Gas del Perú-TGP (empresa que transporta el Gas Natural desde los yacimientos gasíferos cusqueños al resto del país), y Perú LNG (consorcio que exporta el gas nacional).
De las 64 adendas a los contratos iniciales, la mayoría de modificaciones han sido para favorecer a las empresas privadas en desmedro de los intereses nacionales.
En opinión del ex ministro de energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, la modificación más perjudicial para los intereses nacionales son las que se dieron entorno al contrato del Lote 56, el cual fue calificado por el ex funcionario como infame.
“Ese es el contrato mediante el cual un lote (56) con reservas probadas de gas y Líquidos devuelto el año 2001 por la Shell, se entregó a dedo a una empresa para que exporte el gas, declarando Perupetro a través del Contrato que la exportación era de interés nacional; a eso se sumó que a través de las cláusulas de precios, el riesgo económico del proyecto lo asumió el Perú (si el precio baja, el exportador sigue cobrando como si nada pasase y la baja de precio la sufre el Perú)”, dijo Herrera Descalzi.
Además, en diciembre del 2005, a través del D.S. 050-2005-EM, se autorizó a Perupetro modificar el contrato del Lote 88 y exportar el gas que estaba destinado para el consumo de los peruanos. “Todos estas modificaciones se hicieron a gestión de los ministros Kuczynski y Quijandría, con el respaldo del Congreso de entonces”, dice el ex ministro.
Otras modificaciones a los contratos se dieron, por ejemplo, en enero del 2006, fecha en que se promulgó el DS 006 2006 EM, que aprobó que Perupetro modifique el Contrato del Lote 88. Sin embargo, diferentes “lobbies” le pusieron la puntería, primero, a la Ley 27133 de 1999 y a su Reglamento, el DS 040-EM-99, ambos vigentes cuando se firmó el Contrato de Camisea a fines del 2000. El DS 040 dice: “Se considera garantizado el abastecimiento de Gas Natural al mercado nacional, cuando las reservas probadas del Productor alcancen para abastecer la demanda futura, determinada según lo señalado en el Contrato; para un periodo mínimo definido en el Contrato (…) un horizonte permanente de 20 años-”
Sin embargo, en el 2003 se promulgó el DS 031 EM –siendo ministro Hans Flury– que cambia lo del “horizonte permanente de 20 años”. Ahora solo se dice que se abastece la demanda futura “por un periodo mínimo definido en el contrato”.
Ya no hay garantía de “abastecimiento permanente”. Pero un DS siempre puede ser cuestionado, por lo que se necesitaba también cambiar la Ley 27133. En abril del 2003 se modificó la Ley 27133 de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural mediante Ley 28176 (Ley de Promoción de la Inversión en Plantas de Procesamiento de Gas Natural)del 29 de enero del 2004. Esta ley es la base del convenio con Perú LNG.
En junio del 2005 el Congreso promulgó la Ley 28552, que modificó el Art. 4 de la Ley 27133, que ahora dice: “a) Garantizar el abastecimiento al mercado nacional de Gas Natural”. Ya no hay nada sobre el “horizonte permanente de 20 años” ni tampoco lo del “periodo mínimo definido en el contrato”.
En diciembre del 2005 a través del D.S. 050-2005-EM, en forma muy audaz, se autoriza a Perupetro modificar el contrato del Lote 88 y exportar el gas que estaba destinado para el consumo de los peruanos. Todos estas modificaciones se hicieron durante el gobierno del señor Toledo a gestión de sus ministros Kuczynski y Quijandría y con el respaldo del Congreso de entonces y ratificado por el gobierno actual En enero del 2006 se promulga el DS 006 2006 EM, que aprueba que Perupetro modifique el Contrato del Lote 88, en el sentido que solo se tenga que autorizar el abastecimiento del mercado interno por años.Consumidores afectadosEn una vivienda que consume dos balones de GLP (gas licuado de petróleo) por mes gasta actualmente S/. 66 mensuales, sin embargo, para generar la misma cantidad de energía calorífica con otros combustibles como el Gas Natural solo gastaría S/. 33. Si utiliza carbón S/. 22, leña S/. 16 y el precio se incrementa hasta S/. 51 si apuesta por Kerosene y S/. 86 si fuera con electricidad.
Si bien resulta mas barato utilizar carbón o leña, el Gas Natural es un combustible moderno que brinda mayores facilidades, siempre está disponible porque contiene menor grado de contaminación y se paga después de consumirlo. Pero a nivel nacional, el gran negocio sigue siendo para los nacionales y extranjeros que extraen petróleo que fue de Petro Perú a US$ 3 el barril (de petróleo) y nos lo venden US$ 87 el Barril (por el simple efecto de precio de mercado)
Desde enero 2011, el gas de Camisea, procedente de los yacimientos gasíferos cusqueños, abastece a un millón de usuarios. Solo que no son peruanos que vivan en San Juan de Lurigancho, Pamplona alta, los Olivos, Comas o el Cercado. Tampoco son pobladores del sur peruano, y menos aún del Cusco, donde están los yacimientos. Se trata de habitantes de Corea del Sur, a los que el Monopolio Hunt-Techint-Repsol ha incluido en su circuito mundial de exportación de nuestro gas, mientras impiden se use en Perú por los peruanos.
El gran negocio sigue siendo importar el Diesel a US $87 el barril y vender el barril de Gas Natural Vehicular a US$ 1. Para eso tenemos economistas cholos que han estudiado en Harvard y Yale, y que han aprendido que regalar a un extranjero rinde más que lo consuma un peruano. Defraudación y racionamientoEl gobierno y el Monopolio exportador distraen la atención con una falsa “renegociación”. Realmente la exportación continúa acelerada, saqueando al país, con una gigantesca mega corrupción como ha sido advertido por la Contraloría General de la República el 2008 que advierte que el Consorcio Camisea viene inflando los costos de transporte y extracción del barril de líquidos derivados del Gas Natural. Así se prueba que el Consorcio defrauda al Perú por un total de US$ 1,000 millones desde el 2004 y por los siguientes 30 años.
