2006 el buque Probo Koala, llegaba a las costas de Abiyán,
para deshacerse de vertidos tóxicos que causaron miles de damnificados y la
muerte de decenas de personas
Veneno en Costa de Marfil
Hemisferio Zero
En 2006 el buque Probo Koala,
dirigido por la empresa Trafigura, llegaba a las costas de Abiyán, Costa de
Marfil, para deshacerse de vertidos tóxicos que causaron miles de damnificados y
la muerte de decenas de personas. Amnistía Internacional y Greenpeace han
presentado recientemente en Dakar el informe The Toxic Truth, una investigación
que ha durado más de tres años en la que detallan cómo Trafigura llegó a Abiyán
y se deshizo de estos vertidos de basura tóxica. Además, el informe sitúa a la
empresa Trafigura como principal responsable de esta tragedia humana,
medioambiental y política.
El 19 de agosto de 2006 se hallaba atracado en el puerto de Abiyán el buque
Probo Koala, de bandera panameña, fletado por la multinacional británica
Trafigura Beheer [1], que con “un capital cercano al billón de dólares, está
presente en 36 naciones de Europa, América y Medio y Lejano Oriente, y ha sido
denunciada por prácticas ilegales en varios países, entre ellos Ecuador, donde
se la investiga por presuntas irregularidades en el suministro de gas licuado”
[2]. Durante aquella noche se desembarcaron en camiones subcontratados a la
empresa local Tommy 528 toneladas de desechos tóxicos que fueron depositados en
18 basureros alrededor de la ciudad.
Algunos medios internacionales recogieron noticias breves de protestas en las
calles de Abiyán por el aumento de enfermedades producidas por algún elemento
tóxico. Pero Esaie Modtu, jefe de una aldea de pescadores de Abiyán, recuerda
aquel pestazo a azufre que sorprendió a sus vecinos una mañana de verano de
2006. «De repente, respirar se hizo muy difícil. La gente empezó a ponerse
enferma. Y en pocos días varias mujeres abortaron.» Los hospitales se llenaron
de pacientes con los mismos síntomas: irritación de los ojos y garganta;
asfixia, vómitos de sangre, desmayos… El doctor Jean Louis Louya sospechó
enseguida la causa: intoxicación por ácido sulfídrico, un gas letal en altas
concentraciones. Pero no podía imaginarse la magnitud del desastre. A los
cientos de personas que habían inhalado los humos sulfurosos se añadieron miles
que bebieron el agua de los ríos y lagos a los que llegó el veneno por las
escorrentías. La emergencia sanitaria se saldó con 16 muertos y 108.000
afectados” [3]. Poco después, y sin ningún contratiempo, el Probo Koala zarpó
tranquilamente del lugar del crimen.
Lo cierto es que el Probo Koala llegaba a la capital financiera de Costa de
Marfil después de un largo periplo. “En 2005, Trafigura compró toneladas de un
tipo de gasolina sin refinar a precio de saldo a la compañía de Petróleos
Mexicanos,PEMEX, que no disponía de los procesos para hacer comercializable esa
sustancia. A continuación, la multinacional ‘depuró’ esa sustancia a bordo del
buque mediante un proceso barato, pero que genera residuos peligrosos y es
ilegal en muchos países” [4]. El periplo del buque lo llevó a fondear en
Algeciras y en Gibraltar. En el peñón británico fue donde la multinacional
decidió añadir sosa caústica, “que al reaccionar con el sulfuro se depositó en
el fondo del tanque. Trafigura logró vender el petróleo, pero quedó un residuo
altamente tóxico a bordo del barco, que zarpó rumbo a Ámsterdam. En la capital
holandesa trataron de descargar los desperdicios como si se tratara de desechos
convencionales a un bajo precio. Sin embargo, los gases que emanaban eran tales
que las autoridades holandesas llamaron a los servicios de emergencia.
Tras
varios análisis, se le dijo a la multinacional que el costo para deshacerse de
ese material de forma segura ascendía a medio millón de euros. Trafigura
prefirió una opción más barata: en vez de arrojar los residuos en Ámsterdam,
donde se hubiese seguido un proceso seguro de eliminación, el buque Probo Koala
retiró la carga y abandonó el puerto rumbo a África” [5].
El buque no podía dirigirse a ningún puerto norteamericano ni europeo porque
sus legislaciones prohíben manipular el resultante tóxico trasportado. Túnez y
posteriormente Nigeria fueron alternativas que rechazaron la carga. Por último,
la multinacional encontró una empresa en Costa de Marfil, que por muy poco
dinero (de 30 a 35 dólares el metro cúbico frente a los 900 que le costaba
hacerlo con garantías en Ámsterdam) y sin preguntar, se desharía de la carga. Se
trataba de Tommy Societé. Así fue que en Abiyán, las más de 500 toneladas
terminaron arrojadas a cielo abierto en los basureros de la capital económica
del país. En horas, cientos, y posteriormente miles de ciudadanos y ciudadanas
de la ciudad comenzaron a sentir náuseas, a tener vómitos, quemaduras, diarreas
y dificultades para respirar.
