En su demanda de intervención, la señora Resano no daba datos que permitieran entender el porqué de su petición. Lo único que apuntaba era que el Presidente Laurent Gbagbo había perdido la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de noviembre de 2010 y que, desde entonces, se negaba a abandonar el poder a favor de Alassane Ouattara, supuesto vencedor de dichos comicios por voluntad de una supuesta “comunidad internacional”.
Así presentado, el señor Laurent Gbagbo aparecía (sigue apareciendo tal como se refleja en casi todos los medios españoles) como un mal perdedor. Para un africano originario de la región y que está al tanto de lo que pasa en Costa de Marfil, resulta por lo menos reduccionista, para no decir sesgado, presentar las cosas así sin tomarse la molestia de contextualizarlas ni de recordar sus antecedentes. Es como si algún medio extranjero decidiera “informar” a sus espectadores de la decisión de las autoridades judiciales españolas de no legalizar Sortu, como un acto de pura represión judicial con acentos de inquisición. Seguro que muchos españoles, que sí saben en qué contexto se esta produciendo esta negativa de legalización y los antecedentes que han llevado a ello, se sentirían ofendidos por esta manera de presentar las cosas.
Es desgraciadamente lo que está pasando en Costa de Marfil, donde ni la señora Resano ni ningún otro periodista de este país, que yo sepa, se ha tomado la molestia de contextulizar la noticia; tampoco de estudiar los antecedentes que han llevado a la situación actual. Ya sé que África como continente y Costa de Marfil como país no son lo más interesante para los periodistas de este país. También sé que, como decía el otro, informarse cuesta. Aun así, esperaba un poco más de profesionalidad y de honestidad intelectual de aquellos cuya tarea es ayudar a los ciudadanos a hacerse un criterio cabal sobre los asuntos del mundo en el que vivimos. Pero, como tal no ha sido hasta el momento el caso, he tomado sobre mí la responsabilidad de hacer este trabajo de contextualización y un análisis de los antecedentes de la actual crisis en Costa de Marfil.
Contexto
Costa de Marfil está sumida en una guerra civil larvada desde septiembre de 2002, cuando un intento de golpe de Estado frustrado se convirtió en una rebelión que llevó a la partición del país en dos: la zona centro-norte-oeste ocupada por los rebeldes y el resto del país ocupado por el ejército regular y las autoridades legitimas del país. Esta situación se vio reforzada por las resoluciones de las Naciones Unidas que hicieron perenne la división del país, al instalar una supuesta fuerza de interposición entre las dos franjas territoriales compuesta por cascos azules de las Naciones Unidas y fuerzas francesas de la operación “Licorne”.
La vuelta a la normalidad institucional, con la celebración de elecciones presidenciales, debería hacerse solo después del desarme de los rebeldes y su reintegración en las Fuerzas Armadas Nacionales. Esta tarea, confiada a las Naciones Unidas, nunca se llevó a cabo. Paralelamente a no cumplir con la misión que se le había confiado, las Naciones Unidas no dejaron de hacer presión sobre el presidente democráticamente electo de Costa de Marfil Laurent Gbagbo para que organizara las elecciones presidenciales. Después de una larga resistencia, éste acabó cediendo a la presión internacional y mediática; y así es como se celebraron las elecciones presidenciales en Costa de Marfil.
La primera vuelta celebrada el 31 de octubre de 2010, dio como vencedores a Laurent Gbagbo y Alassane Dramane Ouattara. Las protestas y otros recursos contra los resultados provisionales anunciados por la Comisión Electoral Independiente (CEI) fueron estudiados por el Consejo Constitucional (CC), cuyos resultados definitivos no modificaron sustancialmente los dados por la Comisión Electoral Independiente. Una vez proclamados los resultados definitivos de esta primera vuelta, el Presidente Gbagbo emitió un decreto fijando la fecha de la segunda vuelta para el 28 de noviembre de 2010.
