La concesión del puerto de Paita fue, y sigue, seriamente cuestionada por los trabajadores portuarios, congresistas, empresarios, organizaciones civiles y especialistas al considerarla inconstitucional y lesiva a los intereses del país, ahora es protegida por un dudoso Convenio de Estabilidad Jurídica firmado la semana pasada por la actual administración aprista que está ad portas de salir.
A través de una RM Nº 164-2011-MTC/02, que lleva el visto bueno del ministro de Transportes, Enrique Cornejo, el portafolio aprobó el Convenio de Estabilidad Jurídica a celebrarse con la empresa receptora Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. (TPE), -que administra el puerto de Paita- por la supuesta inversión que realizará Tertir – Terminais de Portugal S.A. de la República de Portugal y Cosmos Agencia Marítima S.A.C. de la República del Perú. De esta manera, la administración aprista asegura que el próximo gobierno no cambie las ventajosas condiciones dadas por el actual Ejecutivo.
La puesta de este candado pretende evitar que nadie pueda tocar el cuestionado acuerdo que se suscribió, dice la parlamentaria Marisol Espinoza quien rechazó el contrato de concesión que elaboró la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), ya que este indica, “el Estado debe garantizar un ingreso determinado anual a favor de la concesionaria, y subsidiarla en caso no llegue a la meta”.
Es decir, de acuerdo al contrato de concesión firmado entre el Estado y TPE, existe un acápite denominado Ingreso Mínimo Anual Garantizado, que dice que garantiza a la empresa privada 352 millones de dólares para los 30 años de la concesión, que da un promedio de 12 millones de dólares al año, que es una cifra alta. Si la empresa no llega a ese monto, el Estado –mediante el dinero recaudado de los tributos de los todos los peruanos- debe darle la diferencia para alcanzar ese ingreso mínimo.
Espinoza calificó la resolución ministerial como un “extra-contrato” lesivo a los intereses de Paita, debido a que la empresa Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. solamente deja el 2% de fideicomiso para los pobladores de este importante puerto de Piura.
“Este extra-contrato es lesivo a los intereses del pueblo paiteño, porque es un trato de estabilidad tributaria a favor de esta empresa. Es un blindaje tributario al contrato de concesión del puerto que fue firmado en marzo del 2009 por el gobierno de Alan García y esta empresa que no ha aportado ningún beneficio para la población de Paita. Seguramente esa resolución está dirigida a beneficiar a uno de los amigos del presidente Alan García”, dijo.
Coincidiendo con lo dicho por la parlamentaria, el especialista en temas portuarios Manuel Dammert subraya que este reciente convenio es “un nuevo faenón” por parte de la administración aprista, que nuevamente protege los intereses privados de sus amigos en desmedro de los intereses nacionales.
El secretario general de la Fentenapu, Leopoldo Ortiz, también cuestionó el convenio de estabilidad y lamentó que el actual gobierno aprista venga entregando importantes ejes estratégicos nacionales a capitales privados en lugar de apostar por la modernización de las empresas nacionales.
Especialistas rechazan Convenio
El especialista en temas tributarios Luis Arias Minaya se mostró en contra de los Contratos de Estabilidad Tributaria. “Estoy en contra de los contratos que se firman bajo la mesa y en los contratos de estabilidad tributaria en donde el que firma es cualquier otro ministerio que no sea el Ministerio de Economía y Finanzas con la participación de la Superintendencia de la Administración Tributaria”, dice Minaya quien añade que “estoy de acuerdo con los contrato de estabilidad en donde no se establezca ninguna exoneración tributaria”.
Recalcó que el problema de una baja recaudación tributaria que tiene el país es consecuencia, entre otras, de los actuales convenios de estabilidad tributaria firmados entre el Estado y diferentes empresas privadas principalmente las vinculadas al sector minero.
Similar opinión tiene Waldo Mendoza, jefe del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien considera que el Estado ya no debe seguir firmando nuevos convenios de estabilidad tributaria.
La ley 27343 del 2000 estableció que para acceder a la estabilidad tributaria hay que pagar una tasa de 2% adicional al Impuesto a la Renta (IR) -es decir 30% de IR + 2%-. Mendoza al igual que diferentes especialistas cuestionan que el plus que tiene que pagar las empresas por gozar de estabilidad tributaria es tan pequeño, planteándose que debiera ser 7% adicional.
El jefe del plan de gobierno del partido Gana Perú recalca que de obtener la administración del país, revisarán todos los contratos de estabilidad jurídica que se firmaron. Precisa que negociarán sobre el impuesto extra que pagan. Es decir, coincide con Mendoza y plantea un impuesto de 7% adicional al IR, como se aplica en Chile a las empresas que gozan de un convenio de estabilidad jurídica.
