Paraguay en 7 cajas
El impenetrable dilema de la democracia y la tierra
Matrizur
La finalización de la huelga de hambre de los campesinos detenidos luego de
la masacre de Curuguaty el pasado viernes 23 de noviembre dispara una
serie de cuestiones referidas a la incorporación de los dilemas paraguayos en
las discusiones sobre América Latina. Pues históricamente, el país guaraní ha
sido condenado al olvido, inclusive por los movimientos políticos de izquierda.
Y ahora, luego de la desfachatada destitución de Fernando Lugo de la presidencia
a manos de sus ex - aliados, nos obliga a mirar cómo se está viviendo este
retorno dictatorial y cuáles son las resistencias que están apareciendo
en el camino. Lo elaboramos como un misterio de 7 cajas (en referencia a la
nueva película paraguaya) donde no podemos realmente averiguar que hay adentro
de ellas, pero intuimos que la lucha política contemporánea resuena en las
vibraciones de esos silencios.
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El 15 de junio de 2012 se produjo la masacre de Curuguaty donde murieron 6 policías y 11 campesinos en derredor de un conflicto de ocupación de tierras mal habidas. Las mismas estaban “en litigio entre el Estado y la firma Campos Morombí, de la familia Riquelme”, una de las más poderosas del Paraguay. A raíz de ello, el poder político dominante no sólo derribó un presidente, sino que también “doce campesinos fueron detenidos en medio de denuncias de irregularidades en el proceso judicial, en que la defensa presume que tanto policías como labriegos fueron emboscados en el momento en que negociaban una salida al conflicto” (Mercedes López San Miguel). Esta situación nos lleva a plantear dos cuestiones políticas que están interrelacionadas entre sí referidas a la reproducción social paraguaya.
En primer lugar, que los presos políticos no son un fenómeno exclusivo de las dictaduras. Las seudo-democracias que gobiernan en América Latina también están repletos de ellos. El hecho es que después de la matanza, 4 de esos detenidos comenzaron una huelga de hambre que, luego de 56 días, obligó a las autoridades a internarlos de urgencia y concederles la prisión domiciliaria la semana pasada. La campaña de denuncia pública nacional e internacional fue muy significativa y resultó fundamental a la hora de la decisión judicial. Ahora los detenidos han finalizado la huelga de hambre y se encuentran en recuperación.
A pesar de la resignación del juez, sin embargo, las causas de la masacre de Curuguaty aun no han sido resueltas. Uno de los abogados de la defensa, Guillermo Ferreiro sostiene “que en el acta que la fiscalía presentó para acusar a los 12 detenidos no se mostró ningún indicio ni relación fáctica que los involucre directamente” en el asesinato de los policías. Y agregó que “Algunos de los acusados no estaban ni siquiera en el lugar, [mientras] otros estaban de paso.” En todo caso, este triunfo de la resistencia contra la injusticia de las detenciones recae en el cuerpo de los campesinos prisioneros, que para ser escuchados tienen que llegar a la exposición del límite de la muerte física. Son jóvenes que no llegan a treinta años y ya sienten la injusticia en carne propia.
En ese sentido, el cuerpo campesino es un sitio de resistencia que habla desde su carencia, de hambre y de tierra, para enfrentar el terror. No es el único modo de hacerlo, y no quisiéramos postularlo como tal, pero parece ser uno de los más visibles. Como si frente al retorno dictatorial estas cajas enterradas resurgieran de las cenizas para mostrar la marca en el cuerpo. Pues hasta cierto punto, la estrategia de resistencia de poner el cuerpo vuelve a estar presente. Tal como sostiene Magui Balbuena, activista de la Comisión Nacional de Mujeres Campesinas del Departamento de Caaguazú, el litigio con los “gobiernos colorados” estaba claro: “cuando ocupamos, cuando nos enfrentamos, cuando nos encarcelan, cuando nos matan … pero sí después hay una solución encima de todas esas muertes”. Es decir, finalmente la tierra era cedida a los campesinos en esta especie de intercambio tácito. Esta exposición del dolor paraguayo impregnado en el cuerpo, tal como sostenía hace más de un siglo el escritor Rafael Barrett aun resulta intrigante para pensar la fuerza de lo político en la recomposición del movimiento campesino en lucha por la tierra. La sincronización de un cuidado del cuerpo, en la tierra y de la tierra, emerge como sensibilidad primera. Cuidarlo la máximo del nuevo golpe represivo, de las masacres, de la penetración del capital. Es lo único que tenemos. Pues allí también aparece el cálculo siniestro: en el cuerpo y en la tierra. Y como sostiene Paulo López “las cúpulas de los partidos tradicionales y las agroganaderas sienten terror cuando apenas se habla de mensura judicial. Si fueron capaces de montar un circo romano para voltear a un gobierno que hizo tímidos intentos por investigar las propiedades de origen dudoso, cabe inferir que estarían muy bien dispuestos a hacer llegar nuevamente la sangre al río.” (López)
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En segundo lugar, el modus operandi del juicio político contra Fernando Lugo deja un segundo precedente de golpe de Estado en la sociedades “post dictatoriales” de América Latina de cara al despliegue de la segunda década del milenio. El otro caso había sido la destitución de Zelaya en Honduras en junio de 2009 como consecuencia de una orden judicial. En menos de una semana, el congreso paraguayo logró montar en escena la destitución del presidente (que tuvo sólo dos horas para defenderse públicamente) arguyendo, entre otras acusaciones, su responsabilidad en la masacre de Curuguaty. Y si bien el golpe tuvo su impacto en los países vecinos, muchos de los cuales no reconocieron al nuevo mandatario Federico Franco, la sensación del juicio político ya estaba instalada en la sociedad paraguaya.