La votación aquel día estuvo envuelta en mucha violencia en el centro-norte-oeste del país (zona ocupada por los rebeldes) sobre todo. Es bastante fácil encontrar en Internet imágenes de dicha violencia. También las pudo documentar un periodista de la cadena de televisión estadounidense CBN. Los rebeldes, utilizando sus armas, impidieron a todos los partidarios de Laurent Gbagbo votar en las regiones que ellos ocupaban. Estos hechos generaron tal situación en la Comisión Electoral Independiente, que no logró proclamar en el tiempo legal tasado de tres días los resultados provisionales de esta segunda vuelta, a pesar de los esfuerzos de los representantes del Presidente Gbagbo, dos personas en una comisión de doce miembros, que se toparon con la oposición del resto, no consiguiendo el consenso necesario para publicar los resultados obtenidos.
Una vez agotado el plazo, el Presidente de la Comisión Electoral, conforme a la ley, transmitió el dossier del proceso electoral al Consejo Constitucional, que se hizo cargo del asunto. Mientras el Consejo Constitucional trabajaba sobre aquel dossier y los recursos presentados por los partidarios del Presidente Gbagbo, el Presidente de la Comisión Electoral Independiente fue llevado por los Embajadores de Francia y EE.UU. al Hotel du Golfe, cuartel general electoral de Ouattara donde, sin aviso previo, anunció lo que presentaba como resultados provisionales de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ante las cámaras de la televisión francesa France 24, sin la presencia de ningún periodista marfileño, al estar todos ellos acampados ante la sede de la Comisión Electoral Independiente, justamente esperando alguna noticia al respecto, al ser éste el único órgano legitimado para hacerlo. El giro inesperado de los acontecimientos obligó al Presidente del Consejo Constitucional, Paul Yao Ndré, a intervenir en los medios de comunicación nacionales para tranquilizar a la población marfileña y recalcar el carácter nulo de la proclamación hecha por el Presidente de la Comisión Electoral Independiente.
Tras este incidente, el Consejo Constitucional volvió a sus trabajos y tras analizar todas las alegaciones de fraude presentadas de parte de Gbagbo -cabe recordar aquí que los partidarios de Ouattara no presentaron al Consejo ninguna alegación de fraude-, tomó la decisión de anular las votaciones de varias provincias en las que se había producido fraude. El recuento de los votos, tras dicha anulación, dio vencedor a Laurent Gbagbo con un 51,4% de los votos.
Young Yin Choi, representante del Secretario General de las Naciones Unidas, confirmó los resultados proclamados, extemporáneamente, por el Presidente de la Comisión Electoral Independiente, en un proceso calificado de certificación de los resultados electorales. Ahora bien la certificación encomendada al representante del Secretario General de las Naciones Unidas era la del proceso electoral y no la de los resultados; es decir, que el trabajo de Young Yin Choi consistía en certificar -como hacen todos los observadores- si las elecciones se habían desarrollado en condiciones tales que los resultados podían considerarse fiables. En vez de esto, Choi decidió hacerse cargo de un trabajo técnico, incumbencia exclusiva de las instituciones nacionales marfileñas.
Este acto de violación grave de la soberanía de un Estado se convertirá en el caballo de batalla de países como Francia y Estados Unidos que se arrogaron la potestad de quitarle toda validez a la decisión del Consejo Constitucional marfileño. Ouattara adopta la misma actitud pero, muy pronto, se encuentra atrapado en sus propias contradicciones porque se percata de que la única institución, según la constitución del país, que tiene legitimidad para recibir el juramento del cargo del Presidente de la República es el mismo Consejo Constitucional cuya decisión se niega a reconocer.
Habiendo perdido ya cualquier atisbo de vergüenza y miedo al ridículo, tras encerrarse en su cuartel general de campaña del Hotel du Golfe, envía una carta al Consejo Constitucional jurando su cargo, fórmula de toma de poder no contemplada en el ordenamiento jurídico marfileño. Desde entonces, llevado por una potente campaña mediática liderada por medios de desinformación franceses como France 24 y Radio France International, Ouattara y sus partidarios armados, que la ONU nunca logró desarmar, se han internado en una absurda vía donde la única razón que vale es la de la fuerza.
