Cómo se hace pagar su pobreza a los pobres
El truco consiste en robarles con formas que sean sistemáticas,
impersonales y casi imposibles de localizar en lo que respecta a sus
responsables individuales. Los patronos, por ejemplo, no tienen más que
programar sus ordenadores para rebanarles unos cuantos dólares de cada
cheque, o pueden pedirles a los trabajadores que vayan a trabajar
treinta minutos o más antes de que empiece a contar el reloj.
Los prestamistas, contando a las principales empresas crediticias, así
como a los prestamistas del día de paga, han adoptado el papel del
tradicional usurero de la esquina, cobrando tasas de interés de locura.
Cuando se complementan con intereses de demora (sujetos a su vez a
intereses), la tasa de interés efectivo resultante puede llegar a ser
tan elevada como de un 600% anual, lo que es perfectamente legal en
muchos estados.
No sólo el sector privado se dedica a explotar a
los pobres. Las administraciones locales están descubriendo que pueden
compensar sus ingresos fiscales en declive gracias a multas, tasas y
otros costes impuestos a acusados indigentes, a menudo por delitos cuya
ruindad no va más allá de conducir con un carné caducado. Y si eso
parece una forma ineficaz de sacar dinero, dado el elevado coste de lo
que supone encerrar a la gente, un número creciente de jurisdicciones
han empezado a cobrar a los acusados el coste de los tribunales y hasta
el precio de ocupar una celda.
Un caso ejemplar de persecución
administrativa de la gente en la calle sería el de Edwina Nowlin, un
mujer de Michigan sin techo que fue encarcelada en 2009 por no poder
pagar 104 dólares mensuales para cubrir los costes de alojamiento y
hospedaje del encarcelamiento de su hijo de 16 años. Al recibir un
cheque atrasado, pensó que le permitiría pagar la estancia de su hijo en
prisión. Por el contrario, se le confiscó para cubrir el coste de su
propio encarcelamiento.
Las administraciones se suman a los saqueadores de los pobres
Se podría pensar que los responsables políticos se tomarían mucho
interés en las cantidades que se les roba, coacciona o extorsiona a los
pobres, pero no constan esfuerzos oficiales por rastrear esas figuras.
Por el contrario, tenemos que fijarnos en investigadores independientes,
como Kim Bobo, autor de Wage Theft in America [El robo salarial en Norteamérica],
que estima que el robo de salarios les rinde a los patronos como mínimo
100.000 millones de dólares al año y posiblemente el doble de esa
cifra. Por lo que se refiere a los beneficios que saca la industria de
préstamos, Gary Rivlin, que escribió Broke USA: From Pawnshops to Poverty, Inc – How the Working Poor Became Big Business, [Los Estados Unidos en bancarrota: de las casas de empeño a Pobreza S. A: cómo se han convertido los pobres en un gran negocio]
afirma que los pobres pagan un recargo efectivo de cerca de 30.000
millones de dólares anuales por los productos financieros que consumen, y
más del doble si se incluyen tarjetas de crédito de segunda categoría,
préstamos de segunda categoría para comprar coches e hipotecas de
segunda categoría.
No se trata, por supuesto de cantidades
triviales. Entran en el mismo orden de magnitud de los principales
programas públicos para pobres. La administración distribuye cerca de
55.000 millones anuales de dólares, por ejemplo, a través del mayor
programa de transferencia de efectivo a los pobres, el Crédito
Tributario sobre Ingresos Percibidos [Earned Income Tax Credit]; al
mismo tiempo, los patronos están malversando el doble de esa cantidad, si es que no es más, por medio del robo salarial.
Y mientras que la administración cierra por lo general los ojos a los
decenas de miles de millones de dólares en intereses exorbitantes que el
sector de negocios cobra a los pobres, es llamativamente reacia con las
prestaciones públicas a los pobres. La Asistencia Temporal a Familias
Necesitadas (Temporary Assistance to Needy Families), por ejemplo, el
único programa de bienestar que nos queda a escala nacional, sólo recibe
26.000 millones de dólares anuales en fondos de los estados y
federales. Queda la impresión de un sector público totalmente en
contradicción consigo mismo: por un lado, ofrece programas que son una
red de seguridad para los pobres; por el otro, permite el robo a gran
escala por parte del sector privado contra la misma gente a la que
supuestamente trata de proteger.