La exportación del Gas Natural sigue adelante a pesar que existe racionamiento de gas para las centrales térmicas, afectando el abastecimiento a las empresas mineras del sur y el norte.
La crisis mundial de la energía, agudizada con la crisis de Egipto, Libia y otros países árabes productores de petróleo, impulsa que el precio del petróleo suba a más de US$ 100 barril. Todos los países protegen y cuidan sus reservas energéticas estratégicas. Menos el Perú, que en 20 años de neoliberalismo acrecienta exportar el gas de los lotes 88 y 56, que es la reserva principal, propiedad de todos los peruanos. Precio justoSe exporta Gas Natural, y también se exportan Líquidos asociados (a la extracción del Gas Natural) y su envase en Gas Licuado de Petróleo (GLP). El gas, envasado en balón de GLP, ha reemplazado en los hogares nacionales a la leña y el kerosene. Es la fuente de energía principal domiciliaria. Constituye el eslabón más débil, que estalla en esta crisis. La población exige su precio real, al ser producido en Perú y no traído desde medio oriente.
El precio del balón de GLP debe ser S/.12 y no de S/. 30 o S/. 40, el gas más caro de la región suramericana. Reducir el precio no requiere que aporte dinero el Estado; sino basta con establecer la política pública soberana, rompiendo el actual robo al pueblo por el monopolio exportador.
Masificar el consumo
Pero no solo debe bajar drásticamente el precio del GLP, también debe masificarse el uso del Gas Natural, conectado a los domicilios.
Entre el 2004 y 2010, solo existen 24 mil conexiones domiciliarias de gas hechas por la única empresa encargada de brindar este servicio, Cálidda. El gobierno y Cálidda proyectan llegar a 200 mil al 2015. Es una oferta grotesca para mantener la exportación a costa del Perú.
En Colombia existen 5,5 millones de usuarios, y en Bolivia tienen conexiones el 99% del Alto en La Paz. En Perú, con una adecuad red de ductos en las grandes ciudades y regionales, se puede y debe tener 3 millones de usuarios en 3 años.
El precio de este Gas Natural conectado seria un quinto más barato que el actual de la electricidad, es decir de S/. 9. La masificación solo es posible si el Estado invierte, con su empresa estatal de Hidrocarburos (Petroperu), en hacer la red de ductos para abastecer el gas, y recupera la inversión en 20 o 30 años. Esto es lo que han hecho Colombia y Bolivia. El Perú está obligado a hacerlo.
Gas barato y masivo en las casas, es una condición básica para que los hogares tengan mejor calidad de vida y liberen recursos para sectores como Educación, salud, entre otros. Es uno de los usos nacionales del gas, junto al transporte, la industria y la petroquímica. Pero solo es posible si recuperamos para el Perú el gas actualmente secuestrado de los lotes 88 y 56. Este es uno de los temas de la Carta Abierta a Garía, y que pese a la brutal represión, la he presentado de todos modos, lavando la bandera por el Perú.
Desde que se inició la explotación de Lote 88 y, posteriormente, del Lote 56 de los yacimientos gasíferos cusqueños de
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Camisea, se han realizado 64 addendas, modificaciones, al contrato original que firmará el Estado con el Consorcio Camisea (que explota y comercializa los lote 88 y 56) y las empresas vinculadas a este proyecto, es decir Transportadora de Gas del Perú-TGP (empresa que transporta el Gas Natural desde los yacimientos gasíferos cusqueños al resto del país), y Perú LNG (consorcio que exporta el gas nacional).
De las 64 adendas a los contratos iniciales, la mayoría de modificaciones han sido para favorecer a las empresas privadas en desmedro de los intereses nacionales.
En opinión del ex ministro de energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, la modificación más perjudicial para los intereses nacionales son las que se dieron entorno al contrato del Lote 56, el cual fue calificado por el ex funcionario como infame.
“Ese es el contrato mediante el cual un lote (56) con reservas probadas de gas y Líquidos devuelto el año 2001 por la Shell, se entregó a dedo a una empresa para que exporte el gas, declarando Perupetro a través del Contrato que la exportación era de interés nacional; a eso se sumó que a través de las cláusulas de precios, el riesgo económico del proyecto lo asumió el Perú (si el precio baja, el exportador sigue cobrando como si nada pasase y la baja de precio la sufre el Perú)”, dijo Herrera Descalzi.
Además, en diciembre del 2005, a través del D.S. 050-2005-EM, se autorizó a Perupetro modificar el contrato del Lote 88 y exportar el gas que estaba destinado para el consumo de los peruanos. “Todos estas modificaciones se hicieron a gestión de los ministros Kuczynski y Quijandría, con el respaldo del Congreso de entonces”, dice el ex ministro.
Otras modificaciones a los contratos se dieron, por ejemplo, en enero del 2006, fecha en que se promulgó el DS 006 2006 EM, que aprobó que Perupetro modifique el Contrato del Lote 88. Sin embargo, diferentes “lobbies” le pusieron la puntería, primero, a la Ley 27133 de 1999 y a su Reglamento, el DS 040-EM-99, ambos vigentes cuando se firmó el Contrato de Camisea a fines del 2000. El DS 040 dice: “Se considera garantizado el abastecimiento de Gas Natural al mercado nacional, cuando las reservas probadas del Productor alcancen para abastecer la demanda futura, determinada según lo señalado en el Contrato; para un periodo mínimo definido en el Contrato (…) un horizonte permanente de 20 años-”
Sin embargo, en el 2003 se promulgó el DS 031 EM –siendo ministro Hans Flury– que cambia lo del “horizonte permanente de 20 años”. Ahora solo se dice que se abastece la demanda futura “por un periodo mínimo definido en el contrato”.
Ya no hay garantía de “abastecimiento permanente”. Pero un DS siempre puede ser cuestionado, por lo que se necesitaba también cambiar la Ley 27133. En abril del 2003 se modificó la Ley 27133 de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural mediante Ley 28176 (Ley de Promoción de la Inversión en Plantas de Procesamiento de Gas Natural)del 29 de enero del 2004. Esta ley es la base del convenio con Perú LNG.
