LLAMADO. Señala amnistía internacional en informe. Recomienda detener las concesiones y no ejecutar proyectos que afecten a indígenas.El último informe regional de Amnistía Internacional insta al gobierno peruano a emitir la Ley de Consulta para evitar conflictos sociales, violación de derechos indígenas y enfrentamientos entre esos pueblos y fuerzas de seguridad.
Esta norma, indica, debe estar redactada según las normas internacionales y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En esa línea, le recomienda tomar acciones urgentes como la suspensión de la entrega de concesiones y la paralización de proyectos de desarrollo que afecten a las comunidades nativas, mientras estas poblaciones no sean consultadas.
Y ante los conflictos sobre disputa de tierras, Amnistía Internacional cree que el gobierno deberá resolver el problema y no ordenar el desalojo de indígenas sin antes haberle dado una solución al caso.
En cuanto a las acciones judiciales contra dirigentes nativos que se defienden, la organización supervisora de derechos humanos en el mundo precisó al gobierno del Perú y a los de toda la región que urge crear y mantener condiciones para que los líderes indígenas y los miembros de las comunidades se defiendan sin temer represalias.
“Es imprescindible evitar el uso del sistema de justicia penal para disuadirlos de su trabajo como defensores y defensoras de los derechos humanos”, se lee en el documento emitido con ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas a celebrarse el 9 de agosto.
El informe titulado “Sacrificar los derechos en nombre del desarrollo” indica el peligroso discurso que gobernantes de países americanos manejarían en su afán de ejecutar obras de envergadura.
La clave
Meta. Amnistía Internacional destaca la campaña de los pueblos indígenas para conseguir la aprobación de la Ley de Consulta, algo que en el 2002 estuvieron a punto de conseguir.
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