Instrucciones ante naufragios
Los banqueros primero
Ante un desastre en la mar y según establecerían las leyes de salvamento
marítimo, son las mujeres y los niños quienes tienen preferencia. El naufragio
actual del Titanic financiero global invierte perversamente estas reglas. Se
instalan cómodamente en lujosos botes salvavidas los banqueros y las élites
económicas, mientras se echa al agua a la gran mayoría de la población y en
particular a las personas más débiles y desprotegidas.
Viendo más allá del naufragio financiero, estamos atravesando una crisis
sistémica multidimensional (ecológica, sociocultural y económica) que
posiblemente marque el fin del sistema capitalista tal y como lo hemos conocido
en los últimos tres siglos. Dicha crisis ha sido provocada por un sistema
económico de crecimiento ilimitado alimentado por la ilusión de que era posible
crecer de manera infinita en un planeta finito. En las últimas décadas, la
prevalencia de las finanzas ha agravado el proceso. Así, los activos
financieros, un eufemismo para llamar a deudas futuras, han crecido de manera
exponencial hasta superar en 20 veces el volumen de la economía productiva real.
Esta colosal burbuja financiera nunca se podrá materializar. Esas deudas
acumuladas no se podrán pagar. No habrá un futuro en el que la economía real se
multiplique por 20 para respaldar los espejismos de las finanzas. Más bien todo
lo contrario. El escenario de crisis ecológica y escasez de recursos nos
obligará a adaptarnos a realidades económicas radicalmente más reducidas y
modestas. Las sociedades humanas futuras deberán volver a situarse por debajo de
las capacidades máximas de carga de la biosfera que el capitalismo ha vulnerado
comprometiendo el futuro de la humanidad y del planeta.
Ciegas ante esta realidad, las élites económicas y políticas siguen poniendo en el centro del sistema global al sector financiero y sus alucinaciones. Un ejemplo más de ello es lo que se ha llamado la crisis de la deuda soberana que están atravesando diversos países europeos. En el caso español, todavía en el año 2007 la deuda pública suponía aproximadamente un tercio del PIB y los intereses sobre la misma se mantenían relativamente bajos. Hasta que especular sobre la misma se convirtió en un mecanismo tremendamente eficaz de transferencia de recursos públicos hacia los bancos y el sector financiero. Así, en lugar de financiar directamente a los estados a través del Banco Central Europeo (BCE), damos dinero público a bancos privados (españoles, alemanes, franceses, etc.) a través del BCE a menos de un 1% de interés para que nos lo vuelvan a prestar mediante la adquisición de títulos de deuda pública española a un 6% de interés o más. Una estafa redonda que ha permitido trasvasar inmensas riquezas públicas hacia el sector financiero disparando la deuda pública (que en 2013 ya representará el 90% del PIB) bajo el peso de intereses usureros e insostenibles.
La deuda pública se ha convertido de esta manera en un excelente bote salvavidas para los bancos españoles y extranjeros que crearon la tormenta financiera ganando colosales sumas de dinero a costa de generar una burbuja inmobiliaria que ha puesto en riesgo al conjunto de la economía española. Mientras acumulaban capital, la regla era no intervenir y dejar que la mano invisible del mercado actuara sin frenos. En cuanto ha explotado la burbuja y los bancos se han encontrado con un sinfín de activos inflados y sin valor, el sector público ha intervenido masivamente para salvarles y aportarles liquidez. Una única entidad bancaria (Bankia) ha recibido ayudas por un importe (33.000 millones de euros) que triplica los recortes anunciados en educación y salud. Más allá de las ayudas directas, invertir dinero público cedido por el BCE prácticamente gratis en deuda pública a intereses elevados es otro de los principales mecanismos que permiten a los bancos sanear sus cuentas.
Muchas personas de mi generación empezamos a involucrarnos en movimientos sociales ante los devastadores impactos sociales del ajuste estructural que los países del Norte impusieron en los años 1990 a la mayoría de los países de la periferia ante la crisis de la deuda soberana que enfrentaban. Renegociar los pagos de una deuda (en realidad ilegítima) implicó reducir drásticamente el gasto público y por tanto el acceso de la población a los servicios básicos así como la privatización generalizada de recursos y servicios. Casi veinte años después, vemos cómo en España y otros países europeos la voracidad de los intereses financieros vuelve a instrumentalizar la deuda pública para arrebatarnos derechos esenciales como la educación o la salud y amenaza el futuro de nuestros/as hijos/as. No sin un cierto humor negro, la realidad del capitalismo nos devuelve en carne propia injusticias que hace dos décadas animaron nuestra solidaridad y rebeldía.
El precio a pagar para que los banqueros se aseguren un lugar en los botes salvavidas es increíblemente alto y cruento. En el año 2012 España habrá destinado 28.000 millones de euros para pagar los intereses de la deuda pública al precio de recortar casi cualquier otra necesidad y política. En 2013, se prevé que el gasto se siga disparando y que paguemos 38.000 millones de euros para el pago de los intereses de la deuda, aproximadamente un 10% del presupuesto del estado. Es la partida de gasto más importante, solamente superada por el pago de las pensiones. Más allá de las imprecisiones y la falta de transparencia que presentan las cuentas y presupuestos públicos, podemos intentar comparar el gasto en pago de intereses con otros desembolsos y necesidades públicas. El año que viene pagaremos en intereses de la deuda una cantidad casi equivalente al gasto de todos los ministerios juntos (39.000 millones). Más que el importe destinado a cubrir todo el personal público contratado por el estado (33.000 millones).
