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El penalista Guillermo Olivera Díaz explicó que al no ser funcionaria pública, Keiko solo podría ser juzgada en calidad de “cómplice primaria” del principal acusado y que al no existir proceso judicial contra su padre, quedaría automáticamente liberada de todo cargo.
Benefactor“Su padre no está extraditado por este tipo de delito, por lo que la norma la favorece totalmente, es una Ley pro Keiko”, comentó el jurista, tras señalar como su gran benefactor al presidente Alan García y al Congreso que controla.
Representantes de la Fiscalía reconocieron que esa norma tiene nombre propio y beneficia a la excandidata, porque para ser acusada se requiere demostrar que recibió fondos del Estado, cosa que no se podrá demostrar si no existe proceso judicial. Incluso si se derogara la norma, los abogados de la defensa podrían solicitar su aplicación retroactiva.
La norma aprobada por el Congreso señala que se debe establecer el daño patrimonial al Estado para sancionar al funcionario infractor. Expertos de la Fiscalía explicaron que solo si se declara inconstitucional la ley, no procedería su aplicación a favor de Keiko. Se trata de un dardo bien jugado que tuvo como artífice a Rolando Souza, presidente de la Comisión de Justicia.
En tanto, circula el rumor que el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, habría decidido archivar la investigación que se le sigue a la excandidata presidencial por el delito de enriquecimiento ilícito, debido a que no pudo certificar el origen ilegítimo de los dineros con los que pagó sus estudios.
De acuerdo a fuentes de la Fiscalía, Peláez Bardales habría tomado la decisión señalando que no encuentra fundamentos en la denuncia, que no ve claro el tema y que no quiere complicarse la vida, pues el tema resulta controversial.
Las investigaciones contra Keiko se iniciaron luego que el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos declarara que entregaba mensualmente US$ 10 mil para el pago de sus estudios en el país del norte. Esos fondos provenían de las arcas del SIN.
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