Fiscal Superior ordena reabrir investigación a candidata de Fuerza 2011 por encubrimiento de narcotráfico para favorecer a la familia Martínez Moreno, dueña de la compañía pesquera Hayduk. Keiko recibió 10 mil dólares como “donativo” de parte de clan “Olluquito”.
La Quinta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de Óscar Hernán Miranda Orrillo, reabrió una investigación a la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, por los presuntos delitos de encubrimiento de narcotráfico, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias, por beneficiar a la familia Martínez Moreno, dueña de la compañía pesquera Hayduk, procesada por delito de tráfico de Drogas, por el caso conocido como “Olluquito”.
Por ello, dicho dictamen fiscal (Disposición N° 01-2011-5FSPDCF-MP, del 25-04-2011) anuló la disposición 01-2011, del 4-04-2011 de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, que despacha José Domingo Pérez Gómez, que ordenaba el archivo de la denuncia planteada contra Fujimori Higuchi.
En consecuencia, dispuso que la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, ubicada en el jirón Lampa N° 597, Cercado de Lima, abra la correspondiente investigación preliminar, en sede fiscal, contra la denunciada postulante Fujimorista, por los ilícitos antes mencionados.
El tema materia del procesamiento a Keiko es el tristemente célebre caso Hayduk. Las procesadas por tráfico de Drogas, Ana Isabel y Mariana Jackeline Martínez Moreno, hijas del acusado por ese delito, Eudocio “Olluquito” Martínez, fueron beneficiadas por un irregular “derecho de gracia”, a los escasos cuarenta días de producirse sus respectivas detenciones.
Dicho “fallo”, ordenado por un juez penal de Lima, se sustentó en la Resolución Suprema N° 044-2000-JUS, del 1°-03-2000, rubricada por el padre de la denunciada, Alberto Fujimori, entonces Presidente de la República y el entonces ministro de Justicia, Alberto Bustamante Belaunde.
Por este ilegal “derecho de gracia” se cortó el proceso penal contra las hermanas Martínez Moreno, y las “puso en inmediata libertad”.
Al respecto, la denunciada Keiko Sofía es confesa de haber gestionado esta figura legal ante su padre, el entonces presidente Alberto Fujimori; y obtenido el beneficio, así como de recibir la suma de 10 mil dólares como “donativo”, de parte de estas dos mujeres, entonces procesadas por narcotráfico.
Ella ha alegado que la familia Martínez estaba siendo extorsionada por el entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
En cuanto al fallo rectificatorio, el fiscal superior Miranda Orrillo ha considerado que los elementos citados en la impugnación presentada por el denunciante, Guillermo Olivera Díaz, contra la resolución de la fiscalía provincial que ordenaba el “archivo” de la denuncia por prescripción, aunados a los que ahora se tiene, ameritan una investigación para corroborar las pruebas aportadas, sobre si se está dentro del plazo extraordinario de prescripción por interrupción de la misma.
En el delito de encubrimiento de narcotráfico, el plazo ordinario es 10 años, al mismo que se agrega la mitad, en caso haya actuaciones, que las hay, del Ministerio Público que la interrumpan, lo cual hace un total de 15 años.
Además, indicó, en base a la fecha de comisión del delito, denunciado en el dispositivo fiscal 1°-03-2000, el plazo extraordinario de prescripción recién vence el año 2015 y hay tiempo de sobra para investigar y castigar.
El abogado denunciante, Guillermo Olivera Díaz, resaltó a LA PRIMERA la valiente decisión del fiscal superior Óscar Miranda Orrillo de “ponerse los pantalones”, al reabrir la investigación contra Keiko, sin hacer oídos a las presiones mediáticas y de toda índole que invocan el pretexto “no interferir” con la campaña electoral presidencial.
“Además, la diligencia y expedición que ha puesto al caso el fiscal superior Miranda Orrillo, demuestra que no se tiene por qué anteponer como pretexto la campaña electoral presidencial para perseguir el delito. Esto significa que cuando hay un ilícito, nada tiene que ver que la persona involucrada en éste (Keiko Fujimori, en esta oportunidad) sea candidata de una elección presidencial”, puntualizo.
