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Hace unos días revelamos que para la venta de las empresas eléctricas peruanas, entre los años 1993 y 1994, a compradores principalmente Chilenos, se recurrió a la evaluación previa de entidades de supuesto prestigio internacional, como el Banco de Inversión NM Rothschild & Sons Limited, con sede en Londres, que en realidad actuaba como mascarón de grupos de consultores Chilenos (asociados a los compradores) y peruanos como el estudio de abogados Trazegnies-Trelles y la Consultora Apoyo, ligados al gobierno Fujimorista.
Esas entidades hicieron la valorización de las unidades privatizables y subdividieron a la estatal ElectroLima en tres nuevas empresas: Edelnor y Luz del Sur (distribución) y Edegel (generación), a las que asignaron un valor para la venta de acuerdo al siguiente cuadro:
Tras la venta de estas tres eléctricas, la dictadura de Alberto Fujimori dictó el decreto supremo 120-94-EF, elaborado por el ministro Jorge Camet con la asesoría del señor Fritz Du Bois (sin título profesional, pero jefe de asesores durante siete años, hoy director de “Perú 21” y Fujimorista desbocado) que permitía que las unidades recién adquiridas pusieran su valor a precios de mercado.
De esa manera, con franca sinvergüenza, la dictadura reconocía que había realizado una valorización inicial fuera del precio real. El cuadro número 2, muestra la valorización que los propios nuevos dueños hicieron de los activos que habían pasado a sus manos y la diferencia respecto a las cifras que entregaron los asesores.
Como puede verse, la valorización original fue un engaño mayúsculo, realizado a precios de Tacora o las Malvinas, para ser gráficos.
Pero una vez que los nuevos propietarios estuvieron en su sitio llegó la hora de la verdad.
Rafael ReyCasi diez años después, Rafael Rey integró la comisión que investigaba los delitos económicos del régimen al que estuvo vinculado. Y en todos los casos se negó a votar con la mayoría multipartidaria descubriendo su verdadera filiación política.
En la investigación sobre la venta de las eléctricas, Rey dictaminó que la reevaluación se justificaba para que las empresas tuvieran una mejor credencial para operaciones financieras y un mejor valor de reventa en el mercado, como efectivamente ocurrió cuando los compradores consiguieron mejores precios de reventa.
Pero lo que era evidente es que se habían subvalorado los activos, contando la historia de las pésimas empresas públicas, cuando éstas tenían un mucho mayor valor real. Además se favoreció una venta por debajo del valor efectivo en más o menos 500 millones de soles y se perdió la oportunidad de una subasta con otro piso de precio que seguramente hubiera llevado el pago final encima de los 4 mil millones de soles.
Rey, sin embargo, pretende justificar este enésimo asalto al patrimonio público afirmando que se permitió el fortalecimiento de las empresas (cuando ya estaban en manos privadas extranjeras) y que no hubo críticas a esta decisión en los primeros años de aplicación, pero esto fue consecuencia de la falta de información y de la ausencia de prensa libre.
Raúl Wiener
Unidad de Investigación
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