En junio del 2005 el Congreso promulgó la Ley 28552, que modificó el Art. 4 de la Ley 27133, que ahora dice: “a) Garantizar el abastecimiento al mercado nacional de Gas Natural”. Ya no hay nada sobre el “horizonte permanente de 20 años” ni tampoco lo del “periodo mínimo definido en el contrato”.
En diciembre del 2005 a través del D.S. 050-2005-EM, en forma muy audaz, se autoriza a Perupetro modificar el contrato del Lote 88 y exportar el gas que estaba destinado para el consumo de los peruanos. Todos estas modificaciones se hicieron durante el gobierno del señor Toledo a gestión de sus ministros Kuczynski y Quijandría y con el respaldo del Congreso de entonces y ratificado por el gobierno actual En enero del 2006 se promulga el DS 006 2006 EM, que aprueba que Perupetro modifique el Contrato del Lote 88, en el sentido que solo se tenga que autorizar el abastecimiento del mercado interno por años.Consumidores afectadosEn una vivienda que consume dos balones de GLP (gas licuado de petróleo) por mes gasta actualmente S/. 66 mensuales, sin embargo, para generar la misma cantidad de energía calorífica con otros combustibles como el Gas Natural solo gastaría S/. 33. Si utiliza carbón S/. 22, leña S/. 16 y el precio se incrementa hasta S/. 51 si apuesta por Kerosene y S/. 86 si fuera con electricidad.
Si bien resulta mas barato utilizar carbón o leña, el Gas Natural es un combustible moderno que brinda mayores facilidades, siempre está disponible porque contiene menor grado de contaminación y se paga después de consumirlo. Pero a nivel nacional, el gran negocio sigue siendo para los nacionales y extranjeros que extraen petróleo que fue de Petro Perú a US$ 3 el barril (de petróleo) y nos lo venden US$ 87 el Barril (por el simple efecto de precio de mercado)
Desde enero 2011, el gas de Camisea, procedente de los yacimientos gasíferos cusqueños, abastece a un millón de usuarios. Solo que no son peruanos que vivan en San Juan de Lurigancho, Pamplona alta, los Olivos, Comas o el Cercado. Tampoco son pobladores del sur peruano, y menos aún del Cusco, donde están los yacimientos. Se trata de habitantes de Corea del Sur, a los que el Monopolio Hunt-Techint-Repsol ha incluido en su circuito mundial de exportación de nuestro gas, mientras impiden se use en Perú por los peruanos.
El gran negocio sigue siendo importar el Diesel a US $87 el barril y vender el barril de Gas Natural Vehicular a US$ 1. Para eso tenemos economistas cholos que han estudiado en Harvard y Yale, y que han aprendido que regalar a un extranjero rinde más que lo consuma un peruano. Defraudación y racionamientoEl gobierno y el Monopolio exportador distraen la atención con una falsa “renegociación”. Realmente la exportación continúa acelerada, saqueando al país, con una gigantesca mega corrupción como ha sido advertido por la Contraloría General de la República el 2008 que advierte que el Consorcio Camisea viene inflando los costos de transporte y extracción del barril de líquidos derivados del Gas Natural. Así se prueba que el Consorcio defrauda al Perú por un total de US$ 1,000 millones desde el 2004 y por los siguientes 30 años.
La exportación del Gas Natural sigue adelante a pesar que existe racionamiento de gas para las centrales térmicas, afectando el abastecimiento a las empresas mineras del sur y el norte.
La crisis mundial de la energía, agudizada con la crisis de Egipto, Libia y otros países árabes productores de petróleo, impulsa que el precio del petróleo suba a más de US$ 100 barril. Todos los países protegen y cuidan sus reservas energéticas estratégicas. Menos el Perú, que en 20 años de neoliberalismo acrecienta exportar el gas de los lotes 88 y 56, que es la reserva principal, propiedad de todos los peruanos. Precio justoSe exporta Gas Natural, y también se exportan Líquidos asociados (a la extracción del Gas Natural) y su envase en Gas Licuado de Petróleo (GLP). El gas, envasado en balón de GLP, ha reemplazado en los hogares nacionales a la leña y el kerosene. Es la fuente de energía principal domiciliaria. Constituye el eslabón más débil, que estalla en esta crisis. La población exige su precio real, al ser producido en Perú y no traído desde medio oriente.
El precio del balón de GLP debe ser S/.12 y no de S/. 30 o S/. 40, el gas más caro de la región suramericana. Reducir el precio no requiere que aporte dinero el Estado; sino basta con establecer la política pública soberana, rompiendo el actual robo al pueblo por el monopolio exportador.
Masificar el consumo
Pero no solo debe bajar drásticamente el precio del GLP, también debe masificarse el uso del Gas Natural, conectado a los domicilios.
Entre el 2004 y 2010, solo existen 24 mil conexiones domiciliarias de gas hechas por la única empresa encargada de brindar este servicio, Cálidda. El gobierno y Cálidda proyectan llegar a 200 mil al 2015. Es una oferta grotesca para mantener la exportación a costa del Perú.
En Colombia existen 5,5 millones de usuarios, y en Bolivia tienen conexiones el 99% del Alto en La Paz. En Perú, con una adecuad red de ductos en las grandes ciudades y regionales, se puede y debe tener 3 millones de usuarios en 3 años.
El precio de este Gas Natural conectado seria un quinto más barato que el actual de la electricidad, es decir de S/. 9. La masificación solo es posible si el Estado invierte, con su empresa estatal de Hidrocarburos (Petroperu), en hacer la red de ductos para abastecer el gas, y recupera la inversión en 20 o 30 años. Esto es lo que han hecho Colombia y Bolivia. El Perú está obligado a hacerlo.
