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El sociólogo Sinesio López dijo que el presidente Alan García no “tenía en mente que se iban a producir este tipo de problemas”. “Esta grave situación forma parte de la desidia del gobierno respecto a dar una solución definitiva a los problemas sociales hasta que se produce un desembalse que el mismo gobierno ha fabricado”, precisó.
CriminalizaciónAñadió que Alan García ha tratado de criminalizar todo tipo de protestas sin contar con un mecanismo de solución democrático. “El gobierno se ha dedicado a criminalizar todo tipo de protestas, pero cuando se desata un conflicto grave como un “Baguazo” o un “juliacazo” no tiene una salida concreta”, dijo.
El analista Julio Castiglioni también indicó que el mandatario saliente ha demostrado una falta de interés por resolver las demandas de las poblaciones nativas y una incapacidad para reestablecer el orden cuando se produjeron los conflictos de Bagua y Juliaca, en Puno.
“El gobierno ha demostrado que no ha podido evitar los conflictos y restablecer un principio de autoridad. El abandono del Estado ha sido flagrante en los conflictos de Bagua y Puno. Actúa más por motivos políticos con un irrespeto a los convenios internacionales, como el Convenio 169 de la OIT. Encima no toma decisiones para resolver los problemas”, sostuvo.
El líder awajun, Eduardo Nayap Kinin, congresista electo de Gana Perú por Amazonas, se comprometió a impulsar la Ley de Consulta en el nuevo Parlamento y confió en lograr un consenso entre las bancadas y la aprobación de dicha ley, por considerarlo de suma justicia.
Matanza
El pasado viernes 24 de junio, policías y soldados dispararon indiscriminadamente contra manifestantes que quisieron tomar el aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, produciéndose un saldo de seis muertos y más de 40 heridos. En la protesta también participaron pobladores de Azángaro, que reclaman la limpieza del río Ramis de la contaminación minera.
De nuevo tuvo que ocurrir un baño de sangre para que al día siguiente el presidente Alan García publique cinco leyes, entre decretos supremos y resoluciones ministeriales, que paralizan las concesiones mineras en Puno y obligan a que en el futuro se consulte a los pueblos toda nueva actividad extractiva.
Entre este desesperado paquete de normas destaca el Decreto Supremo 032-2011 que deroga el Decreto Supremo 083-2007, para poner fin al proyecto minero Santa Ana en la provincia de Chucuito, en el sur de Puno.
El gobierno también publicó ayer el Decreto Supremo 035-2011, donde se dictan normas complementarias al Decreto de Urgencia 028-2011. El dispositivo establece la limpieza de los ríos Ramis y Suches, en la provincia de Azángaro, con estudios aprobados y financiados por el Estado.
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