En efecto, el fantasma del “juicio político” comenzó apenas Lugo asumió la presidencia en 2008. A partir de allí, cada vez que se insinuaba una crisis política, se volvía nuevamente a mencionarlo como horizonte posible y hasta en algunos casos se gestionó concretamente. Fátima Rodríguez González ha compilado 23 instancias de “amenazas e intentos de Juicio Político” contra Lugo, las cuales ponen en evidencia la persistencia de un régimen de terror que utilizaba el seudónimo democrático para destituir a un presidente elegido legítimamente por la vía electoral.
En contrapartida, se llevó a cabo un Juicio Ético al Parlamento el pasado 23 de noviembre, el mismo día que los presos políticos fueron puestos en arresto domiciliario. El mismo conformó un ‘Tribunal Ético por la Democracia que reúne a diversas organizaciones sociales que luchan por la democracia. Este tribunal resolvió la “condena [por] la conducta de diputados y senadores (periodo 2008-2013), y los declara personas no gratas al pueblo paraguayo, por sus reiteradas violaciones al orden constitucional y legal, que dificultan la existencia del Estado social, democrático y de derecho.” Al mismo tiempo, procura “conformar una comisión multisectorial para la resolución de las reivindicaciones territoriales indígenas” en reemplazo de la comisión bicameral que investiga la masacre de Curuguaty. También exhortan a que sancionen, de manera inmediata, leyes que reglamenten las disposiciones constitucionales y en particular del Juicio Político.”
Esta respuesta de la sociedad civil organizada pone en la misma caja los dos temas recurrentes donde se asienta el poder político y económico dominante: el problema de la tierra y el problema de la democracia. Y detrás de ello, uno no puede dejar de pensar en la huella fresca que ha dejado la Comisión de Verdad y Justicia que, durante 4 años (2004-2008), investigó, luchó y preparó un informe “para el esclarecimiento de la verdad de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el Paraguay desde 1954 – 2003 (CVJ, Tomo 1, 13) . Una Comisión de Verdad que trabajó sin el apoyo del estado, develando justamente los crímenes perpetuados por el mismo estado. En los 7 tomos que publicaron, no sólo se describe la crueldad brutal de la dictadura, sino que también se señalan los anclajes corruptos del poder, entre los cuales figura claramente la adquisición de las tierras malhabidas.
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En tercer lugar, si se llegara a comprobar el complot de un grupo que “engañó” tanto a la policía local como a los campesinos, estaríamos ante un mecanismo macabro donde el terror de estado mostraría su vigencia y su autonomía de acción en relación con esta “dictadura del parlamentariado” (revista Crisis). Esos otros cuerpos sacrificados que abortaron una negociación sirvieron como plataforma para el salto político en el congreso, reproduciendo el modus operandi stronista.
Recordemos que las elecciones democráticas que llevaron a Lugo a tomar la presidencia en 2008, interrumpieron el dominio del Partido Colorado que llevaba 60 años en el poder. En ese sentido, la reforma constitucional de 1992 que procuraba evitar el retorno de otro Stroessner, habría desplazado el monstruo pero no destruido las bases de su sistema. Y tal como sostiene Emilio Ferreiro, “ese mecanismo [de destitución] seguirá vigente si no cambiamos la constitución, y finalmente, será de vuelta utilizado”. Pero más profundamente, como sostiene Milda Rivarola, la destitución presidencial señaló “el retorno al Contrato Stronista” donde el mantra represivo indicaba que “los delitos políticos no necesitaban ser probados, por ser “de público conocimiento”.
Habría entonces que pensar en este juego de cajas, no sólo aquellas enterradas y desenterradas, ocultas y silenciadas que imponen la injusticia y el dolor en el cuerpo. Sino también, y paralelamente, este retorno de las cajas visibles que saquean a cielo abierto los crímenes políticos como sustrato de la gobernabilidad. Nos referimos a las bases de ese terror que estarían ancaldas históricamente en la relación entre los empresarios ricos y el poder político y judicial alrededor del problema de la tierra y la continuidad de las estructuras represivas del estado predominante durante la dictadura stronista.