Gas barato y masivo en las casas, es una condición básica para que los hogares tengan mejor calidad de vida y liberen recursos para sectores como Educación, salud, entre otros. Es uno de los usos nacionales del gas, junto al transporte, la industria y la petroquímica. Pero solo es posible si recuperamos para el Perú el gas actualmente secuestrado de los lotes 88 y 56. Este es uno de los temas de la Carta Abierta a Garía, y que pese a la brutal represión, la he presentado de todos modos, lavando la bandera por el Perú.
Desde que se inició la explotación de Lote 88 y, posteriormente, del Lote 56 de los yacimientos gasíferos cusqueños de
jueves, 28 de abril de 2011
En siete años, Congreso fujimorista avaló excesos y actos de corrupción
Entre 1993 y 2000, parlamento cumplió un papel sumiso. Legislativo controlado por gobierno de Alberto Fujimori aprobó normas vergonzosas como la ‘Ley Cantuta’ y la interpretación auténtica.
“Esos años, el Congreso cumplió el papel más sumiso y perverso de su historia”. Así resume Javier Diez Canseco la labor del Poder Legislativo durante la década del gobierno de Alberto Fujimori, especialmente entre 1993 y el 2000.
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El ex congresista hoy electo evoca así leyes trasnochadas y decretos de urgencia ignorados que fueron fuente de corrupción en el gobierno de entonces.
Recuerda con claridad, por ejemplo, cómo la madrugada del 14 de junio de 1995 el Congreso con mayoría fujimorista discutió y aprobó la Ley 26749 de Amnistía a militares y policías que bajo el manto de la lucha antisubversiva cometieron ejecuciones extrajudiciales.
La famosa Ley Cantuta era promovida por Martha Chávez y alentada por Rafael Rey, en un Parlamento sumiso presidido por Jaime Yoshiyama. Los dos últimos, hoy en la plancha presidencial de Keiko Fujimori Higuchi.
Por esa ley, en julio de ese año el Consejo Supremo de Justicia Militar ordenó liberar a los militares que ejecutaron al profesor y estudiantes de La Cantuta (1992) y fue derogada recién el 2000, al término de la década fujimorista.
Interpretación descabellada
Más tarde, en 1996 el Parlamento dio la Ley de Interpretación Auténtica que permitía la segunda reelección de Fujimori.
“Ello ocurrió en el Congreso 1995-2000, y previamente se impidió el referéndum cambiando la Ley de Participación Ciudadana”, explica Diez Canseco.
Esta norma atentó contra la Constitución de 1993, que no facultaba al Congreso a interpretarla.
Un año después, en mayo de 1997, el Congreso decidió, tras 14 horas de debate, destituir a los magistrados del Tribunal Constitucional Delia Revoredo, Guillermo Rey Terry y Manuel Aguirre Roca, por sostener la inaplicabilidad de la cuestionada norma.
“Fue algo descabellado, pues se abrió una comisión investigadora a raíz del hostigamiento a los tres pero ellos terminaron acusados, sacados del TC y procesados. Todo avalado por un grupo presidido por Martha Hildebrandt”, señala.
El pleno fujimorista cambió la Ley Orgánica del TC, modificando su quórum y anulando así los mecanismos de control.
Carlos Ferrero Costa fue el único legislador fujimorista en abstenerse. “La corrupción y muchas cosas no las conocíamos como hoy.
También voté en contra de la amnistía y por esas discrepancias terminaron expulsándome”, indica.
Ferrero agrega que el Parlamento de entonces también avaló las esterilizaciones forzadas a campesinas humildes, la ley que habilitó a jueces sin rostro y en 1998 “el cheque en blanco para que el gobierno negocie con Ecuador”.
Pero recuerda especialmente los decretos legislativos para la compra de armas, que permitieron coimas millonarias para Vladimiro Montesinos y la cúpula militar de esos años.
Se legislaba por beeper
Recién el 2001 al retornar la democracia, una comisión del Congreso desclasificó los dispositivos secretos de la década fujimorista para compras de armamento.
“El Congreso debía revisar esos decretos de urgencia y no lo hizo. Con el pretexto de la seguridad nacional, se permitió la corrupción y legalizó al gobierno de facto”, sostiene Diez Canseco.
“Los parlamentarios del fujimorato votaban por beeper, con mensajes que recibían de Palacio y del SIN, donde les escribían los discursos. Obtenían prebendas, licencias, créditos y concesiones, pero también eran chantajeados, filmados en las Suites d eBarranco y sometidos. Una vergüenza”, dice.
Claves
Cuestionados. Martha Chávez y Luz Salgado volverán al Parlamento. La primera presidió una comisión investigadora del ‘chuponeo’ en los años más duros del fujimorismo, que exculpó a ese gobierno.
Cierre. El 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori cerró el Congreso, donde no tenía mayoría útil. Consideraba que este poder era un obstáculo para sus reformas. Su hija Keiko dice que aquella fue una medida “excepcional”.
Cifras
20.5 millones de dólares destinó el fujimorismo a los congresistas tránsfugas.
8 de un centenar de decretos de Fujimori llegaron al Parlamento hasta el 2000.
Tránfugas comprados por Montesinos
1] El año 2000, 18 congresistas electos por otras agrupaciones fueron adheridos al oficialismo fujimorista, a cambio de dinero. En el SIN firmaron papeles de sujeción o, en otros casos, fueron sometidos a presión y chantaje. A Jorge Pollack Merel, electo por Solidaridad, se le entregó 490 mil dólares y prebendas para su emisora radial.
2] Recibieron prebendas José Luna Gálvez, Eduardo Farah, Luis Cáceres Velásquez y su hijo Róger. El caso más sonado fue el de Luis Alberto Kouri, quien recibió de Montesinos 15 mil dólares. El video de esta acción inició la caída del gobierno fujimorista. En lista también figuran José Luis Elías, hoy electo en Fuerza 2011 por Ica, Waldo Ríos (FIM), Ruby Rodríguez (Apra), Gregorio Ticona, Milagros Huamán y Antonio Palomo (Perú Posible).
