Keiko responsable de esterilizaciones forzadas

La candidata Keiko Fujimori fue la directa corresponsable, en su calidad de Primera Dama del gobierno de su padre Alberto, del programa de esterilizaciones masivas, establecido como una política de Estado por la dictadura Fujimorista, a través de normas propuestas y expedidas para tal efecto, señaló a LA PRIMERA, la Federación Médica Peruana (FMP).

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El presidente del la FMP, César Palomino, rechazó y calificó de “absolutamente falsas” las afirmaciones de Fujimori y de Fuerza 2011, de intentar evadir su responsabilidad y atribuir a supuestas “malas praxis” de los médicos y del personal sanitario, la responsabilidad de las esterilizaciones.

“La práctica de las esterilizaciones forzadas fue una política de Estado, dictada por el propio expresidente, Alberto Fujimori, líder de la agrupación de la actual candidata, porque él y su gobierno propusieron diversas normas al Parlamento para modificar la Ley, a fin de aplicar estas acciones”, subrayó.

En ese sentido, indicó que la candidata presidencial, en su calidad de Primera Dama, fue plenamente consciente de la aplicación de esta política, la que avaló con su participación directa en el gobierno de su padre, Alberto Fujimori.

Estaba grandecita“Ella (Keiko Fujimori) era una persona lo suficientemente mayor, para entender lo que pasaba con las mujeres del Perú, especialmente de los estratos menos favorecidos”, puntualizó.

Tras precisar que uno de los principales operadores de esta práctica criminal y fiel cumplidor de la misma fue Alejandro Aguinaga, exministro de salud y vocero de la postulante Fujimorista, recordó que bajo su administración se desarrollaron ferias y campañas “de esterilización y salud” para que las mujeres pobres, bajo diversas motivaciones e incentivos, se allanasen a ser esterilizadas.

Al mismo tiempo, acotó que los profesionales de la salud fueron coaccionados y obligados, bajo múltiples represalias y durísimas sanciones administrativas, a ejecutar esas acciones vedadas.

Pese a ello, refirió que, en su momento, muchos galenos lograron oponerse, en muchos casos, a este brutal e inconsulto programa de control de la natalidad, “como fue el caso emblemático de Piura, cuya Federación Médica Regional denunció, en 1997, a la Fiscalía Penal de Prevención del delito local, el caso del establecimiento de salud de Cesanicas, cuyo cuerpo médico se opuso a la realización de ‘ferias de salud’, destinadas a la práctica de esterilizaciones forzadas”, apuntó.

Recordó que, en respuesta, la Dirección Regional envió un memorando al cuerpo médico que adelantaba que otros profesionales harían el sucio trabajo si se resistían a cumplirlo, con las consecuencias del caso, por “oponerse a la salud pública del país”, a modo de velada amenaza.

Método indebidoDe otro lado, Palomino explicó que la práctica de la tristemente célebre denominada Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), eufemismo que nombraba a las esterilizaciones masivas, nunca fue parte de la política de Planificación Familiar, sino que fue impuesta por el Ejecutivo y el Parlamento Fujimoristas, mediante la Ley 26530, de septiembre de 1995, la misma que modificó, a su vez, a la Ley Nacional de Población, de 1985. (Este último dispositivo excluía al aborto y la esterilización, como métodos de planificación familiar).

A su turno, el presidente de la Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de salud, Jesús Bonilla Yaranga, dijo que la subcomisión legislativa que investigó, en el 2002, la política gubernamental Fujimorista de esterilizaciones forzosas estableció, en su punto octavo “la injerencia del Ejecutivo para la aplicación consultiva de la AQV”.


Los médicos los alertaron Voceros del Colegio Médico del Perú recordaron que su gremio, en sendos comunicados, fechados en enero y abril de 1998, denunció al gobierno de Fujimori por la esterilización forzosa. De este modo, desmintieron y rechazaron enfáticamente el burdo intento de Fujimori, por atribuir a los galenos del Perú toda la culpa de la política de esterilizaciones forzosas de mujeres, y evadir su responsabilidad directa en estas acciones que provocaron la castración de más de 300 mil mujeres peruanas. Así, el comunicado del 14 de enero de 1998, suscrito por su entonces decano Max Cárdenas, indicaba que el Colegio evaluaría e investigaría, en coordinación con la Federación Médica Peruana, “las denuncias referidas al diseño, condiciones de trabajo, ejecución, monitoreo y evaluación en que se desenvolvía el Programa de salud Reproductiva y Planificación Familiar”, desarrollado por la dictadura Fujimorista.