Abogados dudan de la imparcialidad del máximo tribunal. El Instituto de Defensa Legal dice que tras el hábeas corpus presentado se vienen otros que buscan desmantelar la condena a Fujimori.
Al abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), le pareció muy extraño que el pasado miércoles el Tribunal Constitucional (TC) decidiera suspender la vista de la causa del hábeas corpus presentado a favor del ex dictador Alberto Fujimori. Lo correcto, expresó en rueda de prensa, hubiera sido una sentencia emitida en un tiempo razonable e independiente de la coyuntura electoral.
Sin embargo, tanto el procurador del Poder Judicial Jesús Vitery Rodríguez como el abogado defensor César Nakazaki pidieron la postergación de la audiencia. Un día antes, la hija del reo y candidata presidencial Keiko Fujimori se había manifestado en esa línea para evitar que la decisión del TC influyera en el resultado electoral.
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Según Carlos Rivera, el máximo tribunal “está acompañando la estrategia de la defensa de Fujimori” puesto que –tras haber atrasado la vista en enero pasado– accedió en esta ocasión a dichas solicitudes y aceptó un argumento, el del clima electoral, que no tiene carácter procesal.
El abogado del IDL apuntó que, además de ese hábeas corpus que cuestiona la imparcialidad de los magistrados que condenaron a Alberto Fujimori, existen otros veinte recursos en proceso que afectarían aspectos concretos de la citada sentencia.
El letrado Ronald Gamarra explicó que el objetivo de estos recursos sería perjudicar la acción de la justicia y crear la falsa sensación en la ciudadanía de que el proceso penal contra Fujimori aún no ha concluido.
“Alberto Fujimori fue condenado por asesino y ladrón en un juicio ejemplar que terminó en abril de 2009”, subrayó Gamarra, quien precisó que el hábeas corpus ha sido utilizado en forma indebida y que el TC “está llamado a hacer respetar la Constitución, no a torcer el sentido de la Justicia”.
A su turno, Avelino Guillén, ex fiscal del caso Fujimori, consideró que existe una “estrategia de impunidad” que busca reabrir dicha causa y finalmente echar por tierra la sentencia.
Si el tribunal fallase a favor de la defensa de Fujimori, la sentencia ratificatoria dictada en diciembre de 2009 sería declarada nula y otra sala debería revisar de nuevo el fallo que dictaminó César San Martín en abril de ese año, lo que abriría las puertas a la absolución del condenado, según el IDL.
Por su parte, Gisella Ortiz, representante de las víctimas de La Cantuta, pidió al Tribunal Constitucional que se pronuncie ya por todas las acciones de amparo pendientes. “Las víctimas tenemos derecho a cerrar este ciclo”, defendió.
Sospechas sobre el Gobierno
Los conferenciantes también llamaron la atención sobre la pasividad del procurador Vitery y, en general, sobre la actitud del gobierno de Alan García.
“Una muestra del acuerdo entre el Ejecutivo y Alberto Fujimori es el control absoluto de éste en la Diroes. ¿En qué país del mundo ocurre esto? Lo ha convertido en un local de campaña, lo que revelaría la falta de imparcialidad del gobierno, que hace permanentes declaraciones a favor de Keiko Fujimori”, criticó Guillén.
Carlos Rivera añadió que García nunca quiso la extradición de Fujimori, ya que desde 2007 –cuando surtió efecto la demanda presentada por el gobierno de Alejandro Toledo– no ha vuelto a haber ninguna solicitud exitosa ante Chile. “Ésta no llegará mientras gobierne Alan García, a pesar de que existen pruebas suficientes”, señaló.
Corte Suprema revisó condena por corrupción
La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, presidida por el juez supremo Robinson Gonzales, dejó ayer al voto la revisión de la condena impuesta a Alberto Fujimori por utilizar fondos del Estado para pagar a congresistas tránsfugas, medios de comunicación leales al gobierno y el chuponeo telefónico.
A fin de tomar una decisión el tribunal convocó al abogado del reo, César Nakazaki, y el procurador del Estado, Pedro Gamarra, para que se pronuncien sobre el fallo por delito de peculado y violación del secreto de las comunicaciones. Sin embargo, solo se hizo presente el procurador Gamarra. Nakazaki, que había apelado y generó esta audiencia, no se presentó.
El procurador Gamarra solicitó ratificar la condena de 6 años de prisión, que vence en febrero del 2013 y el monto de la reparación civil impuesta. Recordó que el mismo ex presidente aceptó los cargos y que la apelación de su abogado solo buscaba evitar que el veredicto no quede firme, como lo demostraba su desinterés para asistir a esta audiencia.
El tribunal dispone de hasta 30 días para dar a conocer su decisión final.
Otros hábeas corpus.
Según el IDL, Nakazaki ha planteado una veintena de recursos que afectan partes esenciales de la sentencia a Fujimori. En ellos, aduce falta de pruebas en torno a los secuestros agravados de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer, y a la responsabilidad del presidente de la República en los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Considera ilegal la condena por crímenes de lesa humanidad y cree que se violó la presunción de inocencia de Fujimori.La clave
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