Urge aquí una comparación que ayude a unos y otros a ver por qué hablamos de vía absurda:
En el año 2000 el pueblo estadounidense, con sus votos, eligió a Al Gore frente a su rival George W. Bush. Ante las protestas de ambos contrincantes se decidió que había que hacer un recuento de los votos. Antes de que este proceso se acabara la Corte Suprema estadounidense decidió ponerle fin y proclamó a George W. Bush electo. No hubo protestas en la calle, no protestó la llamada “comunidad internacional”; a nadie se le ocurrió que había que intervenir para obligar a la Corte Suprema estadounidense a modificar su decisión inicial y proclamar a Al Gore legítimo vencedor de las elecciones. ¿Cómo se explica esta cautela de la “comunidad internacional”? ¿Y por qué no se observó la misma cautela en Costa de Marfil? ¿Debemos considerar que hay dos varas de medir en las actuaciones de la “comunidad internacional”? Y si es así, ¿a qué se debe esta diferencia de trato? Antes de buscar respuestas a éstas y otras preguntas, vamos primero a ver cómo se ha llegado a la actual situación en Costa de Marfil.
Antecedentes
Más allá de lo que algunos podían haber deducido al leer el contexto plasmado arriba, los antecedentes de la actual crisis de Costa de Marfil se remontan más allá del año 2002. Para tener una perspectiva que ayude a entender la situación hay que retroceder a los años 1990, cuando el viejo y enfermo Presidente Felix Houphpouet Boigny decide nombrar Primer Ministro a Alassane Dramane Ouattara, con la tarea de enderezar la mala situación económica del país. Los problemas empiezan tres años después, en 1993, a la muerte del Presidente Houphouët Boigny. Saltándose a la torera la constitución del país, que preveía como sustituto del presidente difunto al Presidente del Parlamento Henry Konan Bédié, el Primer Ministro, por aquel entonces Ouattara, apoyándose en el jefe del estado mayor del ejército marfileño Robert Guei, ya quiso apoderarse del sillón presidencial autoproclamándose Presidente de la República.
El legítimo sustituto, Bédié, apoyándose en la gendarmería para garantizar su seguridad, reaccionó contundentemente anunciando por televisión a todo el país que de acuerdo con el artículo 11 de la Constitución asumía la sucesión presidencial hasta las próximas elecciones generales, previstas para el año 1995. Ante esta reacción, Alassane Ouattara no tuvo más remedio que renunciar a sus aspiraciones y presentar su dimisión el 11 de diciembre, máxime al comprobar los escasos apoyos políticos con los que contaba.
Desde entonces entró en una peligrosa espiral en la que los dos contrincantes, Bédié y Ouattara, cegados por el rencor, se enzarzaron en una agria batalla. Bédié endureciendo las leyes y el modo de funcionamiento del Estado y Ouattara creando un nuevo partido político Rassemblement Des Republicains (RDR). La respuesta del Presidente Bédié para descartar a Ouattara como posible contrincante en una próxima contienda electoral, fue inventar el concepto de Ivoirité (Marfilinidad), que le permitía discutir la nacionalidad de Ouattara. En 1995, ante el boicot de las elecciones presidenciales por los principales partidos de la oposición, el Presidente Bédié revalida su cargo para un nuevo mandato de cinco años. Este nuevo mandato no llegará a su final, ya que se verá interrumpido por un golpe de Estado en diciembre de 1999. Los golpistas, apoyados por Ouattara, recurren al general Robert Guéi, que el Presidente Bédié había prejubilado para castigarle por su apoyo a Ouattara en su intento de golpe de mano de diciembre 1993, para dirigir el gobierno de transición. El general, a quien los mentores del golpe de Estado quisieron otorgar el papel de mero encargado de organizar las elecciones con arreglo a sus aspiraciones, se reveló como alguien que tenía su propia agenda y que aspiraba a cubrirse de la legitimidad que dan las urnas para afianzarse en el poder.
Un intento de golpe de Estado, promovido por oficiales del ejército originarios del norte, consecutivo al anuncio de la intención de Guéi de presentarse como candidato a la elección presidencial, provoca la destitución y posterior huida de los generales Lassana Palenfo y Abdoulaye Coulibaly, simpatizantes de Ouattara, y el endurecimiento de las posturas del propio Guéi. Las siguientes elecciones presidenciales se celebraron sin la participación de Ouattara cuya candidatura fue rechazada por el Tribunal Supremo al no poder demostrar, como exigía una disposición de la nueva constitución, el origen marfileño de sus padres.
