10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos
Los Derechos Humanos ante las crisis capitalistas
El conjunto de los derechos
humanos no es inmutable ni se establece de una vez para siempre, sino que posee
una dimensión y un carácter históricos, por lo que a través del tiempo se
producen modificaciones e innovaciones en su concepción, interpretación y
aplicación. De este modo, reflejan el grado de conciencia y de consenso logrados
en un momento determinado, dando respuesta a una problemática y unas
circunstancias históricas concretas, en torno al ideal de justicia social. En
este sentido, las generaciones de derechos humanos constituyen no sólo nuevos
derechos reconocidos, sino también etapas o fases históricas en cuanto a la
manera de concebir, interpretar y aplicar los derechos hasta entonces
reconocidos. Así, por ejemplo, en lo que se refiere al hecho de incluir entre
los derechos de primera generación a los derechos políticos, lo cierto es que
derechos como el sufragio universal no sólo masculino, sino también femenino, no
han sido reconocidos en muchos textos constitucionales hasta bien entrado el
siglo XX. Sin embargo, la principal cuestión que se plantea aquí y ahora es:
¿pueden los derechos humanos hacer frente al capitalismo y sus crisis? Más aún:
¿son compatibles dichos derechos con el régimen económico actualmente
imperante?
Las “generaciones” de derechos humanos
Se suelen citar como derechos de primera generación a los derechos
civiles y políticos, o derechos de libertad, por ser principalmente de esta
naturaleza los derechos proclamados en las primeras declaraciones de derechos
humanos, entonces también denominados derechos "naturales". Son derechos
proclamados frente a los regímenes despóticos y monárquicos. Así, por ejemplo,
el inicial y parcial reconocimiento de la libertad de cultos fue en principio
decisivo para acabar con las guerras que tomaron como pretexto la religión en la
Europa renacentista. Sin embargo, en el fondo subyacían las reivindicaciones de
la burguesía emergente frente a las trabas al libre comercio procedentes de los
regímenes estamentales y semifeudales que se remontaban a la Edad Media,
destacando el "sagrado" derecho a la propiedad privada.
Según las doctrinas liberales, dichos derechos exigen sobre todo la
abstención por parte de los poderes públicos, sin embargo, una reflexión más
atenta deja entrever que esta "abstención" es una más de las falacias de las
ideologías liberales y neoliberales para tratar de legitimar el régimen
económico fomentado por los burgueses, es decir, el capitalismo, presentándolo
no como tal, sino como "democracia" y "Estado de Derecho". De este modo, los
regímenes capitalistas se van imponiendo inicialmente por Europa y América, a la
par que la denominada "modernidad". En su versión más democrática, los derechos
civiles y políticos son oponibles a los poderes públicos y privados, así como a
otros individuos, con el fin de hacer respetar la autonomía individual de cada
cual.
Los derechos de segunda generación, en cambio, sí exigen claramente de
los poderes públicos su intervención, con objeto de que los individuos,
particularmente los más pobres y desfavorecidos, puedan hacer efectivos sus
derechos, dado que carecen de medios y recursos para lograrlo por sí solos. Son
los denominados derechos económicos, sociales y culturales, o derechos de
igualdad, que fueron surgiendo a lo largo de los siglos XIX y XX impulsados por
las luchas obrer as frente a las duras condiciones laborales impuestas por la
burguesía capitalista. Su plasmación incipiente en textos legales puede
observarse, por ejemplo, con motivo de la revolución de 1848 en Francia o el
reconocimiento de determinados seguros sociales en la Alemania de finales del
siglo XIX. Sin embargo, fueron la revoluciones soviética y m ejicana, a
principios del siglo XX, los acontecimientos decisivos para que estos derechos
comenzaran a ser reconocidos en diferentes constituciones y ordenamientos
jurídicos de distintos países.
Por su parte, los derechos humanos de tercera generación también han
surgido tras la toma de conciencia y la movilización para logr ar una mejor
calidad de vida y un mayor bienestar, así como para fortalecer la convivencia
pacífica. Se trata del derecho de los pueblos a autodeterminarse, frente al
colonialismo y al neocolonialismo (neoliberalismo); del derecho a la paz, contra
la guerra; del desarrollo para todos, contra la pobreza; de la asistencia
humanitaria en cualquier parte del mundo ante situaciones de extrema gravedad
(catástrofes, conflictos bélicos, etc.); de un medio ambiente sano frente al
deterioro grave de nuestro entorno natural, así como de la existencia de un
patrimonio común de la Humanidad, natural e histórico, que debe preservarse. Se
suele decir que los derechos de tercera generación hacen hincapié en la
necesaria solidaridad o fraternidad que debe existir entre los seres humanos
para hacer respetar y proteger los valores y aspiraciones que se consideran
comunes a todos, es decir, universales.
