Efectos. En casos de corrupción pendientes de los años 90’. Polémica norma pro corrupción permitiría revisar hasta 330 casos de la década de Fujimori, según datos de la Procuraduría Anticorrupción.
Hasta 1,638 procesados por delitos de corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos podrían beneficiarse de la polémica Ley 29703, según se desprende de las estadísticas de la Procuraduría Anticorrupción.
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Tras ser promulgada por el presidente Alan García, esta norma modifica varios artículos del Código Penal, con los que se sanciona el delito de colusión sólo cuando exista perjuicio económico al Estado y se suavizan las penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos a acusados de enriquecimiento ilícito.
El contexto se ha vuelto más favorable para los procesados por delitos de corrupción. Los últimos datos manejados por la Procuraduría, hasta mayo, dan cuenta de 326 personas investigadas o enjuiciadas por peculado, 822 por colusión, 576 por asociación ilícita para delinquir, 117 por cohecho y 98 por enriquecimiento ilícito.
Estos delitos habrían sido cometidos entre 1990 y 2000 y, aunque las cifras datan del año pasado y están sujetas a variación, prácticamente todas esas personas podrían acogerse a la presente ley, sostienen las fuentes consultadas.
En total, existen 330 casos de corrupción en trámite, de los cuales 82 están en investigación y 248 judicializados. A estos procesos podrían sumarse aquellos que carezcan de sentencia firme y puedan ser revisados.
El abogado Ronald Gamarra alertó que entre los procesados pueden haber involucrados en el desfalco de la Caja de Pensiones Militar-Policial y otros delitos dados en el sector Defensa en los años 90’.
Además, el ex procurador subrayó que quienes están siendo investigados o procesados por enriquecimiento ilícito ya no tienen que justificar el incremento brusco de su patrimonio.
“El daño es irreparable porque la única posibilidad es que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la norma, pero en las circunstancias actuales eso es impensable”, agregó Gamarra.
Según Avelino Guillén, ex fiscal del caso Fujimori, “el daño ya está hecho”. A su juicio, las solicitudes para acogerse a esta norma se van a ir sucediendo mientras ésta se mantenga en vigor.
Luego de que la bancada nacionalista pidiera al Congreso derogar la norma en su última semana de legislatura, el ex procurador Luis Vargas Valdivia se expresó en términos aún más pesimistas.
En Ideeleradio explicó que la derogatoria de la Ley 29703 no impide que los fujimoristas procesados reclamen su absolución, pues en derecho penal “se aplican retroactivamente las normas que son favorables al imputado”.
Defensoría pide corregir la norma
El defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega, pidió al Congreso de la República que corrija “en el más breve plazo” la Ley 29703 e introduzca las reformas necesarias que “fortalezcan, en vez de debilitar, las políticas del Estado contra la corrupción”.
“Cualquier medida que flexibilice o signifique un retroceso en este objetivo resulta contraproducente con la necesidad de brindar señales inconfundibles de voluntad política para enfrentar las diversas manifestaciones de la corrupción”, indicó el comunicado del representante de la Defensoría.
Junto a Vega, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, criticó la aprobación de la citada ley y pidió una lucha “más decidida” contra la corrupción. “Espero que el Congreso y el TC deroguen la norma”, añadió.
Hasta 1,638 procesados por delitos de corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos podrían beneficiarse de la polémica Ley 29703, según se desprende de las estadísticas de la Procuraduría Anticorrupción.
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Tras ser promulgada por el presidente Alan García, esta norma modifica varios artículos del Código Penal, con los que se sanciona el delito de colusión sólo cuando exista perjuicio económico al Estado y se suavizan las penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos a acusados de enriquecimiento ilícito.
El contexto se ha vuelto más favorable para los procesados por delitos de corrupción. Los últimos datos manejados por la Procuraduría, hasta mayo, dan cuenta de 326 personas investigadas o enjuiciadas por peculado, 822 por colusión, 576 por asociación ilícita para delinquir, 117 por cohecho y 98 por enriquecimiento ilícito.
Estos delitos habrían sido cometidos entre 1990 y 2000 y, aunque las cifras datan del año pasado y están sujetas a variación, prácticamente todas esas personas podrían acogerse a la presente ley, sostienen las fuentes consultadas.
En total, existen 330 casos de corrupción en trámite, de los cuales 82 están en investigación y 248 judicializados. A estos procesos podrían sumarse aquellos que carezcan de sentencia firme y puedan ser revisados.
El abogado Ronald Gamarra alertó que entre los procesados pueden haber involucrados en el desfalco de la Caja de Pensiones Militar-Policial y otros delitos dados en el sector Defensa en los años 90’.
Además, el ex procurador subrayó que quienes están siendo investigados o procesados por enriquecimiento ilícito ya no tienen que justificar el incremento brusco de su patrimonio.
“El daño es irreparable porque la única posibilidad es que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la norma, pero en las circunstancias actuales eso es impensable”, agregó Gamarra.
Según Avelino Guillén, ex fiscal del caso Fujimori, “el daño ya está hecho”. A su juicio, las solicitudes para acogerse a esta norma se van a ir sucediendo mientras ésta se mantenga en vigor.
Luego de que la bancada nacionalista pidiera al Congreso derogar la norma en su última semana de legislatura, el ex procurador Luis Vargas Valdivia se expresó en términos aún más pesimistas.
En Ideeleradio explicó que la derogatoria de la Ley 29703 no impide que los fujimoristas procesados reclamen su absolución, pues en derecho penal “se aplican retroactivamente las normas que son favorables al imputado”.
Defensoría pide corregir la norma
El defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega, pidió al Congreso de la República que corrija “en el más breve plazo” la Ley 29703 e introduzca las reformas necesarias que “fortalezcan, en vez de debilitar, las políticas del Estado contra la corrupción”.
“Cualquier medida que flexibilice o signifique un retroceso en este objetivo resulta contraproducente con la necesidad de brindar señales inconfundibles de voluntad política para enfrentar las diversas manifestaciones de la corrupción”, indicó el comunicado del representante de la Defensoría.
Junto a Vega, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, criticó la aprobación de la citada ley y pidió una lucha “más decidida” contra la corrupción. “Espero que el Congreso y el TC deroguen la norma”, añadió.
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