Nada más cerrarse las urnas el 22 de octubre de 2000, el partido de Laurent Gbagbo, el Front Populaire Ivoirien tuvo la certeza de un fraude masivo en favor de Guéi. El 24 el Presidente disolvió la Comisión Nacional Electoral (CNE) que estaba revisando el escrutinio y se declaró vencedor con el 52,7% de los votos. A Laurent Gbagbo le adjudicó el 41%, a pesar de que hasta que se interrumpió el recuento le apuntaba ganador. Gbagbo rechazó esta versión, se declaró a su vez presidente electo con el 59,3% de los sufragios, 26 puntos más que Guéi y amenazó con lanzar una revuelta "a la yugoslava". En realidad, el estallido popular se produjo espontáneamente, tan pronto como Guéi hizo su anuncio. El 25, en un ambiente de preguerra civil por los choques entre manifestantes y soldados leales, Guéi huyó en helicóptero de Abidján presumiblemente a Cotonou, en el vecino Benín, al constatar la defección de miembros de la Junta, que reconocieron la victoria de Gbagbo. Al día siguiente, luego de que la CNE confirmara su victoria con el 59,3% de los votos, Gbagbo prestó juramento como Presidente de la República.
Apenas instalado Gbagbo, que había reconocido durante su investidura el carácter calamitoso de su elección y prometiói un gobierno de unidad nacional, emprende un proceso de reconciliación nacional. En este marco se celebró en noviembre del año 2001 el Foro Nacional de la Reconciliación y en enero 2002 el encuentro de los líderes de los cuatro grandes partidos políticos. Luego de estos encuentros y de las elecciones departamentales, el Presidente formó un gobierno de unidad nacional. En esta situación, el 19 de septiembre de 2002, mientras el Presidente Gbagbo estaba de visita de estado en Italia, estalló un supuesto motín que muy pronto se convirtió en un intento de golpe de Estado fallido y el posterior repliegue de los golpistas en el centro-noroeste del país.
Ante este intento de desestabilización de un país independiente, miembro de la ONU, ni este organismo ni ningún otro ente de la llamada “comunidad internacional” juzgó necesario condenar aquel intento. Francia, llamada por el Presidente Gbagbo para que cumpliera el acuerdo militar que la liga a Costa de Marfil desde su independencia y que le obliga a intervenir en defensa de su ex colonia en el caso de ser atacada y de que peligre su estabilidad política, el gobierno de Chirac se niega a cumplir dicha obligación. Más bien, utilizando a la ONU, logra que la “comunidad internacional” ratifique la partición del país en dos, enviando cascos azules apoyados por fuerzas francesas en lo que se denominó “operación licorne”.
Lecciones
De lo anteriormente expuesto se derivan varias conclusiones:
La primera de ellas es que los medios de comunicación, en la llamada era de la información, no son más que meras cajas de resonancia que reproducen hasta la náusea la propaganda que algunos difunden a través de unas agencias. En un momento en el que todos están reprochando a los políticos su incompetencia, sería preciso que los que ejercen la profesión de periodistas reflexionasen en torno a lo que aparece como una renuncia ante su responsabilidad de informar al público. Porque hoy día leer un periódico o escuchar las noticias ya no es garantía de información fiable.
La segunda conclusión concierne al carácter mafioso de la política francesa en África desde las llamadas independencias, algo que se viene conociendo bajo la denominación de "Francáfrica". En este caso, la rebelión que sufría Costa de Marfil desde septiembre de 2002, es obra de Francia que, quiso desestabilizar el régimen de Laurent Koudou Gbagbo, cuyas veleidades independentistas no gustaban a París.
