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Ante el pedido de las compañías brasileñas Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y Camargo Correa de anular de oficio la adjudicación de la construcción del segundo tramo del Tren Eléctrico de Lima a favor de Odebrecht, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo Ramírez, rechazó de plano la petición. Contestó a las compañías que si tenían alguna queja, se dirigieran al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (Osce). Por intermedio de su asesor legal, Renato Delgado Flores, Cornejo recomendó a las empresas que interpusieran un recurso apelación.
Pero eso no es lo que pidieron las constructoras brasileñas que cuestionaron severamente la decisión del Comité Especial que otorgó a su compatriota Odebrecht la edificación del segundo tramo del tren eléctrico por US$ 583 millones. Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y Camargo Correa demandaron a Enrique Cornejo la anulación del acto de la adjudicación porque el Comité Especial de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) se hizo de la vista gorda ante las deficiencias técnicas de la propuesta de Odebrecht que fue declarada ganadora.
Cumpla su función
En una nueva carta al ministro Cornejo, Alberto Ravaglia, en representación del Consorcio Metro San Juan –integrado por las brasileñas Queiroz Galvao y Camargo Correa, la italiana Astaldi y la peruana Cosapi–, le aclaró que se le reclamaba la anulación de oficio de la adjudicación por gravísimas irregularidades y no que tramitara la denuncia de los reclamantes.
“Nuestro consorcio no estaba a la espera de una respuesta sino de una acción concreta (...). Creemos que no se ha entendido el sentido de nuestra carta. Nuestra carta no es un recurso impugnativo (...), es simplemente una carta que informa y denuncia hechos flagrantemente ilegales y que, conocidos por su digno despacho, deben motivar vuestra actuación de oficio”, le escribió Ravaglia.
La protesta de Queiroz Galvao y Camargo Correa coincide con la de Andrade Gutiérrez, otra constructora brasileña que también denunció al ministro Enrique Cornejo porque la concesión a favor de Odebrecht estaba plagada de deficiencias con el propósito de favorecer a ésta.
“Resulta de interés nacional poner en su conocimiento los serios vicios e irregularidades con que el comité encargado de la licitación ha conducido la evaluación técnica de las propuestas ofertadas, lo que debería acarrear la anulación de todo el proceso”, señala en su carta a Cornejo el representante de Andrade Gutiérrez, Ricardo Unzueta.
En nombre de Odebrecht, el gerente de Relaciones Institucionales, Ricardo Cebrecos, declaró a este diario que la compañía seguía con la ejecución de la buena pro y que las quejas de sus competidoras están fuera del proceso de licitación.
Entre 2007 y 2011, periodo del gobierno de Alan García, el Estado ha pagado a Odebrecht, o a consorcios integrados por esta empresa, US$ 5.758 millones en obras públicas. En comparación, las otras tres empresas brasileñas obtuvieron US$ 986 millones. Odebrecht lo acaparó todo.
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