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Augusto Roa Bastos solía decir que el Paraguay es una isla rodeada de tierra. La imagen política tenía su anclaje en dos de los problemas históricos que han asediado al país guaraní, al menos, desde su constitución en el siglo XIX: el aislamiento político y la lucha por la tierra. La infame Guerra de Triple Alianza (1864-1870) no sólo diezmó la población, sino que perforó al estado paraguayo que tuvo que vender a precio regalado las tierras públicas después del aplastamiento sufrido. Del mismo modo, la guerra del Chaco se había gestionado en función del reparto de las tierras de esa región para la explotación del petróleo por capitales extranjeros. Y en el mismo registro, la dictadura stronista subvencionó la modernización del país en base a la instalación del terror y el endeudamiento público con el exterior. Su “reforma agraria” procuró legalizar la entrega de tierras mal habidas a los empresarios colorados que apoyaban a Strossner. Y todo ello recae en la actualidad, donde predomina la inversión de los capitales multinacionales ligados al agro-negocio de la soja. Estos sectores controlan hoy en día la tercera parte del territorio conformando una especie de isla dentro de la isla, para seguir con la imagen robastiana. Capitalizaron el aislamiento político y la lucha por la tierra para su propio beneficio.
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La protesta anual por el cierre de la Escuela de las Américas en Fort Benning tuvo como invitado militante a Martín Almada. El organismo, ahora denominado Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC en inglés), continúa funcionando desde 1948 a pesar de las denuncias y condenas contra muchos militares entrenados en ese recinto para torturar, matar e instalar el terror en América Latina.
El educador y abogado paraguayo, Premio Nobel Alternativo de la Paz, estuvo preso por más de tres años durante la dictadura de Alfredo Stroessner (entre 1974 y 1978). Después de relatar como lo torturaron por 30 días, Almada destacó en su discurso que “asesinaron a mi esposa y me echaron del país 15 años. Después volví a Paraguay y el 22 de diciembre de 1992 encontramos tres toneladas de documentos escritos por estos perros rabiosos”. El conjunto de estos documentos, conocido como los Archivos del Terror, se encuentran clasificados en el Palacio en Justicia en Asunción y son de acceso libre al público para su consulta. El hecho es que a partir de entonces se pudo comprobar, entre otras cosas, la existencia de la Operación Cóndor de la cual fue objeto el propio Almada. En efecto, a partir de noviembre de 1975 los altos rangos militares de Paraguay, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay (a los que luego se sumaron los de Perú y Ecuador) firmaron un acuerdo secreto de colaboración entre sus servicios de inteligencia y de acción represiva que incluía, entre otras cosas, el intercambio de información, el traslado, tortura y asesinato de presos políticos y la ejecución de atentados contra personas civiles. Muchos de esos militares fueron entrenados en la Escuela de las Américas y la Operación Cóndor fue apoyada por la CIA en ese entonces.
Pero además Almada relacionó esa violencia que todavía continua latente con el “golpe de estado express” contra Lugo, destacando el modo en que “el movimiento campesino está siendo criminalizado” hasta el día de hoy. Finalmente, propuso que la Escuela de las Américas sea remplazada por una Universidad de los Derechos Humanos y de Ecología.
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El film paraguayo “7 cajas”, de Tana Shembori y Juna Carlos Maneglia, es un thriller que sucede en el Mercado 4 de Asunción. “El personaje, Víctor, un adolescente que trabaja como transportador de mercaderías en carretilla por los estrechos senderos del mercado, recibe una encomienda misteriosa que debe transportar hasta otro punto del centro comercial (en la realidad de unas 10 hectáreas) con la promesa de ganar 100 dólares.” La película se ha convertido en la más vista en los cines de toda la historia paraguaya. En menos de cuatro meses ha superado los 250 mil espectadores. Además, ha tenido una fuerte repercusión internacional y fue presentada en los festivales de San Sebastián, Toronto y Mar del Plata (y casi se candidatea al Oscar). Según Macarena Galindo, integrante del equipo de producción del film, “El público paraguayo quedó asombrado por haber descubierto que se puede hacer cine de las mismas características del cine que viene del exterior, con una idiosincrasia completamente local” (AFP).
Al mismo tiempo, desde nuestro punto de vista, este film que recrea un thriller de “10 hectáreas” en un mercado urbano histórico y popular, está mostrando el otro lado del problema de la tierra y la democracia. Por un lado, nos desvía la vista hacia ese submundo urbano donde “todo vale”. Y por el otro, lo saca de ese mismo mundo con un lenguaje de cámara que le permite insertarlo en el circuito de cine internacional. Un Paraguay muy paraguayo, pero a la vez “inédito”. Un Paraguay para mirar en Paraguay, pero como si estuviera afuera. Un Paraguay que se puede mirar afuera, hasta con cierto orgullo que repercute en algún adentro. Y no deberíamos caer en una rápida crítica de la película, sino más bien, en pensar que nos dice, en ese fenómeno masivo que la ha digerido socialmente luego del mal trago del golpe parlamentario.