“Esos años, el Congreso cumplió el papel más sumiso y perverso de su historia”. Así resume Javier Diez Canseco la labor del Poder Legislativo durante la década del gobierno de Alberto Fujimori, especialmente entre 1993 y el 2000.
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El ex congresista hoy electo evoca así leyes trasnochadas y decretos de urgencia ignorados que fueron fuente de corrupción en el gobierno de entonces.
Recuerda con claridad, por ejemplo, cómo la madrugada del 14 de junio de 1995 el Congreso con mayoría fujimorista discutió y aprobó la Ley 26749 de Amnistía a militares y policías que bajo el manto de la lucha antisubversiva cometieron ejecuciones extrajudiciales.
La famosa Ley Cantuta era promovida por Martha Chávez y alentada por Rafael Rey, en un Parlamento sumiso presidido por Jaime Yoshiyama. Los dos últimos, hoy en la plancha presidencial de Keiko Fujimori Higuchi.
Por esa ley, en julio de ese año el Consejo Supremo de Justicia Militar ordenó liberar a los militares que ejecutaron al profesor y estudiantes de La Cantuta (1992) y fue derogada recién el 2000, al término de la década fujimorista.
Interpretación descabellada
Más tarde, en 1996 el Parlamento dio la Ley de Interpretación Auténtica que permitía la segunda reelección de Fujimori.
“Ello ocurrió en el Congreso 1995-2000, y previamente se impidió el referéndum cambiando la Ley de Participación Ciudadana”, explica Diez Canseco.
Esta norma atentó contra la Constitución de 1993, que no facultaba al Congreso a interpretarla.
Un año después, en mayo de 1997, el Congreso decidió, tras 14 horas de debate, destituir a los magistrados del Tribunal Constitucional Delia Revoredo, Guillermo Rey Terry y Manuel Aguirre Roca, por sostener la inaplicabilidad de la cuestionada norma.
“Fue algo descabellado, pues se abrió una comisión investigadora a raíz del hostigamiento a los tres pero ellos terminaron acusados, sacados del TC y procesados. Todo avalado por un grupo presidido por Martha Hildebrandt”, señala.
El pleno fujimorista cambió la Ley Orgánica del TC, modificando su quórum y anulando así los mecanismos de control.
Carlos Ferrero Costa fue el único legislador fujimorista en abstenerse. “La corrupción y muchas cosas no las conocíamos como hoy.
También voté en contra de la amnistía y por esas discrepancias terminaron expulsándome”, indica.
Ferrero agrega que el Parlamento de entonces también avaló las esterilizaciones forzadas a campesinas humildes, la ley que habilitó a jueces sin rostro y en 1998 “el cheque en blanco para que el gobierno negocie con Ecuador”.
Pero recuerda especialmente los decretos legislativos para la compra de armas, que permitieron coimas millonarias para Vladimiro Montesinos y la cúpula militar de esos años.
Se legislaba por beeper
Recién el 2001 al retornar la democracia, una comisión del Congreso desclasificó los dispositivos secretos de la década fujimorista para compras de armamento.
“El Congreso debía revisar esos decretos de urgencia y no lo hizo. Con el pretexto de la seguridad nacional, se permitió la corrupción y legalizó al gobierno de facto”, sostiene Diez Canseco.
“Los parlamentarios del fujimorato votaban por beeper, con mensajes que recibían de Palacio y del SIN, donde les escribían los discursos. Obtenían prebendas, licencias, créditos y concesiones, pero también eran chantajeados, filmados en las Suites d eBarranco y sometidos. Una vergüenza”, dice.
Claves
Cuestionados. Martha Chávez y Luz Salgado volverán al Parlamento. La primera presidió una comisión investigadora del ‘chuponeo’ en los años más duros del fujimorismo, que exculpó a ese gobierno.
Cierre. El 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori cerró el Congreso, donde no tenía mayoría útil. Consideraba que este poder era un obstáculo para sus reformas. Su hija Keiko dice que aquella fue una medida “excepcional”.
Cifras
20.5 millones de dólares destinó el fujimorismo a los congresistas tránsfugas.
8 de un centenar de decretos de Fujimori llegaron al Parlamento hasta el 2000.
Tránfugas comprados por Montesinos
1] El año 2000, 18 congresistas electos por otras agrupaciones fueron adheridos al oficialismo fujimorista, a cambio de dinero. En el SIN firmaron papeles de sujeción o, en otros casos, fueron sometidos a presión y chantaje. A Jorge Pollack Merel, electo por Solidaridad, se le entregó 490 mil dólares y prebendas para su emisora radial.
2] Recibieron prebendas José Luna Gálvez, Eduardo Farah, Luis Cáceres Velásquez y su hijo Róger. El caso más sonado fue el de Luis Alberto Kouri, quien recibió de Montesinos 15 mil dólares. El video de esta acción inició la caída del gobierno fujimorista. En lista también figuran José Luis Elías, hoy electo en Fuerza 2011 por Ica, Waldo Ríos (FIM), Ruby Rodríguez (Apra), Gregorio Ticona, Milagros Huamán y Antonio Palomo (Perú Posible).
Siria, hacia la guerra civil
Cada noche, la televisión estatal siria ofrece un espectáculo de horror. Cuerpos desnudos con múltiples heridas de bala, nucas cercenadas. Todos de soldados sirios que, según insiste la televisora, han sido asesinados por
A uno de los cuerpos –de un oficial de veintitantos años– le sacaron los ojos. El comentarista dice que se utilizaron bandas armadas criminalesen las cercanías de Deraa.
navajas y objetos afilados. No parece haber duda de que los cadáveres son reales y poca de que en realidad hayan sido miembros de las fuerzas de
seguridadsirias –en estos días la palabra necesita comillas–, y tampoco de que los afligidos padres que aparecen llorando en el trasfondo lo sean de verdad.
