Tras las revueltas callejeras de agosto en Reino Unido, el primer ministro del Gobierno británico ha aprovechado una opinión pública sensiblemente crispada para endurecer los mecanismos represivos del Estado. David Cameron se ha mostrado duro e inflexible y ha ignorado las voces críticas de la oposición y diferentes sectores sociales que demandan una investigación oficial de las causas socioeconómicas que se esconden tras las revueltas.Del 7 al 11 de agosto, miles de jóvenes se lanzaron a quemar casas y comercios, destruir y saquear todo lo que encontraron a su paso. Tras unos primeros días de desconcierto, con el Gobierno en pleno de vacaciones, Cameron dio carta blanca a la policía para controlar los disturbios. Usaron pelotas de goma y cañones de agua. Un extremo, este último, inaudito en la historia reciente de Inglaterra, que contó con el beneplácito de la población: el 90% se declaró a favor de dicha medida. Se barajó sacar el Ejército a la calle, posibilidad que según la misma encuesta llegó a contar con el apoyo del 77% de la opinión pública. La encuesta de The Sun mostraba incluso que un 33% de la población era partidaria de la utilización de munición real.
“Os vamos a buscar”
El 13 de agosto, Cameron prometió mano dura contra los autores de las revueltas: “A la minoría de los sin ley, a los criminales que se han quedado con todo lo que han podido, os vamos a buscar, os vamos a encontrar, os vamos a acusar ante los tribunales, os vamos a castigar y vais a pagar todo lo que habéis hecho”, aseguró el primer ministro. Veinte mil sospechosos fueron detenidos. Un número importante de ellos juzgados y algunos condenados a varios años de cárcel.
Llama la atención la dureza ejemplarizante de sentencias como la de los jóvenes Jordan Blackshaw y Perry Sutcliffe-Keenan, de tan sólo 20 y 22 años respectivamente, ambos del noroeste de Inglaterra, que han sido condenados a cuatro años de cárcel por convocar revueltas en internet que no tuvieron seguimiento alguno y a las que únicamente acudió la policía, o el caso de un estudiante que fue condenado a seis meses de prisión por robar una caja de botellas de agua en un supermercado.
Frente a la polémica sobre lo desproporcionado de dichas condenas, el primer ministro se ha reafirmado en su defensa de la actuación judicial. Ha argumentado que las sentencias pretenden enviar un mensaje claro de que “todo acto tiene consecuencias”, e ignorado las advertencias de las asociaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos: “No vamos a consentir que ningún tipo de queja sobre derechos humanos se interponga a la publicación de las fotos de estos individuos”, ha declarado. Muchos de los autores de los disturbios eran menores.
A la espera de estudios más exhaustivos, todo indica que los altos índices de desempleo juvenil, racismo, marginalidad, y un sistema educativo crecientemente clasista, junto a los nuevos recortes asociados a la crisis financiera, están en el origen de los disturbios. En los últimos meses las tasas universitarias se han triplicado (han pasado de 3.800 libras a 10.600 libras anuales), se han cerrado espacios dedicados a la inclusión social como las asociaciones juveniles de los barrios y se han suspendido ayudas sociales destinadas a los sectores más desfavorecidos.
Problemas sociales de fondo
Anteriores incidentes de desorden público, como los disturbios de Brixton en 1981 u Oldham en 2001, llevaron a investigaciones y revisiones oficiales que evidenciaron que las revueltas eran una llamada de atención ante la problemática social. Tim Newborn, presidente de la Asociación Británica de Criminología y consejero de la policía metropolitana y la Home Office, ha señalado que existe “una necesidad urgente de efectuar una investigación social rigurosa que mire sin prejuicios hacia las causas y las consecuencias de las revueltas”. Incluso el príncipe Carlos y su mujer Camilla han dicho que detrás de los acontecimientos “hay una juventud pidiendo ayuda”.
No obstante, el Gobierno conservador ha desoído una y otra vez las llamadas hacia una investigación nacional pública sobre las causas socioeconómicas del conflicto y ha amenazado con emprender toda una serie de reformas aún sin concretar que prometen limitar derechos y libertades a corto y medio plazo. Entre estas medidas podría estar la imposición de toques de queda. La ministra de Interior Theresa May, considera “insuficiente” que actualmente la ley sólo permita acordonar y desalojar zonas concretas con notificación previa. Desde 2009, Londres, también bajo poder conservador, ya había establecido en zonas determinadas de la capital el toque de queda para menores de 16 años dentro de las medidas contra el antisocial behaviour (comportamiento antisocial). La medida podría extenderse al resto de Reino Unido.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Cameron-ofrece-represion-tras-los.html
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