Rio+20: Amazonia, entre desafíos y múltiples amenazas
Noticias Aliadas
Amazonia se
encuentra en el centro del debate ambiental en Brasil, y no podría ser
diferente en el caso de Rio+20. La selva tropical más grande del mundo,
tiene la mayor concentración de biodiversidad y una de las reservas de
agua dulce más voluminosas del planeta.
Las políticas del gobierno brasileño para la Amazonia fueron duramente criticadas por ambientalistas, científicos, pueblos indígenas y comunidades tradicionales durante los eventos paralelos a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible —realizada en Rio de Janeiro del 20 al 22 junio— que fue el escenario perfecto para que el gobierno de Brasil presentase las acciones que está implementando con miras a reducir la deforestación y proteger la vasta selva tropical.
Las críticas se centran en tres puntos. Uno de ellos es el conjunto de proyectos hidroeléctricos en la región, particularmente la construcción de la central de Belo Monte, en la cuenca del río Xingu, que se convertirá en la tercera hidroeléctrica más grande del mundo después de Tres Gargantas en China, e Itaipú, que comparten Brasil y Paraguay. Los otros dos tienen que ver con una ley aprobada por el Senado que reduce las Áreas de Conservación y con la deforestación.
Brasil tiene más de 140 proyectos de hidroeléctricas de diversa potencia para la Amazonia, por un total de más de 40,000 MW, de lejos la mayor parte de los más de 60,000 MW previstos para la suma de todos los proyectos en el país. Belo Monte, en el estado de Pará, tiene una potencia prevista de 11,000 MW.
En abril pasado, dos meses antes de Rio+20, el gobierno recibió otra notificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos, acerca de los posibles impactos de la construcción de Belo Monte sobre los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales de esa región de la Amazonia.
El 1 de abril del 2011, la CIDH había otorgado medidas cautelares a favor de las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingu, en Pará: arara de la Volta Grande do Xingu, juruna de Paquiçamba, juruna del “Kilómetro 17”, xikrin de Trincheira Bacajá, asurini de Koatinemo, kararaô y kayapó de la tierra indígena Kararaô, parakanã de Apyterewa, araweté de Igarapé Ipixuna, arara de la tierra indígena Arara, arara de Cachoeira Seca, además de comunidades indígenas en aislamiento de la cuenca del Xingu.
La solicitud de medidas cautelares argumentó que “la vida y la integridad personal de los beneficiarios estarían en riesgo por el impacto de la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte”. En julio del 2011, tras la respuesta del gobierno brasileño asegurando que se estaban tomando las medidas para proteger los territorios y derechos de los pueblos indígenas, la CIDH solicitó al gobierno que adoptase “medidas para proteger la vida, la salud y la integridad personal de los miembros de las comunidades indígenas en situación de aislamiento voluntario de la cuenca del Xingu, y la integridad cultural de las mencionadas comunidades”.
En respuesta a presiones de organizaciones indigenistas, ambientalistas y de la propia CIDH, el gobierno creó en enero pasado un Grupo de Trabajo Interministerial con miras a la formulación de estudios para la reglamentación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. El convenio prevé la consulta a los pueblos eventualmente afectados por proyectos de desarrollo. La ausencia de esas consultas a pueblos indígenas y comunidades afrobrasileñas afectadas por algunos proyectos en la Amazonia, ha sido objeto de críticas por parte de órganos nacionales e internacionales.
No a las represas
En Rio+20, Belo Monte fue, naturalmente, tema de varios de los eventos paralelos, sobre todo en la Cumbre de los Pueblos. El 18 de junio, la organización no gubernamental francesa Planète Amazone entregó a los indígenas kayapó un documento con 350,000 firmas contra la construcción de Belo Monte, que los kayapó harán llegar a la presidenta Dilma Roussef.