La Quinta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de Óscar Hernán Miranda Orrillo, reabrió una investigación a la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, por los presuntos delitos de encubrimiento de narcotráfico, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias, por beneficiar a la familia Martínez Moreno, dueña de la compañía pesquera Hayduk, procesada por delito de tráfico de Drogas, por el caso conocido como “Olluquito”.
Por ello, dicho dictamen fiscal (Disposición N° 01-2011-5FSPDCF-MP, del 25-04-2011) anuló la disposición 01-2011, del 4-04-2011 de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, que despacha José Domingo Pérez Gómez, que ordenaba el archivo de la denuncia planteada contra Fujimori Higuchi.
En consecuencia, dispuso que la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, ubicada en el jirón Lampa N° 597, Cercado de Lima, abra la correspondiente investigación preliminar, en sede fiscal, contra la denunciada postulante Fujimorista, por los ilícitos antes mencionados.
El tema materia del procesamiento a Keiko es el tristemente célebre caso Hayduk. Las procesadas por tráfico de Drogas, Ana Isabel y Mariana Jackeline Martínez Moreno, hijas del acusado por ese delito, Eudocio “Olluquito” Martínez, fueron beneficiadas por un irregular “derecho de gracia”, a los escasos cuarenta días de producirse sus respectivas detenciones.
Dicho “fallo”, ordenado por un juez penal de Lima, se sustentó en la Resolución Suprema N° 044-2000-JUS, del 1°-03-2000, rubricada por el padre de la denunciada, Alberto Fujimori, entonces Presidente de la República y el entonces ministro de Justicia, Alberto Bustamante Belaunde.
Por este ilegal “derecho de gracia” se cortó el proceso penal contra las hermanas Martínez Moreno, y las “puso en inmediata libertad”.
Al respecto, la denunciada Keiko Sofía es confesa de haber gestionado esta figura legal ante su padre, el entonces presidente Alberto Fujimori; y obtenido el beneficio, así como de recibir la suma de 10 mil dólares como “donativo”, de parte de estas dos mujeres, entonces procesadas por narcotráfico.
Ella ha alegado que la familia Martínez estaba siendo extorsionada por el entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
En cuanto al fallo rectificatorio, el fiscal superior Miranda Orrillo ha considerado que los elementos citados en la impugnación presentada por el denunciante, Guillermo Olivera Díaz, contra la resolución de la fiscalía provincial que ordenaba el “archivo” de la denuncia por prescripción, aunados a los que ahora se tiene, ameritan una investigación para corroborar las pruebas aportadas, sobre si se está dentro del plazo extraordinario de prescripción por interrupción de la misma.
En el delito de encubrimiento de narcotráfico, el plazo ordinario es 10 años, al mismo que se agrega la mitad, en caso haya actuaciones, que las hay, del Ministerio Público que la interrumpan, lo cual hace un total de 15 años.
Además, indicó, en base a la fecha de comisión del delito, denunciado en el dispositivo fiscal 1°-03-2000, el plazo extraordinario de prescripción recién vence el año 2015 y hay tiempo de sobra para investigar y castigar.
El abogado denunciante, Guillermo Olivera Díaz, resaltó a LA PRIMERA la valiente decisión del fiscal superior Óscar Miranda Orrillo de “ponerse los pantalones”, al reabrir la investigación contra Keiko, sin hacer oídos a las presiones mediáticas y de toda índole que invocan el pretexto “no interferir” con la campaña electoral presidencial.
“Además, la diligencia y expedición que ha puesto al caso el fiscal superior Miranda Orrillo, demuestra que no se tiene por qué anteponer como pretexto la campaña electoral presidencial para perseguir el delito. Esto significa que cuando hay un ilícito, nada tiene que ver que la persona involucrada en éste (Keiko Fujimori, en esta oportunidad) sea candidata de una elección presidencial”, puntualizo.
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