Frente a ello aparece “El impenetrable”, una película de Daniel Incalaterra que cuenta como el director de la película y su hermano devuelven unas tierras heredadas a los indígenas. Y como es fácil predecir, la asistencia a las salas cinematográficas resulta mínima en comparación con “7 cajas”. ¿Por qué insistir, entonces, en la denuncia constante los problemas de la democracia y la tierra? Pareciera que el argumento ya ha sido presentado una y otra vez, y que se choca con las mismas barreras. Tal vez el contraste o la superposición de ambas pelis nos permitan formular esta inquietud. La de indagar hasta que punto estas 7 cajas, visibles, mostrables, populares, que desbordaron los cines paraguayos, no están operando sobre un tejido social cuyo fondo es impenetrable: el miedo que atornilla hacia dentro las precisiones estéticas de una pertenencia global. Porque este modo de pensar los dilemas paraguayos acecha, al menos, a todo Latinoamérica: en la “pseudo-democracia” que sus pelis “extranjeras” revelan y ocultan de la idiosincrasia de un pueblo y una historia.
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En este punto habría que mencionar la fragilidad política con que el ex obispo llegó al poder y el modo cómo se relacionó con los sectores en lucha durante su presidencia. Pues lo impenetrable de esas 7 cajas refiere más profundamente a la conformación de las luchas políticas que se reconstituyen después del 22 de junio de este año. En ese sentido, una de las cuestiones pendientes consiste en preguntarse por la falta de reacción popular frente a este atropello de la clase política dirigente. Si bien el día anunciado de la destitución se congregaron distintos grupos de apoyo al presidente, incluyendo organizaciones políticas y campesinas, frente a la casa de gobierno, la resistencia popular al golpe de estado express no fue la esperada. Parte de esa reacción se debió a que Lugo no había logrado doblegar los mecanismos políticos todavía vigentes; y en parte, porque no incentivó lazos fuertes con los organismos populares en lucha permanente. De ello se desprenden dos dinámicas para pensar el estado de la cuestión social post-golpe parlamentario.
De un lado, tal como sostiene Milda Rivarola, “nunca antes la sociedad paraguaya debatió y reflexionó como ahora sobre política […] Ni siquiera entre 1989 y 1992, ciudadanos de todas las edades y condiciones cuestionan con tan intensa curiosidad qué fue realmente la dictadura”. Y en ese sentido, la construcción de un liderazgo aglutinador ha quedado relegada. Contra el viejo fantasma del Mbareté (líder político que ejerce el poder con prepotencia) Lugo aparecía como un líder laxo y unificador de los movimientos populares. Toda la movilización política contra la re-reelección de Frutos había dejado como resultado su candidatura en las elecciones de 2008. Y si bien entonces resultó en un triunfo electoral, hoy requiere ser repensada ante este retorno del contrato stronista. Tal vez por ello, el golpe parlamentario produjo una ruptura en la débil y extensa fuerza política que el ex obispo representaba. Pero sin lugar a dudas, instaló la sensación que emerge “en centenares de espacios, foros, organizaciones civiles o sociales” donde se busca profundamente pensar “como se quebró, que será de hoy en más la democracia paraguaya. Inquiriendo qué se hizo mal, cómo quieren convivir civilizadamente los paraguayos-hombres y mujeres- después de este quiebre brutal.” (Rivarola)
Del otro lado, presenta la cuestión de reorganización del movimiento campesino en general. La activista Lidia Ruiz, de la Organización por la Lucha por la Tierra en el departamento de San Pedro, destaca que “vivimos en uno de los países más desiguales del mundo en cuanto a la tenencia de la tierra, en cuanto a la concentración que hay: en manos del 2% tenemos el 85% de las tierras”.
Muchas de esas tierras han sido vendidas a las empresas multinacionales para expandir el negocio de la soja. Inclusive el litigio específico entre el estado y la familia Riquelme data de una entrega ilegal de tierras en 1975 bajo el auspicio de la “reforma agraria” stronista (López). Pese a ello, la activista Magui Balbuena señala que “durante el gobierno de Lugo es cuando menos tierra se entregó a los campesinos”. Y en ese sentido, si bien el ex presidente “fue un obstáculo para las multinacionales que quieren venir a controlar la riqueza de nuestro país” –sostiene Elvio Trinidad, del Movimiento Campesino Paraguayo- “por el otro lado, la debilidad de Lugo fue muy grande. Nosotros siempre apoyamos pero tenemos muchas críticas” (Video Revista Crisis).
Ahora bien. La formulación de estas críticas y toda la movilización por la democracia civil y política refieren, hasta cierto punto, a lógicas de lucha diferente. Y si bien ha habido puntos de encuentro entre ellas, la nueva situación social de reflujo de las estructuras de poder stronista requieren su re-elaboración conjunta. Pues el enemigo más poderoso reside dentro nuestro. La caja más difícil de abrir es la que no sabemos que existe. Allí se hace evidente, tal como suele decir Almada, que “el miedo es la segunda piel del paraguayo”. No en vano el terror se ha internalizado en el corazón de una sociedad durante tantos años para inmovilizarla desde lo más profundo de su existencia. Esa es tal vez la capa impenetrable que se ha agujereado. Y acaso todos estos veinte años, desde la constitución del 92 hasta la actualidad, se pueden pensar como el lento desprendimiento de esa piel interior. Una caja tendría que estar reservada para depositar esas viejas lógicas y pensamientos que, a pesar nuestro, nos constituyen y forman parte de nuestra subjetivación política. Si hasta se creó un sitio donde escribir las reacciones personales frente al golpe –www.sinmiedoapensar.net. Y tal vez ese sea el efecto menos deseado de este golpe: que pone la desnudo, no tanto la operatoria represiva que se viene denunciando desde hace tantos años, sino más bien, los mecanismos internos de una subjetivación que aun depende de esos mismos resortes que desea declarar como totalmente nulos, pero que aún viven en su interior. En ese registro algo ha penetrado que nos permite intuir un despliegue de fuerzas y pensamientos de esta caja inédita que anida en el Paraguay.
