Las consecuencias de las fumigaciones sobre la salud y la vida
Un delito de lesa humanidad
Agencia Rodolfo Walsh
Las
consecuencias que producen las fumigaciones sobre la salud y la vida de
las personas expuestas involuntariamente a estas prácticas poseen la
suficiente entidad como para ser calificadas como crímenes de lesa
humanidad.
El caso de barrio Ituzaingó Anexo, en la ciudad
de Córdoba, o juicio a las fumigaciones, posee la enorme virtud no sólo
de haber puesto en el banquillo de los acusados a dos productores
sojeros y un empresario de la aeroaplicación sindicados de ser
supuestamente responsables del delito de contaminación ambiental en los
términos de la ley 24.051. Además, ha permitido vislumbrar en toda su
magnitud la discusión sobre el actual modelo de producción agropecuaria
basado sobre la utilización del paquete tecnológico compuesto por soja
transgénica más productos agrotóxicos.
Este "modelo de
producción" es cuestionado de manera profunda y fundada por la sociedad
civil, principalmente por vecinos que habitan cerca de los predios
rurales explotados con cultivos de soja, organizaciones ambientales,
movimientos campesinos y pueblos originarios. Ellos advierten y
denuncian en forma enfática la aparición inusitada de enfermedades
graves -como malformaciones, cánceres, leucemia, lupus, abortos
espontáneos, fisura palatina, etcétera- asociadas con el uso creciente e
intensivo de estos productos agrotóxicos.
Las favorables
condiciones externas y los precios internacionales dieron lugar al
pujante negocio de la "sojización", es decir, el proceso de pasar de
cero a 18 millones de hectáreas cultivadas, de cero a 50 millones de
toneladas, de cero a 20 mil millones de dólares de exportación, y de un
consumo de cero a 200 millones de litros anuales de glifosato.
Pero lo que resulta alarmante es la contracara de este proceso,
representada por la aparición y el incremento de enfermedades graves
asociadas con el uso intensivo y creciente de los productos agrotóxicos,
el desmonte y la desaparición de los bosques nativos, el despojo de
campesinos y pueblos originarios. Todo lo cual viola derechos humanos
fundamentales, como el derecho a la salud, a la vida, a vivir en un
ambiente sano y a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que
ocupa esa gente.
Víctimas. La Red Agroforestal precisa
que en el Chaco argentino se contabilizan 11,4 millones de hectáreas en
disputa, y en todo el país existen víctimas de la violación a los
derechos territoriales, como los siguientes casos:
Sandra Juárez
murió frente a una topadora el 13 de marzo de 2010, en el paraje
campesino de San Nicolás (Santiago del Estero); tenía 33 años y dos
hijos.
Javier Chocobar, comunero diaguita de comunidad
Chuschagasta (Tucumán), fue asesinado el 12 de octubre de 2009 por ex
policías y un empresario que pretendían hacer uso de una cantera dentro
del territorio comunitario.
Roberto López, miembro de la
comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera, de Formosa), fue
asesinado en la represión policial del 23 de noviembre de 2010.
Cristian Ferreyra, 23 años, militante del Movimiento Campesino de
Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), fue asesinado el 16 de
noviembre de 2011 en el paraje San Antonio, en el norte de esa
provincia.
Barrio Ituzaingó Anexo: más de 100 vecinos muertos por
cáncer (tasa de muerte por cáncer, 33 por ciento; en Argentina, 18 por
ciento); el 80 por ciento de niños del barrio tienen agrotóxicos en la
sangre.
Por su parte, la subsecretaría de Agricultura Familiar,
en un relevamiento de apenas tres meses, constató la existencia de "857
conflictos de tierra en todo el país, que afectan a 63.843 familias e
involucran 9,3 millones de hectáreas". Todos los conflictos por tierras
obedecen al corrimiento de la frontera agropecuaria en la Argentina.
Objetivo ilógico.
La superficie en disputa alcanza los 11,4 millones de hectáreas y son
afectados 1,6 millón de personas. Sumado a ello, el Plan Estratégico
Agroalimentario (PEA), presentado recientemente por el Gobierno
nacional, entre otros objetivos, se plantea aumentar la producción
granaria un 60 por ciento. Esto es, pasar de los 100 millones de
toneladas actuales a 160 millones para 2020. Reconoce la necesidad de
avanzar sobre nuevos territorios. Desmontes, uso de agrotóxicos,
conflictos territoriales y desalojos son las consecuencias más
predecibles.
Por eso nos preguntamos: ¿cuántos hermanos más deben
morir para acabar con este modelo de producción que cada día enferma y
mata a más gente? Más específicamente, en materia de fumigaciones se
estima que son 12 millones de personas las que se encuentran expuestas
de modo directo, sistemático, repetitivo y generalizado a los
agrotóxicos, cuyas consecuencias en la salud y el ambiente se están
discutiendo por estos días en sede judicial en la ciudad de Córdoba, en
el marco de la denominada "Causa de barrio Ituzaingó Anexo".
Crímenes.
Por todo ello, decimos que las consecuencias que producen las
fumigaciones sobre la salud y la vida de las personas expuestas
involuntariamente a estas prácticas poseen la suficiente entidad como
para ser calificadas como crímenes de lesa humanidad. Ello por cuanto se
trata de actos serios de violencia que dañan a los seres humanos
privándolos de lo más esencial: su vida, su libertad, su bienestar
psíquico, su salud y/o dignidad. Son actos que, por su extensión y
gravedad, van más allá de los límites tolerables por la comunidad
internacional.
En tal sentido, podemos afirmar con claridad que
los elementos comunes a todos los crímenes de lesa humanidad están
igualmente presentes en el caso de las fumigaciones.
Ataque
repetitivo, sistemático y generalizado: las fumigaciones implican,
entonces, una serie de actos, sostenidos en el tiempo, no menos de tres
por cosecha, realizados en contra de la voluntad de ciudadanos que viven
cerca de los campos sembrados con soja. Dicha línea de conducta afecta
anualmente a miles de víctimas en el mundo, sin distinguir raza, sexo y
edad, y se lleva a cabo conforme con la logística diseñada por
organizaciones transnacionales dedicadas al comercio de estos paquetes
tecnológicos (soja transgénica y glifosato).
Contra una población civil: las fumigaciones afectan a un extenso grupo humano, sin distinción de credo, raza y edad.
Importa el traslado forzoso de la población civil rural, campesina y
pueblos originarios hacia centros urbanos o más alejados de su hábitat
natural, con el propósito de escapar a estas agresiones, abandonando su
centro de vida, su cultura, etcétera, condenándolos al desarraigo más
encarnizado.
En definitiva, es imprescindible abandonar el actual
modelo de producción que sólo persigue la maximización de las ganancias
por parte de las empresas multinacionales, empresarios sojeros y pools
de siembra, en detrimento de la salud pública de todos los habitantes y
del medio ambiente en general.
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