¿Cómo van a desactivar los 230 conflictos sociales que van a recibir?
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Es un tema que corresponde al Poder Ejecutivo, no al Congreso, pero creo que se puede jugar un papel en ese proceso, y nosotros también. El presidente electo prometió en la campaña colocar el diálogo como mecanismo para enfrentar los problemas, y en este terreno su primera tarea será identificar los conflictos, los interlocutores y abrir mecanismos de comunicación con ellos, incluso quizás antes de la asunción de mando. Ambos sectores deben darnos un espacio para tratar los problemas. El Congreso, por su parte, deberá reaccionar rápidamente con mecanismos que faciliten rápidamente la solución de problemas como por ejemplo la aprobación de la Ley de consulta previa.
¿Qué otras medidas podrían ayudar a esto?
Creo que ayudaría un mecanismo al más alto nivel del gobierno, que prevenga y trate los conflictos, y que a su vez informen al ejecutivo de los problemas, recomendando soluciones para los mismos. Además considero que el gobierno tendrá también que tomar medidas extraordinarias para buscar soluciones eficaces y eficientes. Finalmente se deberán implementar los programas comprometidos durante la campaña, para que el país sienta el impacto de lo que le planteamos.
¿Qué pasa si las comunidades empiezan, valiéndose del Convenio 169 de la OIT, a rechazar uno por uno los proyectos de inversión, no hay un riesgo allí?
El problema es que hay una altísima desconfianza. Y recuperar la confianza de las comunidades implica tomar medidas que permitan un diálogo sin presiones y que obviamente, en su caso, no se les imponga primero y luego se dialogue, sino que se les brinde mecanismos de información y diálogo, antes de que esto reviente. Recuperar la confianza es informarles de los beneficios y los problemas que generan los proyectos. Si algo nos generó el gobierno actual es el clima de confrontación con las industrias extractivas, permitiendo cualquier tipo de abusos. Además lo positivo de la inversión no se refleja en la población. No han heredado una situación de altísima conflictividad.
¿Usted ha habló de un diálogo con las comunidades, pero qué va a pasar con las empresas, se va a hablar con ellos para que “aguanten” un momento las inversiones, mientras se informa a la población?
Las empresas son parte del problema y de la solución. El diálogo con ellas debe de darse y no para “aguantar las inversiones” sino para “buscar soluciones”, permitiendo inversiones viables. Si, por ejemplo, se afectan zonas donde hay orígenes de agua, o se daña irreparablemente los pisos ecológicos de la humanidad, eso deberá ser evaluado, pero yo estoy convencido que las empresas son parte de la solución.
¿Qué papel jugarán usted y otras personas como Aída García Naranjo en la solución de los conflictos?
Bueno eso dependerá de las decisiones que tome el presidente sobre las formas de mediación para solucionar los conflictos. El ejecutivo y el Congreso deben tener unidades de seguimientos de conflictos. Creo que este es un tema que hay que tratar y en el que el Parlamento debe ejercer una función de representación fundamental, de mediación con el ejecutivo, y de apertura de canales de información.
¿En estos cinco años, la Defensoría del Pueblo se ha dedicado al diagnóstico de los conflictos sociales, se podría pensar en ampliarle de alguna manera las facultades para que tenga más peso en su función?
La Defensoría del Pueblo hace recomendaciones a las instituciones y con eso colabora para la solución de los conflictos. Yo confío en que ellos seguirán ayudando de esa manera. Si bien espero que no tome mucho tiempo elegir el nuevo Defensor, creo que uno “interino” puede cumplir muy bien esa función. Este ente no puede ser un órgano de mediación de los conflictos, porque eso corresponde a los ministerios, pero sí seguir recomendando propuestas para hacer un (poder) ejecutivo más eficiente.
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