Las autoridades regionales se sumaron al pedido de investigación del presidente Alan García por su responsabilidad penal en las seis muertes ocurridas este fin de semana en Puno, así como por los 94 fallecidos durante su gobierno, como resultado de su inoperancia y falta de interés por resolver más de 250 conflictos sociales.
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El presidente regional de Junín, Vladimir Cerrón, indicó que investigar la responsabilidad del Ejecutivo y la del presidente García sobre la brutal represión policial que desencadenó en la muerte de seis manifestantes en el aeropuerto de Juliaca “es un deber moral y político que tiene el nuevo Parlamento”.
Cerrón dijo que la intolerancia frente a los reclamos de la población y el nulo respeto por los derechos humanos, han sido recurrentes en el Gobierno del APRA. “Los hechos de muerte ocurridos en Puno, todo el Perú lo lamenta, es un nuevo Baguazo para nosotros, pero desgraciadamente se ha convertido en una rutina para el Perú”, dijo.
Señaló que es lamentable que el Gobierno esté cerrando su mandato con esta cantidad de muertos y ponen en relieve una vez más que el Gobierno tiene un compromiso poco serio con los derechos humanos e impone la ley del más fuerte.
En ese sentido, Cerrón indicó que la región Junín y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales respaldarán al próximo Congreso en la investigación de los hechos, sobre todo porque el partido aprista no cuenta con una bancada que pueda blindar, desestimar o detener investigaciones contra García, la presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández; o el ministro del Interior, Miguel Hidalgo, entre otros involucrados en las más de 90 muertes, como consecuencia del irresponsable accionar frente a la conflictividad social.
Por su parte, el presidente regional de Puno, Mauricio Rodríguez, resaltó la necesidad de efectuar una fiscalización al jefe de Estado y a sus funcionarios de confianza, pues a través de la indagación que se realice a la administración García se podrá determinar hasta dónde va su responsabilidad por el retraso en la solución de conflictos sociales, ya que solo en estos cinco años se ha triplicado el número de problemas, de 84 a 220.
Igualmente, se demostrará la responsabilidad de terceros, como el ministro del Interior, Miguel Hidalgo, o la de algunos funcionarios de primer y segundo nivel, y así lograr determinar la sanción penal.
Rodríguez dijo no creer que existan intereses políticos ocultos que estén fomentando el descontento social para perjudicar el gobierno de Ollanta Humala, pues “hay muchos problemas en el país sin solución y el gobierno de Alan García no ha tenido una atención prioritaria a las provincias”.
El presidente regional de Huancavelica, Maciste Díaz, también se mostró a favor de la investigación, pues “los seres humanos no podemos morir así no más y los responsables de esto deben ser señalados”.
Díaz indicó que si bien es cierto que controlar los desbordes de la protesta está en las facultades del Gobierno y de la Policía Nacional, hay que recordar que la protesta es un derecho constitucional de toda persona, por lo que la autoridad que ordena que se dispare a los manifestantes, tal como ocurrió en Juliaca esta semana, está cometiendo un delito.
En tanto, el presidente Regional de Pasco, Klever Meléndez, adujo que la violencia represiva expresada contra los pobladores de las distintas zonas del país en estos cinco años y que ha cobrado la vida de 94 personas, nos deja de lección la poca importancia que el Gobierno central le ha prestado a la necesidad de las regiones, por lo que se podría decir que ha gobernado de espaldas a sus necesidades.
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