La reacción del gobierno se produjo después de que la alarma social provocara
las primeras manifestaciones de protesta con carteles que acusaban al gabinete
de negligencia, atacaran el Ministerio de Transporte y se diera fuego a la casa
del director del puerto de Abiyán. El presidente Laurent Gbagbo, en un golpe de
efecto, destituyó a todo su gabinete y encargó a su Primer Ministro la formación
de un nuevo gobierno. Dos días después “se anunció la creación de un nuevo y
mayor gabinete, pero en la realidad se efectuaron pocos cambios. Todos los
ministros volvieron a su cartera, excepto los de Transporte y Medio Ambiente”
[6]. En esos días, el Primer Ministro, Charles Konan Banny, hizo unas
declaraciones de interés al hilo del reemplazamiento del Ministro de Medio
Ambiente: “No creo que estas operaciones se lleven a cabo sin que algún dinero
cambie de manos. Probablemente haya un corruptor y alguien corrompido en algún
lugar” [7].
Un artículo publicado el 11 de septiembre de 2006 en el diario independiente
de Costa de Marfil “Le Jour Plus” por el periodista Edouard Gonto informaba que
la propietaria de Tommy Societé, la empresa subcontratada por Trafigura para
arrojar los vertidos, era Simone Gabgbo, Primera Dama del país y esposa del
Presidente Laurent Gbagbo. El artículo provocó una airada respuesta de la señora
Gbagbo [8]. Al día siguiente, el Fiscal General de la República citó al
periodista y a Coulibaly Seydou, redactor jefe del diario y ordenó la detención
de los dos a espera de juicio. International Freedom of Expression Exchange [9]
recogió la preocupación internacional que despertaron dichas detenciones para la
libertad de expresión. Según una nota de la agencia IRIN que recogía afrolNews
[10], el 7 de septiembre de 2006, el gobierno de Costa de Marfil habría
solicitado 13,5 millones de dólares para controlar la situación (alrededor de 10
millones de euros).
Habían pasado seis meses desde que los vertidos envenenaran a los habitantes
de Abiyán, y la multinacional Trafigura, candidata a la empresa más antisocial
del planeta en 2007 [11], con su director a la cabeza, el señor Claude Dauphin,
seguían negando que sus vertidos hubieran sido los causantes del desastre humano
y ecológico. Sin embargo, ese mes de febrero de 2007 pactó con el Gobierno de
Costa de Marfil “pagar algo más de 152 millones de euros por concepto de
indemnizaciones por el vertido del material tóxico. Pero no asumió
responsabilidad alguna por las lesiones causadas a seres humanos. ‘A lo sumo
puede haberse producido alguna gripe’, minimizó uno de sus ejecutivos” [12]. La
multinacional seguía negando la evidencia de su responsabilidad y al mismo
tiempo compraba el silencio de las autoridades del país africano por una
cantidad más de 15 veces superior a lo que en un principio solicitó el propio
ejecutivo de Laurent Gbabgo. Además, esos más de 152 millones de euros se
entregaban a un gobierno que dirigía un país de una inestabilidad política y una
violencia que, como hemos visto, hace cuanto menos sospechar del destino de esa
cantidad de dinero.
Preguntado a este respecto, Jean-Arsène Yao [13], costamarfileño, doctor en
Historia y periodista nos confirma que efectivamente, el dinero llegó a Costa de
Marfil, y añade: “En un principio, este dinero debía servir para indemnizar a
las víctimas y limpiar los sitios envenenados. Sin embargo, no se ha hecho
ninguna de las dos cosas. Aún en noviembre de 2010 (yo estaba en Abiyán) se
seguía invitando a las víctimas a registrarse en no sé qué lista”. Jean-Arsène
contextualiza aquellos días. “Cuando se pagó el dinero, Costa de Marfil se
encontraba en una cierta calma política y militar. Aunque la confianza nunca fue
total entre los bandos Gbagbo y Soro (jefe militar de la oposición armada del
norte del país)”. Y lanza una sospecha: “Incluso me atrevería a decir que Soro
recibió su parte de dinero (corrupción) de Trafigura”. Por último, aunque no
puede demostrarlo, coincide con nuestras sospechas de que parte del dinero haya
ido a la compra de armas: “Gbagbo podría haber previsto muchas situaciones
postelectorales, entre ellas la reanudación del conflicto armado. De lo
contrario no se entendería que hayan tardado tanto para indemnizar a las
víctimas.”