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El 15 de junio de 2012 se produjo la masacre de Curuguaty donde murieron 6 policías y 11 campesinos en derredor de un conflicto de ocupación de tierras mal habidas. Las mismas estaban “en litigio entre el Estado y la firma Campos Morombí, de la familia Riquelme”, una de las más poderosas del Paraguay. A raíz de ello, el poder político dominante no sólo derribó un presidente, sino que también “doce campesinos fueron detenidos en medio de denuncias de irregularidades en el proceso judicial, en que la defensa presume que tanto policías como labriegos fueron emboscados en el momento en que negociaban una salida al conflicto” (Mercedes López San Miguel). Esta situación nos lleva a plantear dos cuestiones políticas que están interrelacionadas entre sí referidas a la reproducción social paraguaya.
En primer lugar, que los presos políticos no son un fenómeno exclusivo de las dictaduras. Las seudo-democracias que gobiernan en América Latina también están repletos de ellos. El hecho es que después de la matanza, 4 de esos detenidos comenzaron una huelga de hambre que, luego de 56 días, obligó a las autoridades a internarlos de urgencia y concederles la prisión domiciliaria la semana pasada. La campaña de denuncia pública nacional e internacional fue muy significativa y resultó fundamental a la hora de la decisión judicial. Ahora los detenidos han finalizado la huelga de hambre y se encuentran en recuperación.
A pesar de la resignación del juez, sin embargo, las causas de la masacre de Curuguaty aun no han sido resueltas. Uno de los abogados de la defensa, Guillermo Ferreiro sostiene “que en el acta que la fiscalía presentó para acusar a los 12 detenidos no se mostró ningún indicio ni relación fáctica que los involucre directamente” en el asesinato de los policías. Y agregó que “Algunos de los acusados no estaban ni siquiera en el lugar, [mientras] otros estaban de paso.” En todo caso, este triunfo de la resistencia contra la injusticia de las detenciones recae en el cuerpo de los campesinos prisioneros, que para ser escuchados tienen que llegar a la exposición del límite de la muerte física. Son jóvenes que no llegan a treinta años y ya sienten la injusticia en carne propia.
En ese sentido, el cuerpo campesino es un sitio de resistencia que habla desde su carencia, de hambre y de tierra, para enfrentar el terror. No es el único modo de hacerlo, y no quisiéramos postularlo como tal, pero parece ser uno de los más visibles. Como si frente al retorno dictatorial estas cajas enterradas resurgieran de las cenizas para mostrar la marca en el cuerpo. Pues hasta cierto punto, la estrategia de resistencia de poner el cuerpo vuelve a estar presente. Tal como sostiene Magui Balbuena, activista de la Comisión Nacional de Mujeres Campesinas del Departamento de Caaguazú, el litigio con los “gobiernos colorados” estaba claro: “cuando ocupamos, cuando nos enfrentamos, cuando nos encarcelan, cuando nos matan … pero sí después hay una solución encima de todas esas muertes”. Es decir, finalmente la tierra era cedida a los campesinos en esta especie de intercambio tácito. Esta exposición del dolor paraguayo impregnado en el cuerpo, tal como sostenía hace más de un siglo el escritor Rafael Barrett aun resulta intrigante para pensar la fuerza de lo político en la recomposición del movimiento campesino en lucha por la tierra. La sincronización de un cuidado del cuerpo, en la tierra y de la tierra, emerge como sensibilidad primera. Cuidarlo la máximo del nuevo golpe represivo, de las masacres, de la penetración del capital. Es lo único que tenemos. Pues allí también aparece el cálculo siniestro: en el cuerpo y en la tierra. Y como sostiene Paulo López “las cúpulas de los partidos tradicionales y las agroganaderas sienten terror cuando apenas se habla de mensura judicial. Si fueron capaces de montar un circo romano para voltear a un gobierno que hizo tímidos intentos por investigar las propiedades de origen dudoso, cabe inferir que estarían muy bien dispuestos a hacer llegar nuevamente la sangre al río.” (López)
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En segundo lugar, el modus operandi del juicio político contra Fernando Lugo deja un segundo precedente de golpe de Estado en la sociedades “post dictatoriales” de América Latina de cara al despliegue de la segunda década del milenio. El otro caso había sido la destitución de Zelaya en Honduras en junio de 2009 como consecuencia de una orden judicial. En menos de una semana, el congreso paraguayo logró montar en escena la destitución del presidente (que tuvo sólo dos horas para defenderse públicamente) arguyendo, entre otras acusaciones, su responsabilidad en la masacre de Curuguaty. Y si bien el golpe tuvo su impacto en los países vecinos, muchos de los cuales no reconocieron al nuevo mandatario Federico Franco, la sensación del juicio político ya estaba instalada en la sociedad paraguaya.