Prácticamente una vez y media el monto destinado a prestaciones de desempleo (27.000 millones). Casi cuatro veces los recortes anunciados del sistema de salud y educación (10.000 millones). Los intereses también representarán 30 veces la cantidad que destinaremos a Ayuda Oficial al Desarrollo (1.300 millones), un sector que se ha desmantelado, acumulando un recorte del 75% desde el año 2009 (y que, en un cambio cualitativo aún más preocupante, se está alejando cada vez más de una agenda de justicia Norte-Sur y sometiendo a intereses económicos).
Existe un sinfín de alternativas para no rendirse a la ley capitalista aplicada ante el naufragio financiero. De ninguna manera tenemos que resignarnos a financiar botes salvavidas a los banqueros mientras se ahoga la mayoría de la población. En la España de los recortes, debemos recordar que las reformas fiscales regresivas de 2006 nos han hecho perder casi 20.000 millones de euros, que la lucha contra el fraude fiscal permitiría recaudar como mínimo 44.000 millones de euros anuales o que los gastos militares se han disparado al tiempo que se generalizaban los recortes en servicios públicos básicos (llegando a más de 18.000 millones de euros en 2012 según cálculos del Centre d’Estudis per la Pau).
Podemos y debemos frenar el mecanismo de socialización de las pérdidas y privatización de beneficios que los bancos están aplicando con la complicidad de los gobiernos. Es urgente que la reivindicación de la ilegitimidad de la deuda aglutine a sectores mayoritarios de la población para frenar los abusos del sector financiero. Debemos exigir que el dinero público administrado por el BCE se destine a financiar directamente a los estados y no a alimentar beneficios privados.
Tenemos que cancelar parte de la deuda llevando a cabo auditorías de la misma que evidencien su ilegitimidad. Los bancos privados responsables de la crisis que eventualmente colapsarían podrían sustituirse por bancos públicos y cooperativas de crédito al servicio de la sociedad y de las necesidades de la población.
Los naufragios capitalistas tienen sus propias reglas, por encima de las del mar. Los banqueros primero. La gente y su futuro no cuentan. Más que en España o ante Rajoy, parece que estamos embarcados en el crucero Costa Concordia, en manos del grotesco capitán Schettino, ahora imputado por un naufragio que costó la vida a más de 30 personas. La regla inhumana de “los banqueros primero” hasta ha sido plasmada en la Constitución española en el año 2011: el pago de la deuda tiene prioridad sobre los otros gastos y se prohíbe su repudio. Ante una deuda que erosiona el conjunto de derechos y servicios públicos de la población y la priva de futuro, debemos decir basta: ¡No debemos – No pagamos! ( www.auditoria15m.org ; http://auditoriaciudadana.net )
Giorgio Mosangini es miembro del “Col•lectiu d'Estudis sobre Cooperació i Desenvolupament” y autor del libro “Decrecimiento y justicia Norte-Sur. O cómo evitar que el Norte-Global condene a la humanidad al colapso”, Icaria, Barcelona, 2012.
Ciegas ante esta realidad, las élites económicas y políticas siguen poniendo en el centro del sistema global al sector financiero y sus alucinaciones. Un ejemplo más de ello es lo que se ha llamado la crisis de la deuda soberana que están atravesando diversos países europeos. En el caso español, todavía en el año 2007 la deuda pública suponía aproximadamente un tercio del PIB y los intereses sobre la misma se mantenían relativamente bajos. Hasta que especular sobre la misma se convirtió en un mecanismo tremendamente eficaz de transferencia de recursos públicos hacia los bancos y el sector financiero. Así, en lugar de financiar directamente a los estados a través del Banco Central Europeo (BCE), damos dinero público a bancos privados (españoles, alemanes, franceses, etc.) a través del BCE a menos de un 1% de interés para que nos lo vuelvan a prestar mediante la adquisición de títulos de deuda pública española a un 6% de interés o más. Una estafa redonda que ha permitido trasvasar inmensas riquezas públicas hacia el sector financiero disparando la deuda pública (que en 2013 ya representará el 90% del PIB) bajo el peso de intereses usureros e insostenibles.
La deuda pública se ha convertido de esta manera en un excelente bote salvavidas para los bancos españoles y extranjeros que crearon la tormenta financiera ganando colosales sumas de dinero a costa de generar una burbuja inmobiliaria que ha puesto en riesgo al conjunto de la economía española. Mientras acumulaban capital, la regla era no intervenir y dejar que la mano invisible del mercado actuara sin frenos. En cuanto ha explotado la burbuja y los bancos se han encontrado con un sinfín de activos inflados y sin valor, el sector público ha intervenido masivamente para salvarles y aportarles liquidez. Una única entidad bancaria (Bankia) ha recibido ayudas por un importe (33.000 millones de euros) que triplica los recortes anunciados en educación y salud. Más allá de las ayudas directas, invertir dinero público cedido por el BCE prácticamente gratis en deuda pública a intereses elevados es otro de los principales mecanismos que permiten a los bancos sanear sus cuentas.