En este sentido, en mi opinión, las características específicas señaladas
para las distintas generaciones de derechos humanos, es decir, la "oponibilidad"
para los derechos de la primera generación (civiles y políticos), la
"exigibilidad" para los de la segunda (derechos económicos, sociales y
culturales), y la "solidaridad" para los de la tercera confluyen en las tres
generaciones. Es decir, todos los derechos humanos son oponibles, exigibles y
requieren de la solidaridad y de la cooperación para hacerlos efectivos. De este
modo, lo singular de cada una de las generaciones de derechos humanos no es
solamente la incorporación de nuevos derechos, sino también la incorporación de
nuevos modos de concebir, interpretar y aplicar tanto los nuevos derechos como
los tradicionales. Así, por ejemplo, los derechos civiles y políticos (primera
generación) no deben interpretarse y aplicarse de manera individualista y
exclusivista, tal y como plantean las doctrinas liberales clásicas y
neoliberales, sino que deben ser compatibles con los derechos de segunda
(derechos económicos, sociales y culturales) y de tercera generación (derecho a
la autodeterminación, a la paz, al desarrollo, a un medio ambiente sano y al
patrimonio común de la humanidad).
Por esta razón, los derechos civiles y políticos no requieren solamente la
"abstención" de los poderes públicos, pues entonces sólo podrían hacerlos
efectivos aquellos titulares que posean recursos suficientes para hacer valer
por sí solos tales derechos, sino que también requieren la intervención de los
poderes públicos en aquellos casos en que sus titulares carezcan de dichos
recursos. Es el caso, por ejemplo, del derecho de tutela judicial, el cual cada
vez es más evidente que sólo los más privilegiados pueden hacerlo valer de
manera efectiva, por medio de un asesoramiento jurídico cada vez más
especializado y costoso. Las disposiciones legales en materia de “abogados de
oficio” o de “costas judiciales” son notoriamente insuficientes y los recursos
presupuestarios asignados para ello más insuficientes aún. Además, son escasos
los jueces sensibles a esta situación. Consecuencia de ello es que mientras
quien tiene sobrados motivos para recurrir a la justicia no puede hacerlo en
muchas ocasiones por falta de recursos, en cambio, los más privilegiados no
dudan en hacerlo con motivo o sin él.
Por otra parte, para reivindicar y hacer valer los derechos económicos,
sociales y culturales es necesario ejercer determinados derechos y libertades
fundamentales que se ubican entre los derechos civiles y políticos, como la
libertad de pensamiento, de opinión, de expresión, de reunión, de asociación,
etc., lo que implica que los poderes públicos deben abstenerse de impedir el
ejercicio de tales derechos aunque sí es exigible que intervengan para que otros
individuos o grupos no lo impidan. Los individuos y grupos que configuran una
comunidad organizada deben contribuir solidariamente, según las posibilidades y
recursos de cada cual, con el fin de establecer unos poderes públicos con medios
y recursos suficientes para hacer efectivos los derechos humanos para todos de
manera equitativa.
La libertad, la igualdad y la solidaridad son conceptos entrelazados e
interdependientes en la medida en que no se pueden entender ni hacer realidad
cualquiera de ellos aisladamente, es decir, sin tener en cuenta los otros.
Pretender lo contrario, es decir, interpretar antagónicamente uno de ellos
respecto de los otros (por ejemplo: la libertad contra la igualdad y la
solidaridad) constituye una de las características de las doctrinas liberales y
neoliberales de los derechos. Así, mientras una minoría privilegiada pregona las
excelencias de la libertad individual, principalmente la de enriquecerse sin
límites, otra parte de la humanidad, mucho más numerosa, carece de lo más mínimo
para poder vivir dignamente. De ahí la pertinencia de postular las
características de cada una de las generaciones de derechos humanos como propias
de todos los derechos humanos.
La actual crisis del capitalismo
Las espasmódicas y recurrentes crisis que acompañan a los procesos de
acumulación de capital desde los inicios históricos del capitalismo siempre han
repercutido sus peores consecuencias en las poblaciones más desfavorecidas e
indefensas: paro y precariedad laborales, aumento de las desigualdades
económicas y sociales, empobrecimiento, etc. La aguda crisis actual en los
países ricos no es una excepción y ha puesto en evidencia las consecuencias
previsibles, pero negligentemente ignoradas, de la excesiva especulación
financiera por parte de los bancos y empresas transnacionales privados, quienes
en connivencia con muchos dirigentes estatales y gubernamentales, una vez más,
han evitado su colapso mediante la expropiación de cuantiosos fondos del sector
que consideran “obsoleto”, el sector público, sin reconocer el fracaso de las
medidas pro sector privado que han impuesto y siguen imponiendo bajo la estela
de uno de las nociones emblema de la globalización neoliberal: la gobernanza
1. De este modo, aseguran la continuidad de las formas de dominación
neocoloniales por todo el planeta.