En efecto, el fantasma del “juicio político” comenzó apenas Lugo asumió la presidencia en 2008. A partir de allí, cada vez que se insinuaba una crisis política, se volvía nuevamente a mencionarlo como horizonte posible y hasta en algunos casos se gestionó concretamente. Fátima Rodríguez González ha compilado 23 instancias de “amenazas e intentos de Juicio Político” contra Lugo, las cuales ponen en evidencia la persistencia de un régimen de terror que utilizaba el seudónimo democrático para destituir a un presidente elegido legítimamente por la vía electoral.
En contrapartida, se llevó a cabo un Juicio Ético al Parlamento el pasado 23 de noviembre, el mismo día que los presos políticos fueron puestos en arresto domiciliario. El mismo conformó un ‘Tribunal Ético por la Democracia que reúne a diversas organizaciones sociales que luchan por la democracia. Este tribunal resolvió la “condena [por] la conducta de diputados y senadores (periodo 2008-2013), y los declara personas no gratas al pueblo paraguayo, por sus reiteradas violaciones al orden constitucional y legal, que dificultan la existencia del Estado social, democrático y de derecho.” Al mismo tiempo, procura “conformar una comisión multisectorial para la resolución de las reivindicaciones territoriales indígenas” en reemplazo de la comisión bicameral que investiga la masacre de Curuguaty. También exhortan a que sancionen, de manera inmediata, leyes que reglamenten las disposiciones constitucionales y en particular del Juicio Político.”
Esta respuesta de la sociedad civil organizada pone en la misma caja los dos temas recurrentes donde se asienta el poder político y económico dominante: el problema de la tierra y el problema de la democracia. Y detrás de ello, uno no puede dejar de pensar en la huella fresca que ha dejado la Comisión de Verdad y Justicia que, durante 4 años (2004-2008), investigó, luchó y preparó un informe “para el esclarecimiento de la verdad de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el Paraguay desde 1954 – 2003 (CVJ, Tomo 1, 13) . Una Comisión de Verdad que trabajó sin el apoyo del estado, develando justamente los crímenes perpetuados por el mismo estado. En los 7 tomos que publicaron, no sólo se describe la crueldad brutal de la dictadura, sino que también se señalan los anclajes corruptos del poder, entre los cuales figura claramente la adquisición de las tierras malhabidas.
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En tercer lugar, si se llegara a comprobar el complot de un grupo que “engañó” tanto a la policía local como a los campesinos, estaríamos ante un mecanismo macabro donde el terror de estado mostraría su vigencia y su autonomía de acción en relación con esta “dictadura del parlamentariado” (revista Crisis). Esos otros cuerpos sacrificados que abortaron una negociación sirvieron como plataforma para el salto político en el congreso, reproduciendo el modus operandi stronista.
Recordemos que las elecciones democráticas que llevaron a Lugo a tomar la presidencia en 2008, interrumpieron el dominio del Partido Colorado que llevaba 60 años en el poder. En ese sentido, la reforma constitucional de 1992 que procuraba evitar el retorno de otro Stroessner, habría desplazado el monstruo pero no destruido las bases de su sistema. Y tal como sostiene Emilio Ferreiro, “ese mecanismo [de destitución] seguirá vigente si no cambiamos la constitución, y finalmente, será de vuelta utilizado”. Pero más profundamente, como sostiene Milda Rivarola, la destitución presidencial señaló “el retorno al Contrato Stronista” donde el mantra represivo indicaba que “los delitos políticos no necesitaban ser probados, por ser “de público conocimiento”.
Habría entonces que pensar en este juego de cajas, no sólo aquellas enterradas y desenterradas, ocultas y silenciadas que imponen la injusticia y el dolor en el cuerpo. Sino también, y paralelamente, este retorno de las cajas visibles que saquean a cielo abierto los crímenes políticos como sustrato de la gobernabilidad. Nos referimos a las bases de ese terror que estarían ancaldas históricamente en la relación entre los empresarios ricos y el poder político y judicial alrededor del problema de la tierra y la continuidad de las estructuras represivas del estado predominante durante la dictadura stronista.
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Augusto Roa Bastos solía decir que el Paraguay es una isla rodeada de tierra. La imagen política tenía su anclaje en dos de los problemas históricos que han asediado al país guaraní, al menos, desde su constitución en el siglo XIX: el aislamiento político y la lucha por la tierra. La infame Guerra de Triple Alianza (1864-1870) no sólo diezmó la población, sino que perforó al estado paraguayo que tuvo que vender a precio regalado las tierras públicas después del aplastamiento sufrido. Del mismo modo, la guerra del Chaco se había gestionado en función del reparto de las tierras de esa región para la explotación del petróleo por capitales extranjeros. Y en el mismo registro, la dictadura stronista subvencionó la modernización del país en base a la instalación del terror y el endeudamiento público con el exterior. Su “reforma agraria” procuró legalizar la entrega de tierras mal habidas a los empresarios colorados que apoyaban a Strossner. Y todo ello recae en la actualidad, donde predomina la inversión de los capitales multinacionales ligados al agro-negocio de la soja. Estos sectores controlan hoy en día la tercera parte del territorio conformando una especie de isla dentro de la isla, para seguir con la imagen robastiana. Capitalizaron el aislamiento político y la lucha por la tierra para su propio beneficio.