A escala local, sin embargo,
la administración opta cada vez más por unirse al saqueo. En 2009, con
un año ya de Gran Recesión, empecé a oír quejas de activistas
comunitarios sobre umbrales cada vez más agresivos a la hora de hacer
cumplir la ley en zonas de bajos ingresos. Tira una colilla y te
detendrán por ensuciar; vacíate los bolsillos a petición de un agente de
policía en cualquier control de parar y cachear y acabarás esposado por
unos restos de marihuana. Cada una de estas infracciones puede tener
como resultado una multa, como mínimo, de tres cifras.
Y la
cifra de posibles infracciones que suponen cárcel y/o a multas se ha ido
multiplicando temerariamente. Por todo el país – de California y Tejas a
Pensilvania – condados y municipalidades han ido endureciendo las leyes
contra el absentismo escolar y ampliando el cumplimiento de la ley,
llegando a veces incluso hasta a esposar niños encontrados en las calles
en horario escolar. En la ciudad de Nueva York es ahora delito poner
los pies encima de un asiento del metro, aunque el resto del vagón esté
vacío, y una mujer de Carolina del Sur pasó seis días en la cárcel
cuando no pudo pagar una multa de 480 dólares por el delito de tener el
"patio en desorden". Algunas ciudades, – muy recientemente, Houston y
Filadelfia – han convertido en delito compartir comida con indigentes en
lugares públicos.
Ser pobre no es en sí mismo un delito de
momento, pero al menos en un tercio de los estados, tener deudas puede
acabar contigo en la cárcel. Si un acreedor como un casero o una empresa
de tarjetas de crédito consigue una citación judicial dirigida a ti y
no compareces en la fecha prevista en el juzgado, se emite una orden
judicial de detención. Y es fácil pasar por alto una citación judicial,
que puede haberse enviado a una dirección errónea o, en el caso de un
repartidor negligente, que se tire simplemente a la basura – una
práctica tan común que el sector tiene incluso una denominación para
ello: "servicio de alcantarilla”.
Siguiendo una secuencia que, según
informa la National Public Radio, resulta "cada vez más común", se
detiene a una persona por cualquier infracción menor de tráfico – tener
un silenciador que hace ruido, digamos, o un piloto del freno roto –,
momento en el cual el agente descubre la orden judicial y el
involuntario infractor acaba en la cárcel en un abrir y cerrar de ojos.
Las administraciones locales, predadoras
Cada uno de estos delitos, neo-delitos y pseudo-delitos conlleva penas
financieras, así como la amenaza de un periodo de cárcel, pero la
cantidad de dinero que así se les saca a los pobres resulta
endemoniadamente difícil de determinar. Ninguna agencia central rastrea
la aplicación de la Ley a escala local, y los registros municipales
pueden ser casi deliberadamente superficiales.
De acuerdo con
una de las pocas estimaciones recientes a escala nacional, la de la
Asociación Nacional de Abogados Criminalistas (National Association of
Criminal Defense Lawyers), se cometieron 10,5 millones de faltas en
2006. Nadie se arriesgaría a llevar a cabo una estimación de la pena
financiera media de una falta, aunque los expertos a los que he
entrevistado afirmaron todos que la cantidad suele estar generalmente en
"cientos de dólares". Si tiramos extremadamente por lo bajo, unos 200
dólares por falta, y tenemos en cuenta que el 80-90% de los delitos los
cometen personas que son oficialmente indigentes, entonces loas
administraciones locales están utilizando el cumplimiento de la Ley para
sacarles o intentar sacarles anualmente a los pobres al menos 2.000
millones de dólares anuales.
Y eso no es más que una pequeña
fracción de lo que a las administraciones les gustaría recaudar de los
pobres. Katherine Beckett, socióloga de la Universidad de Washington,
estima que los "padres aprovechados" (y madres) deben 105.000 millones
de dólares en pagos atrasados para manutención de los hijos, la mitad de
los cuales se adeudan a la administración de los estados como reembolso
de pagos anteriores de asistencia social a los niños. Sí, los padres
tienen una obligación moral con sus hijos, pero la gran mayoría de
quienes deben la manutención de sus hijos son indigentes.
