La espada de Monsanto sobre América Latina
Marcha
Paraguay anunció el miércoles
que producirá semillas transgénicas en colaboración con la multinacional
estadounidense en su territorio. Proponemos un recorrido por el dominio
económico y político de Monsanto en nuestro continente.
“Paraguay va a producir su propia semilla transgénica que va a estar a
disposición de todos lo productores”, anunció ayer el ministro de Agricultura y
Ganadería del país guaraní, Enzo Cardozo. La producción estará a cargo del
Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria (IPTA), que recibirá
“transferencia tecnológica” de la multinacional estadounidense Monsanto, para la
cual el gobierno comandado por el presidente de facto Federico Franco pagará un
monto a convenirse en las próximas semanas. Paraguay tendrá así sus propias
semillas genéticamente modificadas de la mano de la principal empresa del sector
del mundo. No por nada el conservadurismo guaraní ejecutó un golpe de estado en
su país.
La injerencia de Monsanto en los asuntos económicos y políticos de América
Latina se hace cada vez más evidente. El modelo del agronegocio extractivista se
impuso de tal forma que los países del Mercosur más Bolivia, son hoy los mayores
productores de soja transgénica del mundo. El principal negocio consiste en la
inclusión del gen RR en las semillas de soja, maíz y algodón, que hace a las
plantas resistentes al Roundup (RR), principal herbicida fabricado por Monsanto
a base de glifosato. De esta manera se pueden sembrar con semillas genéticamente
modificadas grandes extensiones de tierra (como el 57% de la provincia de Buenos
Aires) y regarlas con glifosato desde una avioneta, manteniendolas a salvo de
otras pestes. Pero la influencia de la transnacional trasciende el ámbito de la
productividad para imponerse en los pasillos de la política, algo de lo que el
Paraguay es el último y perogrullesco ejemplo.
La intervención de agentes ligados a los intereses de Monsanto y otras
corporaciones internacionales -como Cargill, Río Tinto y Syngenta- en el golpe
que derrocó a Fernando Lugo está ampliamente documentada. El principal actor
detrás de escena allí fue la Unión de Gremios de Producción, vinculada al Grupo
Zuccolillo, dueño del poderoso diario ABC Color -Zuccolillo es además presidente
de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP- que en las semanas previas al golpe
comenzó una campaña contra el director del Servicio de Nacional de Calidad y
Sanidad Vegetal y de Semillas, (SENAVE), Miguel Lovera. Su principal culpa fue
negarse a liberar la semilla de algodón transgénico Bollgard BT de la compañía
norteamericana, para su siembra comercial en Paraguay. Pocos días antes de la
masacre de Curuguaty, pretexto que llevó a la derecha paraguaya a iniciar el
juicio político contra Lugo, apareció en ABC Color una editorial intitulada “Los
12 argumentos para destituir a Lovera”, un manifiesto que fue entregado al
entonces vicepresidente Franco, donde el Grupo Zuccolillo, principal socio de
Cargill Paraguay, reprodujo los argumentos de las multinacionales para sacarse
de encima al último obstáculo para la liberación de nuevas semillas
transgénicas.
Desde el golpe de estado, cuatro variedades de maíz y una de algodón fueron
liberadas en Paraguay. Además se profundizaron las exenciones fiscales para este
tipo de empresas, en un país con uno de los sistemas impositivos más regresivos
de América -el 60% de los impuestos recaudados provienen del IVA, mientras que
sólo el 0,04% son de impuestos inmobiliarios- y donde más del 80% de la tierra
está concentrado en las manos del 2% de la población.
Pero Paraguay es quizás sólo el último ejemplo de la injerencia de Monsanto
en los asuntos de Nuestramérica. Los mercados de Brasil y Argentina son
respectivamente el segundo y tercero a nivel mundial para la multinacional con
sede en St. Louis. En 2009 Brasil superó a Argentina como segundo productor
mundial de cultivos transgénicos. En 2009/10, se cultivaron 23 millones de
hectáreas de soja en Brasil, de las cuales el 70% -16,5 millones de hectáreas-
fueron cultivadas con soja transgénica RR, según la gubernamental Compañía
Nacional de Abastecimiento (CONAB). Brasil es también el mayor consumidor de
agrotóxicos del mundo, cuyo principal producto es justamente el Roundup
producido por Monsanto. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)
publicó en 2010 in informe donde asegura que el 28% de los alimentos consumidos
en el país contiene niveles peligrosos de residuos de agrotóxicos, algo por lo
cual se pagaron 530 millones de dólares en regalías a Monsanto. Un informe
elaborado por la Vía Campesina, asegura que la agricultura familiar y campesina
da cuenta del 78% de la producción de alimentos del país y agrupa el 84% de
todos los establecimientos agropecuarios del Brasil, empleando a tres veces más
personas que el agronegocio, pero sólo ocupa el 24% de las tierras
agrícolas.