Muchas personas de mi generación empezamos a involucrarnos en movimientos sociales ante los devastadores impactos sociales del ajuste estructural que los países del Norte impusieron en los años 1990 a la mayoría de los países de la periferia ante la crisis de la deuda soberana que enfrentaban. Renegociar los pagos de una deuda (en realidad ilegítima) implicó reducir drásticamente el gasto público y por tanto el acceso de la población a los servicios básicos así como la privatización generalizada de recursos y servicios. Casi veinte años después, vemos cómo en España y otros países europeos la voracidad de los intereses financieros vuelve a instrumentalizar la deuda pública para arrebatarnos derechos esenciales como la educación o la salud y amenaza el futuro de nuestros/as hijos/as. No sin un cierto humor negro, la realidad del capitalismo nos devuelve en carne propia injusticias que hace dos décadas animaron nuestra solidaridad y rebeldía.
El precio a pagar para que los banqueros se aseguren un lugar en los botes salvavidas es increíblemente alto y cruento. En el año 2012 España habrá destinado 28.000 millones de euros para pagar los intereses de la deuda pública al precio de recortar casi cualquier otra necesidad y política. En 2013, se prevé que el gasto se siga disparando y que paguemos 38.000 millones de euros para el pago de los intereses de la deuda, aproximadamente un 10% del presupuesto del estado. Es la partida de gasto más importante, solamente superada por el pago de las pensiones. Más allá de las imprecisiones y la falta de transparencia que presentan las cuentas y presupuestos públicos, podemos intentar comparar el gasto en pago de intereses con otros desembolsos y necesidades públicas. El año que viene pagaremos en intereses de la deuda una cantidad casi equivalente al gasto de todos los ministerios juntos (39.000 millones). Más que el importe destinado a cubrir todo el personal público contratado por el estado (33.000 millones).
Prácticamente una vez y media el monto destinado a prestaciones de desempleo (27.000 millones). Casi cuatro veces los recortes anunciados del sistema de salud y educación (10.000 millones). Los intereses también representarán 30 veces la cantidad que destinaremos a Ayuda Oficial al Desarrollo (1.300 millones), un sector que se ha desmantelado, acumulando un recorte del 75% desde el año 2009 (y que, en un cambio cualitativo aún más preocupante, se está alejando cada vez más de una agenda de justicia Norte-Sur y sometiendo a intereses económicos).
Existe un sinfín de alternativas para no rendirse a la ley capitalista aplicada ante el naufragio financiero. De ninguna manera tenemos que resignarnos a financiar botes salvavidas a los banqueros mientras se ahoga la mayoría de la población. En la España de los recortes, debemos recordar que las reformas fiscales regresivas de 2006 nos han hecho perder casi 20.000 millones de euros, que la lucha contra el fraude fiscal permitiría recaudar como mínimo 44.000 millones de euros anuales o que los gastos militares se han disparado al tiempo que se generalizaban los recortes en servicios públicos básicos (llegando a más de 18.000 millones de euros en 2012 según cálculos del Centre d’Estudis per la Pau).
Podemos y debemos frenar el mecanismo de socialización de las pérdidas y privatización de beneficios que los bancos están aplicando con la complicidad de los gobiernos. Es urgente que la reivindicación de la ilegitimidad de la deuda aglutine a sectores mayoritarios de la población para frenar los abusos del sector financiero. Debemos exigir que el dinero público administrado por el BCE se destine a financiar directamente a los estados y no a alimentar beneficios privados.
Tenemos que cancelar parte de la deuda llevando a cabo auditorías de la misma que evidencien su ilegitimidad. Los bancos privados responsables de la crisis que eventualmente colapsarían podrían sustituirse por bancos públicos y cooperativas de crédito al servicio de la sociedad y de las necesidades de la población.
Los naufragios capitalistas tienen sus propias reglas, por encima de las del mar. Los banqueros primero. La gente y su futuro no cuentan. Más que en España o ante Rajoy, parece que estamos embarcados en el crucero Costa Concordia, en manos del grotesco capitán Schettino, ahora imputado por un naufragio que costó la vida a más de 30 personas. La regla inhumana de “los banqueros primero” hasta ha sido plasmada en la Constitución española en el año 2011: el pago de la deuda tiene prioridad sobre los otros gastos y se prohíbe su repudio. Ante una deuda que erosiona el conjunto de derechos y servicios públicos de la población y la priva de futuro, debemos decir basta: ¡No debemos – No pagamos! ( www.auditoria15m.org ; http://auditoriaciudadana.net )
Giorgio Mosangini es miembro del “Col•lectiu d'Estudis sobre Cooperació i Desenvolupament” y autor del libro “Decrecimiento y justicia Norte-Sur. O cómo evitar que el Norte-Global condene a la humanidad al colapso”, Icaria, Barcelona, 2012.
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