Jiménez estimó que los actuales contratos de estabilidad tributaria representan que el Estado deja de recaudar 631 millones de soles o 227 millones de dólares anuales.
El artículo 62 de la Constitución de 1993 ha blindado aún mas a los acuerdos de estabilidad jurídica, ahora nadie los puede tocar, ni siquiera el Congreso, pues solo pueden ser modificados previo acuerdo entre las partes. Este blindaje no existe en ningún otro país de la Región.
Incluso el propio Fondo Monetario Internacional dice que dichos contratos son discriminatorios pues otorgan beneficios que otros no tienen. Por eso plantean que ya no se firmen más contratos de este tipo. Sin embargo, la administración aprista ad portas de salir continúa con ello, una muestra es el reciente acuerdo firmado con TPE.
En manos ChilenasPara Espinoza y Dammert lo más preocupante es que con este convenio de estabilidad jurídica se blinda y finiquita la entrega de estratégicos puertos peruanos a manos de capitales Chilenos.
“Pero lo más grave, es que de una manera oculta se está garantizando que nadie quite los puertos peruanos de manos Chilenas. Uno de los puntos del contrato estipula que si fracasa la concesión el acreedor bancario pasa a disponer del puerto ¿y quién es ese acreedor? Pues nada menos que el Scotiabank, que es manejado por el monopolio portuario Chileno”, advirtió la legisladora.
Tras una addenda que se hace al contrato –dice Dammert- se extendió por seis meses la obligación de TPE de invertir 40 millones de dólares y ahonda la dependencia de este puerto a los intereses de los capitales navieros Chilenos. “Esta addenda reconoce a Scotiabank, el que va a proporcionarle el dinero para la inversión, la potestad de cambiar al concesionario sin necesidad de intervención del Estado, y el gobierno oculta que el Scotiabank Perú está conformado en su mayor parte por directivos procedentes del Scotiabank Chile y que el 50% de las acciones de este banco son de propiedad de los navieros Chilenos”, remarcó Dammert.
Según el especialista el reciente Convenio firmado blinda la empresa concesionaria del puerto de Paita (TPE) del control estatal y favorece los intereses del grupo Chileno Claro, dueño del banco Scotiabank Perú, que ha quedado como acreedor principal de todas las inversiones.
“El Estado le ha dado la soberanía del puerto como principal acreedor al Scotiabank. Si hubiera un problema en las inversiones, el encargado de subastar el puerto como único dueño sería este banco que es de propiedad de la compañía Chilena Claro. Eso se llama un traslado de soberanía”, explicó.
Agregó que el grupo Chileno Claro también es dueño de la Compañía Sudamericana de Vapores, cuyo plan es ser la dueña de una ruta sudamericana de exportación e importación a través de los puertos de Chile, Paita, Guayaquil, Asia y Estados Unidos
TPE hace caja con el puerto de PaitaTras la concesión del puerto de Paita que fue entregado a manos del consorcio TPE, Las tarifas en dicho puerto se incrementaron considerablemente. Las que más subieron son las que corresponden a la recepción y entrega de contenedores, pues lo que antes tenía un costo de 400 dólares por “facturación mínima por cuadrilla”, ahora cuesta 2,200 dólares. El incremento representa 1,800 dólares, equivalente a un 450%.
En el caso de los fletes marítimos, la concesionaria tampoco ha tenido reparo en aplicar incrementos de entre 200% y 400% por contenedor. El ex senador y presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro-Piura), Andrés Luna Vargas, explicó que si antes, bajo la administración de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), las “tarifas especiales” (para los productos que requieren refrigeración) se aplicaban después de 15 días libres para las importaciones y de 30 días libres para las exportaciones, con TPE sólo hay 48 horas libres (dos días), después de las cuales se aplica una tarifa de 8 dólares hasta el octavo día, nueve dólares entre el noveno y decimoquinto día, y 15 dólares diarios en adelante.
En cuanto a las tarifas “standard”, para los demás productos, el monto se ha incrementado de 95 a 130 dólares por contenedor de 20 pies y de 125 a 195 dólares por uno de 30 pies.
Puerto mermadoPara Dammert la concesión del puerto de Paita a manos de TPE ha significado que dicho puerto nacional deje de ser el eje interoceánico del Amazonas para convertirse en un puerto de transbordo entre el norte del Perú y el sur de Ecuador.
Recalca que esto es consecuencia de que los consorcios navieros Tertir y Cosmos –que forman parte de TPE-, este último subsidiario del grupo naviero Chileno Neptunia, dependiente a la vez del monopolio de la misma nacionalidad Von Appen, que no quieren ninguna competencia con su megapuerto de Mejillones. Es decir, como Von Appen que controla el mega puerto de Mejillones en Chile no quiere mayor competencia en la región por ello redujo al puerto de Paita a un puerto de transbordo.
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