Un nuevo y gran negociado se alista a perpetrar la administración aprista de Essalud con el pretexto de beneficiar a nueve mil pacientes que se someten a diálisis en ese instituto o en las clínicas privadas contratadas para el efecto. El negociado equivaldría a la suma de 1,200 millones de soles, según los cálculos.
La resolución de la gerencia general de Essalud que declara de interés la propuesta presentada por el Consorcio IGSA Medical del Perú, fue publicada el pasado 1 de marzo en el diario oficial El Peruano, luego de sortear las objeciones del cuerpo médico especializado de la institución que objeta que se entregue el servicio por 30 años.
El consorcio sería de propiedad del mexicano Juan Armando Hinojosa Cantú, empresario que figura en las listas de donantes en las campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y cuya empresa fuera denunciada por duplicar los precios de un hospital regional en su país.
La decisión cuenta con el respaldo de la gerencia general de Essalud, a cargo del aprista Javier Rosas, que no tuvo empacho en mandar de vacaciones a la jefa del Centro Nacional de salud Renal, Ada Cabrera, que se oponía a las condiciones que impone la compañía mexicana.
La decisión publicada en el diario oficial es sumamente irregular porque el año pasado el instituto compró un moderno equipo de diálisis con el objeto de modernizar el servicio y suplantar a las clínicas privadas que cobran unos 232 soles por cada servicio de diálisis. Cada paciente crónico se somete en promedio a 13 intervenciones mensuales.
La historia de este tramado para beneficiar a IGSA se inició cuando Fernando Barrios, el amigo del presidente Alan García, decidió iniciar los estudios para conformar una Asociación Pública Privada (APP) para impulsar un nuevo modelo de atención integral al paciente crónico renal.
En enero de 2011 aparece en la escena el consorcio mexicano IGSA, justo en los momentos que la doctora Cabrera venía haciendo uso de sus vacaciones, lo que fue aprovechado por la gerencia para colocar en su lugar al doctor Walter Higueras, quien introdujo un párrafo en el informe técnico en el que se señala que “el reuso o no de los dializadores será determinado según la indicación que haga el proveedor según su rotulado en su dializador”.
El negocio para la empresa mexicana es redondo, pues se le otorga la exclusividad del tratamiento de los pacientes renales en ocho departamentos (Lima, Lambayeque, Ica, Cusco, Huánuco, Tacna, Ayacucho y San Martín).
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