Una Superintendencia de Economía Popular y Solidaria controlará a las cooperativas de ahorro y crédito, de producción agropecuarias, pesqueras, artesanales, industriales, textiles, vivienda y otras, de aprobarse el proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria que el Ejecutivo remitió a la Asamblea hace dos semanas con el carácter de económico urgente.
La ministra coordinadora de Desarrollo Social, Jeannette Sánchez, explicó que la propuesta busca crear un ente de control autónomo y con alto nivel técnico para evitar la debilidad en las regulaciones que en el pasado ocurrían con las cooperativas de ahorro y crédito.
Hasta el año 2008 existían en el país 1.221 cooperativas de ahorro y crédito reguladas por esa cartera de Estado y 40 por la Superintendencia de Bancos (SB), según datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
Según consta en el proyecto de ley, el superintendente será designado por el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) de una terna enviada por el presidente de la república y durará en el cargo cuatro años.
Luego de que el proyecto entre en vigencia y en un plazo de 90 días, las cooperativas que están administradas por la Superintendencia de Bancos pasarán al control del nuevo ente.
Édgar Peñaherrera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito regidas por la SB, expresó sus reparos con la transición a este nuevo ente. “Si salimos de la Superintendencia debemos ir a uno mejor, no a uno peor”.
Las cooperativas de ahorro y crédito manejan 2,6 millones de socios y según estimaciones del gremio mueven $ 1.700 millones. Según Peñaherrera, este sector debe manejarse técnicamente y sin tintes políticos.
En cambio, Mario Bautismo, representante de la Caja Central de cooperativa Finacoop de Quito, aplaude la intención de que se coloquen reglas claras para todas las cooperativas, pero cree que también debe permitírseles ofrecer nuevos servicios para que, por ejemplo, emitan cheques.
Ese fue el pedido que hicieron los delegados de las cooperativas del país el pasado lunes en la Asamblea Nacional.
El presidente de la red nacional de finanzas populares, Rodrigo Aucay, pidió que además se otorguen incentivos al sector microempresarial, por ejemplo, para importar maquinaria que no se produzca en el país.
El presidente del Banco Central, Diego Borja, anticipó que ese organismo apoyará a las organizaciones populares y solidarias al convertir al antes instituto emisor “en un banco de las cooperativas del pueblo y dejar de ser el banco de los banqueros privados”.
Junto a la Superintendencia, se busca crear la Corporación Nacional de Finanzas Populares, cuya misión será brindar servicios financieros y crediticios de segundo piso. El directorio lo integrarán los ministerios coordinador de la Política Económica y Social, y Finanzas e Inclusión Social.
También se apunta a crear el Instituto de Economía Popular y Solidaria para que fomente y promueva a las personas y organizaciones populares.
La ministra coordinadora de Desarrollo Social, Jeannette Sánchez, explicó que la propuesta busca crear un ente de control autónomo y con alto nivel técnico para evitar la debilidad en las regulaciones que en el pasado ocurrían con las cooperativas de ahorro y crédito.
Hasta el año 2008 existían en el país 1.221 cooperativas de ahorro y crédito reguladas por esa cartera de Estado y 40 por la Superintendencia de Bancos (SB), según datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
Según consta en el proyecto de ley, el superintendente será designado por el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) de una terna enviada por el presidente de la república y durará en el cargo cuatro años.
Luego de que el proyecto entre en vigencia y en un plazo de 90 días, las cooperativas que están administradas por la Superintendencia de Bancos pasarán al control del nuevo ente.
Édgar Peñaherrera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito regidas por la SB, expresó sus reparos con la transición a este nuevo ente. “Si salimos de la Superintendencia debemos ir a uno mejor, no a uno peor”.
Las cooperativas de ahorro y crédito manejan 2,6 millones de socios y según estimaciones del gremio mueven $ 1.700 millones. Según Peñaherrera, este sector debe manejarse técnicamente y sin tintes políticos.
En cambio, Mario Bautismo, representante de la Caja Central de cooperativa Finacoop de Quito, aplaude la intención de que se coloquen reglas claras para todas las cooperativas, pero cree que también debe permitírseles ofrecer nuevos servicios para que, por ejemplo, emitan cheques.
Ese fue el pedido que hicieron los delegados de las cooperativas del país el pasado lunes en la Asamblea Nacional.
El presidente de la red nacional de finanzas populares, Rodrigo Aucay, pidió que además se otorguen incentivos al sector microempresarial, por ejemplo, para importar maquinaria que no se produzca en el país.
El presidente del Banco Central, Diego Borja, anticipó que ese organismo apoyará a las organizaciones populares y solidarias al convertir al antes instituto emisor “en un banco de las cooperativas del pueblo y dejar de ser el banco de los banqueros privados”.
Junto a la Superintendencia, se busca crear la Corporación Nacional de Finanzas Populares, cuya misión será brindar servicios financieros y crediticios de segundo piso. El directorio lo integrarán los ministerios coordinador de la Política Económica y Social, y Finanzas e Inclusión Social.
También se apunta a crear el Instituto de Economía Popular y Solidaria para que fomente y promueva a las personas y organizaciones populares.
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