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Las imágenes muestran los cuerpos, casi lavados para el sepelio, captados en el hospital militar Tishrin, en Damasco. Los nombres se conocen: Mohamed Alí, Ibrahim Hoss, Ahmed Abdalá, Nida al Hoshi, Basil Alí, Hazem Mohamed Alí, Mohamed Alá son llevados a hombros por policías militares en ataúdes decorados con banderas. Son oriundos de Tartous, Banias, Alepo, Damasco. Cuando el cortejo funeral de Al Hoshi pasaba por la costera del Mediterráneo rumbo al norte, fue emboscado por una
banda armada.
Es fácil ser cínico ante esas espantosas imágenes y el despliegue que se hace de esas muertes. Disparar en funerales, después de todo, ha sido hasta ahora prerrogativa de los policías del gobierno, más que de las
bandas armadas. Y la televisión siria no ha mostrado un solo muerto civil ni el funeral de ninguno de los quizá 320 manifestantes civiles caídos en más de un mes. Este martes se informó de la muerte de otros 20 en los alrededores de Deraa.
Pero esas emisiones son importantes. Porque si los soldados muertos son víctimas de la venganza de familiares indignados, que han perdido a sus seres queridos a manos de la policía secreta, significa que la oposición se prepara a utilizar la fuerza contra sus agresores. Y si en verdad hay bandas armadas activas en Siria, el régimen del presidente baazista Bashar Assad se encamina a la guerra civil.
Hasta ahora los manifestantes –ya sea pro democráticos, opositores a Bashar o ambos– nos han estado dando su versión: sus videos en YouTube, sus descripciones por Internet, las impactantes imágenes de tanques T-72 rugiendo en las calles de Deraa –para no mencionar el patético intento de atacar uno con una botella de vidrio vacía– han dominado nuestra percepción de una poderosa dictadura sofocando a su pueblo a sangre y fuego. Y hay verdad detrás de sus afirmaciones. Luego de la matanza de 1982 en Hama, nadie abriga dudas de que los baazistas de Siria juegan con las reglas de Hama.
Sin embargo, la explicación que los opositores ofrecen sobre la serie cotidiana de imágenes macabras en la televisión estatal también carece de convicción. Según quienes intentan con valentía hacer llegar noticias más allá de Siria vía telefónica –aunque no desde Deraa, donde los teléfonos y la Internet han sido bloqueados por completo–, los cuerpos mutilados pertenecen a soldados que se negaron a disparar a sus compatriotas y por ello fueron ejecutados y mutilados de inmediato por los shabihas, los matones alawitas, y luego mostrados cínicamente en televisión para sustentar falsas aseveraciones del gobierno de que se enfrenta a insurgentes armados y de que los propios pobladores de Deraa han invitado al ejército a su ciudad para que los salve de los
terroristas.
Todo eso parece un poco el reverso de la propaganda del gobierno.
Por supuesto, las autoridades sirias son culpables de su falta de credibilidad. Luego de hablar de
conjuras extranjeras–la explicación de todos los potentados de Medio Oriente cuando tienen la espalda contra la pared–, las autoridades han prohibido la entrada a Siria de periodistas extranjeros que pudiesen confirmar o desmentir esas afirmaciones. Incluso el ministerio de turismo ha recibido del ministerio del interior una lista de corresponsales extranjeros para asegurarse de que ningún reportero se interne en Siria presa de un súbito deseo de estudiar las ruinas romanas de Palmira.
La historia, por tanto, se escribe en rumores que comienzan, supongo, con las últimas palabras mostradas por el noticiero de la noche en la televisión siria:
los mártires nunca mueren. Expiran, claro, pero, ¿de qué mártires hablamos? Un buen relato salido de Deraa –del que hasta ahora no hay una brizna de evidencia– es que, luego de que los tanques de la cuarta brigada del ejército de Maher Assad (hermano menor del presidente) irrumpieron en la ciudad, elementos de la quinta brigada del ejército regular, cerca de Deraa –supuestamente bajo el mando de un oficial llamado Rifai, aunque sobre esto no hay unanimidad–, volvieron sus armas contra los invasores. Pero la quinta, según la versión, carece de tanques y cuenta con pilotos a los que no se permite volar sus aviones.
¿Así que ahora hay civiles armados –un oxímoron que parece escapársele al régimen– respondiendo a los ataques en forma sistemática? En Líbano, cuya capital está más cerca de Damasco que Deraa, existe un miedo creciente de este baño de sangre a apenas dos horas de distancia en automóvil. Los amigos de Siria en Líbano sostienen ahora que los sauditas –aliados del gobierno saliente en Beirut– han estado subvencionando la revolución en Siria.
Un ex ministro presentó en televisión copias de cheques por 300 mil dólares que supuestamente llevaban la firma del príncipe Turki bin Abdul Aziz, ex jefe de la inteligencia saudita –y como tal alguna vez en buenos términos con un tal Osama Bin Laden– y hermano del rey Abdalá, y que se entregaron a figuras políticas libanesas para instigar desórdenes en Siria. Uno de los acusados de involucrarse en Siria es el ex ministro libanés Mohamed Beydoun. Este último ha dicho que sus acusadores son culpables de
incitación al homicidio, y el príncipe Turki ha asegurado con indignación que los cheques son
falsos. Pero ahora Hezbolá, apoyado por Siria, ha respaldado la acusación y por lo menos un parlamentario libanés, Ahmed Fatfat, ha emitido por fin las palabras fatales. Dijo que por estas acusaciones contra el
Movimiento del Futuro–la agrupación más grande del gobierno saliente–,
Hezbolá y sus elementos preparan el camino a la guerra civil en Líbano.
Ahora los medios de comunicación sirios señalan con dedo acusador al parlamentario libanés Okab Sadr y afirman que ha sido detenido –junto con
oficiales israelíes– en la ciudad siria de Banias. En realidad Sadr está seguro en Líbano, donde ha salido a decir que la única razón por la que iría a Banias sería a donar sangre para sus habitantes en el hospital.
En la ciudad norteña libanesa de Trípoli, partidarios y detractores de Assad planean realizar nuevas y mayores manifestaciones el próximo viernes, luego de la oración matutina. Muchos libaneses del norte temen que, en caso de una guerra civil en Siria, Trípoli se vuelva una
capitaldel norte de Siria, aunque estaría por verse si sería bastión de los rebeldes o de Assad.
