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“Si la Onpe detecta una irregularidad en el origen de los fondos electorales de Keiko Fujimori, este organismo tiene el deber de darlo a conocer. En ese caso, al fiscal de la Nación, José Peláez, le tocaría iniciar una investigación para determinar si ese dinero proviene del dinero robado al Estado por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos”, precisó a LA PRIMERA.
Avelino Guillén reveló que el actual procurador anticorrupción Pedro Gamarra ha informado que los 185 millones de dólares recuperados constituyen un 3% del monto total robado al erario nacional por la dupla Fujimori-Montesinos. “Según Pedro Gamarra el monto robado bordea los seis mil millones de dólares y hasta ahora no se sabe dónde está ese dinero restante. Existe un 97% que no ha sido recuperado y no es posible que ahora pueda estar siendo utilizado en campañas electorales”, dijo.
Por ello, reiteró su pedido a la Onpe para que realice una investigación seria de los fondos que viene utilizando Keiko Fujimori. “Los fondos usados en la campaña deben ser explicados por todos los partidos. No es posible que se diga que los fondos provienen de polladas o rifas, porque eso no es serio”, indicó.
Agregó que el Ministerio de Justicia también debe investigar este hecho sobre la base de las investigaciones realizadas por el procurador anticorrupción Pedro Gamarra. “Ha habido una actitud muy lenta y bastante desidia por los responsables de recuperar esos montos de dinero”, apuntó.
JusticiaSostuvo que la cartera de Justicia debe brindar información detallada de cuánto se robó durante el período de gobierno de Alberto Fujimori. “La cartera de Justicia tiene que recuperar ese dinero y tiene que explicar cuáles son las medidas que se han tomado hasta ahora para recuperar los fondos robados por el fujimontesinismo”, anotó.
Guillén lamentó que durante el actual gobierno se haya producido el desmantelamiento de la oficina encargada de la recuperación del dinero robado por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, la cual dependía de la Procuraduría Anticorrupción.
“Esa oficina dependía del actual procurador anticorrupción Pedro Gamarra y ahora ha sido trasladada a otra dependencia. Habría que preguntarse por qué se ha desmantelado esa oficina. Por eso es que no se sabe exactamente cuánto es el monto robado al Estado. La cifra de seis mil millones es una aproximación”, refirió.
El exfiscal que acusó a Alberto Fujimori también advirtió que la mayoría de los delitos cometidos durante el régimen fujimontesinista corren el peligro de prescribir y quedar en la más completa impunidad.
“En su momento, el Ministerio Público no ha investigado de manera completa estos robos contra el Estado y otros procesos judiciales tampoco han concluido. Existe un peligro de que estos delitos prescriban. Ya están por prescribir la mayoría de hechos de corrupción. Por ejemplo, los delitos por asociación ilícita para delinquir cometidos por la dictadura fujimontesinista ya han prescrito el 2009”, advirtió.
Guillén citó el caso del expremier y exministro de Economía Juan Carlos Hurtado Miller, quien afrontaba una denuncia por el delito de peculado, el cual ya prescribió el año pasado. “Por eso es que ahora el exministro solo tiene arresto domiciliario. Y por eso volvió al país”, precisó.
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