“Vamos a llevar todo a la presidenta Dilma. Es especialmente para ella. Para decir que los indígenas brasileños no están solos”, afirmó en la Cumbre de los Pueblos Marcos Apurinã, de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB).
El 19 de junio, una “banderola humana” fue promovida por unas 1,500 personas en el centro de Rio de Janeiro, para simbolizar un río libre de represas u otras formas de agresión. “Necesitamos un movimiento para llamar la atención sobre el gobierno de Brasil y del mundo para detener estas represas. ¿Cómo pueden las personas vivir sin los ríos y sus peces y los bosques?”, afirmó en el evento el cacique Raoni, referente histórico de los pueblos indígenas brasileños. La manifestación, organizada por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), contó con el apoyo de organizaciones como la Campaña Global para la Acción Climática y Amazon Watch, que defendieron la necesidad de que Brasil dé saltos más grandes en otras fuentes de energía.
Los diversos proyectos de hidroeléctricas en la Amazonia brasileña estuvieron, de hecho, en el centro de los debates en el IX Campamento Tierra Libre-Buen Vivir/Vida Plena, realizado como parte de la Cumbre de los Pueblos por las organizaciones indígenas brasileñas e internacionales como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), el Consejo Indígena de Centroamérica (CICA) y el Consejo Continental de la Nación Guaraní (CCNAGUA).
La declaración final del Campamento Tierra Libre repudió los grandes emprendimientos en territorios indígenas brasileños, como las represas Belo Monte y Jirau, entre otros.
La controversia por las hidroeléctricas está relacionada con otro punto de las críticas a las políticas del gobierno brasileño para la Amazonia. Se trata de la cuestión de las Unidades de Conservación existentes en la Amazonia. Menos de un mes antes de Rio+20, el Senado federal aprobó el 29 de mayo un proyecto de ley que reduce las áreas de las Unidades de Conservación a fin de viabilizar la inundación de los reservorios de las hidroeléctricas proyectadas en la Amazonia, la nueva frontera energética de Brasil. Con el proyecto, resultante de una propuesta de ley presentada por el gobierno federal al Congreso Nacional, fueron alterados los límites de ocho Unidades de Conservación, de los cuales cuatro ya perdieron áreas en función de la inundación prevista por las represas, las centrales de energía de São Luiz do Tapajós, Tabajara, Jatobá, Santo Antônio y Jirau, estas ya en construcción.
Deforestación
El tercer foco de las críticas al gobierno federal en relación con la Amazonia se refiere a la deforestación, con impacto en la destrucción de la biodiversidad y la emisión de gases de efecto invernadero. Los incendios, la deforestación y otras formas de uso inadecuado de la tierra representan más del 70% de las emisiones brasileñas.
Durante Rio+20, el gobierno brasileño presentó varias acciones relacionadas con la Amazonia, incluyendo el resultado de las políticas contrarias a la deforestación. Desde el 2004, cuando la deforestación alcanzó los 27,400 km², se ha producido una disminución anual, alcanzando 6,418 km² entre agosto del 2010 y julio del 2011.
Pero los ambientalistas consideran todavía muy altas las tasas de deforestación en la Amazonia, que ya perdió 20% de su superficie original.
Asimismo, el gobierno brasileño presentó los resultados del Programa de Áreas Protegidas de la Amazonia (ARPA), que ya cubre el 15% de la región. ARPA brinda capacitación en protección y fiscalización de las áreas, y en monitoreo ambiental, financiero y físico del propio programa a 95 unidades de conservación en este bioma, con un total de 58 millones de hectáreas.
“Hay 22 millones de personas que viven en la Amazonia y que esperan un mejor nivel de vida”, dijo el secretario de Biodiversidad y Bosques, Roberto Cavalcanti, en el evento sobre los resultados de ARPA, el 18 de junio.
