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La reciente asonada en Juliaca que causó la muerte de cinco personas cuando miles de campesinos del norte de Puno exigían al gobierno la urgente descontaminación del río Ramis tiene en la minería informal que ejecutan cerca de treinta mil personas en las alturas de Ananea a los responsables de este delito ambiental.
Pero resulta que el congresista aprista Alfredo Tomás Cenzano Sierralta y el recientemente elegido parlamentario fujimorista Francisco Ccama Layme tienen mucho que ver con el hecho.
Ccama Layme, de las filas del fujimorismo, es presidente de la Central de Cooperativas Mineras de San Antonio de Poto, y como tal tiene una denuncia fiscal por contaminación minera en la cuenca del río Ramis.
Esta organización opera sin contar con un Estudio de Impacto Ambiental. Y Francisco Ccama es considerado el principal minero informal en Ananea.
Sin embargo el ahora electo legislador alegó que la actividad minera en el Ramis se practica desde hace más de cincuenta años.
Y frente a la evidente turbidez de las aguas de este río, afirmó displicente que éstas siempre han permanecido con esa coloración.
Lo cierto es que la Central de Cooperativas Mineras que Ccama preside no ha cumplido con descontaminar el río Ramis y menos evitar que siga envenenándose.
El analista político Aldo Santos, de la ONG Servicios Educativos Rurales (SER), dudó del trabajo que pueda realizar este congresista en beneficio de Puno.
“No me imagino, por ejemplo, a Francisco Ccama proponiendo una ley para la formalización de la minería informal”, comentó.
En cuanto a Tomás Cenzano Sierralta, este congresista declaró tener el 33 por ciento de participación en la concesión minera Chibolo-2, situada en la zona de Winchumayo.
También aceptó poseer el 45 por ciento de la minera Media Naranja. Esta empresa fue acusada de tener una deuda con la Sunat por un monto de 240 millones de soles.
Más tarde transfirió dichas acciones a su hijo, en razón de que la Ley General de Minería le prohibía realizar actividad minera en su condición de legislador. Aún así, siguió ligado a las empresas a través de su familia.
Según refirió Aldo Santos, del Servicio Educativo Rural (SER), la familia de Tomás Cenzano es además propietaria de joyerías en Juliaca y para la fabricación de joyas acopian oro de la zona de Ananea, donde precisamente impera la minería informal.
Informales tienen mucho poder
Aldo Santos reveló también que los dos congresistas mencionados son propietarios de minas en la zona, y reconoció que los mineros informales tienen mucho poder.
“Ellos pueden colocar congresistas y además tienen mucha capacidad para movilizar gente”, anotó el analista de SER.
Santos recordó igualmente que en la gestión del presidente regional Hernán Fuentes, unos cuarenta mil mineros artesanales llegaron hasta Juliaca y amenazaron con quedarse allí para bloquear la ciudad de Puno si el gobierno regional no instalaba un sistema de luz eléctrica en la localidad de Ananea.
“Ahora los campesinos han logrado un presupuesto de 150 millones de soles para la descontaminación de la cuenca del Ramis, pero el presupuesto total para hacer esta labor llega a los 300 millones de dólares”, afirmó Santos, quien lamentó que en Lima no se maneje la información como se debe.
La clave
conflicto. Desde el año 2007 hasta la semana pasada en que se reunieron dirigentes y autoridades con el Ejecutivo, se han levantado 24 actas para tratar de mitigar los impactos de la minería informal en el ya bastante dañado río Ramis, pero no ha habido acciones drásticas para acabar con los orígenes de la contaminación. Santos recomendó mecanismos para negociar con los informales porque podría iniciarse un gran conflicto cuando sean afectados.
Reparan terminal aéreo de Juliaca
Aeropuertos Andinos del Perú, concesionario del terminal Inca Manco Cápac de Juliaca, inició ayer los trabajos de reparación de las zonas dañadas que le corresponden en su calidad de administrador de las instalaciones, y agregó que reiniciará sus operaciones en coordinación con Córpac una vez que esta reemplace sus equipos dañados y se cuente con la seguridad necesaria.
Mientras tanto, en el hospital Carlos Monge Medrano se intervino quirúrgicamente a siete personas que tenían balas y perdigones en sus cuerpos a causa de la revuelta del último viernes en Juliaca. Otros cinco heridos permanecen internados en una clínica, en tanto que las demás personas afectadas por la violencia ya fueron dadas de alta. El presidente del Gobierno Regional, Mauricio Rodríguez, aseguró que continuarán apoyando con medicinas a los heridos.
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