Human Rights Watch difundió ayer un informe que habla de contundente evidencia de torturas por parte del gobierno de George W. Bush. El documento de la organización no gubernamental con sede en Nueva York, titulado “Tortura impune: el gobierno de Bush y el maltrato a los detenidos”, exige una investigación penal al ex presidente de Estados Unidos (1999-2008) y funcionarios de su gobierno como el vicepresidente Dick Cheney, el ex jefe del Pentágono Donald Rumsfeld y el ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) George Tenet. La tortura y los malos tratos a los detenidos alrededor del mundo son las principales causas por las que se los acusan.De acuerdo con el documento de 107 páginas, el actual presidente Barack Obama incumplió las normas de la Convención de Ginebra contra la tortura a la que Estados Unidos suscribe y que le otorga status constitucional. Entre estas prácticas ilegales llevadas a cabo por la administración anterior se cuentan el submarino (un método interrogatorio de asfixia por inmersión), la utilización de prisiones secretas de la CIA y el traslado de detenidos a países en donde eran torturados. En diálogo con Página/12, el consejero político para Human Rights Watch en Bruselas, Reed Brody, explicó esos procedimientos ilegales. “Son casos a través de varios continentes. Estamos hablando de prácticas en prisiones secretas de la CIA, que han existido en Rumania, Polonia, Lituania, Tailandia y Afganistán. Pero también hablamos de ciertas prácticas utilizadas en Irak y Guantánamo y de los detenidos enviados por Estados Unidos a países como Egipto y Siria”, dijo el asesor norteamericano de Human Rights Watch.
Según Brody, esos dos países fueron una suerte de enclaves para esas prácticas ilegales conducidas por la administración Bush. “Allí los detenidos fueron torturados de manera sistemática, como parte de un programa en donde ellos no eran devueltos a los países por extradición, sino que fueron enviados para ser interrogados en custodia de naciones que cometen torturas.”
Según el consultor, aún resta conocer el grado de responsabilidad que tuvieron los países que funcionaron como prisiones satélite ilegales del gobierno de George W. Bush. “Evidentemente, un país podría haber albergado una prisión en donde algunas personas fueron torturadas. En todos los países, por lo menos europeos, ha habido investigaciones, pero no para ver qué grado exacto de complicidad existía. Todavía no sabemos quién autorizó en Polonia que traigan prisioneros”, dijo Brody.
El director ejecutivo del observatorio, Kenneth Roth, dijo que si Estados Unidos no promueve una investigación penal seria contra los responsables de los crímenes, otras naciones deberían ser las encargadas de llevarlos a juicio. En febrero de este año, Bush debió cancelar un viaje a Suiza cuando un grupo de víctimas de torturas intentó elevar una demanda penal contra él. En sintonía con el pedido del director de Human Rights Watch, una investigación por tortura que implica a funcionarios norteamericanos se encuentra en marcha en España.
En agosto de 2009, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, designó al fiscal federal adjunto, John Durham, para que investigara el abuso de detenidos, pero limitó la indagación a los actos no autorizados. Como resultado, la investigación podría no examinar los actos de tortura como el submarino, y denominados por Estados Unidos como interrogatorios intensivos. Este y otros malos tratos autorizados por abogados del gobierno de Bush son contrarios al derecho interno e internacional.
Sin embargo, el pasado 30 de junio, Holder aceptó la recomendación de Durham de llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre dos muertes bajo custodia de la CIA ocurridas en Irak y Afganistán.
El informe dice que sobre Dick Cheney recae la responsabilidad por las políticas de detención e interrogatorios. También habría presidido una reunión con la CIA para autorizar el submarino sobre el preso Abu Zubaydah en 2002. Rumsfeld aprobó el empleo de métodos ilegales durante los interrogatorios y siguió de cerca el caso de Mohamed al Qahtani, sometido a un régimen de seis semanas de interrogatorios coercitivos en Guantánamo.
Hasta ahora, el presidente Obama incumplió la promesa que hizo al asumir, en 2008, de cerrar el campo de concentración que Estados Unidos tiene en la isla de Cuba y donde se vienen realizando muchas de las prácticas ilegales que Human Rights Watch denuncia desde el inicio de la guerra contra el terrorismo en 2001. Para Brody, Guantánamo todavía existe más por incapacidad que por voluntad política. “Obama tiene una cantidad de capital limitado para gastar en temas como terrorismo. No cerró Guantánamo como prometió, y para perseguir a su predecesor el presidente requiere de una gran cantidad de capital político”, dijo el analista.
Consultado acerca del tipo de reacción que provocará el informe a nivel doméstico, Brody no depositó muchas esperanzas en la opinión pública norteamericana. “Para ser honestos, esta información ha captado mayor atención fuera de los Estados Unidos. La gente que no vive en Norteamérica está más molesta con este tipo de políticas y posee un mejor entendimiento acerca de cómo las políticas de lucha contra el terrorismo repercuten en el resto del mundo. Es más fácil ver desde afuera de Estados Unidos cuán abominables pueden resultar ciertos poderes”, señaló el consultor.
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