Dicha crisis tiene como epicentro el mundo financiero y repercute en todos
los ámbitos económicos y sociales. Afecta de lleno al núcleo de las fuerzas
dominantes de la metrópoli capitalista, donde se ubican los grupos hegemónicos
del sistema económico mundial. En efecto, se trata de una crisis financiera
cuyas causas tienen mucho que ver con la actividad predominantemente
especulativa a la que se dedican los grandes bancos y empresas transnacionales
de los países ricos, facilitada por uno de los emblemas de la globalización
neoliberal, es decir, la libertad de circulación de capitales y la consiguiente
"financiarización" de la economía. De este modo, el desmesurado incremento de
capital en circulación no se corresponde en absoluto con la economía real o
productiva.
En lo que se refiere a los países empobrecidos del Tercer Mundo, dicha
libertad de circulación de capitales favorece todo tipo de capitales
especulativos dispuestos a abandonar los países de “alto riesgo” (es decir, los
más empobrecidos) con la misma rapidez que entraron, es decir, a la mínima señal
de “alarma”, hundiendo aún más en la miseria a los más pobres. Esto sucedió en
el decenio de los noventa en los países entonces denominados “tigres asiáticos”
(Tailandia, Indonesia, Taiwán, Corea, etc.), elogiados desde la metrópoli como
modelo de crecimiento económico y “prueba” del éxito de las políticas
neoliberales. Dicha crisis se simultaneó con otras similares en América Latina
(México, Brasil, Argentina) y en países como Rusia y Turquía, ante la pasividad
y complicidad de las instituciones financieras internacionales (FMI, Banco
Mundial).
En cualquier caso, las crisis periódicas y repetitivas del capitalismo se
suceden cíclicamente y le son consustanciales. Ahora le ha tocado el turno a la
“metrópoli”. Por su propia naturaleza, el capital privado “financiarizado” se
inclina por la mayor rentabilidad en el menor plazo y por la garantía de que las
ganancias así obtenidas sean “repatriadas” a sus lugares de origen en vez de
reinvertirse allá donde se obtuvieron dichas ganancias. Paradójicamente, quienes
tanto abogan por reducir los gastos sociales y por la disminución de la
intervención de los poderes públicos con fines redistributivos se encuentran
ahora con los bolsillos repletos de dinero público gracias a decisiones de
dirigentes políticos que, una vez más, obedecen a quienes realmente les han
colocado en dicho puesto. Si se hubieran aplicado a sí mismos las normas
“gobernancistas” que tanto han promovido y preconizado los bancos y las empresas
transnacionales para los menos “competitivos”, pura y simplemente hubieran
desaparecido por “incompetentes”.
En definitiva, la correlación de fuerzas actual permite a los más ricos y
poderosos no solo pasar la factura de la crisis a los que menos culpa tienen,
sino que dicha crisis sirve de pretexto para acelerar y profundizar las
contrarreformas neoliberales 2. Dichas contrarreformas consisten
básicamente en mermar y erosionar paulatinamente el estado de bienestar y los
avances y derechos sociales logrados tras la II Guerra Mundial mediante
políticas económicas redistributivas de corte keynesiano, aunque siempre
sometidas a relaciones de producción, comercio y consumo capitalistas.
A ello hay que añadir el imprescindible componente militar que acompaña y
hace posible la actual globalización o mundialización (imperialismo neocolonial)
del capitalismo neoliberal, es decir, una potente industria militar que nutre
permanentemente a unos ejércitos dispuestos a guerrear en todo momento en
cualquier parte del mundo, tanto porque es uno de los negocios más lucrativos
3 como porque es la manera de imponer un régimen económico como el
capitalismo, así como sus derivados imperiales y coloniales, a todos los pueblos
del mundo al margen de su voluntad soberana. De hecho, el presupuesto de
"defensa" de EE.UU., potencia militar dominante del mundo actual, con una enorme
ventaja sobre el resto, y principal promotor de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), principales "interventores" militares en el planeta,
aumentó desde unos 300.000.000.000 de dólares en el año 2000 a más de
700.000.000.000 en 2009, manteniéndose en 2012 dicha cifra a pesar de la
profunda crisis económica en dicho país. Paralelamente, el coste de las
operaciones de la OTAN desde 2005 se han cuatriplicado.
Conclusión
En un mundo como el actual resulta pertinente reivindicar políticas
económicas que permitan hacer efectivos todos los derechos humanos y para
todos, en particular para los más vulnerables y desfavorecidos. Ello exige
nuevas maneras de organizarse y comunicarse más democráticas, alternativas y
capaces de hacer frente a las gigantescas burocracias más “verticalizadas” que
centralizadas en los ámbitos empresariales, sindicales, partidistas y
mediáticos, y que hegemonizan el régimen político y económico actual,
subordinado en su conjunto a los intereses del capitalismo transnacional
globalizado. Es decir, se trata de fomentar la movilización de la sociedad desde
su base, con el fin de crear la fuerza social que permita promover políticas
alternativas al capitalismo y a sus derivados imperiales, coloniales y
neocoloniales (neoliberales), así como potenciar organizaciones democráticas,
plurales, diversas y alternativas a las burocracias paralizantes y sumisas al
capital.
No hay comentarios:
Publicar un comentario