Los
intentos de recaudar entre los que ya son pobres pueden ser despiadados y
a menudo, se podría pensar, contraproducentes. La mayoría de los
estados confiscan los permiso de conducir de la gente que adeuda la
manutención de los hijos, con lo que prácticamente garantizan que no
podrán trabajar. Michigan acaba de empezar a suspender los permisos de
conducir de quienes deben dinero de tickets de aparcamiento. En Las
Cruces, Nuevo México, acaba de aprobarse una ley que castiga a la gente
que tiene sin pagar multas de tráfico vencidas cortándoles el agua, gas y
alcantarillado.
Una vez cae una persona en las garras del
sistema de justicia criminal, encontramos el tipo sadismo de payasada
familiar a los espectadores de Wipeout [programa televisivo en el
que los participantes se someten a pruebas hilarantes e humillantes que
suelen acabar con ellos en el barro o en el agua]. Muchos tribunales
imponen costas sin determinar si el acusado puede pagarlas o no, y el
privilegio de disponer de un plan de pagos también cuesta en si mismo
dinero.
En un estudio de de quince estados, el Brennan Center
for Justice de la Universidad de Nueva York descubrió que catorce de
ellos tenían jurisdicciones que imponen "penas de pobreza" de hasta 300
dólares para aquellos que no pueden pagar sus tasas y multas, más las
tasas de demora y "tasas de recaudación" para quienes precisan plazos de
pago. Si se impone alguna pena que conlleve un periodo de prisión,
también eso cuesta dinero, tal como descubrió la desventurada Edwina
Nowlin, y los coste de la libertad bajo palabra y libertad condicional
se trasladan cada vez más al infractor..
Las actividades
depredadoras de las administraciones municipales le dan un nuevo sentido
a esa frase cansina de "el ciclo de la pobreza". La gente pobre tiene
bastantes más probabilidades de meterse en líos con la Ley, ya sea
porque no paga las multas o porque in
curra en la ira de un acreedor del sector privado como un casero o un hospital..
Una vez se te considera delincuente, ya puedes ir diciéndole adiós a lo
que te quede de recursos. No solo te enfrentarás al coste de los
tribunales antes mencionado sino que te será difícil volver a conseguir
un empleo una vez tengas historial delictivo. Y luego, por supuesto,
cuanto más pobre te vuelves, más probabilidades tienes de meterte otra
vez en líos con la Ley, haciendo de esto menos un "ciclo" y más un
tobogán al infierno. Cuanto más desciendes, más rápido caes, hasta que
acabas por último en las calles y te trincan por una falta como orinar
en público o dormir en la acera.
Podría proponer toda clase de
medidas políticas para frenar la depredación de los pobres. Deberían
restablecer los límites a la usura. Habría que tomarse en serio el robo
también cuando lo cometen patronos millonarios. No debería meterse a
nadie en la cárcel por deudas o sangrarle un dinero al que no tiene
posibilidad de acceder. Esto no tiene mucha discusión y debería tener
preferencia sobre cualquier cosa que se diga a largo plazo acerca de
generar empleo o fortalecer las redes de seguridad.
Antes de que podamos "hacer algo" por los pobres, hay ciertas cosas que tenemos que dejar de hacerles.
1 comentario:
Esta conducta ya la intentó Ca$tañeda Lo$$io, ex alcalde de Lima, con las papeletas fantasma, las notificaciones de embargo que no llegaban al destinatario por ser arrojadas a otra parte o llegar fuera de la fecha límite, etc. Es parte de la pesadilla en que se convertirá el mundo si dejamos que el capitalismo salvaje (apoyado por los MEDIOS CHATARRA)se imponga sobre nosotros. Justamente escuché en el programa radial "Armagedón" a alguien que decía que "no hay que confundir LEGALIDAD con JUSTICIA", y esto se aplica a esa espantosa realidad. Porque si las leyes favorecen el robo a los pobres, ¿no es porque esas leyes son INJUSTAS? Pues los medios chatarra y los ideólogos del neoliberalismo salvaje dicen que HAY QUE RESPETAR LAS LEYES (y un comercial de la $ociedad Nacional de Radio y Televi$ión dice precisamente eso), pero no dicen "ni pío" sobre la injusticia del capitalismo. Es que ello$ no pueden tirar piedras a su propio techo.
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