En el evento, el Ministerio de Medio Ambiente y la organización ambientalista WWF-Brasil se reunieron con organismos internacionales de financiamiento para firmar un acuerdo multilateral destinado a recaudar US$250 millones, hasta el 2019, y otros $35 millones en los años siguientes, como una forma de fortalecimiento y ampliación de ARPA
Las políticas del gobierno brasileño para la Amazonia fueron duramente criticadas por ambientalistas, científicos, pueblos indígenas y comunidades tradicionales durante los eventos paralelos a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible —realizada en Rio de Janeiro del 20 al 22 junio— que fue el escenario perfecto para que el gobierno de Brasil presentase las acciones que está implementando con miras a reducir la deforestación y proteger la vasta selva tropical.
Las críticas se centran en tres puntos. Uno de ellos es el conjunto de proyectos hidroeléctricos en la región, particularmente la construcción de la central de Belo Monte, en la cuenca del río Xingu, que se convertirá en la tercera hidroeléctrica más grande del mundo después de Tres Gargantas en China, e Itaipú, que comparten Brasil y Paraguay. Los otros dos tienen que ver con una ley aprobada por el Senado que reduce las Áreas de Conservación y con la deforestación.
Brasil tiene más de 140 proyectos de hidroeléctricas de diversa potencia para la Amazonia, por un total de más de 40,000 MW, de lejos la mayor parte de los más de 60,000 MW previstos para la suma de todos los proyectos en el país. Belo Monte, en el estado de Pará, tiene una potencia prevista de 11,000 MW.
En abril pasado, dos meses antes de Rio+20, el gobierno recibió otra notificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos, acerca de los posibles impactos de la construcción de Belo Monte sobre los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales de esa región de la Amazonia.
El 1 de abril del 2011, la CIDH había otorgado medidas cautelares a favor de las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingu, en Pará: arara de la Volta Grande do Xingu, juruna de Paquiçamba, juruna del “Kilómetro 17”, xikrin de Trincheira Bacajá, asurini de Koatinemo, kararaô y kayapó de la tierra indígena Kararaô, parakanã de Apyterewa, araweté de Igarapé Ipixuna, arara de la tierra indígena Arara, arara de Cachoeira Seca, además de comunidades indígenas en aislamiento de la cuenca del Xingu.
La solicitud de medidas cautelares argumentó que “la vida y la integridad personal de los beneficiarios estarían en riesgo por el impacto de la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte”. En julio del 2011, tras la respuesta del gobierno brasileño asegurando que se estaban tomando las medidas para proteger los territorios y derechos de los pueblos indígenas, la CIDH solicitó al gobierno que adoptase “medidas para proteger la vida, la salud y la integridad personal de los miembros de las comunidades indígenas en situación de aislamiento voluntario de la cuenca del Xingu, y la integridad cultural de las mencionadas comunidades”.
En respuesta a presiones de organizaciones indigenistas, ambientalistas y de la propia CIDH, el gobierno creó en enero pasado un Grupo de Trabajo Interministerial con miras a la formulación de estudios para la reglamentación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. El convenio prevé la consulta a los pueblos eventualmente afectados por proyectos de desarrollo. La ausencia de esas consultas a pueblos indígenas y comunidades afrobrasileñas afectadas por algunos proyectos en la Amazonia, ha sido objeto de críticas por parte de órganos nacionales e internacionales.
No a las represas
En Rio+20, Belo Monte fue, naturalmente, tema de varios de los eventos paralelos, sobre todo en la Cumbre de los Pueblos. El 18 de junio, la organización no gubernamental francesa Planète Amazone entregó a los indígenas kayapó un documento con 350,000 firmas contra la construcción de Belo Monte, que los kayapó harán llegar a la presidenta Dilma Roussef.
“Vamos a llevar todo a la presidenta Dilma. Es especialmente para ella. Para decir que los indígenas brasileños no están solos”, afirmó en la Cumbre de los Pueblos Marcos Apurinã, de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB).