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La protesta anual por el cierre de la Escuela de las Américas en Fort Benning tuvo como invitado militante a Martín Almada. El organismo, ahora denominado Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC en inglés), continúa funcionando desde 1948 a pesar de las denuncias y condenas contra muchos militares entrenados en ese recinto para torturar, matar e instalar el terror en América Latina.
El educador y abogado paraguayo, Premio Nobel Alternativo de la Paz, estuvo preso por más de tres años durante la dictadura de Alfredo Stroessner (entre 1974 y 1978). Después de relatar como lo torturaron por 30 días, Almada destacó en su discurso que “asesinaron a mi esposa y me echaron del país 15 años. Después volví a Paraguay y el 22 de diciembre de 1992 encontramos tres toneladas de documentos escritos por estos perros rabiosos”. El conjunto de estos documentos, conocido como los Archivos del Terror, se encuentran clasificados en el Palacio en Justicia en Asunción y son de acceso libre al público para su consulta. El hecho es que a partir de entonces se pudo comprobar, entre otras cosas, la existencia de la Operación Cóndor de la cual fue objeto el propio Almada. En efecto, a partir de noviembre de 1975 los altos rangos militares de Paraguay, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay (a los que luego se sumaron los de Perú y Ecuador) firmaron un acuerdo secreto de colaboración entre sus servicios de inteligencia y de acción represiva que incluía, entre otras cosas, el intercambio de información, el traslado, tortura y asesinato de presos políticos y la ejecución de atentados contra personas civiles. Muchos de esos militares fueron entrenados en la Escuela de las Américas y la Operación Cóndor fue apoyada por la CIA en ese entonces.
Pero además Almada relacionó esa violencia que todavía continua latente con el “golpe de estado express” contra Lugo, destacando el modo en que “el movimiento campesino está siendo criminalizado” hasta el día de hoy. Finalmente, propuso que la Escuela de las Américas sea remplazada por una Universidad de los Derechos Humanos y de Ecología.
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El film paraguayo “7 cajas”, de Tana Shembori y Juna Carlos Maneglia, es un thriller que sucede en el Mercado 4 de Asunción. “El personaje, Víctor, un adolescente que trabaja como transportador de mercaderías en carretilla por los estrechos senderos del mercado, recibe una encomienda misteriosa que debe transportar hasta otro punto del centro comercial (en la realidad de unas 10 hectáreas) con la promesa de ganar 100 dólares.” La película se ha convertido en la más vista en los cines de toda la historia paraguaya. En menos de cuatro meses ha superado los 250 mil espectadores. Además, ha tenido una fuerte repercusión internacional y fue presentada en los festivales de San Sebastián, Toronto y Mar del Plata (y casi se candidatea al Oscar). Según Macarena Galindo, integrante del equipo de producción del film, “El público paraguayo quedó asombrado por haber descubierto que se puede hacer cine de las mismas características del cine que viene del exterior, con una idiosincrasia completamente local” (AFP).
Al mismo tiempo, desde nuestro punto de vista, este film que recrea un thriller de “10 hectáreas” en un mercado urbano histórico y popular, está mostrando el otro lado del problema de la tierra y la democracia. Por un lado, nos desvía la vista hacia ese submundo urbano donde “todo vale”. Y por el otro, lo saca de ese mismo mundo con un lenguaje de cámara que le permite insertarlo en el circuito de cine internacional. Un Paraguay muy paraguayo, pero a la vez “inédito”. Un Paraguay para mirar en Paraguay, pero como si estuviera afuera. Un Paraguay que se puede mirar afuera, hasta con cierto orgullo que repercute en algún adentro. Y no deberíamos caer en una rápida crítica de la película, sino más bien, en pensar que nos dice, en ese fenómeno masivo que la ha digerido socialmente luego del mal trago del golpe parlamentario.
Frente a ello aparece “El impenetrable”, una película de Daniel Incalaterra que cuenta como el director de la película y su hermano devuelven unas tierras heredadas a los indígenas. Y como es fácil predecir, la asistencia a las salas cinematográficas resulta mínima en comparación con “7 cajas”. ¿Por qué insistir, entonces, en la denuncia constante los problemas de la democracia y la tierra? Pareciera que el argumento ya ha sido presentado una y otra vez, y que se choca con las mismas barreras. Tal vez el contraste o la superposición de ambas pelis nos permitan formular esta inquietud. La de indagar hasta que punto estas 7 cajas, visibles, mostrables, populares, que desbordaron los cines paraguayos, no están operando sobre un tejido social cuyo fondo es impenetrable: el miedo que atornilla hacia dentro las precisiones estéticas de una pertenencia global. Porque este modo de pensar los dilemas paraguayos acecha, al menos, a todo Latinoamérica: en la “pseudo-democracia” que sus pelis “extranjeras” revelan y ocultan de la idiosincrasia de un pueblo y una historia.
