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Ambos denunciaron ante la Fiscalía de la Nación al exministro de Educación, José Antonio Chang, por haber incluido al estadio en la remodelación de los “colegios emblemáticos” a través de una “fe de erratas”, y a los principales funcionarios del Instituto Peruano del Deporte (IPD), encabezados por Arturo Woodman Pollit.
A Chang se le imputa el delito contra la administración pública en la modalidad de malversación, por ser quien formuló el decreto de urgencia 004-2009, que crea el Programa Nacional de Recuperación de las Instituciones Públicas, Educativas, Emblemáticas y Centenarias, que comprende a 49 colegios.
A los dos días de la expedición del decreto suscrito por Chang y el presidente Alan García, el 12 de enero se publicó en el diario oficial una “fe de erratas” que incluye al Estadio Nacional entre las instituciones a ser rehabilitadas, remodeladas y a ser objeto del equipamiento de su infraestuctura, pese a no ser un centro educativo.
Pedro Santos dijo que así se utilizó un mecanismo fraudulento para destinar ingentes recursos públicos para la ejecución de la obra, afectando el presupuesto de 2009 y, peor aún, beneficiando a empresas contratistas con precios sobrevalorados, entre ellas DH Mont, la misma que se apropió del Aeródromo de Collique con el respaldo del gobierno.
Woodman y los funcionarios del IPD Jorge Alfaro y Danilo Moyasevich, fueron denunciados por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deber funcional y colusión, por haber supuestamente concertado con las empresas contratistas el incremento del costo de la obra en unos 77 millones de soles.
Santos y Supa indicaron que los funcionarios del IPD aprobaron los presupuestos adicionales de los trabajos que favorecieron a los contratistas –en total se hicieron más de 20 modificaciones a la obra- en perjuicio de los intereses del Estado.
Explicaron que el costo de la obra se elevó de un presupuesto inicial de 20 millones de soles a 140 millones y luego a 206 millones, cifra que no sería la final, pues de acuerdo al propio Woodman se tiene presupuestado ya un gasto de 217 millones, y todavía no se concluyen las obras.
Para sobredimensionar la valorización se burló la Ley de Presupuesto que señala que la ejecución de ninguna obra pública puede exceder su costo en 15% de lo originalmente establecido y se saltó las normas de selección de los contratistas para nombrarlos a dedo, entre ellos al Consorcio José Bentín Arquitectos y la empresa Cesel SA.
Santos dijo que el Ministerio Público debe llevar adelante las investigaciones para establecer las responsabilidades de Chang, Woodman y los demás funcionarios del IPD por lo que consideran un gravísimo negociado hecho con fondos del Estado.
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