El Fujimorismo se jugará varias cartas para liberar a su líder, Alberto Fujimori, preso en la sede de la Diroes, pero su aplicación dependerá de los resultados de las elecciones del 5 de junio y al apoyo del gobierno, de acuerdo a expertos judiciales.
Una de ellas tiene que ver con las presiones que estarían realizando personajes del Fujimorismo y el APRA a funcionarios del Instituto de Medicina Legal para que redacten un informe que deje establecido que Fujimori padece de un “Cáncer terminal”, con el que se tramite el indulto días antes de la culminación del mandato de Alan García.
Tribunal ConstitucionalOtra de las cartas es la del hábeas corpus. Uno de ellos ya está jugado en el Tribunal Constitucional, en el que magistrados apristas y proFujimoristas se muestran a favor de la liberación del reo. Entre esos magistrados, se comenta, estaría incluso Gerardo Eto Cruz, quien fuera elegido con los votos del nacionalismo, pero que no dudó en redactar una sentencia por la que se separó del proceso por enriquecimiento ilícito al general Fujimorista Walter Chacón.
Pero el hábeas corpus no solo se trabajaría en el TC, sino en cualquier juzgado amigo si es que gana la hija del dictador el 5 de abril. A los pocos días que LA PRIMERA denunciara que está en marcha un plan para liberar a Fujimori utilizando argucias legales, el expresidente de la Corte Superior de la década de los 90, Alejandro Rodríguez Medrano, envió una carta al diario amenazando con denunciarnos por difamación.
En una larga carta el amigo de Vladimiro Montesinos explicaba, además, las razones por las que se debería anular el juicio al dictador. Señalaba que los jueces que lo sentenciaron habrían violado el principio del “juez natural” y por tanto la imparcialidad del proceso.
Si bien es verdad que en las normas judiciales existe lo que se denomina “el juez predeterminado por ley”, la Corte Suprema decidió que por la complejidad de los procesos que tenían que ver con la mafia que gobernó el país en los 90, el caso debía estar en manos de un juzgado especializado. Esta decisión fue ratificada por el TC anterior y organismos de justicia internacionales.
UsurpaciónEn la misiva, Rodríguez Medrano acusa de “usurpación de funciones” a los vocales César San Martín, Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo, quienes sustentaron la sentencia penal del caso. El amigo de Montesinos los acusa de usurpar funciones al asumir el juzgamiento pues, dice, no les correspondía asumir esa tarea, sino a los vocales que conformaban la Sala Penal Permanente de la Suprema.
Afirma que debieron ser los encargados de juzgar a Fujimori los vocales Robinson Gonzales Campos, Adolfo Barrientos Peña, Valentín Rojas Maraví y Julia Arellano Serquén, quienes conformaban la Sala Penal Permanente de la Suprema y algunos de los cuales tienen simpatía por el fujimorato.
Y considera irregular la resolución administrativa de la Presidencia del Poder Judicial 001-2009-P-PJ, del 5 de enero de 2009, firmada por Javier Villa Stein, que designó a los jueces titulares del juzgamiento del jefe de la mafia. Su argumento se basa en el artículo 17 del Código de Procedimientos Penales.
En su acusación también comprende al nuevo Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, “por haber permitido e intervenido en una Sala Penal Especial dispuesta por el Presidente del Poder Judicial y no por la Sala Penal Permanente”.
El “chino” también incluye en su denuncia al exfiscal Avelino Guillén, quien tuvo un rol importante en la sentencia.
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