Algo que resulta más perturbador por ahora –y mucho más cercano a la verdad– es que Alí Aid, personaje bastante rudo de la zona de Jebel Mohsen, en las montañas alawitas de Siria, ha dejado a su hijo Rifaat a cargo de su movimiento protomiliciano y se ha construido una espléndida villa junto a la frontera sirio-libanesa. El problema es que el mayor Alí Aid vive en su nueva casa… en el lado libanés de la frontera.
© The Independent
Traducción: Jorge Anaya
http://www.jornada.unam.mx/2011/04/27/index.php?section=opinion&article=024a1mun
EEUU encerró a niños y ancianos en la Base de Guantánamo
“No nos consta ninguna razón por la que el detenido haya sido enviado a las instalaciones de Guantánamo”. “Lo hemos evaluado como un niño soldado al que los talibanes obligaron a alistarse en sus tropas”. “No es miembro de Al Qaeda ni un líder talibán. No supone una amenaza para los intereses de EEUU y de sus aliados”. Estas son frases escritas por el alto mando militar de Guantánamo. Se refieren a algunos de los 14 menores de edad o a los mayores de 65 años que han pasado por la base militar estadounidense en la isla de Cuba durante los últimos nueve años.
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Este tipo de fallos clamorosos no afecta solo a los reclusos más jóvenes y a los mayores, pero sí son muchos más abundantes que entre el resto de los presos. Se trata además de errores cometidos con uno de los colectivos más sensibles dentro del penal. La estancia de menores -en una cárcel que EEUU abrió y mantiene casi una década después al margen de la legalidad- ha provocado las protestas recurrentes de asociaciones de derechos humanos y abogados penalistas durante estos años.
Los papeles de Guantánamo, a los que EL PAÍS ha tenido acceso a través de Wikileaks, permiten valorar por primera vez el nivel de riesgo y el valor informativo que los propios mandos militares confieren a estos reclusos. Y es difícil encontrar un resultado más demoledor. Porque de la lectura de las fichas personales de los detenidos se deduce que EE UU no creyó seriamente en la culpabilidad o amenaza de casi el 60%. Pero este porcentaje entre los menores es todavía mayor: los interrogadores solo atribuían un riesgo “alto” -es decir, consideraban “probable” que supusieran una amenaza real- a cuatro de los 14 menores.
Más demoledoras para el Gobierno estadounidense son aún los datos sobre los niños reclusos capaces de aportar información valiosa para ganar la “guerra contra el terror” que inició el presidente George W. Bush tras los ataques terroristas del 11-S. Porque los impulsores de Guantánamo siempre han justificado la necesidad de crear el presidio por el valor de la información que pensaban obtener. Y entre los menores de 18 años solo hay uno al que las propias autoridades de la base atribuyen un alto valor para sus servicios de inteligencia.
Se trata del canadiense Omar Ahmed Jader, hijo de un lugarteniente de Osama Bin Laden, el único de los más jóvenes de Guantánamo que hoy sigue en la base militar. Hay cinco casos en los que el redactor del documento reconoce que la inteligencia de EEUU no puede extraer ninguna información de la persona en cuestión. Los otros se dividen entre siete con valor “bajo”, y dos con “medio”.
Es difícil cuantificar el número exacto de niños y adolescentes que han pasado por Guantánamo. Porque además de estos 14 reclusos que tenían menos de 18 años al entrar en el penal (cuatro de ellos, con 15 o menos), otra decena estaba a punto de cumplir la mayoría de edad o lo acababa de hacer. Es el caso del saudí Amir Jan, que celebró su decimoctavo cumpleaños dos semanas después de llegar a Guantánamo, y al que se acusa de haber formado parte del movimiento Hebzi Islami, del señor de la guerra afgano Gulbudin Hekmatiar. Según su ficha, a finales de 2002 se ofreció a participar en un trabajo que implicaba “matar a americanos”.
Pese al lenguaje funcionarial que emplean los redactores de los informes, a veces dejan entrever algo de compasión. Como en la ficha de Naqib Ullá, un afgano que entró en Guantánamo a los 14 o 15 años. “Es un niño soldado que fue reclutado a la fuerza por los talibanes. Pese a que puede tener aún algún valor para nuestros servicios de inteligencia, la información de la que dispone no es tan importante como la necesidad de sacar al joven de su ambiente actual y darle la oportunidad para que crezca fuera del extremismo radical”, dice el general Geoffrey Miller en un documento.
Junto a las injusticias flagrantes, aparecen también otras historias en las que se retrata a los reclusos como verdaderos yihadistas pese a su corta edad. Yusef Modaray pasó de vender fruta en la calle a luchar durante varios meses en el frente afgano al lado de los talibanes. Desde la cárcel, Modaray mandó una carta a su familia en la que expresaba su deseo de convertirse en un mártir. También defendía en webs islamistas “matar a todos los ulemas suníes que se alíen con los americanos y a todos los satánicos ayatolás entre los chiíes”, según una fuente indeterminada que cita el informe secreto.
Fuente: http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/04/27/eeuu-encerro-a-ninos-y-ancianos-en-la-base-de-guantanamo-por-si-acaso/
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Este tipo de fallos clamorosos no afecta solo a los reclusos más jóvenes y a los mayores, pero sí son muchos más abundantes que entre el resto de los presos. Se trata además de errores cometidos con uno de los colectivos más sensibles dentro del penal. La estancia de menores -en una cárcel que EEUU abrió y mantiene casi una década después al margen de la legalidad- ha provocado las protestas recurrentes de asociaciones de derechos humanos y abogados penalistas durante estos años.