La agricultura con organismos genéticamente modificados penetró en América
Latina a través de las primeras liberaciones de semillas en la segunda mitad de
los años 90 en Argentina. Nuestro país fue pionero en la adecuación de su
estructura jurídica a los intereses de Monsanto. El 97% de la soja cultivada en
el país es transgénica, pero la presencia de la multinacional se extiende en
otras ramas. Argentina liberó el uso de la hormona recombinante bobina (rBST
Posilac) producida por Monsanto, que aumenta en un 25% la producción lechera en
las vacas y se encuentra prohibida en casi todo el mundo por haberse demostrado
que el Posilac produce cáncer de mama en los humanos. La sobreproducción de
leche produce a su vez irritaciones en las glandulas mamarias de la vaca, que
son curadas con niveles constantes de antibióticos en el animal, cuyos residuos
se encuentran en el producto para el consumo.
Monsanto se ha convertido en uno de los principales aliados del Gobierno
nacional. La propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró desde
Nueva York hace pocas semanas que “l a inversión de Monsanto es importantísima y
va a ayudar a la concreción de nuestro plan, tanto agroalimentario 2020, como
nuestro plan también industrial. Y me decía hoy su titular que les había
impresionado mucho el apoyo que nuestro Gobierno estaba dando a la ciencia y a
la tecnología. Tengan ustedes la certeza que vamos a seguir en la misma línea”.
De esta manera se sostiene 'el modelo' que permite una magra redistribución de
excedentes y el apoyo de las corporaciones en los lobbys internacionales para el
gobierno argentino. A cambio, el oficialismo prepara las modificaciones de la
Ley de semillas No 20.247/73, la Ley de Patentes de Invención y Modelos de
Utilidad N° 24.481/95 modificada por ley 24.572/96, la Ley No 24.376/94 por la
que Argentina adhirió al Convenio internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales, UPOV 1978.
De esta manera las estructuras estatales latinoamericanas se modifican en
función de los intereses agroexportadores acompañados por la 'mano invisible' de
grandes multinacionales. Es decir, además del daño ambiental que el uso de
transgénicos comporta, aún más preocupante resulta la inserción de las
transnacionales en las políticas estatales y la implementación de modelos
económicos basados en el extractivismo agro-minero. Según un estudio realizado
por el norteamericano Center for Responsive Politics, Monsanto gastó un
total de 52,5 millones de dólares en los últimos diez años en la contratación de
grupos asesores tales como el Russel Group, Washinfton Tax Group o el Bockorny
Group, dedicados al lobby internacional, para asegurarse aprobaciones
parlamentarias en diferentes partes del mundo para proyectos que le sean
favorables. Uno de los casos ejemplares es el de México, que en 2005 abrió la
puerta a los cultivos transgénicos con la famosa 'Ley Monsanto', aprobada por
mayoría absoluta sin siquiera ser leída, ley que además de defender los derechos
monopólicos de las trasnacionales por medio de sus patentes las exime de la
responsabilidad por contaminación.
Existen sin embargo ejemplos de pequeñas excepciones a esta regla, como el
caso del Perú. Si bien Ollanta Humala prosigue en su cruzada extractivista en la
rama minera, reprimiendo inclusive con muertes a los pobladores que se le
oponen, en noviembre de 2011 logró que el congreso aprobara una moratoria e diez
años al cultivo y la importación de transgénicos en el país, “con el fin de
proteger la biodiversidad, la agricultura nacional y la salud pública”. Una
enorme derrota para Monsanto, que según los cables revelados el año pasado por
Wikileaks -así es como se revelaron las negociaciones entre la empresa y el
gobernador de Chaco Capitanich para la aprobación de los cultivos de algodón BT
Cotton-, consideraba al Perú como un país clave para la comercialización de sus
productos, e inclusive había comenzado su tradicional lobby para desembarcar
nuevas semillas de soja.
En mayo de 2010, Monsanto anunció la donación de más de 60 toneladas de
semillas híbridas de maíz y vegetales a Haití y otras 400 toneladas un año más
tarde como contribución a la reducción del hambre en el país caribeño. La
iniciativa provocó el masivo rechazo de los haitianos, ya que ese tipo de
cultivo requiere altas dosis de Roundup contaminante, que no venía en el paquete
y condeba a los agricutores a la dependencia de la multinacional por no poder
almacenar semillas propias. Monsanto sostuvo que esa decisión se había adoptado
en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en el marco de la presentación de
su “Nueva Visión de la Agricultura”.
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