El ministro de Economía, Ismael Benavides, y LA PRIMERA ministra, Rosario Fernández, estarían presionando al Poder Judicial para que expida medidas cautelares a favor de la Sunat, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y Essalud, con el objeto de que embarguen a las empresas Pomalca, Cayaltí y Tumán.
El secretario general de la Federación de Trabajadores Azucareros del Perú (FTAP), Demetrio Ruiz, denunció que tras esta arremetida están el ministro de Economía y LA PRIMERA ministra, quienes ejercen presiones contra los jueces de Chiclayo para que saquen medidas cautelares a favor de la Sunat, ONP y Esssalud y embarguen las empresas azucareras.
Ruiz denunció que, además, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) persigue al juez del Primer Juzgado Civil de Chiclayo, Rafael Chávez Martos, por haber emitido una resolución que paralizó la intromisión del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), que intentaba apoderarse de la acciones de los trabajadores.
Reveló también que el gobierno no cumple con la aplicación del DU 008-2011, que permite la transferencia de acciones del Estado a los trabajadores azucareros, cuarenta días después de su publicación, el 22 de febrero. “La OCMA está persiguiendo al juez Rafael Chávez porque nos favoreció con una resolución para impedir que Fonafe entregara Cayaltí al Grupo Gloria. Quiero recalcar que el gobierno hasta hoy no cumple con ejecutar el DU 008 para que se transfieran inmediatamente las acciones del Estado de las agroindustriales a nuestros compañeros”, señaló.
Marchas
El coordinador de los trabajadores azucareros, Jorge Chero, anunció que los hombres de la caña realizarán marchas en los próximos días por las calles de Lima ante la inacción del presidente del Congreso, César Zumaeta, que no incluye en la agenda del Pleno el debate de la Ley de Protección Patrimonial que se había prometido para el 14 de abril, y que está en espera desde hace cuatro meses.
“Vamos a radicalizar nuestras medidas ante la suspensión del Pleno hasta nuevo aviso y el silencio del presidente del Congreso que no establece qué día se debatirá la Ley de Protección Patrimonial. Queremos el diálogo para llegar a un mejor entendimiento, pero ante la indiferencia del gobierno anunciamos marchas hacia el Congreso y Palacio de Gobierno, las embajadas y las organizaciones de derechos humanos”, indicó.
Chero dijo que más de cinco mil trabajadores y 35 mil familias van a quedar en la calle si la ley no se promulga, tal como lo reclaman los trabajadores.
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