El Colegio de abogados de Lima (CAL) solicitó a la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, la apertura de una investigación sobre la conducta de la ONG Reflexión Democrática y de su presidente y director Ejecutivo, Roque Benavides y José Elice, así como la de los 23 postulantes al Congreso que fueron “financiados” por dicho organismo, patrocinado por la gran minería.
Así lo informó a LA PRIMERA el secretario de defensa gremial del CAL, Pedro Vicente Quispe, al señalar que Benavides, Elice y los parlamentarios de diversas tiendas políticas involucrados, a excepción de Gana Perú, podrían haber incurrido en los delitos de asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo propio.
Quispe indicó que corresponderá a la Fiscalía de Prevención del Delito que designe la titular del Ministerio Público Echaíz, realizar la evaluación y calificación fiscal correspondiente de los ilícitos que podrían ser responsables los denunciados.
Señaló que en los fundamentos de hecho de la denuncia del CAL se precisa que el compromiso suscrito por los postulantes congresales ante Reflexión Democrática implica una grave violación constitucional al principio de no sujeción al mandato imperativo y no responsabilidad por opiniones y votos en el ejercicio de sus funciones, ya que, anotó, existe la evidencia de que estos han condicionado sus fueros parlamentarios.
Asimismo, advirtió también que los candidatos de la minería han violado el artículo 31 de la Ley de Partidos Políticos, al no haber puesto dicha financiación en conocimiento de sus respectivas agrupaciones partidarias.
Quispe dijo estar a la espera de la comunicación de la ONPE a los candidatos que recibieron el auspicio de Reflexión Democrática, para que rindan sus descargos, al igual que su representada, en torno a la denuncia presentada contra estos por el Colegio de abogados de Lima.
En tanto, cinco de los seis parlamentarios que fueron financiados por Reflexión Democrática para las elecciones generales de 2006, y que hoy repitieron el plato, se volvieron inubicables para nuestro diario, al apagar sincronizadamente sus celulares, a fin de evitar responder sobre este hecho y si, durante su presente gestión, integraron la comisión legislativa de Minería, además de los proyectos e iniciativas presentados en relación a este rubro.
Ellos son los congresistas Luis Galarreta (PPC), Wilson Urtecho (Solidaridad Nacional), Nidia Vílchez (APRA) y los Fujimoristas Cecilia Chacón y Wilder Ruiz.
De igual modo, eludieron responder si defendieron o no la política de apertura a las inversiones y de seguridad jurídica para la minería.
El único que respondió escuetamente al llamado de LA PRIMERA fue el congresista del Partido Popular Cristiano (PPC), Juan Carlos Eguren, quien se limitó a calificar de “guerra sucia” los cuestionamientos al financiamiento minero de campañas.
“¿(Me van a preguntar) sobre el tema de la guerra sucia? Están sacando falsedades y mentiras. Mejor pregúntenle ustedes a Reflexión Democrática.
Habla ChacónEn declaraciones a una emisora local, la parlamentaria Fujimorista y presidenta de la Comisión de energía y Minas, Cecilia Chacón, dijo lamentar muchísimo la supuesta “tergiversación que se le ha dado a esta iniciativa civil de personas que están preocupadas, como creo que muchísimos de los ciudadanos por tener un mejor Congreso”. Insistió en manifestar no haber recibido “absolutamente un centavo” de la ONG minera, ni ha direccionado su apoyo o sus decisiones en el Legislativo. “Acá tengo mi producción legislativa y las decisiones que he tomado en el Congreso y no habrá ninguna persona que diga que yo he tomado decisiones que no he debido de tomar y lo seguiré haciendo”, aseguró, sin ocultar sus simpatías por la minería.
Javier Soto Redacción
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