Los empleados públicos griegos encabezaron este miércoles nuevas medidas de fuerza y movilizaciones en rechazo a las políticas de ajuste acordadas entre el gobierno y organismos internacionales, que prevén el despido masivo de trabajadores, la privatización de empresas estatales y el aumento de impuestos, entre otros puntos.
A esta protesta se sumarán este jueves los sindicatos del transporte público, que pararán sus actividades por 48 horas.
Desde las primeras horas de este miécoles, empleados de los ministerios de Economía, Finanzas, Desarrollo, Interior, Agricultura y Reformas Administrativas bloquearon el acceso a esas sedes impidiendo cualquier actividad laboral.
Las medidas de fuerza se llevan a cabo luego de que el gobierno del primer ministro griego, Yorgos Papandréu, acordara con inspectores de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) la entrega del sexto tramo del paquete de asistencia financiera a Grecia, de ocho mil millones de euros.
A cambio de ese dinero, el Ejecutivo ya aplica recortes a los gastos sociales y planes de ajuste, que profundizan la desocupación en la nación helénica, una de las más golpeadas por la crisis económica en Europa.
Para el próximo 19 de octubre, los principales sindicatos griegos convocaron a una huelga general de 24 horas, en tanto que el lunes 17 los trabajadores portuarios iniciarán un paro de tres días.
Aunque hace más de un año el gobierno griego aplica recortes al gasto social, bajo el argumento de reducir el déficit fiscal, los datos oficiales muestran lo contrario.
Información difundida por el ministerio de Economía reconoce que el déficit creció 15% en los primeros nueve meses de 2011, con un aumento de la deuda pública, hasta septiembre de este año, de 19.160 millones de euros.
De igual forma, los ingresos cayeron un 4,2% mientras que el gasto público aumentó siete puntos porcentuales sin que el agravamiento de la presión fiscal sobre los ciudadanos parezca haber mitigado los malos resultados económicos.
Al incremento de los precios de los combustibles, vehículos, tarifas eléctricas, bebidas alcohólicas, tabaco y otros bienes de consumo se sumará de manera inmediata un nuevo impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles y otro sobre la renta.
Por otra parte, el gobierno ya planea un drástico programa de recortes en el sistema público de salud.
El plan, anunciado ayer por el ministro de Salud, Andreas Loverdos, propone la eliminación de más de mil consultas hospitalarias, de las 1.950 existentes en la actualidad, y 250 áreas de salud, así como la reducción en más de 30% del número de plazas hospitalarias.
Anunciado este plan, todos los grupos parlamentarios de la oposición mostraron su rechazo a la propuesta.
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