El 19 de junio, una “banderola humana” fue promovida por unas 1,500 personas en el centro de Rio de Janeiro, para simbolizar un río libre de represas u otras formas de agresión. “Necesitamos un movimiento para llamar la atención sobre el gobierno de Brasil y del mundo para detener estas represas. ¿Cómo pueden las personas vivir sin los ríos y sus peces y los bosques?”, afirmó en el evento el cacique Raoni, referente histórico de los pueblos indígenas brasileños. La manifestación, organizada por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), contó con el apoyo de organizaciones como la Campaña Global para la Acción Climática y Amazon Watch, que defendieron la necesidad de que Brasil dé saltos más grandes en otras fuentes de energía.
Los diversos proyectos de hidroeléctricas en la Amazonia brasileña estuvieron, de hecho, en el centro de los debates en el IX Campamento Tierra Libre-Buen Vivir/Vida Plena, realizado como parte de la Cumbre de los Pueblos por las organizaciones indígenas brasileñas e internacionales como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), el Consejo Indígena de Centroamérica (CICA) y el Consejo Continental de la Nación Guaraní (CCNAGUA).
La declaración final del Campamento Tierra Libre repudió los grandes emprendimientos en territorios indígenas brasileños, como las represas Belo Monte y Jirau, entre otros.
La controversia por las hidroeléctricas está relacionada con otro punto de las críticas a las políticas del gobierno brasileño para la Amazonia. Se trata de la cuestión de las Unidades de Conservación existentes en la Amazonia. Menos de un mes antes de Rio+20, el Senado federal aprobó el 29 de mayo un proyecto de ley que reduce las áreas de las Unidades de Conservación a fin de viabilizar la inundación de los reservorios de las hidroeléctricas proyectadas en la Amazonia, la nueva frontera energética de Brasil. Con el proyecto, resultante de una propuesta de ley presentada por el gobierno federal al Congreso Nacional, fueron alterados los límites de ocho Unidades de Conservación, de los cuales cuatro ya perdieron áreas en función de la inundación prevista por las represas, las centrales de energía de São Luiz do Tapajós, Tabajara, Jatobá, Santo Antônio y Jirau, estas ya en construcción.
Deforestación
El tercer foco de las críticas al gobierno federal en relación con la Amazonia se refiere a la deforestación, con impacto en la destrucción de la biodiversidad y la emisión de gases de efecto invernadero. Los incendios, la deforestación y otras formas de uso inadecuado de la tierra representan más del 70% de las emisiones brasileñas.
Durante Rio+20, el gobierno brasileño presentó varias acciones relacionadas con la Amazonia, incluyendo el resultado de las políticas contrarias a la deforestación. Desde el 2004, cuando la deforestación alcanzó los 27,400 km², se ha producido una disminución anual, alcanzando 6,418 km² entre agosto del 2010 y julio del 2011.
Pero los ambientalistas consideran todavía muy altas las tasas de deforestación en la Amazonia, que ya perdió 20% de su superficie original.
Asimismo, el gobierno brasileño presentó los resultados del Programa de Áreas Protegidas de la Amazonia (ARPA), que ya cubre el 15% de la región. ARPA brinda capacitación en protección y fiscalización de las áreas, y en monitoreo ambiental, financiero y físico del propio programa a 95 unidades de conservación en este bioma, con un total de 58 millones de hectáreas.
“Hay 22 millones de personas que viven en la Amazonia y que esperan un mejor nivel de vida”, dijo el secretario de Biodiversidad y Bosques, Roberto Cavalcanti, en el evento sobre los resultados de ARPA, el 18 de junio.
En el evento, el Ministerio de Medio Ambiente y la organización ambientalista WWF-Brasil se reunieron con organismos internacionales de financiamiento para firmar un acuerdo multilateral destinado a recaudar US$250 millones, hasta el 2019, y otros $35 millones en los años siguientes, como una forma de fortalecimiento y ampliación de ARPA
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