La tragedia no pasó de ser, hace unos años, un escándalo durante unos minutos
en unos sectores reducidos de prensa más especializada y que no llegó a la
opinión pública internacional, a pesar de que sus víctimas fueron más de 100.000
personas y de que hubo 16 personas que murieron envenenadas por una empresa
privada europea. Rafael Jiménez Claudín, Secretario general de Reporteros Sin
Fronteras, opina que “los vertidos tóxicos del Probo Koala en Costa de Marfil
están silenciados porque también hay periodistas que admiten sobres mientras
miran para otro lado” [14].
Parte de las víctimas, cerca de 30.000, representadas por la firma de
abogados Leigh Day and Co. decidieron imponer una denuncia contra Trafigura en
Inglaterra. Estamos en septiembre de 2009. “Dos semanas antes de que se iniciara
un juicio contra ella en Londres, llegó a un acuerdo extrajudicial con el
gabinete de abogados Leigh Day and Co., que representa a 30.000 de las víctimas,
por el que entregará 1.150 euros a cada una. A cambio, las víctimas aceptan que
‘expertos independientes no han podido establecer una relación’ entre el vertido
y las enfermedades, y se comprometen a no lanzar acciones legales contra la
empresa” [15]. Sin embargo, el dinero se congeló en el banco porque en el
proceso de reparto apareció otra asociación que se reclamaba la representación
de las víctimas. Amnistía Internacional ha venido denunciando el abandono al que
están condenadas las víctimas [16].
Por otro lado, la verdad, tozuda, se empeñaba en seguir apareciendo. Esta vez
era un informe de Naciones Unidas elaborado por el relator Okechukwu Ibèanu.
“Según los informes recogidos por el relator especial, el vertido había causado
la muerte de 15 personas y había obligado a más de 100.000 a solicitar
asistencia médica. El relator identificó la necesidad urgente de abordar
cuestiones relativas a la descontaminación, la atención de la salud y las
indemnizaciones” [17]. Trafigura declaró sentirse “consternada por la falta de
equilibrio y rigor analítico” del Informe de Naciones Unidas. La misma semana en
que Okechukwu Ibèanu presentaba en Ginebra su Informe, The Guardian publicaba
varios mails internos de la empresa [18]. En ellos se puede evidenciar que los
directivos de Trafigura estaban perfectamente al tanto de la peligrosidad del
material que iban a arrojar en Costa de Marfil.
Pero en medio de todo este escándalo, Trafigura insistía una y otra vez, e
incluso, como hemos visto, compraba una verdad diferente a la verdad, en la que
ella, evidentemente salía inocente. Sin embargo, no tardaría en saltar por los
aires su estrategia. La misma multinacional había solicitado un informe
científico sobre el proceso que desarrollaba para depurar la gasolina no
comercializable que compraría a la mexicana Pemex. El Informe Milton [19]
hablaba claramente del peligro de su manipulación. Por su parte, Trafigura
mantuvo en total secreto la existencia de dicho informe durante más de tres
años, hasta que un redactor de “The Guardian” tuvo acceso al él. Lo que sucedió
a partir de ahí más parece una historia de espionaje.
La compañía acudió a los Tribunales británicos para impedir la publicación no
solo del Informe Milton, sino incluso hablar de su existencia. “Los abogados de
la compañía (Trafigura) consiguieron que un juez emitiera una mordaza legal
según la cual el diario no podía publicar el documento ni mencionar dicha
sentencia. Tres días después el reporte apareció en WikiLeaks. A partir de ahí
fue cuestión de semanas antes de que la sentencia fuera revocada y se fijaran
responsabilidades” [20].
Las redes sociales tuvieron un papel clave en desamordazar la censura que se
le había impuesto al diario británico. Paradójicamente, un juez defendía a una
empresa privada que había cometido un delito frente al derecho de información de
la ciudadanía. “El Informe establece que Trafigura ‘debería haber tratado el
material antes de verterlo’, que los elementos que lo componen ‘son capaces de
provocar efectos graves sobre la salud humana a través de la inhalación y la
ingestión’ y que un vertido de ese tipo ‘estaría prohibido en un Estado de la
UE’. Unas conclusiones similares a las del informe del relator especial de la
ONU sobre este caso” [21].
Greenpeace inició un proceso judicial contra Trafigura en Holanda, y
finalmente la empresa fue condenada en julio de 2010. “Trafigura es culpable de
tráfico ilegal de residuos y debe pagar una multa de un millón de euros. La
empresa que sigue afirmando que los residuos no pueden haber causado ningún daño
grave sabía, según las investigaciones de Greenpeace, que sus residuos eran
peligrosos y que sólo existían unos pocos lugares para el tratamiento de los
mismos en el mundo. Además, conocía que las normas internacionales vigentes
prohíben la exportación de los residuos a África. Desgraciadamente este no es un
hecho aislado ya que se produce prácticamente a diario como viene denunciando
Greenpeace. Recordemos el tráfico de residuos electrónicos a Nigeria, Ghana o
Pakistán, o el de los barcos que viajan para ser desguazados en India o
Bangladesh” [22].
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