Los papeles de Guantánamo, a los que EL PAÍS ha tenido acceso a través de Wikileaks, permiten valorar por primera vez el nivel de riesgo y el valor informativo que los propios mandos militares confieren a estos reclusos. Y es difícil encontrar un resultado más demoledor. Porque de la lectura de las fichas personales de los detenidos se deduce que EE UU no creyó seriamente en la culpabilidad o amenaza de casi el 60%. Pero este porcentaje entre los menores es todavía mayor: los interrogadores solo atribuían un riesgo “alto” -es decir, consideraban “probable” que supusieran una amenaza real- a cuatro de los 14 menores.
Más demoledoras para el Gobierno estadounidense son aún los datos sobre los niños reclusos capaces de aportar información valiosa para ganar la “guerra contra el terror” que inició el presidente George W. Bush tras los ataques terroristas del 11-S. Porque los impulsores de Guantánamo siempre han justificado la necesidad de crear el presidio por el valor de la información que pensaban obtener. Y entre los menores de 18 años solo hay uno al que las propias autoridades de la base atribuyen un alto valor para sus servicios de inteligencia.
Se trata del canadiense Omar Ahmed Jader, hijo de un lugarteniente de Osama Bin Laden, el único de los más jóvenes de Guantánamo que hoy sigue en la base militar. Hay cinco casos en los que el redactor del documento reconoce que la inteligencia de EEUU no puede extraer ninguna información de la persona en cuestión. Los otros se dividen entre siete con valor “bajo”, y dos con “medio”.
Es difícil cuantificar el número exacto de niños y adolescentes que han pasado por Guantánamo. Porque además de estos 14 reclusos que tenían menos de 18 años al entrar en el penal (cuatro de ellos, con 15 o menos), otra decena estaba a punto de cumplir la mayoría de edad o lo acababa de hacer. Es el caso del saudí Amir Jan, que celebró su decimoctavo cumpleaños dos semanas después de llegar a Guantánamo, y al que se acusa de haber formado parte del movimiento Hebzi Islami, del señor de la guerra afgano Gulbudin Hekmatiar. Según su ficha, a finales de 2002 se ofreció a participar en un trabajo que implicaba “matar a americanos”.
La peor parte, para los afganos
En el reparto de las injusticias, son los afganos los que se llevan la peor parte. Solo uno de los siete tenía riesgo alto. Entre las historias personales con las que empieza cada documento, están las del niño de 14 años que se ofreció a trabajar como albañil y acabó enrolado a la fuerza por un grupo de talibanes, de donde pasó a manos de los estadounidenses; o el afgano que trabajaba para un señor de la guerra haciendo trabajos manuales y que cuando llegaron los americanos no creyó necesario abandonar el campamento donde vivía. Fue arrestado y llevado a Guantánamo. Los militares suelen zanjar estos casos con una recomendación de dejar libre al preso o trasladarlo a otro país. Todos los menores ingresaron en la prisión entre 2002 y 2003, y la mayoría salió en torno a 2006, aunque algunos traslados se retrasaron hasta 2009. Como media, permanecieron tres años y medio en el penal.Pese al lenguaje funcionarial que emplean los redactores de los informes, a veces dejan entrever algo de compasión. Como en la ficha de Naqib Ullá, un afgano que entró en Guantánamo a los 14 o 15 años. “Es un niño soldado que fue reclutado a la fuerza por los talibanes. Pese a que puede tener aún algún valor para nuestros servicios de inteligencia, la información de la que dispone no es tan importante como la necesidad de sacar al joven de su ambiente actual y darle la oportunidad para que crezca fuera del extremismo radical”, dice el general Geoffrey Miller en un documento.
Junto a las injusticias flagrantes, aparecen también otras historias en las que se retrata a los reclusos como verdaderos yihadistas pese a su corta edad. Yusef Modaray pasó de vender fruta en la calle a luchar durante varios meses en el frente afgano al lado de los talibanes. Desde la cárcel, Modaray mandó una carta a su familia en la que expresaba su deseo de convertirse en un mártir. También defendía en webs islamistas “matar a todos los ulemas suníes que se alíen con los americanos y a todos los satánicos ayatolás entre los chiíes”, según una fuente indeterminada que cita el informe secreto.
Fuente: http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/04/27/eeuu-encerro-a-ninos-y-ancianos-en-la-base-de-guantanamo-por-si-acaso/
Catorce mandamientos del bloqueo a Cuba
Fernando Arrojas, director del reconocido Insitituto Central de Investigaciones Digitales (ICID), dedicado fundamentalmente a la producción de equipos médicos, nos ha enviado, a partir de su experiencia, esta síntesis de las dificultades con que las entidades cubanas tropiezan cotidianamente por causa del bloqueo norteamericano a la Isla.
El bloqueo de EE. UU. contra Cuba prohíbe a los norteamericanos, a las empresas norteamericanas y a sus subsidiarias creadas en otros países bajo la legislación de esos países :
El bloqueo de EE. UU. contra Cuba prohíbe a los norteamericanos, a las empresas norteamericanas y a sus subsidiarias creadas en otros países bajo la legislación de esos países :
El bloqueo de EE. UU. contra Cuba prohíbe, además:
- gastar dinero en Cuba
- comprar a empresas cubanas
- comprar productos cubanos
- invertir en Cuba
- vender a Cuba
- que cualquier banco de cualquier país acepte dólares norteamericanos en depósito o como pago a un cliente, proveniente de una empresa cubana
- que una empresa cubana pague en dólares una transacción
- que fondos relacionados con empresas cubanas pasen por EE UU incluso a través de bancos de otros países
- que un banco de propiedad norteamericana en cualquier país del mundo preste o en general dé cualquier tipo o forma de crédito en que se pueda beneficiar una empresa cubana
- que un banco de propiedad norteamericana en cualquier país del mundo sirva de vía para un pago bancario hacia o desde Cuba
- a los barcos norteamericanos tocar en puertos cubanos
- a los barcos de otros países que tocan puerto cubano tocar en puertos norteamericanos hasta 6 meses después
- que paquetes (DHL, TNT, etc) provenientes de empresas cubanas o destinados a empresas cubanas pasen por territorio norteamericano
- que en general mercancías provenientes de empresas cubanas o destinadas a empresas cubanas pasen por territorio norteamericano.
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