Según el diccionario, la palabra escalada significa el aumento repentino y alarmante de la intensidad de algo. En términos coloquiales una escalada sucede cuando dos personas discuten y una de ellas propina una bofetada al otro, quien responde entonces usando un palo para devolver la cortesía lo que provoca que reciba a su vez una cuchillada y entonces responda con una pistola y así hasta que los dos acaban muertos. La escalada es la expresión típica de la ausencia de soluciones no violentas, del desconocimiento de los derechos del otro, de su plena humanidad.
El hallazgo de 35 cuerpos al pie del monumento a los Voladores de Papantla, en Boca del Rio, Veracruz, representa un punto de inflexión en la escalada de violencia que vive el estado. Para algunos es la prueba de que el relevo de organizaciones delictivas ha sido consumado; para otros el inicio de una nueva etapa en el deterioro de la seguridad pública y el debilitamiento de los derechos humanos.
El manejo que el gobierno del estado hizo del hecho dejó mucho que desear. El procurador veracruzano, Reynaldo Escobar, declaró el mismo día del hallazgo que los cuerpos pertenecían a personas con antecedentes penales y que buena parte de ellos habían escapado recientemente de varias cárceles veracruzanas. Esta información fue desmentida días después por Gina Domínguez, titular de Comunicación Social del gobierno de Veracruz, quien afirmó que ninguno de los cuerpos encontrados pertenecían a las personas que se habían fugado de penales del estado. Tal vez por ello, varios medios de comunicación locales insisten en la inminente renuncia del procurador. Pero en realidad esto demuestra que la coordinación entre los integrantes del gobierno del estado es muy débil ya que los que tienen el control no son ellos sino las fuerzas armadas y el gobierno federal encabezado por Felipe Calderón.
Por su parte el gobernador del estado, Javier Duarte, puso en evidencia su percepción del problema al lamentar los hechos pero al mismo tiempo declaró que lamentaba aún más que las personas fueran delincuentes, con lo que avaló el error cometido por el procurador pero además agregó su desprecio por la vida humana al justificar las muertes como consecuencia de su adhesión al crimen organizado. En su cuenta de twitter escribió al respecto: "Es lamentable el asesinato de 35 personas, pero lo es más q (sic) esas mismas personas hayan escogido dedicarse a extorsionar, secuestrar y matar"
Sin embargo, el gobierno federal no está tan seguro de que las personas muertas estén plenamente identificadas como delincuentes. La vocera de la presidencia de la República, Alejandra Sota, declaró ante Denisse Maerker que “…nosotros no tenemos información que cien por ciento estén ya en Plataforma México con antecedentes penales, eso es lo que está analizando la PGR .”
Para los optimistas, el hallazgo de los cuerpos en Boca del Río representa el fin de una guerra local por el control de la plaza, que parece confirmarse por un video en el que un grupo de individuos, conocidos como Matazetas, justifican sus acciones argumentando que su misión es limpiar al estado de la conocida organización delictiva. (http://www.youtube.com/watch?
Una vez logrado el objetivo la paz volvería a Veracruz aunque cuesta trabajo creer que la militarización rampante desaparecería de un día para otro. En realidad, la profundización de la militarización en Veracruz continúa.
El operativo “Veracruz Seguro”, presentado por el Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora y el gobernador Duarte el pasado 4 de octubre, es la respuesta al desafío del narcotráfico, la agudización de la escalada de violencia. El operativo consuma la estrategia de unificar los mandos policiacos locales en el gobierno federal, por lo que la Marina será ahora la encargada de planear, coordinar y encabezar las labores de seguridad en el estado. Esto quiere decir que llegarán más efectivos militares al estado y que el gobierno del estado estará como auxiliar de los mandos castrenses. ¿Habrá alguna forma mejor de contravenir el espíritu constitucional que pone a los civiles por encima de los militares? ¿No fue ésa la estrategia del fascismo europeo en el periodo de las guerras mundiales o la de los golpistas sudamericanos de los años setenta? Pero además de aumentar el despliegue de fuerzas militares en Veracruz, el operativo en cuestión intensificará sus labores de información e inteligencia, la evaluación y depuración de las corporaciones policiacas, el aumento del gasto público estatal para la seguridad pública y claro, no podía faltar, la aplicación irrestricta de la ley. En pocas palabras: menos dinero para el gasto social y la atención a los grupos sociales más vulnerables, para educación, salud y vivienda pero mayor control de la ciudadanía a través del espionaje selectivo; eso sí, todo en el marco de la ley.
Las contradicciones del discurso del gobernador Duarte no dejan de llamar la atención. Según un medio local, en el contexto de la presentación del operativo “Veracruz Seguro”, Duarte declaró “… que el gobierno refrenda su compromiso de combatir a todos los grupos de la delincuencia organizada y enfatiza la necesidad de que los gobiernos locales recuperen su capacidad institucional y operativa para que cumplan con su responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad y procurar justicia a todos los mexicanos.” (http://www.alcalorpolitico.
Para los pesimistas, las cosas no van a mejorar y sólo son una muestra de la escalada de violencia que ha vivido el estado en los últimos meses. El crecimiento de la presencia de las fuerzas armadas en Veracruz -que tomó fuerza con la llegada de Javier Duarte a la gubernatura el pasado diciembre- ha intensificado la espiral de violencia y generado un clima de inseguridad. La mayoría de los veracruzanos ha tenido que tolerar el debilitamiento de sus derechos –desapariciones forzadas, allanamientos sin orden judicial, torturas, toque de queda de facto- frente a la cruzada que encabeza el gobierno federal y que el local ha secundado sin pensarlo demasiado. Peor aún, el gobierno del estado de Veracruz simplemente renuncia a cumplir con el mandato constitucional para encargarse de la seguridad pública y deja todo en manos de la Marina. Con ello simplemente está apartando a la ciudadanía de la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones en materia de seguridad, cortando de tajo el ejercicio de los derechos civiles básicos y ofreciendo en bandeja a los militares el control de todo el estado. Las consecuencias serán, sin lugar a duda, mayor violencia y atropellos a los derechos humanos.
En este sentido, el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, organismo dependiente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, informó recientemente que entre enero y agosto de este año se reportaron 483 casos de violación de derechos humanos en la entidad, confirmando el repunte de este tipo de denuncias y colocando al estado en el tercer lugar nacional. Las denuncias tienen que ver principalmente con la vida interna del penal de Villa Aldama, con el tráfico de migrantes en Acayucan y las quejas de detenidos por el Ejército en el puerto de Veracruz.
(http://plumaslibres.com.mx/
Así las cosas, independientemente de la posición que se asuma, Veracruz se ha sumado a la escalada de la violencia que convulsiona a la Nación entera, al protagonismo de las fuerzas armadas y al repliegue de la ciudadanía. Por ahora lo que prevalece es el temor de la población y la poca sensibilidad de las autoridades -por no decir indiferencia- por el sufrimiento que ha desatado su política de seguridad. Pero las perspectivas a futuro son terribles pues la escalada de violencia ha sufrido un cambio cualitativo en Veracruz y no se ve para cuando la escalada de violencia disminuya pues por ahora va al alza, con los tambores de guerra sonando cada vez más fuerte.
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