Si bien reconocieron como un avance la rectificación parcial del Ejecutivo respecto a los decretos de urgencia 001 y 002, los gremios afiliados a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) -como portuarios, petroleros y azucareros-, exigieron al gobierno la derogatoria total de estos cuestionados dispositivos.
Mario Huamán, secretario general de la CGTP, sostuvo que, si bien la modificatoria aborda el tema del impacto ambiental, los vicios de inconstitucionalidad de los decretos se mantienen.
En tal sentido, el dirigente demandó al Congreso para que se pronuncie por la derogatoria de estos polémicos dispositivos debido a que, además de inconstitucionales, son instrumentos dictados por el gobierno aprista para subastar el país.
Huamán anunció, asimismo, que la Jornada Nacional de Lucha, convocada para el próximo 23 de marzo –cuya demanda principal es la derogatoria de los decretos de urgencia-, aún se mantiene en pie.
Peligro de faenónPor su parte, Leopoldo Ortiz, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios (Fentenapu) señaló que si bien la decisión del gobierno es un retroceso, la medida no satisface a su gremio. “Estamos por la derogatoria total, porque el Perú no está en emergencia ni en crisis social, la única crisis que hay es moral”, anotó.
El dirigente enfatizó que la posición de los portuarios es radical, habida cuenta que los decretos de urgencia incluyen la entrega del muelle norte del puerto del Callao, el cual iría a capitales Chilenos. “Aquí hay un peligro de faenón”, advirtió.
Con la privatización del primer terminal del país, agregó Ortiz, están en peligro el muelle pesquero, el astillero del Sima, las aguas de la Base Naval, el muelle de petróleo y las zonas adyacentes en poder de Fentenapu.
“El destino de la soberanía nacional no puede estar en manos de este gobierno inmoral, que está de salida y que ha sido catalogado como unos de los peores, por sus grandes faenones”, señaló.
Asegurar negociadosDe otro lado, Juan Castillo More, presidente de la coalición de sindicatos de PetroPerú, refirió que la derogatoria parcial de los decretos es un avance, agregó sin embargo que la madre del cordero se mantiene con el inciso que obliga a las empresas del Estado a transferir gratuitamente sus activos.
“Esto es más grave que el proceso de privatización de Fujimori, que subvaluó los activos, pero con este decreto se obliga a transferirlos gratuitamente”, indicó.
El dirigente agregó que para amarrar el asunto, otro inciso de los cuestionados decretos establece que la adjudicación gratuita debe ser inscrita en los Registros Públicos.
Al igual que el dirigente de los portuarios, Castillo More apuntó que la derogatoria de los decretos 001 y 002 debe ser total, porque para que estos dispositivos entren en ejecución se necesita cinco años. “Que el gobierno no engañe al pueblo porque estos proyectos no son inmediatos y lo que pretende es asegurar los negociados con las adjudicaciones”, expresó.
Exhorta al Congreso De otro lado, el Instituto de Defensa Legal (IDL) exhortó al Congreso a derogar los decretos de urgencia pues no se han cumplido los supuestos fácticos que el ordenamiento legal exige en forma previa a su expedición.
“La rectificación del gobierno es insuficiente pues los decretos siguen siendo inconstitucionales, pues no se han cumplido con los requisitos exigidos por la Constitución Política (art. 118.19), el Reglamento del Congreso (art. 91) y la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional (exp. Nº 0008-2003-AI/TC, f.j. 59 y 60; Nº 0007-2009-PI/TC, f.j 9 y 10; y Nº 0025-2008-PI/TC, f.j 6)”, dice IDL , a través de un comunicado.
Las normas siguen siendo ilegales Tras calificar de conquista parcial la modificación de los decretos de urgencia 001 y 002, el experto Manuel Dammert indicó que si bien se ha derogado la norma absurda que anula el requisito de impacto ambiental, los decretos mantienen cuatro elementos que confirman su nulidad.
El primero de ellos, señaló el candidato de Gana Perú al Congreso, es que los decretos no se refieren a materias económicas y financieras, ni tampoco a medidas extraordinarias, sino que se refieren a temas administrativos y de regulación
Los dispositivos, agregó, establecen un nuevo régimen para adjudicación y contratación de los 33 proyectos de infraestructura estratégica del país. “Ese régimen es corrupto y eso no se ha derogado”, anotó.
Recordó, además, que los decretos comprometen en los próximos dos meses 15 mil millones de dólares del conjunto de los activos y bienes públicos. “El objetivo es beneficiar a los amigos del gobierno y algunos grupos privilegiados, para comprometer al Perú en los próximos 30 o 40 años”, aseveró.
Señaló que los decretos de urgencia están orientados a la privatización de los puertos a favor de grupos Chilenos, consolidar a Repsol en la exportación del gas, afectar el sistema de transporte del país y liquidar la posibilidad de autosuficiencia energética nacional. “Deben derogarse de una vez porque son nulos en sí mismos”, concluyó.
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