QUE SE LE INVESTIGUE POR LOS MAS DE 100 MUERTOS EN SU GOBIERNO

García deja “bomba de tiempo” con conflictos

A solo tres días del fin de su gestión, el gobierno de Alan García deja una preocupante “bomba de tiempo” al próximo presidente Ollanta Humala: los conflictos sociales, generados a causa de las numerosas concesiones mineras en el país. 

Según Defensoría del Pueblo, el fuerte estado de conflictividad en el interior del país ha dejado nada menos que 217 conflictos sociales, que no tienen visos de solución. La cifra cobra más crudeza si tenemos en cuenta que desde julio del 2006- el primer mes de García en su segundo mandato- estos eran solo 82.

Ahora, el reto para el próximo gobierno será atender lo más pronto posible este tema, articulando una política social que haga eco en los pueblos, hoy perjudicados por los lineamientos actuales de García. Sobre esta problemática, opinó el director ejecutivo de Cooperacción, José De Echave, quien explicó que el Observatorio de Conflictos Mineros realizó el monitoreo de cinco regiones del país, según los mapas de concesiones. Apurímac es la región que más territorio tiene concesionado: 56.52%; le sigue Cajamarca con: 48.47%; Piura: 27.48%; Junín: 24.68%; y Cusco: 18.12%.

“La herencia del gobierno aprista en minería es negativa. Además del aumento de las exportaciones y utilidades para las empresas mineras en los últimos años, el Congresono ha dado luz verde a la ley de consulta previa ni al impuesto a las sobreganancias mineras”, detalló De Echave.

Inversiones con respetoPara el fundador de la ONG Grupo de Información e Intervención para el Desarrollo Sostenible, Marco Arana, toda inversión extranjera no debe ser satanizada. “Toda concesión no es explotación. Pero tampoco se trata de concesionar todo. Los sectores estratégicos hay que dejarlos al manejo del Estado y de la voluntad del pueblo”, señaló.

Sobre los sucesos acontecidos en Puno, Arana comentó que el escenario “no es muy diferente a lo que pasa en el resto del país, pues hay una política de estado pro empresarial, no hay una ley de ordenamiento territorial para determinar qué lugares están aptos de ser materia de actividad extractiva minera. El Estado no regula debidamente esta actividad y perjudica a las poblaciones”.

PropuestasAnte este débil marco legal, los especialistas recomendaron aplicar una moratoria a las concesiones mineras a fin de investigar y precisar los territorios considerados áreas naturales protegidas, para que no sean materia de inversiones mineras. “La ley sobre inversiones de este rubro se dio en el año 1992, cuando el contexto era otro, dentro del marco de un gobierno que daba prioridad a la empresa extranjera. Ahora, los tiempos son otros y tenemos que cuidar nuestros recursos”, expresó De Echave.

En el caso del Ministerio del Medio Ambiente (Minam), plantearon que asuma su rol de estudio de impacto ambiental, previo a dar la buena pro de la concesión minera.

“El inicio del nuevo gobierno nacional marca un escenario que tendrá claras repercusiones en el manejo de los conflictos mineros”, manifestó De Echave.

En tanto, Arana confió en la política del nuevo gobierno a partir del 28 de julio sobre este tema. “Se espera que las nuevas autoridades y los diferentes grupos de interés vinculados a la industria (empresas, organizaciones sociales, entre otras) puedan colaborar en el diseño de un nuevo escenario que permita construir acuerdos de gobernabilidad para las industrias extractivas en el país”, resaltó.