La tercera es que, al sumarse a este modus operandi francés en Costa de Marfil, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reafirmado su carácter criminal que ya había aparecido en los años 1960, cuando participó en el asesinato de Patrice Emery Lumumba. En el caso presente la ONU, en vez de desarmar a los rebeldes, tal como rezan sus propias resoluciones, les ha ayudado a saquear las riquezas del país, particularmente el oro, y a organizar el tráfico de estos recursos. Con los fondos así recogidos les ha ayudado a rearmarse, violando su propia resolución de embargo sobre armas. Paralelamente, denunciaba vehementemente el supuesto rearme del ejército nacional marfileño. Una mentira que tuvo que reconocer ante las protestas de Bielorrusia a la que había señalado como la supuesta suministradora de dicho armamento.
La cuarta conclusión es relativa a la vacuidad de la llamada “justicia internacional”. Entre las manos de Luis Moreno Ocampo y sus acólitos, ésta se ha convertido muy rápidamente en una herramienta más del arsenal colonial que utilizan los países occidentales contra los mandatarios de los países del sur (sobre todo los negros africanos), que no se pliegan ante las conminaciones de algunos dirigentes occidentales. Como dice el abogado francés Jacques Vergès, la Corte Penal Internacional sufre un daltonismo al negro. En otros términos, Luis Moreno Ocampo y compañía, son incapaces de ver otro color que no sea el negro. Cabe precisar aquí que tampoco son todos los negros los que atraen la mirada de Ocampo y compañía, solo lo hacen los negros deseosos de ser libres. A los negros colaboracionistas del estilo de Alassane Dramane Ouattara o su primer ministro Guillaume Soro, no los ve. Pueden cometer asesinatos masivos como en Duékoué o provocar más de cinco mil muertos desencadenando una rebelión contra un Estado independiente, que el señor Ocampo no se da por enterado.
La quinta conclusión apunta en dos direcciones. Primero en dirección a la llamada “comunidad internacional” y a su poca disponibilidad para ver el continente africano sacudirse la argolla del colonialismo y tomar su propio destino de la mano. Luego en dirección a la clase dirigente africana y su incapacidad de salir del corsé mental en el que está metida desde hace más de cinco siglos, cuando algunos de ellos hacían de la caza al esclavo una forma de gestión de la cosa pública. Esta es la única forma de explicar la inactividad de estos países que, a sabiendas de la verdad de los hechos, han dejado actuar de esta manera a Francia y sus secuaces, ignorando su responsabilidad ante la historia de la instalación del fascismo por parte de occidente, en el corazón del África Occidental.
Prospectiva
Ahora que Francia, los Estados Unidos y la ONU ya tienen lo que querían en Costa de Marfil, cabe preguntarse hacia qué escenario vamos. Con base en lo que hemos podido observar hasta ahora en los grandes medios de comunicación occidentales, podemos prever que vamos hacia un escenario a la hondureña; es decir, a una masacre a gran escala y a puerta cerrada. Porque aquí lo que más importa no son los hechos que ocurren, sino su conocimiento, o no, por el gran público. De hecho ya ha empezado esta carnicería, en 24 horas ya han matado al Ministro del Interior del Gobierno del Presidente Gbagbo, Désiré Tagro.
También cabe temer que Costa de Marfil no sea el único y último caso. El mensaje que Francia, Estados Unidos, la ONU y la mencionada “comunidad internacional” acaban de mandar a las poblaciones africanas es que cualquiera que esté dispuesto a sacrificar la vida de sus conciudadanos en pro de intereses foráneos puede contar con su apoyo.
Finalmente habrá que esperar a que, en algunas décadas, salgan supuestos investigadores de los países, hoy verdugos de Laurent Koudou Gbagbo, para desvelarnos algo que ya sabíamos. Así ha ocurrido con los casos de Patrice Emery Lumumba (República Democrática del Congo) o de Thomas Sankara (Burkina Faso), cuyo asesino es uno de los que conforman la coalición fascista que ha decidido entregar los pueblos africanos, atados de pies y manos, a los que desde hace cinco siglos anhelan borrarles de la faz de la tierra para apoderarse de sus riquezas. Basta con zambullirse en los archivos sonoros de los años sesenta u ochenta de algunos medios de comunicación occidentales para tomar la medida de lo que se dice aquí.
Diokgbéne Bomboma, Licenciado en Derecho, Máster Internacional de Estudios sobre Paz, Conflictos y Desarrollo, Investigador de la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz, Universitat Jaume I, Castellón
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