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En este punto habría que mencionar la fragilidad política con que el ex obispo llegó al poder y el modo cómo se relacionó con los sectores en lucha durante su presidencia. Pues lo impenetrable de esas 7 cajas refiere más profundamente a la conformación de las luchas políticas que se reconstituyen después del 22 de junio de este año. En ese sentido, una de las cuestiones pendientes consiste en preguntarse por la falta de reacción popular frente a este atropello de la clase política dirigente. Si bien el día anunciado de la destitución se congregaron distintos grupos de apoyo al presidente, incluyendo organizaciones políticas y campesinas, frente a la casa de gobierno, la resistencia popular al golpe de estado express no fue la esperada. Parte de esa reacción se debió a que Lugo no había logrado doblegar los mecanismos políticos todavía vigentes; y en parte, porque no incentivó lazos fuertes con los organismos populares en lucha permanente. De ello se desprenden dos dinámicas para pensar el estado de la cuestión social post-golpe parlamentario.
De un lado, tal como sostiene Milda Rivarola, “nunca antes la sociedad paraguaya debatió y reflexionó como ahora sobre política […] Ni siquiera entre 1989 y 1992, ciudadanos de todas las edades y condiciones cuestionan con tan intensa curiosidad qué fue realmente la dictadura”. Y en ese sentido, la construcción de un liderazgo aglutinador ha quedado relegada. Contra el viejo fantasma del Mbareté (líder político que ejerce el poder con prepotencia) Lugo aparecía como un líder laxo y unificador de los movimientos populares. Toda la movilización política contra la re-reelección de Frutos había dejado como resultado su candidatura en las elecciones de 2008. Y si bien entonces resultó en un triunfo electoral, hoy requiere ser repensada ante este retorno del contrato stronista. Tal vez por ello, el golpe parlamentario produjo una ruptura en la débil y extensa fuerza política que el ex obispo representaba. Pero sin lugar a dudas, instaló la sensación que emerge “en centenares de espacios, foros, organizaciones civiles o sociales” donde se busca profundamente pensar “como se quebró, que será de hoy en más la democracia paraguaya. Inquiriendo qué se hizo mal, cómo quieren convivir civilizadamente los paraguayos-hombres y mujeres- después de este quiebre brutal.” (Rivarola)
Del otro lado, presenta la cuestión de reorganización del movimiento campesino en general. La activista Lidia Ruiz, de la Organización por la Lucha por la Tierra en el departamento de San Pedro, destaca que “vivimos en uno de los países más desiguales del mundo en cuanto a la tenencia de la tierra, en cuanto a la concentración que hay: en manos del 2% tenemos el 85% de las tierras”.
Muchas de esas tierras han sido vendidas a las empresas multinacionales para expandir el negocio de la soja. Inclusive el litigio específico entre el estado y la familia Riquelme data de una entrega ilegal de tierras en 1975 bajo el auspicio de la “reforma agraria” stronista (López). Pese a ello, la activista Magui Balbuena señala que “durante el gobierno de Lugo es cuando menos tierra se entregó a los campesinos”. Y en ese sentido, si bien el ex presidente “fue un obstáculo para las multinacionales que quieren venir a controlar la riqueza de nuestro país” –sostiene Elvio Trinidad, del Movimiento Campesino Paraguayo- “por el otro lado, la debilidad de Lugo fue muy grande. Nosotros siempre apoyamos pero tenemos muchas críticas” (Video Revista Crisis).
Ahora bien. La formulación de estas críticas y toda la movilización por la democracia civil y política refieren, hasta cierto punto, a lógicas de lucha diferente. Y si bien ha habido puntos de encuentro entre ellas, la nueva situación social de reflujo de las estructuras de poder stronista requieren su re-elaboración conjunta. Pues el enemigo más poderoso reside dentro nuestro. La caja más difícil de abrir es la que no sabemos que existe. Allí se hace evidente, tal como suele decir Almada, que “el miedo es la segunda piel del paraguayo”. No en vano el terror se ha internalizado en el corazón de una sociedad durante tantos años para inmovilizarla desde lo más profundo de su existencia. Esa es tal vez la capa impenetrable que se ha agujereado. Y acaso todos estos veinte años, desde la constitución del 92 hasta la actualidad, se pueden pensar como el lento desprendimiento de esa piel interior. Una caja tendría que estar reservada para depositar esas viejas lógicas y pensamientos que, a pesar nuestro, nos constituyen y forman parte de nuestra subjetivación política. Si hasta se creó un sitio donde escribir las reacciones personales frente al golpe –www.sinmiedoapensar.net. Y tal vez ese sea el efecto menos deseado de este golpe: que pone la desnudo, no tanto la operatoria represiva que se viene denunciando desde hace tantos años, sino más bien, los mecanismos internos de una subjetivación que aun depende de esos mismos resortes que desea declarar como totalmente nulos, pero que aún viven en su interior. En ese registro algo ha penetrado que nos permite intuir un despliegue de fuerzas y pensamientos de esta caja inédita que anida en el Paraguay.
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